No es el panorama ni el curso histórico que muchos analistas previeran para Suramérica hasta un par de años atrás. Pero es al que tienden crecientemente en su evolución, de una u otra manera, la mayoría de los países de la subregión: la adopción de proyectos de crecimiento de más amplia base, que liderados desde el estado pretenden dinamizar la actividad económica al mismo tiempo que superar la pobreza y la desigualdad. Una búsqueda que se apoya en las tendencias que se verifican en la realidad política y económica internacional de los últimos años, en las estructuras políticas, económicas y sociales con que se cuenta en cada país y en las correlaciones de fuerzas sociales y políticas que se han ido creando.
Una opción “neo-desarrollista” que, por lo mismo, no cuenta con las mismas perspectivas ni significado para cada uno de los países suramericanos, dada la muy diversa complejidad estructural que tienen en lo económico-social, por una parte, y la diversidad de su desarrollo político-institucional, por otra. Pero que en lo inmediato se presenta favorecida para todos, por los influjos que hacia la sub-región llegan desde los ajustes que experimenta el sistema capitalista internacional en su actual fase de crisis y por el posicionamiento que en esa situación ha ido tomando Brasil, convertido no sólo en la séptima economía industrial del planeta, sino en la potencia hegemónica y articuladora de lo que empieza a proyectarse políticamente como un bloque regional.
La afirmación de esta opción “neo-desarrollista”, por otra parte, está implicando una difuminación del panorama político precedente. Hasta el momento previo al estallido de la crisis económico-financiera internacional de fines de 2008, el cuadro parecía ordenarse en más o menos tres tipos de escenario –en tanto cursos de desarrollo histórico-, al menos desde el punto de vista de los gobiernos que prevalecían en los países de la subregión. Estaban los gobiernos “bolivarianos” de Venezuela, Ecuador y Bolivia, por un lado; los gobiernos abiertamente “neoliberales” de Colombia y Perú, por otro; y finalmente, los gobiernos “progresistas”, de corte socialdemócrata en lo político-social, pero de manejo económico predominantemente neoliberal, imperantes en el Mercosur y en Chile[1].
Aludiendo a lo mismo, algunos autores plantearon entonces que más que escenarios, lo que se tenía era una “cristalización político-institucional” de distintas correlaciones de fuerza en los distintos países de América Latina, que daban lugar a tres tipos de modelos político-económicos o proyectos societales, en pugna: el “neoliberalismo de guerra”, el “neo-desarrollismo” y los modelos sociales de “cambio constituyente” [2]. Advertían, en todo caso, que más allá de la preponderancia que alguno de estos modelos podía tener en un país en particular, se trataba de “proyectos que están en disputa al interior de cada uno de los países expresando los intereses de distintos grupos de fuerza y bloques de clase, y en ese sentido deberían considerarse también como tendencias en proceso y en tensión entre sí, en una realidad en el plano nacional que es mucho más heterogénea y conflictiva que la natural pureza representada en cada uno”. Lo que permitiría explicarse una evolución hacia algo distinto, bajo nuevas circunstancias.
Los influjos del ajuste del capitalismo internacional en crisis
El contexto político económico de la subregión continúa signado por la crisis sistémica mundial, que claramente tendrá un largo e imprevisible proceso por delante. Pero resulta importante ir visualizando las tendencias que se desprenden para la evolución histórica de América del Sur, como deriva de los ajustes que se producen a nivel global.
La administración de la crisis por las autoridades del capitalismo central resulta hasta ahora absolutamente incapaz de contener su proceso de agravamiento. No han encontrado ni solas ni en conjunto con las potencias emergentes -en el G-20- el consenso necesario para articular una política común de acción. La reforma del sistema financiero internacional parece haber desaparecido de su agenda y no han sido capaces de avanzar tampoco en materias de cambio climático ni del comercio mundial.
El imperialismo estadounidense despliega una contraofensiva desordenada a nivel planetario. Como bestia herida y acosada, da zarpazos a diestra y siniestra –desata guerras armadas y de “divisas”, entre medio-, intentando contener el proceso de decadencia de su condición hegemónica. Todo ello, sin lograr articular una verdadera estrategia de salida de la crisis, ni alinear detrás de ella a sus aliados, lo que hace precarios los resultados de su contraofensiva. En relación con América Latina, si bien ha logrado recuperar grados de iniciativa y control hegemónico sobre la situación en México y Centroamérica –sobre la base de extender la violencia y la militarización, a partir del narcotráfico y el crimen organizado como factores determinantes de la escena política- se ha mostrado incapaz de lograr lo mismo en Suramérica, con importantes reveses y fracasos de sus iniciativas en los últimos años.
La escena política mundial se tiende a crispar más con nuevos y viejos conflictos existentes en Medio Oriente y Asia; y con la extensión de rebeliones populares en el norte de África y protestas en Europa. Mientras, en el plano económico, se acelera el proceso de reordenamiento del poder mundial, en tanto EEUU, Europa y Japón no logran salir de la recesión y los del capitalismo “emergente” experimentan un nuevo auge apoyado en sus mercados internos y en los efectos de los desequilibrios globales. La pulseada entre EE UU y China adquiere tonos más intensos e inquietantes, al mismo tiempo que quedan descartadas las hipótesis de una eventual connivencia político-económica de estas dos potencias para reordenar el mundo. La multipolaridad geopolítica se acentúa cada vez más, con una creciente articulación de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, recientemente integrada a este bloque- en los planos de interacción global.
En los países del capitalismo central, las políticas económicas resultan en un persistente intento de traspasar el costo de la crisis a los trabajadores y a los pueblos, por las vías del desempleo, la rebaja salarial, la reversión de los derechos laborales, de las pensiones y sistemas de bienestar. Esto no puede sino deprimir aún más el consumo y la demanda interna y hacer más improbable el que puedan salir del cuadro recesivo. Tanto que, por ahora, parece posible que los países del capitalismo central estén entrando en una “década perdida”, en la que los ritmos de crecimiento que presenten sean cercanos a cero o aún negativos[3], o en todo caso por debajo de su crecimiento potencial.
