Castas y corrupciones

Tuvieron que transcurrir casi 30 años desde el término de la dictadura, y otros 46 desde que las Fuerzas Armadas dictaran una ley reservada de financiamiento especial para las instituciones militares, para poner fin a un cuerpo legal que por décadas estuvo fuera del alcance del control civil y democrático, que enriqueció a un número indefinido de altos mandos, favoreció la corrupción cuyos dimensiones son todavía desconocidas y consolidó la generación de castas privilegiadas dentro de las propias FFAA y en su relación con la población civil.

El pasado 10 de septiembre, un día antes de la conmemoración del golpe propinado a la democracia por una junta militar integrada por los jefes castrenses liderada por el general Augusto Pinochet, el gobierno de derecha que encabeza el empresario Sebastián Piñera promulgó una nueva ley que redefine el financiamiento de las Fuerzas Armadas, elimina gradualmente en diez años los fondos que entrega de manera automática la ley reservada del cobre y fija los mecanismos plurianuales para la elaboración y entrega presupuestaria del Estado a las instituciones de Defensa.

Aunque tardío, el nuevo cuerpo legal -que deberá completarse con una nueva ley que regula la carrera militar, las acciones de Inteligencia y la modernización de la justicia militar, entre otras- es un avance importante, pese a ser apurado por los sucesivos escándalos de corrupción que han afectado a todas las ramas de las FFAA y de Orden desde la recuperación democrática y que, en los tres últimos años, han dejado al descubierto mecanismos de fraudes de los fondos públicos que han obligado a cambiar radicalmente los mandos del Ejército y Carabineros, además de llevar ante tribunales un verdadero “desfile militar”, con ex jefes superiores encarcelados y centenares de oficiales sometidos a investigaciones.

Solo en el Ejército, la justicia investiga más veinte aristas de desvíos de fondos públicos a gastos personales, enriquecimiento ilícito y malversaciones de (...)