El accidente que mantiene a 33 mineros sepultados a 700 metros bajo tierra develó la precariedad de las condiciones laborales y la casi inexistente inversión de las empresas privadas en medidas de prevención. Peor que eso, dejó al desnudo la ausencia del Estado.

En la soledad de sus casas o saliendo a las calles -lejos de apariciones mediáticas sobregiradas de autoridades políticas- millones de chilenas y chilenos lloraron y se estremecieron con la noticia de que los 33 mineros de San José, atrapados después de un derrumbe el 5 de agosto, estaban vivos. Fue el homenaje anónimo y cálido de la gente al coraje y resistencia de esos trabajadores que, una vez más, daban una lección de vida y empuje ante las injustas condiciones laborales y de vida que estaban en el origen de su tragedia. Porque los trabajadores chilenos, con o sin drama, sufren a diario de la pobreza, de la precariedad del empleo, de abusos, de marginación y de desprecio, a manos de los empresarios, las autoridades de gobierno y carabineros que los reprimen. Sólo a la hora de lo trágico, surgen buenas intenciones. Cuando, como en este caso, los mineros y trabajadores chilenos han estado en manos de la muerte.

La mina San José, en la Región de Atacama, se convirtió en paradigma de lo que ocurre con los trabajadores en Chile...

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