Desplazar a la derecha en las próximas elecciones municipales en el mayor número de alcaldías posible, y luego de la presidencia de la República, representa un desafío clave para la reconstrucción social, económica y cultural del país. Sin embargo, dicho propósito no puede ser el único basamento para la unidad de los partidos de oposición y del movimiento social, es preciso un debate de ideas amplio y sin restricciones que dé sentido y proyección a una nueva formulación para Chile.
Lo anterior, supone una autocrítica seria y responsable por parte de los partidos de la Concertación, que en el período que gobernaron desplegaron encuentros hegemónicos con la derecha, abandonando el programa que dio origen a la transición política y menoscabando las expectativas de quienes se enfrentaron a la dictadura. No basta entonces sólo con ser receptivos a la ola y tendencia transformadora que inunda a la mayoría del país, es preciso también tener conciencia de que mucho de lo que no se hizo, no fue sólo por la institucionalidad heredada de la dictadura, también primó gran dosis asimilación a las directrices neoliberales.
Por otra parte, muchas de las organizaciones de la sociedad civil que con fuerza e intransigencia hoy critican la necesaria unidad del conjunto de la oposición, particularmente por el temor al rol inhibidor que la Concertación pueda jugar en ella, fueron cooptadas en los 20 años de democracia de los acuerdos, restringiendo su voluntad de acción y movilización, asimilándose al posibilismo reinante de la política de los consensos.
De lo anterior, el problema ciertamente es de nuevas ideas y de paradigmas de desarrollo en pugna, pero también es de comportamiento ético y moral y de aprendizajes socio-políticos para las fuerzas de genuina vocación democrática.
Por ello, nada más importante e impostergable en los desafíos de las fuerzas democráticas en este periodo, que construir con integrada mirada retrospectiva y proyectiva un nuevo Programa para hacer de Chile un país más justo, que aborde las insuficiencias de una sociedad asfixiada por el neoliberalismo. En ello, reflexionar sobre el significado de las políticas públicas durante los 20 años de Concertación y los 2 años del gobierno de derecha, constituye una urgencia y requisito a fin de edificar un proyecto sobre bases transformadoras y convocantes.
Al respecto, durante el punto alto de la movilización estudiantil del año 2011 se difundieron los resultados del Índice de Desarrollo Humano, donde Chile en materia de educación figura en el estándar alto, existiendo estándares bajo y de mediana calidad, ubicándose Chile específicamente en el lugar número 43 de 47 países. A todas luces resultó satisfactorio para quienes han diseñado política pública durante este periodo.
El mismo informe señala que Chile presenta el más alto indicador de calidad de vida de los países de América Latina y el Caribe, y los periódicos de derecha se ufanaron que las condiciones de habitabilidad de nuestro país presenta un estándar superior al de Argentina y Uruguay.
Hace algunos meses un estudio que midió Calidad de Vida entre las ciudades de Chile, realizado por la Universidad Católica (Fuente: Núcleo de Estudios Metropolitanos, NEM, de la Universidad Católica, para la Cámara de la Construcción), ubicó a la ciudad de Antofagasta como la urbe que presenta el mejor estándar de vida de las ciudades de Chile, no obstante, el Mercurio local de Antofagasta tuvo que reconocer en uno de sus artículos la percepción contradictoria que el conjunto de la población tiene de dicho constructo para su ciudad, especialmente en materia de salud, donde se perciben severas insuficiencias de atención a los usuarios, por deficientes coberturas y menguada calidad en los protocolos de atención.
Dichos indicadores hacen conveniente reflexionar sobre el sentido de la política pública de estos años, dada la percepción opuesta que se construye mayoritariamente la población y que contrasta con las auspiciosas tasas de desarrollo difundidas en estos 22 años en comento. Uno de los principales soportes de la política pública de los 20 años de Concertación se expresó en la redefinición conceptual y teórica de la noción de bienes y servicios públicos, que conectaba con una sensibilidad social durante el apogeo de la Concertación altamente fragmentada e individualizada. En todos los sectores donde se deben producir y elaborar bienes y servicios sociales esto fue muy evidente, especialmente en el plano de la educación, donde la crisis se hizo más nítida, particularmente en la distorsionada definición de educación pública.
En este sector se redujo el concepto de educación pública al mero ejercicio de ofertar un servicio, sin importar el origen y la finalidad del proveedor, acentuando y extremizando el rol de los privados, llamándolos eufemísticamente como “Colaboradores del Estado”, pero en rigor constituyéndose en “Suplantadores de la responsabilidad del Estado”. Una práctica que se hizo extensiva a casi todos los servicios del Estado (Ministerio de Justicia, SENAME, MINSAL, Vivienda, etc.).
El gobierno de derecha profundizó dicha concepción, y esto se expresa por ejemplo en el actual proyecto de Ley de Superintendencia de Educación Superior, elaborando una peculiar e interesada definición de “sociedad docente”. Este concepto que en su origen hace referencia a cómo las instituciones de educación se complementan con las instituciones de la sociedad civil para fortalecer la noción de docencia en términos más integrales, bajo la perspectiva de derecha se reinterpreta y expresa en el protagonismo exacerbado del sector privado, quien viene a reemplazar la función del Estado.