Los niveles de endeudamiento público y privado que presentan hacen previsible que sus bancos centrales deban mantener tasas de interés muy bajas por un prolongado período de tiempo, más allá de puedan provocar alzas en su nivel de inflación. Lo que se traducirá en la persistencia de una elevada liquidez internacional, una parte importante de la cual seguirá resultando en flujos de capital hacia las llamadas economías emergentes, incluida América Latina.
Así, en 2010, 266 mil millones de dólares entraron a las siete economías más grandes de América Latina, en comparación con el promedio de 50 mil millones de dólares anuales que se registró entre 2000 y 2005. Y mientras que en 2006 sólo el 37% de las entradas eran de capital especulativo, el año pasado esos flujos representaron el 69% del total[4]. Junto con ello, los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina y el Caribe aumentaron en 2010 en un 40% respecto del año anterior y totalizaron 113.000 millones de dólares; de los que América del Sur, en particular recibió 85.143 millones de dólares[5], con un aumento de un 56% de la IED respecto del año 2009.
Paralelamente a la crisis en el capitalismo central, China y las principales economías emergentes del Asia recuperaron rápidamente sus ritmos de producción y de comercio previos a la crisis y empezaron luego a adoptar medidas para evitar los riesgos de burbujas y de un sobrecalentamiento. El Plan Quinquenal de China 2011-2015 prevé una fuerte desaceleración del crecimiento hacia un 7%, después de alcanzar una tasa de 11,2% en el lustro anterior, en busca de un crecimiento más sostenible e inclusivo[6]. De hecho, en los últimos meses, y como consecuencia de la eventual recaída recesiva en Europa, Japón y EEUU, las principales economías emergentes –China, Brasil e India- han empezado a mostrar una desaceleración de sus ritmos de crecimiento.
El dinamismo asiático se transmitió, desde abril de 2009, a través del comercio a los países latinoamericanos, cuyas exportaciones crecieron un 27% en 2010 y se estima volverán a crecer otro 27% en 2011; con una tasa aún más alta –de 31%- para los países suramericanos[7]. Los altos precios de las materias primas en el último año y medio, en particular de los minerales e hidrocarburos, explican la mayor parte de este aumento. Detrás de este renovado auge de precios de los productos básicos existen factores de demanda creciente -promovida por las economías emergentes-, como de limitaciones en la oferta – por factores climáticos, bajas en las leyes de los minerales y otros- y también de demanda especulativa de materias primas.
La incertidumbre que recientemente ha generado la eventual recaída recesiva en Europa y EEUU ha provocado un ajuste a la baja en los precios de las materias primas, pero estos se sitúan a la fecha en un nivel históricamente alto. Y este nivel tendería a mantenerse, si -como parece más probable- la recesión en 2012 no se extiende más allá del capitalismo central. Esto, al margen de que las exportaciones suramericanas a esos mercados se verían limitadas.
Es por esto que aún en este escenario, la CEPAL se anima a decir, que “la década de 2010 puede aún ser un período de auge de las economías emergentes. Los motores de la economía mundial dependerán cada vez más del dinamismo de las economías emergentes y del comercio y las inversiones Sur-Sur. La consolidación de tasas de crecimiento elevadas y estables en estas economías y la desaceleración de su crecimiento demográfico elevará sus ingresos per cápita y acelerará la convergencia de ingresos con las economías industrializadas, particularmente en el caso de las capas medias de las economías emergentes”[8].
América del Sur crece, pero la concentración y la desigualdad persisten
Cuando en 2008-2009 se desató la crisis de la economía mundial, las repercusiones que ella tuvo en América del Sur sorprendieron a más de algún observador. No sólo los impactos en los niveles de crecimiento y de empleo que ella tuvo fueron bastante menores a los que se habían tenido en otras coyunturas críticas precedentes –como cuando la “crisis asiática” de 1997- sino que tampoco se verificaron graves retrocesos en materia social ni alteraciones significativas en la estabilidad política de la región.
En presencia de la mayor recesión mundial desde la crisis de 1929, Suramérica en 2009 registró tan sólo un estancamiento de su PIB, -que creció un 0,2%-, interrumpiendo el extraordinario dinamismo de los años 2004-2008, en los que promedió un crecimiento superior al 6,2% promedio anual. Ya en 2010, la sub-región volvió a crecer a una tasa de 6,4%, a pesar de que muchos gobiernos iniciaron el retiro de los estímulos fiscales y monetarios que se aplicaron antes para limitar los efectos de la crisis. La expectativa de que Suramérica se mantenga como una de las áreas de economías emergentes que permanezca desacoplada de la recesión que afecta a las economías del capitalismo central duraba hasta al término del primer semestre de 2011, en que la CEPAL proyectaba para ella un crecimiento de 5,1% para 2011 y de 4,7% para 2012[9].
Al ahondar en las bases de ese crecimiento, se presentan nítidos los efectos favorables que en él han tenido la elevada liquidez internacional, los acrecentados flujos de inversión extranjera directa y los altos precios de las materias primas que han permitido una mejora significativa de los términos de intercambio[10] de los países suramericanos, en el contexto de los ajustes económicos del capitalismo mundial en crisis. Y que, como hemos visto, más allá de las fluctuaciones inmediatas, podrían tender a perdurar hacia los próximos años, configurando una verdadera “ventana de oportunidad”.
El crecimiento económico de América del Sur, por ello, en los últimos 5 años, se apoyó sobre todo en un elevado dinamismo de la demanda interna, tanto en materia de consumo como de inversión, y complementariamente en un aumento de sus exportaciones. El crecimiento del consumo de las familias se debió a los aumentos tanto del empleo como de los salarios y al aumento del crédito; en tanto que el consumo público se expandió también a tasas más moderadas. La inversión ha venido aumentando a una tasa promedio anual de 10,8% anual entre 2003 y 2010, elevándose como porcentaje del PIB desde el 16,5% en 2003 a cerca de 21% en 2010.
