Al deslocalizar su producción hacia los países más pobres, las empresas multinacionales no sólo buscan mano de obra barata. La debilidad de las leyes sociales y medioambientales las protege de demandas judiciales. Esta impunidad también prospera a falta de instancias internacionales o de tribunales competentes en la materia en los países consumidores.
El 29 de mayo y el 1 de junio de 2014, la ciudad de Montreal fue sede de la primera sesión canadiense del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicada a la industria minera. En un proceso ficticio, militantes y personalidades de la sociedad civil “juzgaron” a grandes empresas acusadas de violar los derechos humanos y destruir el medioambiente. Esta acción a la vez teatral y seria apuntaba no sólo a poner en evidencia los daños relacionados con la extracción de materias primas, sino también a denunciar la impunidad con la que cuentan las multinacionales implantadas en los países pobres...
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