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- LE MONDE DIPLOMATIQUE Nº 189 en quioscos - Sumario OCTUBRE 2017

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Sobre el autor

Libio Pérez
Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.
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Chile bajo nuevas formas de vigilancia

por  Libio Pérez

El derecho a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones personales podría estar en riesgo si la Contraloría General de la República da curso a la actualización de un decreto gubernamental que permite la interceptación y manipulación de datos en todo tipo de comunicaciones. La nueva norma amplía el tipo de información que se puede recabar y el plazo que obligará a las empresas de comunicaciones a conservar los datos.

El combate al crimen organizado, como el narcotráfico y el terrorismo, así como a delitos como la pedofilia, ha llevado a los Estados a un creciente control de las comunicaciones en el mundo, vía la intercepción de los distintos medios y plataformas disponibles, como la telefonía celular, la conexión a internet, el uso de redes sociales (Facebook, correos electrónicos y otros) así como los hábitos de navegación y de aplicaciones para ver videos y escuchar música. La acumulación de información sobre estos usos y los megadatos -como el origen de la conexión y sus destinos a través de antenas celulares o satélites- permiten predecir conductas y obtener un cuadro confiable de hábitos y consumos de los usuarios en observación.

Pero en el mundo, como también en Chile, se ha instalado la tendencia de acumular datos indiscriminadamente de la población, haya o no cometido delitos. Todas las personas son sospechosas. La delgada línea de acumular datos y la violación de los derechos a la privacidad, se corre a diario, cuando no se la rompe. El debate sobre lo que ha sido conocido como el “Decreto espía”, no es del todo nuevo. Ya asomó cuando las comunas del barrio alto de Santiago comenzaron a operar globos con cámaras para detectar delitos de la delincuencia común, pero que conlleva el riesgo de grabar imágenes de recintos privados. El punto no es solo la acumulación y almacenamiento de imágenes de este tipo, sino también su eventual uso malicioso.

El perfeccionamiento de los drones equipados con diminutas cámaras de video ha llevado a que éstos sean usados intensivamente en el control y vigilancia de las movilizaciones sociales. La policía ya dispone de crecientes archivos de personas que salen a las calles a protestar o demandar sus reivindicaciones. Y existen programas computacionales que, cruzando distintas bases de datos, permiten dar con la identidad de las personas.

Originalmente en Chile, mediante el decreto n°142 de 2004, las empresas proveedoras de servicios telefónicos y de internet tenían la obligación, a través del Código Penal, de guardar los datos de los usuarios por seis meses; una actualización posterior aumentó el plazo a un año, mientras el nuevo decreto -que lleva las firmas de la Presidenta de la República, el ministro de Justicia y del Ministerio del Interior- amplía el plazo a dos años. Más allá del debate sobre la eventual violación de derechos de las personas, en paralelo hay un debate sobre si es constitucional que un decreto presidencial pueda modificar una ley del Código Penal.

El nuevo decreto además deja un margen de discrecionalidad acerca de cómo se accede a los megadatos almacenados, si acaso se produce -como establece el Código Penal- a través de una orden judicial. La Ong Derechos Digitales ha alertado sobre esta ambigüedad, ya que podría interpretarse que para interceptar las comunicaciones se requiere una orden de tribunales, pero no necesariamente para el acceso a los datos ya acumulados, los que irán aumentando mes a mes hasta completar los dos años, para luego reiniciar el ciclo bianual si es que simplemente no se acumulan.

No hay información disponible sobre el manejo de la información y datos que recogen las compañías de comunicaciones. El decreto no las obliga a elevar los estándares de resguardos y seguridad de la información, el acceso a servidores donde quedan registrados los movimientos de los clientes y usuarios de la telefonía móvil e internet.

La definición de una política global sobre la acumulación de datos personales, su forma de obtención y su uso debería ser parte de un debate democrático que establezca límites claros. De lo contrario, la manipulación de datos y el espionaje sobre las actividades de las personas serán en el futuro cercano una amenaza a la privacidad, representarán riesgos para la libertad de la sociedad bajo vigilancia y, probablemente, se transformarán en las nuevas y masivas violaciones a los derechos humanos.

*Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.

 
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