Delirando tras las rejas

“Atendí a un joven esquizofrénico condenado a cuatro años de prisión, tras una comparecencia inmediata por intento de robo con un arma ridícula. Salía de un hospital psiquiátrico. La pericia estableció que era penalmente responsable. Solicitamos una nueva pericia que arrojó el resultado contrario. Pero el magistrado se atuvo a su primera decisión.” La historia que cuenta Joseph Minervini, psiquiatra de la Unidad de Consulta y Atención Ambulatoria (UCSA) de la cárcel de Besançon, lamentablemente nada tiene de anecdótico. Revela las mutaciones concomitantes del medio carcelario y del dispositivo hospitalario de atención psiquiátrica. Según este médico, “teniendo en cuenta su baja peligrosidad y su estado de salud”, el joven debería haber continuado su tratamiento en el hospital que lo atendía, en lugar de ir preso.

En 2000, el ex-presidente de la Asociación de Psiquiatría en el Medio Penitenciario (ASPMP), Evry Archer, anunciaba que el 40% de los nuevos internos presentaba trastornos o enfermedades psiquiátricas comprobadas. En diciembre de 2004, un estudio epidemiológico revelaría que 8 de cada 10 hombres detenidos y 7 de cada 10 mujeres padecen al menos un trastorno psiquiátrico. Según este estudio, el 24% de ellos sufre trastornos psicóticos, el 56% patologías ansiógenas y el 47% problemas depresivos. Además, el 20% ya fue atendido por el sector de psiquiatría general. Una de las razones de este incremento de enfermos mentales en las cárceles es la reforma del Código Penal de 1993, que establece, en el artículo 122-1, la responsabilidad penal de las personas cuyo discernimiento “se encuentra alterado en el momento de los hechos”. Dicho de otro modo, se considera que la conciencia de su acto pudo verse alterada, pero no suprimida por la enfermedad. Un sutil matiz que permite, desde luego, el reconocimiento del delito para la víctima, pero que coloca en un segundo plano la necesidad de atención psiquiátrica para el condenado.

De hecho, muchos condenados que (...)