Al indagar por sectores de actividad económica, los últimos 5 años muestran que el dinamismo mayor en la región lo han presentado las finanzas y servicios a empresas, transporte y comunicaciones, la construcción y el comercio, mientras que los sectores primario-extractivos y la industria tuvieron desempeños por debajo del aumento del PIB. Esto último resulta revelador, ya que el fuerte impulso del consumo no siempre está significando en lo principal un estímulo a la producción interna sino que en algunos países –debido a su mayor grado de apertura comercial, al proceso de caída del dólar y a lo reducido de su industria, como en Paraguay, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela- está redundando sobre todo en una mayor demanda de importaciones, que están creciendo a tasas superiores a las de las exportaciones.
Más aún, bajo el patrón de crecimiento vigente en la última década en América del Sur, no es la industria, sino que las finanzas, el sector más dinámico y rentable en cuanto al mercado interno. Un sector en el que nos encontramos, a la cabeza de los mayores bancos de la región, junto a los estatales Banco Do Brasil y Caixa Económica Federal, BancoEstado (Chile), Nación y Provincia (Argentina), República (Uruguay) y Nación (Perú), la presencia mayoritaria de la banca privada ligada a los mayores grupos económicos de la región, y de los españoles Santander y BBVA, del Citigroup y del inglés HSBC.
“Los bancos latinoamericanos cierran la década con tasas de expansión inéditas y una solvencia que asegura un sostenido crecimiento futuro”, señala la revista América Economía[11]. “No ha sido un mal tiempo para ser banquero. Al menos no en América Latina. En el año cerrado el 31 de junio de 2010, los 250 mayores bancos latinoamericanos sumaban activos por casi US$ 3 billones, un monto que superó en 14% a los que registraron un año antes y muy por sobre el nivel de activos que sumaban antes de la crisis”. Dando cuenta que sus utilidades alcanzaron US$ 18.149 millones con “una saludable alza de 33% frente a 2009.” Por otra parte, la tendencia a la concentración del sector es clara: los 10 mayores bancos de la región crecieron a una tasa promedio de 20,2% en el último año mientras que los 50 mayores crecieron en 16,6%, y los 250 mayores “apenas” crecieron un 13,8%. Un claro indicador del proceso de financierización de las economías suramericanas lo constituye la relación crédito/PIB, que está en alza en muchos países: en Brasil llegó en agosto 2010 a un 46,2%, por encima de Argentina (15%), Perú (25%) y Colombia (30%), pero aún por debajo de Chile (más de un 80%).
El crecimiento del sector financiero no apoya en lo principal un florecimiento del sector manufacturero, sino que del comercio y de la construcción, por un lado y de las actividades extractivas, por otro. Y su rentabilidad se funda en la exacción de excedentes desde los sectores productivos y de servicios, que a su vez redundan en mayores tasas de explotación de la mano de obra. La extensión masiva del crédito a crecientes sectores de la población está permitiendo, por un lado, el engrosamiento de una suerte de clase media[12] que logra por esta vía el acceso inmediato a viviendas, bienes y servicios que de otra forma no podría obtener. Pero que al mismo tiempo se ve cooptada por el sistema como población endeudada, particularmente susceptible de someterse a las “flexibles” condiciones de contratación que se han extendido, en una suerte de moderna esclavitud asalariada.
Es así como se entiende que en la región el consumo de las familias crezca a tasas mayores que la masa de ingresos laborales. El informe de la CEPAL para toda la región señala que tomando en cuenta tanto incrementos en el número de ocupados como de los salarios reales medios, la masa de los ingresos laborales se habría elevado –en 2010- cerca del 5,5%. Asimismo, se observó una mayor generación de empleo asalariado, al tiempo que se desaceleró el crecimiento del empleo por cuenta propia. La continuidad de estas tendencias para 2011 permite esperar una nueva reducción de la tasa de desempleo, que podría ubicarse en un 6,7% a 7%, por debajo de los niveles previos a la crisis, en el marco de una mejora de la calidad de los puestos creados.
(Gráfico que no pudo ser copiado aquí)
Esta evolución favorable, que reanuda tendencias que ya se observaron entre 2003 y 2008, sin embargo, no impide que la región continúe exhibiendo graves problemas en materia laboral, que se expresan de elevados niveles de subempleo, de precariedad y de informalidad laboral. Que afectan sobre todo a algunos grupos de trabajadores como los menos calificados y, entre ellos, a las mujeres y los jóvenes. Todo lo cual deriva frecuentemente en marcadas brechas salariales y en situaciones de pobreza de las que muchas personas no logran salir, aun estando en condición de asalariadas.
Por esto, al margen de que para 2011 se puede augurar un nuevo descenso de los indicadores de pobreza hacia un 30% de la población –alrededor de 120 millones de personas en América del Sur-, luego de que en 2010 se revertiese el muy leve retroceso operado el año anterior por causa de la crisis, el problema de fondo que persiste es el de la desigualdad. La pobreza ha venido cayendo desde los 154 millones de pobres –un 44,3% de la población- en 2003, hasta el presente.
Y en este sentido es que asoman las limitaciones y contradicciones más inmediatas de este esquema de crecimiento con la pretensión de que genere al mismo tiempo mayores niveles de equidad y cohesión social. Sin desmedro de reconocer que más en materia de pobreza pero también en desigualdad los países suramericanos han hecho importantes progresos en la última década, la UNASUR continúa siendo la región más desigual del mundo, con un coeficiente de Gini estimado en 0, 50 hacia 2009. La razón de esto reside en que los avances alcanzados se han hecho sin alterar radicalmente un patrón de crecimiento concentrador y preservando un rol meramente subsidiario del estado en cuanto al desarrollo social.
