El conflicto con los fondos buitre dificulta el plan oficial de recomponer el frente financiero y conseguir créditos en el exterior, lo que impactará en la evolución del PIB. Sin embargo, la estrategia de sostener la demanda puede concretarse por otras vías, mientras se utiliza el poder del deudor para negociar con los holdouts.
ay conceptos que el poder logró estigmatizar y que, aunque especialmente obvios, a veces necesitan ser explicados nuevamente. Uno de ellos es el de colonialismo. Lo que define una relación colonial, al margen de sus formas, es la extracción del excedente económico. En la América hispánica, por ejemplo, la apropiación del excedente se aseguraba por la vía del monopolio del comercio. No por nada uno de los lemas de la Revolución de Mayo fue “por la libertad de comercio”. Incluso después de la formación de los Estados nacionales el comercio continuó siendo el mecanismo de extracción por excedencia. Su legitimación teórica la brindó David Ricardo, con su teoría de las ventajas comparativas. Las ventajas de las colonias eran los productos primarios; las de la metrópoli, las manufacturas, una garantía de que las primeras se mantendrían como proveedores subdesarrollados. La nueva metrópoli, Inglaterra, no necesitaba plantar bandera; con el liberalismo económico era suficiente. En paralelo fue ganando peso un factor adicional, la dimensión financiera de estas relaciones, que no tardarían en plasmarse en endeudamiento externo. En Argentina, si bien es posible remontarse como modelo al empréstito de la Baring en los albores de la independencia, el mecanismo financiero fue colateral hasta bien entrada la última dictadura cívico-militar. Fueron los primeros gobiernos democráticos quienes comenzaron a sufrir las condicionalidades asociadas al nuevo estatus de país sobreendeudado. Para los acreedores ya no se trataba sólo de una simple relación comercial, sino de la capacidad de influir sobre el total de la política económica.
Con el plan Brady de fines de los 80 apareció la figura de los acreedores como “bonistas”. La titularización de la deuda en bonos negociables, en reemplazo de deudas directas a un club de bancos, como ocurría hasta 1989, licuó la posibilidad de rastreo sobre el origen de las acreencias. Los 90 fueron la década del constante refinanciamiento de los vencimientos a tasas crecientes. La convertibilidad, al demandar un permanente ingreso de capitales para sostener un tipo de cambio sobrevaluado, potenció el problema. El blindaje de José Luis Machinea y el megacanje de Domingo Cavallo fueron los últimos manotazos de ahogado que supuestamente evitarían el default y sus consecuencias.
La nueva democracia renació sujetada. Fueron los tiempos de las cotidianas misiones del FMI y sus consecuencias: políticas que aplastaron ramas enteras de la economía, liquidaron el capital social acumulado y avanzaron sobre los derechos de los trabajadores. Las medidas más extremas de enajenación del patrimonio público, que alcanzaron su cenit con la privatización de YPF, pero también con la lisa y llana reducción nominal de salarios y jubilaciones, se justificaron con un único argumento: “Es lo que nos pide el FMI”. El objetivo declarado era ser “confiables” para los mercados, lo que supuestamente garantizaría la continuidad de los flujos financieros.
Para quienes vivieron estos procesos, la situación por la que hoy atraviesan muchos países altamente endeudados de la periferia europea es una terrorífica película ya vista: en el centro de la trama reaparecen las misiones de los organismos financieros, los ajustes para garantizar el repago de las deudas, la liquidación del patrimonio público en favor de empresas de los países acreedores y la pérdida de derechos sociales. Como contrapartida, el mecanismo de sujeción, de cristalización de la relación colonial –el endeudamiento en divisas– no sólo se mantiene intacto, sino que gana peso. Y ello a pesar de que, en el proceso, nunca se cortan los dos objetivos fundamentales de la relación colonial: la transferencia del excedente y la imposición de políticas. El colonialismo siglo XXI es sofisticado y multidimensional.
El poder del deudor
La explicación que antecede parece larga pero resulta indispensable. La actual disputa con los fondos buitre no es un problema económico. Es un problema político de cuestionamiento al orden colonial; al statu quo internacional. Pero un cuestionamiento al que Argentina fue empujada.
Tras el trauma del default y la devaluación, que se concretaron de hecho a principios de diciembre de 2001, cuando se instauró el corralito y los dólares ya no estaban, el deterioro social de la crisis llegó a su pico durante el 2002. Los poderes financieros globales, que en 2001 le habían bajado el pulgar al país, pensaron que el caso argentino serviría de escarmiento para que nadie creyera que la cesación de pagos era un camino posible.
