El tránsito del despertar al decidir de la ciudadanía

El 18 de octubre Chile despertó. Los múltiples factores que incidieron para que ello ocurriera serán seguramente materia de estudio durante algunos años, lo central de este artículo son las oportunidades para nuestro sistema democrático que se inician con el plebiscito al que está convocado la ciudadanía para aprobar o rechazar la elaboración de una nueva Constitución en abril próximo. Un hecho trascendental puesto que en ese acto se restituye el poder constituyente al pueblo, el que será llamado a decidir si mantiene dicho poder si gana la opción “apruebo” o renuncia a él si gana la opción “rechazo”.

La génesis del despojo del poder constituyente a la ciudadanía está en el decreto ley 128 del 12 de septiembre de 1973 que de forma autoritaria se lo entregó en exclusividad a la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet y que se perpetuó con las 54 reformas a la Constitución aprobadas en el plebiscito de 1989, una votación que pocos recuerdan y de la que existen pocas reseñas, pero que es significativa para entender los 30 años de exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones y el tránsito hacia una democracia plena.

En 30 años el pueblo de Chile ha sido convocado a elecciones democráticas para elegir autoridades que los represente, sin embargo el sistema electoral binominal, los senadores designados, los quorum supra mayoritarios y el Tribunal Constitucional establecidos en la Constitución del 80 han inhabilitado no solo a la ciudadanía a participar de decisiones que vayan más allá de elegir representantes, sino que con ello inhabilitó la política en sí misma cumpliéndose la tesis de Jaime Guzmán y el principio rector de la Constitución y que se expresa en una entrevista donde señaló “...que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario (Revista Realidad. Año 1, N°7, pp. 13-23).

El estallido social en definitiva lo que hace es habilitar la política al abrir la posibilidad de devolver el poder constituyente a la ciudadanía lo que se traduce en poder debatir y decidir las nuevas bases que rijan a la sociedad chilena al partir de una “hoja en blanco”, ello quiere decir que los preceptos ideológicos/neoliberales de la Constitución del 80 que han mercantilizado bienes públicos como el agua y derechos sociales como la salud, la educación y las pensiones que se transformaron en bienes de consumo y que los conceptos de bien común, propiedad privada, Estado subsidiario y tantos otros dejen de estar regidos por una concepción de una minoría que la impuso en dictadura. Pero que triunfe la opción “apruebo” para una nueva Constitución no esta garantizada, hemos visto ejemplos de plebiscitos recientes como el de Colombia (...)