A pesar de violaciones sistemáticas al proceso electoral, el “sí” al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por su sigla en inglés), se impuso sólo por 3 puntos en el referéndum del 7 de octubre pasado en Costa Rica.
Se trata del último de los convenios ya aprobados entre Estados Unidos y sus países vecinos: en enero de 1994 se firmó el NAFTA, con México y Canadá; luego con Chile, Panamá y los Países Andinos. En 2004, el CAFTA. Luego con Perú (2006), y con Colombia (2007). A inicios de 2007 todos los parlamentos centroamericanos habían ratificado el CAFTA, con excepción de Costa Rica. Elegido en febrero de 2006, el presidente Oscar Arias, que había heredado el tema, lo asumió como eje de su política y lo envió a la Asamblea Legislativa.
El año comenzó con una articulación de los poderes Legislativo y Ejecutivo que opacó la supuesta separación republicana: de hecho se reformó el reglamento legislativo, con un procedimiento especial para acelerar la aprobación del TLC. Diversos grupos, asociaciones, ONG y sindicatos denunciaron que el TLC impone otro modelo de sociedad. En enero, luego de recolectar las firmas del 5% del padrón electoral, el grupo de ciudadanos Convergencia Patriótica (CP) solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocar a una consulta popular. El 12 de abril el tribunal dio lugar al pedido; al día siguiente, Arias decidió convocar él mismo, por decreto, el referéndum ratificado por la Asamblea Legislativa. Quedaron atrás tanto la iniciativa popular como el aval del TSE.
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