El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) habían prometido que el aumento de los flujos de mercancías contribuiría a erradicar la pobreza y el hambre. ¿Huertas? ¿Autonomía alimentaria? Se encontró una solución más inteligente: la agricultura local sería abandonada u orientada a la exportación. Así, se sacaría el mejor partido no de condiciones naturales –más favorables, por ejemplo, al tomate mexicano o al ananas filipino–, sino de menores costos de explotación en esos dos países que en Florida o en California.

El agricultor de Malí confiaría su alimentación a las firmas cerealeras de la región francesa de la Beauce o del Midwest estadounidense, más mecanizadas, más productivas. Al quitar su tierra iría a incrementar la población de las ciudades para convertirse en obrero en una empresa occidental que deslocalizó sus actividades para sacar provecho de una mano de obra más barata. Los Estados costeros de África aliviarían al mismo tiempo el peso de su deuda externa al vender sus derechos de pesca a los barcos-factoría de los países más ricos. Ya no le quedaría más opción a los guineanos que de comprar conservas de pescados danesas o portuguesas. A pesar de una contaminación suplementaria generada por los transportes, el paraíso estaba asegurado. El beneficio de los intermediarios (distribuidores, agentes de aduana, aseguradoras, publicitarios) también...

De repente, el Banco Mundial, preceptor de este modelo de “desarrollo”, anuncia que treinta y tres países van a sufrir revueltas del hambre. Y la OMC se alarma ante un retorno al proteccionismo al observar que varios países exportadores de productos alimenticios (India, Vietnam, Egipto, Kazajstán...), decidieron reducir sus ventas al extranjero para –¡que imprudencia!– garantizar la alimentación de su población. El Norte se ofusca rápidamente por el egoísmo de los otros. Es porque los chinos comen demasiada carne que a los egipcios les falta trigo.

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