Lenín Moreno, destruir el país en dos años

En marzo de este año el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el décimocuarto acuerdo con Ecuador, el cual impone una serie de condicionamientos y reformas para que el país pueda recibir en los próximos años 4.200 millones de dólares de financiamiento del Fondo y 6.000 millones de dólares de préstamos adicionales de diferentes instituciones.

Como parte de los compromisos con el FMI, el 2 de octubre de 2019 Lenín Moreno Garcés, presidente de Ecuador, emitió el decreto 883 liberalizando el precio de los combustibles, lo que originó las más grandes protestas y represión que recuerde la historia contemporánea del país. El 3 de octubre decretó el estado de excepción, lo que implicaba la pérdida de varias garantías constitucionales y el uso de las Fuerzas Armadas para contener las movilizaciones, pese a lo cual el 12 de octubre tuvo que declarar toque de queda, algo que no se veía en esa magnitud desde la época de la dictadura militar de los setenta.

Dentro del marco del estado de excepción, Moreno decidió -por segunda vez en la historia del país- sacar la sede del Gobierno de la capital y trasladarla a Guayaquil, dominada por sus aliados políticos. Lo anuncia el 7 de octubre en cadena nacional, culpando al expresidente Correa (2007-2017) de querer dar un golpe de Estado, y rodeado del alto mando militar, en una muestra de gran debilidad política y recordando la antigua Constitución que incomprensiblemente designaba a las Fuerzas Armadas como garantes de la democracia.

Hasta el lunes 30 de septiembre, la medida que se había anunciado a los gremios empresariales era el incremento de 3 puntos en el impuesto al valor agregado (IVA), lo cual requería reforma legal. La eliminación del subsidio a los combustibles fue un cambio de última puesto que no consiguieron el apoyo necesario en la Asamblea Nacional para el aumento del IVA. Pese a ello, Moreno anunció el alza de los combustibles como una decisión “valiente” (sic) que se debió tomar hace años.

La eliminación de subsidios y el incremento drástico del costo de servicios públicos son medidas conocidas en Ecuador como “paquetazos”, los cuales ocurrían desde el 2003. Menos de un año antes, Moreno había declarado en cadena nacional que jamás subiría el precio de los combustibles, porque afectaba a los más pobres. Luego de iniciadas las protestas, aseguró en reiteradas ocasiones que no daría marcha atrás en su decisión, y que iba a terminar definitivamente con esa “zanganería” (sic). Pocos días después, el 13 de octubre, el presidente tuvo finalmente que comprometerse a derogar el decreto 883, después de verse obligado a negociar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización que constituyó el núcleo más organizado y fuerte de las protestas que se dieron a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, actualizadas al 13 de octubre, el nuevo y trágico episodio de la turbulenta vida política y social del país había costado 8 muertos, 1340 personas heridas, y 1192 detenidos.

Justificación del acuerdo con el FMI Para justificar el acuerdo con el FMI se mantuvo un discurso de crisis y sobre endeudamiento heredados. Se manipularon cifras asegurando que la deuda pública alcanzaba los 60.000 millones de dólares (MMUSD). La realidad es que, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Finanzas del Ecuador (MFE), la deuda pública agregada alcanzaba a junio de 2017 los 43.542.4 MMUSD, correspondiente al 41.7% del PIB, y la deuda pública externa era apenas de 28.552.1 MMUSD, un 27.4% del PIB (1), con una inversión pública en el período 2007 a mayo de 2017 que alcanzó un récord histórico cercano a los 100.000 MMUSD. Se estima que estas inversiones generan directamente al sector público un ahorro neto de 2.300 MMUSD, además de incuantificables beneficios al sector privado por mejora en la infraestructura, energía, control de inundaciones, etc.

La economía en el 2016 había decrecido 1.2% producto del desplome de los precios del petróleo, la fuerte apreciación del dólar, juicios internacionales contra el Estado que obligaron a pagos superiores al 1% del PIB, y un devastador terremoto cuyas pérdidas se estimaron en más de 3.000 MMUSD. Pese a todos estos graves choques externos, el cuarto trimestre de 2016 la economía comenzó a recuperarse. En 2017 el crecimiento fue 2.4% y en 2018 de 1.4%.

Subsidio ineficiente
También hablaron de grandes déficits fiscales. El resultado fiscal tradicional contiene un grave error metodológico, al incluir la inversión como un gasto más. Comparando la inmensa inversión pública con el incremento de deuda externa pública, cuyo saldo en el 2006 era de 10.214.9 MMUSD, se demuestra un gran ahorro público, pero el resultado puede ser un “déficit”. En consecuencia, la regla fiscal que que establece la Constitución en su art. 286, es que el ingreso permanente -aquellos inherentes al Estado, tales como impuestos-, cubran el gasto permanente -aquellos gastos esenciales para su funcionamiento, tales como sueldos y salarios-. Esta regla siempre se cumplió. Después de tener déficits fiscales -incluyendo inversión pública- de 5.34% y 5.39% en 2016 y 2017, respectivamente, fruto esencialmente de la pérdida de ingreso petrolero, en el 2018 el déficit fue de 2.4%, menor que lo requerido por el Tratado de Maastricht que rige a la Unión Europea. La pregunta es, entonces, ¿de qué “crisis” estaban hablando?

El problema siempre ha sido un terrible y (...)