La pobreza ha disminuido fundamentalmente como consecuencia de que el crecimiento sostenido ha derivado en mayores ingresos para todos, incluidos los más pobres (efecto crecimiento) y a que con los mayores ingresos fiscales, se ha podido aumentar un gasto público social -hasta un 15,4% del PIB en 2008-2009- algo mejor focalizado en los sectores más pobres (efecto distribución), destacando los programas de transferencias condicionadas de renta. “No obstante, en términos absolutos, el volumen del gasto público social destinado a los grupos de mayores ingresos es más alto (todavía), lo cual se origina en el carácter fuertemente regresivo de la seguridad social” [13]
(Gráfico que no pudo ser copiado aquí)
En definitiva, y con la sola excepción de Venezuela, los gobiernos suramericanos no han encarado a la fecha un programa radical de redistribución del ingreso. Y han optado por un proceso que elude afectar al gran empresariado para no poner en riesgo las inversiones y el crecimiento, al mismo tiempo que busca ir ganando márgenes de maniobra fiscal para atender las demandas sociales más urgentes.
Han eludido, en particular, emprender importantes reformas tributarias progresivas, imprescindibles si de verdad se quiere resolver la debilidad de los estados para atender este problema. Los sistemas impositivos vigentes muestran que en general la carga tributaria es baja (22,9% del PIB), la estructura está sesgada hacia impuestos regresivos, y los niveles de incumplimiento en el pago de impuestos son significativos –con rangos de evasión entre 40% y 65%-. La baja recaudación de impuestos directos (a la renta y a la propiedad) –sólo un tercio del total de impuestos recaudados- es la principal causa de la baja carga tributaria en la región. Al punto que la recaudación proveniente de impuestos a los ingresos y al patrimonio (equivalente a sólo un 1,5% del PIB) en América Latina es la más baja del mundo. [14]
La concentración del ingreso en América Latina es tal que el ingreso captado por el 40% más pobre es, en promedio, menos del 15% del ingreso total, mientras que el 10% más rico capta alrededor de un tercio del ingreso total. Y el ingreso medio captado por el 20% más rico de la población supera en 19,3 veces al del 20% más pobre.
Pese a que en la generalidad de los países de la región la desigualdad distributiva es un problema importante, no en todos se manifiesta con la misma magnitud. En los países con menor desigualdad (Venezuela y Uruguay), la participación en el ingreso del 40% más pobre se ubica en torno al 20%, la participación del 10% más rico es de aproximadamente un 25% y el ingreso medio del 20% más rico excede al del 20% más pobre en no más de 10 veces[15].
La urgencia de encarar ahora la desigualdad y ponerla al centro de las estrategias de desarrollo ha sido remarcada por recientes publicaciones de la CEPAL y del PNUD, con análisis y propuestas que apuntan a las diversas dimensiones de la desigualdad[16]. Sólo una mayor movilización popular, como la que se despliega en estos meses en diversos países de la región, por los movimientos estudiantiles exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad para todos, podrá crear la correlación de fuerzas necesaria para ir abriendo el camino para realizar estos cambios.
La exportación de materias primas versus la diversificación productiva, el respeto de los pueblos indígenas y la preservación del medio ambiente
El singular crecimiento de las economías suramericanas en la última década ha tenido en la dinámica de sus exportaciones un motor fundamental. Así ha ocurrido también en los últimos dos años y resulta claramente previsible que así lo será hacia adelante.
Cuando a partir del segundo trimestre de 2003, la fuerte emergencia de China y de otros países del Asia en el comercio mundial empezó a elevar los precios de las materias primas, el ciclo económico de América del Sur empezó una trayectoria expansiva que permitió cambiar sustantivamente la realidad macroeconómica de la sub-región en los siguientes cinco años. En efecto, no sólo la evolución muy favorable de los términos de intercambio permitió que a lo largo de todo ese lapso la balanza comercial[17] fuese ampliamente positiva, sino que, además, los ingresos de divisas fueron tales que permitieron atender y reducir drásticamente la deuda pública externa al mismo tiempo que más que duplicar el nivel de las reservas internacionales. De otro lado, los mayores ingresos públicos derivados de los mayores niveles de actividad económica, de la mejora de los precios de las materias primas y de algunas reformas tributarias, permitieron -en algunos países más que en otros-, ahorros y superávits públicos que fortalecieron la posición fiscal, e incluso, constituir “fondos soberanos”. Esa fortaleza macroeconómica fue decisiva en 2009, para habilitar a los gobiernos a desplegar políticas contracíclicas (subsidios al empleo, provisión de fondos, etc.) en presencia de la crisis mundial, de modo de limitar los peores efectos de la misma en el empleo y en el gasto público social. Y se notó.
En los últimos dos años, al reanudarse el dinamismo del comercio mundial, las exportaciones de la sub-región se recuperaron, pero el perfil de la canasta exportadora se vio empujada a una mayor concentración aún en los productos básicos –hidrocarburos, minerales y alimentos- porque al efecto de los altos precios de los mismos se sumó una tendencia más marcada que en años precedentes a la devaluación del dólar y a la consecuente apreciación de las monedas locales. Como por otra parte, en 2010 hubo fuerte aumento de las importaciones y de remesas de utilidades de las trasnacionales que operan en Suramérica, se registró por segundo año un déficit en cuenta corriente[18]; que se cubrió ampliamente con el ingreso de capitales externos, lo que permitió a la mayoría de países volver a incrementar sus reservas internacionales a niveles superiores aún a las de 2008.
En presencia de la recaída recesiva del capitalismo central que se está viviendo, algunas de estas tendencias podrían revertirse parcialmente. Pero al presente, está claro que en lo fundamental, persistirán.
(Gráfico que no pudo ser copiado aquí)
Los países suramericanos se han ido especializando crecientemente en la exportación de productos primarios y sus procesados, patrón que se ha visto reforzado por la elevada demanda asiática, en especial de China. Y aunque la importancia de China como mercado de exportación ha crecido notablemente en la última década, mientras que la de EE.UU. ha caído y se ha estancado la de la Unión Europea, todavía no recepciona más que el 9% de las exportaciones suramericanas. En todo caso, ya es un mercado de exportación clave para Chile, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela. Y es claro que las tendencias de cambio en esa dirección se acentuarán hacia la próxima década.
