Bogotá y Washington insisten en que las siete bases militares que Colombia puso a disposición de Estados Unidos sobre su propio territorio, en virtud del acuerdo firmado el 30 de octubre de 2009, tienen por objetivo fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Pero no pocos indicios refuerzan las sospechas de los países latinoamericanos de que las verdaderas intenciones del Pentágono consisten en contar con una plataforma para vigilar y controlar una región estratégica de América del Sur.

“Los problemas de Colombia se extienden mucho más allá de sus fronteras y tienen implicancias en la seguridad y la estabilidad regional”, declaró en agosto de 1999 la secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright. El 13 de julio del año siguiente, el presidente William Clinton y su homólogo Andrés Pastrana acordaron firmar el Plan Colombia, destinado a terminar con el narcotráfico y las guerrillas. A modo de participación, el Congreso, en Bogotá, sólo tuvo derecho a consultar un texto parcial y… en inglés.

Una década más tarde, Colombia recibió más de 5.000 millones de dólares de ayuda estadounidense, primordialmente militar. Y desde la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002, corrió mucha sangre bajo el puente. El Presidente había prometido una “rápida victoria” sobre los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre todo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): según los balances que difunde el ejército colombiano, triunfó ampliamente. Por ejemplo, en 2007 el ejército pretendía haber capturado a más de 6.500 guerrilleros y haber dado muerte a más de 3.000; cifras que se repiten año tras año. Siempre según Bogotá, de 2002 a mayo de 2008 el programa de desmovilización involucró a cerca de 15.000 personas, de las cuales 9.000 serían miembros de las FARC...

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