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Hacia una nueva Constitución construida en democracia

Representación y reconocimiento en el proceso constituyente

Muchas expectativas y esperanzas están depositadas en el proceso constituyente que se nos avecina en caso de triunfar la opción que aprueba una nueva Constitución en el plebiscito de abril 2020, puesto que por primera vez en nuestra historia tendremos la posibilidad de escribir nuestra carta magna en democracia a través de un órgano que apueste a representar franjas sociales y no un grupúsculo elitario, cuestión cuyo éxito se juega en la posibilidad de que sea éste una Convención Constitucional con representantes elegidos para estos fines, en que se apruebe un mecanismo de paridad que dé garantías de representatividad, en que hayan escaños reservados para pueblos indígenas, participación igualitaria para independientes de partidos políticos en momentos de tanto descrédito de la política institucional, entre otras medidas que han sido puestas en el debate para canalizar el espíritu crítico que desde el mundo social hemos tenido respecto al Acuerdo por la Nueva Constitución alcanzado el 15 de noviembre de 2019.

Pese a la importancia de las políticas de corrección democrática y ampliación de la representatividad del órgano constituyente, ello no garantiza que el producto final del proceso constituyente sea una Constitución que represente a las mayorías y sus anhelos por una sociedad de iguales y de derechos, pese a que genera mejores condiciones para que ello ocurra.

Una Constitución que busque representar legítimamente el espíritu de la sociedad organizada que se ha manifestado en las calles desde el 18 de octubre de 2019 debe, idealmente, ser un acuerdo amplio en torno a una hoja de ruta para que emprendamos el proceso de terminar con el modelo heredado de la dictadura (profundizado en democracia, cabe mencionar, en los gobiernos de la Concertación, Derecha y Nueva Mayoría) y abordemos la crisis tras años de neoliberalismo salvaje, cuyos rasgos como la privatización extrema de los derechos sociales y nula preocupación por el desarrollo, producción e innovación social e individual nos ha conducido a una sociedad sin futuro, dependiente del extractivismo y el vaivén de los mercados internacionales, con amplias franjas de la sociedad educadas en instituciones privadas que trabajan en sector servicios u otros empleos flexibles y precarios sin ejercer el conocimiento adquirido, altas tasas de violencia, baja cohesión social, desconfianza generalizada en las instituciones, entre otras problemáticas. En resumen, la aspiración que debe tener la nueva Constitución para representar a las mayorías es terminar con el neoliberalismo y el Estado subsidiario para consolidar un Estado social garante de derechos y construir un nuevo modelo de desarrollo, cuestión que sin duda genera -y generará- una fuerte reacción y rechazo en los sectores que buscan mantener el poder político y económico del empresariado y los sectores conservadores, que insisten en poner cercos para coartar la posibilidad de que el movimiento social exprese su potencia constituyente en el proceso actual, cuestión que solo podremos vencer manteniendo la movilización en las (...)

Artículo completo: 1 570 palabras.

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Emilia Schneider Videla

Presidenta FECH.

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