Estas perspectivas son las que permiten comprender los cuantiosos presupuestos de inversión que existen en América del Sur respecto de la exploración y explotación tanto de hidrocarburos como de minerales hacia los próximos 5 a 10 años. Presupuestos que involucran tanto a empresas estatales, como privadas, nacionales y extranjeras. Así mientras Petrobrás (48% estatal; con 57% del capital con derecho a voto) anuncia un monto de US$ 224.700 millones en su plan 2011-2015, para el mismo plazo, la venezolana PDVSA contempla US$ 143 mil millones. En la minería, en Chile los catastros de inversiones proyectadas llegan a los US$ 60 mil millones hasta 2020, en tanto que en Perú, los mismos suman otros US$ 48 mil millones y Argentina para el mismo plazo prevé unos US$ 30 mil millones. Ecuador con inversiones para los próximos 5 años por US$ 5.150 millones también entrará en ese trance; como Colombia y Bolivia, que también esperan concretar otras decenas de miles de millones de dólares en esas actividades, lo mismo que en hidrocarburos.
Sin lugar a dudas que esas proyecciones también incorporan una importante afluencia de inversión extranjera directa, y dentro de ella, por ejemplo, se espera que China, que ya concretó inversiones justamente en esos rubros en 2010, por un monto de US 15 mil millones, expanda su presencia en la sub-región. A ello se agrega que empresas estatales de China han comenzado a invertir en grandes extensiones de tierra en Brasil y Argentina para asegurarse la provisión de alimentos y soja.
Un segundo conjunto de contradicciones que presenta el esquema de crecimiento prevaleciente en América del Sur con las posibilidades de un desarrollo no sólo inclusivo sino ambientalmente sostenible es el rol que en su patrón de acumulación y en la inserción económica internacional de cada país y de la sub-región está jugando la explotación y exportación de materias primas, agrícolas, mineras e hidrocarburíferas.
En primer lugar, resulta muy distinto si ese rol queda supeditado al interés de grandes empresas privadas en función de sus propios proyectos de acumulación a nivel planetario, a si queda definido al interior de un proyecto de desarrollo nacional liderado desde el estado, que apunte no sólo a preservar para el propio país el total o la mayor parte de los excedentes de estas actividades, sino que a invertirlos en aquellas transformaciones necesarias para ir abriendo paso a un desarrollo distinto –en formación de las personas, en infraestructura y servicios básicos, en salud, en soberanía alimentaria, en ciencia y tecnología, en energías y tecnologías no contaminantes, en fomento de “clusters” o encadenamientos productivos vinculados a los insumos y mayor valor agregado a partir de las materias primas, en una diversificación productiva, etc.[19]. Al menos Brasil, Venezuela, Ecuador, cuentan con proyectos de esta naturaleza.
En ausencia de proyectos de desarrollo nacional con esta perspectiva, la sola propiedad estatal de las empresas no garantiza el proceso de transformación necesaria para romper con la funcionalidad al sistema capitalista internacional y a las dinámicas que él impone en esta etapa de su crisis y ajuste. En muchos países suramericanos, como Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador, a lo largo de la última década el estado ha ido recuperado grados mayores de control sobre estas actividades. Pero casi en todos ellos mantienen un nivel de convivencia con el gran capital nacional o transnacional; y en tales casos, la existencia o no de un proyecto de desarrollo nacional y de marcos jurídicos y tributarios que enmarquen la inversión privada y extranjera de modo de hacerla funcional a él, determina quién está sirviéndose de quién. Se trata de convivencias que, por otra parte, pueden resultar ineludibles en las circunstancias históricas actuales, pero que no habilitan para la mera complicidad[20].
En segundo lugar, la ubicación de los yacimientos mineros y de hidrocarburos en territorios vecinos o habitados por comunidades campesinas y de pueblos originarios, está significando un persistente y creciente conflicto en todos los países suramericanos. Pasando por alto convenios internacionales que exigen la consulta y autorización previa de los pueblos, en muchos países los gobiernos han procedido violentamente a desplazarlos y despojarlos de sus territorios.
Estos conflictos tienen una repercusión política mayor en Ecuador, Bolivia y Perú, dado el mayor peso relativo de sus pueblos indígenas respecto de la población total y de sus niveles de constitución como fuerza política y social. Las organizaciones bases de la CAOI –Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas- como de la COICA –Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica- en estos países encabezan hoy la resistencia de sus pueblos. Y están poniendo límites concretos a las actividades extractivas de gran escala. Las empresas privadas que operan en estas actividades contemplan ya lo que llaman el pago de una “licencia social” y se generalizan las llamadas “mesas de diálogo social” para establecer las condiciones para hacer posible la continuidad de la minería.
En tercer lugar, como denuncian los movimientos ecologistas en la sub-región, las obras de infraestructura invasivas de territorios de delicado equilibrio ambiental, las condiciones tecnológicas y económicas de la operación de la mega-minería hoy, sus enormes necesidades de energía y agua (en presencia de una realidad en la que sólo el 31,2% de la oferta energética de los países de la UNASUR está compuesta por fuente de energía renovable), los pasivos ambientales que deja, hacen cuestionable su aceptación por una ciudadanía cada vez más conciente de la crisis ecológica mundial y más resuelta a exigir, al menos, un desarrollo sostenible[21]. Lo previsible hacia el futuro es que a raíz de esta creciente presión ciudadana, en la mayoría de los países suramericanos se profundicen la legislación y la fiscalización medioambiental y se vaya incorporando cambios tecnológicos y en el patrón energético; más allá del conflicto más profundo entre este “neo desarrollismo” y las propuestas de un patrón civilizatorio distinto, inspirado en el “Buen Vivir/Bien Vivir” o “Sumak kawsay”, que tiene aún tiempo por delante para hacerse mayoritario en las conciencias y prácticas de los pueblos.