Pero algo salió mal porque Argentina comenzó a ensayar una vía alternativa, tanto en materia de política económica como de endeudamiento. En principio, los flujos de recursos del exterior quedaron cortados y la cesación de pagos se mantuvo hasta 2005. El crecimiento que comenzó a registrarse en 2003 se sustentó entonces con recursos propios. Su lógica, que rige hasta el presente, fue el sostenimiento de los componentes de la demanda agregada: el consumo, la inversión, el gasto del sector público y el neto del comercio exterior. Si bien es cierto que existieron precios favorables para los commodities, un beneficio que alcanzó a todos los países de la región, la tasa de crecimiento del PIB se mantuvo varios puntos por encima del promedio regional. Hartos de no cobrar, luego de extensas negociaciones, los tenedores de bonos en default aceptaron en 2005 una reestructuración con una quita superior a todas las renegociaciones soberanas realizadas hasta entonces. El país hizo valer un poder que nunca había usado: el poder del deudor. Con la reapertura del canje en 2010, casi el 93 por ciento de la deuda quedó regularizado. Hoy muchos lo olvidan, pero desde el principio la reestructuración intentó ser boicoteada por los organismos financieros internacionales. Para colmo, en los primeros días de 2006, inmediatamente después de la reestructuración y cuando el nivel de reservas internacionales era similar al del presente, el país pagó en efectivo casi 10 mil millones de dólares adeudados al FMI, con lo que se desembarazó de su ruidosa injerencia. Como reseñó el ministro Axel Kicillof en la reunión del Grupo de los 77 más China realizada en la ONU, el país lleva pagados desde la reestructuración 190 mil millones de dólares, 100 mil de ellos en divisas. No parece precisamente el “defaulteador serial” que por estos días se describió en la prensa financiera.
Cambio de escenario
Pero las cosas volvieron a cambiar. La estrategia iniciada por Argentina en 2003, el crecimiento autofinanciado, funcionó mientras existió superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo que se hizo evidente a partir de 2011 y se manifestó en la crisis devaluatoria de enero pasado (1). A diferencia de otros países de la región, el país no pudo financiar su déficit externo simplemente tomando deuda. No importa que sus indicadores de capacidad de pago sean muy buenos: el sistema financiero global, con la excusa del default y la parte no regularizada de la deuda, siguió imponiendo sobretasas demasiado onerosas. Frente al nuevo escenario, la estrategia económica fue avanzar en la resolución de los pendientes financieros. Puesto que en la raíz del déficit de cuenta corriente se encuentra el déficit energético y que el camino para superarlo es el desarrollo de los inmensos recursos hidrocarburíferos no convencionales, el primer paso fue despejar la disputa con Repsol. El segundo, para destrabar inversiones de firmas europeas, fue el arreglo con el Club de París. Antes, como parte de la estrategia global, se había tomado la decisión de pagar algunos juicios en el CIADI.
Sólo quedaban los holdouts, los bonistas que rechazaron las sucesivas reestructuraciones, entre ellos los fondos buitre. Aquí la última apuesta gubernamental fue conseguir que el Poder Judicial estadounidense mantenga en suspenso el fallo de un tribunal neoyorquino que obligaba a pagar el 100 por ciento de la deuda más punitorios a uno de los buitres, al menos hasta fines de 2014, cuando vence la cláusula de los bonos reestructurados que permite a todos los tenedores acceder a las mejores condiciones ofrecidas (RUFO), para después sí comenzar a negociar. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó tomar la apelación, con lo que el fallo de Thomas Griesa quedó firme. El problema generado no fue sólo el costo del fallo perdido, mínimo en el total, sino sus consecuencias asociadas. La primera fue que Griesa ordenó al banco que paga la deuda “en forma” de Argentina que no pague la parte regularizada sin antes abonar el 100 por ciento al fondo buitre. La segunda reside en las derivaciones legales. El fallo firme, en efecto, sienta jurisprudencia, lo que permitirá que todos los holdouts puedan reclamarle un pago similar expandiendo los costos a al menos 15.000 millones de dólares. Luego, por la citada cláusula RUFO, todos los bonistas podrían reclamar las mejores condiciones. El pasivo contingente sumaría otros 120 mil millones. En definitiva, el fallo abre una caja de Pandora que podría llevar al país sin escalas de regreso al 2001. Y ello después de haber pagado 190 mil millones de dólares.
