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Asamblea constituyente. Que decida la ciudadanía

Intervención de Juan Carlos Cárdenas, Director de Ecocéanos.cl en la Feria Internacional del Libro en Santiago de Chile, con motivo del lanzamiento del libro “Que decida la ciudadanía. Asamblea constituyente”, libro publicado por Le Monde Diplomatique, Friederich Ebert Stiftung y Editorial Aun creemos en los sueños.

Deseo agradecer la invitación de Le Monde Diplomatique, así como la asistencia de todos y todas.

La casta política-empresarial-militar, vive sin duda el mayor descrédito de su historia. Continúan profundizándose informaciones sobre los financiamientos corruptos de la política, de parlamentarios y partidos de todo el espectro político, provenientes entre otros de los grupos Penta, SQM y Corpesca. A ello se han sumado lo referente al robo de los dineros reservados del fondo del cobre por parte del ejército, los que constitucionalmente no se pueden fiscalizar (¡!) ; la colusión del papel que involucra a la familia Matte, la de los pollos a la familia Ariztía y la de las farmacias. Todo esto además de la privatización gratuita y a perpetuidad de los peces del mar chileno mediante la coima de diputados y senadores en beneficio de 7 familias, eliminando al 90% de los pescadores artesanales y a la totalidad de los pueblos indígenas, entre otros.

Desde el 2010 viene creciendo la exigencia ciudadana y popular de avanzar hacia un proceso constituyente que permita por primera vez en la historia de Chile, construir de manera colectiva e informada una Constitución democrática y participativa al servicio de los intereses mayoritarios y estratégicos de la sociedad chilena, discusión de la cual ningún sector político ha podido abstraerse.

Difícilmente podemos considerar como democrático un país en el que nunca se haya realizado un debate y participación de la sociedad organizada, de las regiones, pueblos originarios o gremios profesionales, sobre las normas esenciales que deben regir nuestra vida en comunidad. Tampoco puede ser democrático un Estado cuyas cartas constitucionales siempre han sido fruto de las negociaciones, componendas o las imposiciones post-crisis institucionales, por parte de la de la casta política-empresarial-militar. Esto es evidente en aquellas constituciones hechas a la medida que han tenido mayor duración, tal como la de 1925, o la de Pinochet de 1980.

Por todo lo anterior, mal podría caracterizarse a la sociedad chilena como democrática y sus habitantes como ciudadanos de derecho pleno. A lo sumo podríamos decir que se trata de un país tercermundista, con una seudodemocracia pactada de baja intensidad y una ciudadanía restringida.

La propuesta de la presidenta Bachelet no busca el ejercicio pleno de la soberanía popular

Al analizar el paquete de medidas anunciada por la presidenta Bachelet, percibimos que ella no apunta a posibilitar el ejercicio pleno de la soberanía popular. Por el contrario, sólo busca impedir que la ciudadanía se pueda expresar sin restricciones, al entregar la conducción y el papel decisivo de este supuesto proceso constituyente a las mismas fuerzas políticas retardatarias que han administrado durante 43 años el modelo neoliberal en una promiscua y opaca convivencia, que le ha permitido beneficiarse del antidemocrático modelo político, económico y social impuesto por la dictadura cívico-militar.

Aún desconocemos en qué consistirán los denominados “diálogos ciudadanos” y el número de “cabildos regionales y provinciales” que se establecerían. Menos quiénes los convocarán y quiénes serán los convocados. Tampoco el número de sus integrantes y quiénes realizarán las síntesis de estos coloquios. El ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, indicó frívolamente que “vamos a invitar a la gente (sic) que imagine la Constitución que quiere”. Nada más parecido a la propaganda de un agencia de turismo….

Esta etérea planificación gubernamental supone que los contenidos de la “campaña de educación cívica” previa, debería comenzar a mediados de Noviembre. Faltan 15 días, siendo imposible que esta entidad que aún ni siquiera ha sido nombrada, como lo es el Consejo Ciudadano, tenga una mínima capacidad en los próximos días de visar los contenidos de formación cívica. Esta impresentable situación sólo puede ser comparada con la errática planificación de la fallida reforma educacional que el propio ministro Eyzaguirre tuvo a su cargo cuando fue ministro de educación o con el Censo implementado por Sebastián Piñera.

Sólo están claro las cifras de abundante dinero que el Estado destinará para esta parodia de proceso constituyente, disponible para todos aquellos que oportunistamente se vayan plegando. El posible “nombramiento a dedo” del Consejo Ciudadano de Observadores, ya es un indicio del carácter controlado y poco transparente del proceso.

Otro elemento que llama la atención son los altísimos quorum parlamentarios supramayoritarios que la presidenta ha impuesto, entregando de esta forma las decisiones fundamentales al desprestigiado Congreso Nacional, elegido en base al anti-democrático sistema binominal de elecciones. El apostar a la existencia de un supuestamente menos desprestigiado y menos corrupto Congreso sucesor, se estrella con las tramposas reglas del juego imperantes, donde el actual senado sólo renovará la mitad de sus miembros el 2017, quedando aún un remanente binominal del 50% hasta el 2021.

Como ciudadanos de a pié, no podemos dejar reiterar que todo ha sido diseñado de manera brumosa, ambigua, leguleya, con el fin de que no existan cambios estructurales de fondo, lo que es funcional a los intereses de la endogámica casta política. Todo está hecho para que se permitan nuevas componendas entre la Nueva Mayoría y la derecha tradicional, la que en el mejor de los casos, terminarán en reformas cosméticas constitucionales, con el pueblo mirando desde la galería.

Debemos tener claridad que en el actual segundo gobierno de la presidenta Bachelet no existirá una nueva Constitución. En el intertanto, la Nueva Mayoría volverá a escudarse electoralmente en el argumento que “no cuenta con mayoría parlamentaria” para realizar los cambios para una nueva Constitución, tal como ya lo hizo la Concertación en su momento con respecto a otras reformas o cambios fundamentales. Por ello ya anticipamos que el marketing de las futuras campañas de los candidatos de la Nueva Mayoría para el 2017 será sin duda “un parlamento para una nueva Constitución”, destinados a atrapar incautos.

El Foro Por la Asamblea Constituyente (FPAC) ha venido alertando a la ciudadanía que la Asamblea Constituyente ha sido descartada de antemano por la presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría. En el mejor de los casos está siendo utilizada como una figura ornamental destinada a seducir ingenuos, y también permitir que su ala izquierda pueda seguir teniendo cierta legitimidad dentro de sus seguidores. Por ello las anunciadas cuatro alternativas sólo buscan ganar tiempo para negociar, e intentar dejar medianamente conformes a todos los sectores.

El Foro está llamando a desechar las ilusiones y prepararse para una lucha dura y prolongada, ya que lo que está en juego es la disputa abierta por la hegemonía política, social y cultural en la sociedad chilena. Para ello deberemos apoyarnos en nuestras propias capacidades, fuerza y creatividad, para desde allí realizar las necesarias alianzas que permitan avanzar hacia un proceso democrático y popular de acumulación de fuerzas, en el cual las formas serán tan importantes como los contenidos.

Necesitamos ganar mentes y corazones para desarrollar fuerza constituyente de raigambre ciudadana y popular, la cual obligue a la casta política que nos mal gobierna a entregar cuotas de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una asamblea constituyente.

El futuro dependerá de la claridad, vigilancia y presión que ejerzan los ciudadanos previamente informados, organizados y movilizados, única forma que asegurará una asamblea Constituyente democrática, libre y soberana. Esa es la tarea ciudadana.

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