Entre tanto, resulta improbable que las economías de estos países dejen de contar con los ingresos que les generan la abundante dotación de materias primas y alimentos que ha sido, desde siempre, parte de las mayores riquezas con que cuenta América Latina. “En rubros como la soja, -su producción ronda la mitad del total mundial-, la carne -genera casi un tercio de la producción mundial- y la leche -produce casi un cuarto del total-. Algo similar ocurre con la producción de minerales; la producción de cobre de la región representa más del 45% del total mundial, en tanto que la de molibdeno, zinc y estaño alcanza el 20% de la producción mundial. En materia energética, la región produce un 30% del total mundial de biocombustibles. América Latina y el Caribe tienen las mayores reservas de agua dulce del mundo, equivalentes a un tercio del total. En cuanto al territorio, la región dispone de un tercio de la superficie mundial que podría incorporarse a la producción de cultivos a futuro.[22]”
Con todo, frenar la pérdida de biodiversidad, de superficie boscosa, la degradación de los suelos, el agotamiento de las pesquerías, la contaminación del agua y del aire, de los ecosistemas costeros, son desafíos actuales en Suramérica que hacen necesario cambios en los patrones productivos y de consumo y definen límites a su verdadero desarrollo. Demandas que resonarán con fuerza en ocasión de la Cumbre de Río+20, el 2012.
El cambio político: entre la gobernabilidad y nuevas oleadas de luchas populares
Con el transfondo del contexto internacional y económico-social que hemos reseñado, la evolución política de Suramérica ha estado marcada por procesos y luchas que se verifican en al menos tres terrenos básicos: en el plano ideológico, en el plano político-formal y en el plano de la movilización social; con grados relativos de autonomía de cada uno e indudable interacción entre ellos[23]. Existe, por cierto otro terreno fundamental, el de los procesos de integración regional suramericanos, que hemos abordado anteriormente y que no tocaremos en esta oportunidad[24].
En la “batalla de las ideas”, el clima reinante en la sub-región está marcado por la pérdida absoluta de prestigio de las políticas neoliberales –las privatizaciones, el predominio del mercado, la liberalización comercial y la flexibilidad laboral-, el ascenso del populismo asistencialista y del nacional-desarrollismo, el rechazo a las formas represivas y violentas de solución de los conflictos socio-políticos, las aspiraciones de integración social a través del consumo y del empleo digno, una actitud crítica y desconfiada de la democracia formal y de sus vicios y la revalorización y reinvención de la democracia desde los espacios de la vida social y comunitaria, desde abajo.
En el terreno político-formal, por ello, los actores y fuerzas políticas neoliberales han continuado, en general, perdiendo terreno y se están viendo forzadas a moverse hacia el centro político. En los procesos eleccionarios, sólo lograron mantenerse en Colombia y la victoria de Piñera en Chile hoy ya está revertida en cuanto al respaldo popular, que es el menor de un presidente chileno desde el retorno de la democracia electoral. El reciente triunfo de Humala en Perú, las victorias electorales previas de Rousseff en Brasil, Mujica en Uruguay, las reelecciones de Correa, Morales y Chávez y la previsible de Cristina Kirchner en Argentina mantienen y mantendrán la balanza de los gobiernos suramericanos claramente inclinada hacia las fuerzas “progresistas” y “bolivarianas”, con una clara hegemonía de las primeras, en los últimos cuatro años.
El acceso al gobierno de las fuerzas “progresistas” supuso en la generalidad de los casos alianzas con sectores de centro-derecha y liberales, que les permitieron imponerse al menos inicialmente con muy estrechas mayorías, mientras que en los países en que gobiernan las fuerzas “bolivarianas”, este acceso se vio favorecido por una profunda crisis de las fuerzas políticas tradicionales, que trizó al sistema de partidos y dio paso a procesos de refundación de los estados y de la institucionalidad. Son experiencias que tienen, por lo mismo, distintos márgenes políticos, además de condiciones materiales muy diversas para su desarrollo. Al margen de lo cual todas ellas, “progresistas” y “bolivarianos”, enarbolaron un discurso antineoliberal.
El gobierno de Santos en Colombia, es el único caso en que un abierto partidario de las políticas neoliberales y aliado de los EE.UU. en la sub-región, no sólo fue elegido con una elevada votación sino que mantiene fuerte respaldo ciudadano hasta el presente. Pero aún en ese caso, Santos ha cobrado distancia de algunos alineamientos de su predecesor, ha distendido las relaciones con Venezuela y Ecuador, así como ha buscado una aproximación política, financiera y comercial con Brasil, asumiendo el cambio en la correlación de fuerzas y la emergente hegemonía brasileña a nivel regional[25].
En el caso de los gobiernos “progresistas”, ha existido una marcada preocupación por demostrar capacidad por conservar la estabilidad macroeconómica y mantener la gobernabilidad, al mismo tiempo que ganar márgenes de maniobra para no sólo dinamizar el crecimiento, sino aumentar los empleos y los salarios, aumentar el gasto social y disminuir la pobreza. El caso más exitoso ha sido el de Lula en Brasil, que no sólo lo logró, sino que al mismo tiempo proyectó a su país como potencia emergente a nivel mundial y articuladora de la región, en el terreno geopolítico.
Por el lado de los gobiernos “bolivarianos”, el desafío de la gobernabilidad ha sido aún mayor, sometidos a maniobras desestabilizadoras por parte del imperialismo y de sus aliados a nivel nacional, de las que han salido airosos gracias al apoyo de los sectores populares, de los movimientos sociales y de las alianzas tejidas a nivel regional. Ello ha obligado también, a una acción más ofensiva en la esfera jurídico-política, como en el terreno de los derechos humanos y de cara a los medios de comunicación de masas (lo que también se ha dado en los gobiernos de los Kirchner en Argentina). El último intento de golpe, que afectó a Rafael Correa del Ecuador en septiembre 2010, demostró que no existe mayor margen para el golpismo en Suramérica, al mismo tiempo que la fragilidad y dispersión de las fuerzas opositoras de derecha en estos países.
El devenir de la situación política en los últimos años, sin embargo, ha mostrado que esta preocupación por la gobernabilidad, -es decir, por el cuidado de adoptar sólo aquellas medidas que se tenga la fuerza social y política como para poder respaldarlas- se ha acompañado al mismo tiempo por una tendencia a postergar, no abordar -o ha hacerlo muy parcialmente- las reformas estructurales que requiere un proceso resuelto de superación de las contradicciones que hemos destacado al repasar el panorama económico-social de la sub-región[26]. Algunos analistas y militantes, a raíz de esto, se han preguntado si estos gobiernos son realmente de “izquierda”, qué pasa con ellos o de qué sirve que hayan llegado al gobierno; desconociendo a veces la complejidad de la situación concreta que en cada país se enfrenta, desde la perspectiva del cambio.