Esta noción de política pública, que desdibuja y atomiza el papel y función del Estado, que niega su rol responsable y lo reduce al mero acto de “asegurar” estándares de calidad, sin precisar qué se entiende por calidad, es lo que desde diferentes puntos de vista hoy se encuentra en crisis y rechazado socialmente.
Y es que el diagnóstico denota severas insuficiencias: La política pública y social de estos 22 años, tiene como rasgo característico el incremento progresivo de los subsidio a las personas, pero en rigor con exacerbado beneficio hacia los privados.
A los sectores de educación y salud, se agregan como agenda ofensivamente neoliberal de la derecha, la vivienda mediante subsidios a la demanda crecientemente menos colectivos y cada vez más individuales y, en el último periodo, un subsidio individual a la capacitación laboral que profundiza el rol accesorio de los sindicatos en la institucionalidad pública. Incluso apostando y promoviendo la privatización de una función tan sensible y centralmente regulada como debe ser fiscalizar en sectores tan relevantes e importantes como la seguridad minera.
Lo anterior, sumado a una focalización del gasto social mediante Bonos que en sus resultados no reflejan cambios sustantivos en las condiciones de vida de las personas, dado que en lo fundamental equivocan no promover ingresos autónomos como consecuencia y resultado de trabajo digno, y sólo se orientan a la mitigación contingente y acotada para las principales carencias materiales de la población más necesitadas. Y esto porque los Bonos perpetúan comunidades dóciles, pasivas, clientelares y altamente disciplinadas a las dádivas gubernamentales.
Pero, desde una perspectiva de enfoques y metodologías, la política pública de estos 22 años, propia de una matriz neoliberal, se asimiló a las directrices del Banco Mundial, en Chile por cierto muy difundidas por la CEPAL, centrando el rol de la política y la orientación del gasto público en el logro de resultados que fuesen medibles. Toda la política pública centró su accionar en objetivos y resultados, específicamente en el crecimiento de las coberturas en bienes y servicios, desatendiendo y obviando los procesos en los que se deben sostener. La famosa Matriz de Marco Lógico, ampliamente utilizada por todas las reparticiones públicas, así lo refleja. Realidad dramática en el sector de la salud pública, donde junto a una cobertura insuficiente que refleja propósitos incumplidos, la dignidad de los pacientes es permanentemente vulnerada con protocolos insuficientes o con ausencia de especialistas, carencia que se acentúa en regiones. Lo mismo pasa en vivienda, donde el abuso es una constante por parte de las inmobiliarias y la banca privada.
Sin embargo, otra dimensión de carácter psicosocial y de severas consecuencias políticas, que agrava el impacto de este tipo de políticas, es que su aplicación sostenida en el tiempo además ha debilitado el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático, impactando en las formas en que las personas se relacionan con el Estado y menoscabando el vínculo social entre las personas y sus comunidades, con consecuencias que pueden perdurar por décadas. Que no exista extrañeza para la baja participación electoral y baja adherencia a las instituciones democráticas cuando éstas sólo convocan para la representatividad.
¿Cuáles son las perspectivas para de transformación? ¿Es posible visualizar una nueva dimensión en el diseño y aplicación de la política pública? Lo cierto es que no existen fórmulas conocidas que de forma automática y abrupta transformen las estructuras mentales en las que se sostiene esta nociva forma de entender relación Estado-ciudadano, pero sí existen señales de una creciente demanda social de nuevo contrato y pacto social. Un dato o consideración que ilustra: La última encuesta sobre transporte público de Radio Cooperativa e Imaginacción, refleja que más de un 70% de los encuestados considera que el transporte no debe seguir en manos de privados y que en consecuencia debe ser Estatal. Una tendencia social que no puede seguir siendo obviada y de la cual la nueva política pública en elaboración debiese ser altamente receptiva.
Por ello, pensar en nuevas políticas públicas para un gobierno de naturaleza y sentido reformista, exige disposición del movimiento social y de los partidos políticos para profundizar cambios que requieren de un nuevo marco constitucional y por ende orientados a superar y transformar la institucionalidad vigente. Pero, también exige como imperativo del periodo que dentro de los márgenes de esta institucionalidad forzarla al punto de poner en evidencia el sentido ilegítimo de la misma. Esto, porque estar en consonancia con las expectativas de la nueva mayoría social requiere de voluntad política y ética social.
Este es uno de los más importantes desafíos tras las próximas elecciones municipales, “forzar la institucionalidad municipal hacia espacios de mayor participación social y consecuente mejoramiento de la calidad de vida”. Lo que necesariamente supone convencerse -especialmente los partidos políticos de vocación genuinamente democrática-, que el conjunto de la sociedad o al menos una amplia mayoría, reclama una nueva relación entre el Estado y las personas, siendo las política públicas para el nuevo periodo que intenta abrirse camino un instrumento que debe estar en concordancia con esa expectativa social.
De esta manera, lo esencial sería una política pública conectada con las expectativas de transformación y desvinculada completamente de la noción de lo posible como factor de equilibrio socio-político. Marcos Barraza Gómez Director de ICAL