Escarmiento
Argentina puede decir que en su disputa con los fondos buitre cuenta con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Francia, la Unasur, la Celac y el G-77 más China. Sin embargo, a la hora de enfrentar sus pasivos deberá hacerlo con su bolsillo. Quizá sea necesario que la solidaridad internacional se transforme en algo más que declaraciones. Por otro lado, resulta llamativo que el supuesto apoyo del gobierno de Barack Obama no sea capaz de impedir singularidades de dudosa rigurosidad jurídica como el fallo neoyorquino. Son muchos los instrumentos con los que, más allá de la división de poderes, cuenta un gobierno imperial. Volviendo a la relación colonial y sus dos objetivos principales, lo concreto es que Argentina representa un modelo que logró debilitar el instrumento de sujeción. Más allá de la discusión por las cifras, resulta innegable que la relación deuda/PIB, y especialmente deuda en divisas/PIB, se redujo drásticamente en la última década. Y ello en un marco de crecimiento y de recuperación del patrimonio público, el empleo y los derechos de los trabajadores. El país es un mal ejemplo y no parece casual que las distintas células del poder financiero global se articulen para hacer tronar el escarmiento.
Muchos economistas, incluidos premios Nobel, sostuvieron que la decisión del Poder Judicial estadounidense afectará futuras reestructuraciones de deuda soberana y que el triunfo de los buitres es una pésima señal para el sistema. Se habló incluso de que Nueva York podría verse afectada como plaza financiera global. Una lectura alternativa es que el fallo no es un hecho aislado producto de la animadversión de un juez menor sino que representa una clara señal del poder imperial de que la opción elegida por el país no puede ser el camino, ni en la relación con los mercados financieros globales ni en materia de política económica.
Sobre este último punto resulta especialmente gráfico un artículo del diario La Nación del martes 24 de junio: “La sensación frente a la posibilidad de un acuerdo es mixta: por un lado, se quiere que haya un final feliz, los inversores cobren y el país no caiga en otro default. Pero tampoco desean que esto signifique un flujo inmediato de fondos desde el exterior que le permita a la presidenta Cristina Kirchner ejercer poder de veto sobre su sucesor o, eventualmente, mantener sus chances para competir en las elecciones presidenciales de 2019” (2) (las cursivas son propias). Resulta notable que la voluntad de injerencia del poder financiero sobre la política interna se escriba tan literalmente.
Nadie muere en la víspera
La cita de La Nación también destaca el verdadero quid de la cuestión para la economía local: el flujo de fondos desde el exterior. La nueva política de administración de la restricción externa del gobierno era, hasta ahora, la apertura de la cuenta capital. La estrategia, como se dijo, consistía en regularizar las relaciones con las finanzas internacionales, volver a tomar deuda a tasas razonables y con ello financiar inversiones, picos de vencimientos de deuda y déficit de cuenta corriente. El objetivo: continuar con el sostenimiento de la demanda, es decir del crecimiento y el empleo, en un momento de baja del ciclo económico tras la devaluación. La confirmación del fallo de Griesa significó, por ahora, un freno a esta estrategia. En otras palabras, impactará en la evolución del producto. Buena parte de la oposición política se regocijó con el dato, pero no pudo manifestarlo abiertamente pues el tema resulta sensible al interés nacional. Sólo la prensa enfrentada al gobierno pudo dar rienda suelta a su algarabía. En general, la idea fue que al país no le queda otra alternativa sensata que aceptar el fallo estadounidense. Junto con los profetas de la sensatez, también reaparecieron los augures del apocalipsis de la cesación de pagos. Según esta perspectiva, la posibilidad de un default “técnico” inducido por un fallo judicial dejaría al país en la misma situación que un default verdadero, es decir por imposibilidad real de pago. No es así. Es muy fácil para cualquier economista proyectar variables a la baja a partir de faltantes de recursos por sectores, pero esta baja, quizá inevitable en el muy corto plazo, puede reemplazarse por gestión.
Argentina, que tras el fallo volvió a demostrar a la comunidad internacional su voluntad de pago con el giro al Banco de Nueva York de alrededor de 1.000 millones de dólares para cubrir sus vencimientos de fines de junio, puede acceder a otras vías de financiamiento mientras continúa negociando con sus acreedores litigiosos, aun en un probable, pero no seguro, contexto de default inducido por ruptura del orden legal internacional. La fórmula es la misma que permitió un canje exitoso en 2005: utilizar el poder del deudor. Si tal default inducido se produce, serán los mismos acreedores impagos quienes presionarán por una salida al esperpento pergeñado en el juzgado de Griesa. Tampoco es verdad que por este ruido dejarán de llegar inversiones para Vaca Muerta: sólo alcanza con mirar cuáles son los países en los que las petroleras invierten. Para la economía, en tanto, los desafíos siguen siendo los mismos que el día antes del fallo: cómo financiar la continuidad del sostenimiento de la demanda. Será bastante difícil, pero el imperativo de cambiar la estrategia no lo vuelve imposible.
1. “La balada del dólar”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, N° 177.
2. “Los holdouts afirman que aceptan parte del pago en bonos”, La Nación, 24-6-14 , www.lanacion.com.ar/1704028-los-holdouts-afirman-que-aceptan-parte-del-pago-en-bonos
Claudio Scaletta es economista.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