En todo caso, es un hecho real que en algunos países más que otros, el momento para dar pasos resueltos de reformas estructurales no puede postergarse más, so pena de perder parte de la confianza y respaldo mayoritario con que se cuenta. Y hace necesario que estos gobiernos superen una apreciación estática de la correlación de fuerzas y se resuelvan a modificarla con base a la movilización popular.
En este sentido, la estrategia de estas fuerzas parte de una convicción que parece haber interiorizado una parte de la izquierda suramericana: y es que si se quiere promover un cambio real, no basta con ser opción de gobierno y ocupar la presidencia un sólo período. Hay que ser capaz de prestigiarse y ganar un respaldo ampliamente mayoritario en un primer gobierno, tanto como para ser reelegido en un segundo, tercer y hasta cuarto mandato. Siempre mediante elecciones democráticas y reformas progresivas, que modifiquen la correlación de fuerzas y el margen de gestión. Y han tenido éxito en esta maniobra reeleccionista, hasta ahora.
Lo que ha impuesto en la mayoría de las experiencias una gradualidad que, no siempre es compartida desde algunos movimientos sociales y de sectores de la izquierda que dudan de la real voluntad política que impregna a quienes están en el gobierno y no vacilan en calificarlos de “gatopardistas” que están abriendo paso a una nueva hegemonía burguesa.
Los dilemas que esta estrategia obliga a afrontar, a la cabeza de la gestión del estado, frente a las presiones provenientes del gran capital y de la caldera social han provocado y seguirán provocando pugna de tendencias, cuando no desprendimientos al interior de las fuerzas que gobiernan cada uno de los países suramericanos. Así, por ejemplo, hay quienes distinguen “desarrollistas conservadores”, y “desarrollistas democrático-populares” al interior del PT brasileño, que gobierna además con una coalición amplia que incluye en condición subordinada a fuerzas liberales de derecha; pero similares alineamientos y condiciones se encuentran en casi todos los partidos y coaliciones gobernantes en América del Sur.
El riesgo implícito en esta estrategia, en las experiencias “progresistas”, es que pasa por la cohabitación y compromiso con sectores del gran empresariado y conlleva la transformación progresiva de los partidos volcados al ejercicio del gobierno en verdaderas maquinas electorales, con un distanciamiento burocrático de los movimientos sociales a los que se dice representar[27]. Con riesgos adicionales que derivan de la crónica debilidad de las instituciones cuando no de las prácticas de la corrupción en el aparato del estado[28]. Un curso que puede llevar a reeditar la experiencia de la Concertación por la Democracia en los pasados 20 años en Chile, con consecuencias que sólo ahora empiezan a revertirse pero desde fuera por completo de las fuerzas políticas que han hecho parte de ese intento y de ese sistema.
Un conjunto de problemas y desafíos para las fuerzas “progresistas”, pero también para las “bolivarianas” que de no superarse, podrían llevar a su desgaste y/o creciente confrontación con pueblos y movimientos sociales que alientan otras estrategias de cambio, desde fuera de la institucionalidad y que manifiestan una cada vez más abierta resolución a no seguir soportando la desigualdad, la postergación de sus derechos básicos, las formas indignas que asume el trabajo asalariado en un contexto de flexibilidad o bajo la presión del endeudamiento, el despojo de sus territorios y la contaminación del medio ambiente. Lo que ha tenido en Ecuador y Bolivia en los meses más recientes los puntos más altos de conflicto[29], pero que en grados diversos está en ciernes en la mayoría de las experiencias en desarrollo. En estas circunstancias, se hacen necesarios espacios para el debate y encuentro de fórmulas de convergencia, para evitar que la situación abra margen al aprovechamiento de los enemigos de los procesos de cambio. Y establecer mecanismos y procedimientos que permitan extender la coordinación entre gobiernos, partidos y movimientos sociales, evitando acrecentar las diferencias, las mutuas descalificaciones y las actitudes soberbias e intransigentes[30].
Las resistencias de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales, en todo caso, han tenido que enfrentar y superar los intentos de cooptación desde el estado, las tendencias a la burocratización e institucionalización, la pérdida de cuadros desplazados a la gestión pública, la represión y la permanente insuficiencia relativa de cuadros para abordar los enormes desafíos históricos que se tienen. Se les plantea también a ellas el desarrollo de una capacidad política para no incurrir en voluntarismos en la construcción de un orden distinto y comprender que las condiciones objetivas y subjetivas existentes más allá de sus propios territorios, en la escala nacional, regional y mundial deben ser tenidas en cuenta. El conflicto entre el neo desarrollismo y el Buen Vivir que ya se presenta sólo podrá resolverse favorablemente sobre la base de verdaderas revoluciones culturales e interculturales de larga duración.
Quizás la emergencia de nuevas generaciones de jóvenes trabajadores no dispuestos a aceptar atropellos a su dignidad[31], o de estudiantes de sectores medios y populares, sin los miedos, prácticas ni ataduras de las generaciones adultas y provistos de una visión crítica de este “neo desarrollismo” conservador, como los que a lo largo de 5 meses están remeciendo la dominación neoliberal en Chile[32], sean los que en los próximos años inclinen la balanza de la historia de Suramérica hacia una nueva alborada[33].
Finalmente, como advierte Valter Pomar, la contradicción entre condiciones subjetivas y objetivas con que cuentan los procesos de cambio en cada país de la región “solo encuentra solución teórica y práctica en el contexto de una estrategia continental. Por ese motivo, la integración es el principal divisor de aguas en el debate político de la izquierda en América Latina y el Caribe. Sin duda, la integración no asegura un futuro socialista para cada uno de los países de la región, y no cualquier integración es compatible con una estrategia socialista. Pero en la actual situación internacional, para la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, solo la integración hace del socialismo (o también de un desarrollo capitalista progresista) una alternativa realista. Así, si la izquierda latinoamericana y caribeña desea ampliar su fuerza sin perder el rumbo, tendrá que poner más atención en el debate sobre el capitalismo en el siglo XXI, en el balance del socialismo del siglo XX y en la discusión estratégica. Esto incluye poner en la ecuación la relación entre línea política, base social, partido, gobierno y Estado. Y también, poner en la ecuación la relación entre transformación nacional e integración regional[34]”.
Manuel Hidalgo
Observatorio Social de Amerindia
4 de octubre de 2011
NOTAS
[1] “Prueba de fuego: América Latina frente a la crisis”, Manuel Hidalgo, diciembre 2008. www.amerindiaenlared.org
[2] “Recolonización, bienes comunes de la naturaleza y alternativas desde los pueblos”, José Seoane, Emilio Taddei, Clara Algranati, 2010, www.dialogodelospueblos.org
[3] “La crisis hegemónica y el cambio de régimen internacional”, Oscar Ugarteche, América Latina en Movimiento N° 466, junio de 2011, www.alainet.org
[4] “Simples espectadores”, Andrés Velasco, 21 de abril de 2011, www.proyect-syndicate.org
[5] “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2010”, CEPAL, mayo 2011, www.cepal.org
[6] “La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una nueva fase en el vínculo económico y comercial”, CEPAL, junio 2011, www.cepal.org
[7] “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2010-2011”, CEPAL, agosto 2011, www.cepal.org
[8] Ibid.
[9] “Estudio económico de América Latina y el Caribe 2010-2011”, CEPAL, julio 2011, www.cepal.org
[10] Precios de exportaciones/precios de importaciones
[11] “Entrando en la adultez”, América Economía N° 392, octubre 2010, www.americaeconomía.com
[12] “Crece y cambia la clase media en América Latina”, Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León, Revista CEPAL 103, abril de 2011, www.cepal.org
[13] “UNASUR. Un espacio de desarrollo y cooperación por construir”, CEPAL, mayo de 2011.
[14] “Evasión y equidad en América Latina”, CEPAL-GTZ, enero 2010, www.cepal.org
[15] “Panorama Social de América Latina 2010”, CEPAL,
[16] “La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir”, CEPAL, mayo de 2010, www.cepal.org . “Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010”, PNUD, julio 2010, www.idhalc-actuarsobreelfuturo.org
[17] Exportaciones-Importaciones
[18] (Exportaciones+ingresos por servicios del exterior)-(Importaciones+ pagos por servicios al exterior)
[19] Ver “Modelos energéticos en el Cono Sur: nueva concepción de lo público vs. la lógica de las transnacionales?. Casos Endesa (Chile), Repsol (Argentina), Petrobrás (Brasil) y nacionalización en Bolivia”. Alianza Social Continental, marzo de 2007, www.asc-hsa.org
[20] Ver “Minería Transnacional y resistencias sociales en África y América Latina”, Emilio Taddei, José Seoane y Clara Algranati, GEAL. 2011, www.dialogodelospueblos.org
[21] Ver “Minería, maldesarrollo y democracia”, Maristella Svampa, Colectivo Voces de Alerta, 2011. Y otros textos en www.extractivismo.com
[22] “Panorama de la inserción..Op. cit., CEPAL, agosto de 2011, www.cepal.org
[23] Un análisis con una mirada análoga se encuentra en el “Documento Base del XVII Encuentro del Foro de São Paulo, Managua, mayo de 2011, www.forodesaopaulo.org
[24] “La hora de la integración política y soberana de América Latina y el Caribe”, Manuel Hidalgo, septiembre 2010, www.amerindiaenlared.org
[25] “Brasil-Colombia, una alianza imprevista”, Raúl Zibechi, 10 de agosto de 2011, www.cipamericas.org
[26] Así en alguna medida lo plantea Valter Pomar, en Balance y desafíos de las izquierdas continentales”, Nueva Sociedad 234, Julio-Agosto 2011, www.nuso.org
[27] “El PT en el gobierno o el desafío de mantener las convicciones”, Kjeld Aagaard Jakobsen, Nueva Sociedad 234, Julio-Agosto 2011, www.nuso.org
[28] “Calidad institucional y corrupción, los mayores desafíos políticos sudamericanos” Milagros López Belsué, 11 de Mayo de 2011, www.nuevamayoria.com
[29] “Incertidumbres y contradicciones. Entrevista a Boaventura de Souza Santos”,Osvaldo León, 27 de septiembre 2011, www.alainet.org;
[30] “La difícil unidad de las fuerzas antisistémicas”, Raúl Zibechi, 11 de marzo 2011, La Jornada, www.jornada.unam.mx
[31] “Rebelión en la Amazonía brasileña”, Raúl Zibechi, 12 de abril de 2011, www.cipamericas.org
[32] “Revolución antineoliberal social-estudiantil en Chile”, Manifiesto de historiadores, agosto 2011, www.lemondediplomatique.cl
[33] Vale la pena al respecto recordar algunos datos: que hoy existen 104,2 millones de latinoamericanos entre 15 y 24 años; el 80% de ellos estimativamente suramericanos. Nunca antes habían coexistido tantos jóvenes en América Latina en su historia y nunca más serán una proporción tan alta de la población. Que el desempleo entre los jóvenes en la región es 2,5 veces el de los más adultos. Y muchos de quienes sí tienen un trabajo, lo tienen en las condiciones precarias del sector informal, son mal pagados y no acceden a beneficios sociales. Que el ingreso mensual de los jóvenes promedia US$ 424 comparado con los US$ 788 de los adultos. Y que casi el 20% de esos jóvenes ni trabajan ni estudian, lo que los expone a circuitos de “anomia social”, en ausencia de alternativas comunitarias o desde el estado.
[34] “Balance y desafíos de las izquierdas continentales”, Valter Pomar, Nueva Sociedad 234, Julio-Agosto 2011, www.nuso.org
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