Es un final de ciclo, un verdadero cambio de era el que anuncia esta elección presidencial. Dadas las apuestas que conciernen a su futuro, toda Europa sigue atentamente las rivalidades electorales en curso. Obligadamente nueva, ¿logrará la personalidad que se imponga en mayo restablecer la confianza, apaciguar las tensiones entre las comunidades, y relanzar el debate con la Unión Europea? Por supuesto, estamos hablando de Turquía, que en medio de violentas manifestaciones y enfrentamientos elige a comienzos de mayo, por siete años, a su nuevo presidente, quien asumirá sus funciones el 16 del mes.

Predominantemente honoríficas, las funciones del presidente turco - actualmente Ahmet Necdet Sezer - le otorgan el poder de designar a los jueces, a los rectores de las universidades, a sus jefes de Estado mayor de los ejércitos, y de disolver el Parlamento. No es elegido por sufragio universal sino por los diputados. Ahora bien, el Parlamento está dominado, por 354 escaños sobre 550, por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, de 53 años, a la cabeza del gobierno hace cuatro años, y muy popular debido a la buena situación económica (1). De modo que naturalmente debiera ser elegido el candidato del AKP, el ministro de relaciones exteriores Abdullah Gül.

¿Dónde está el problema? Mientras que el AKP se define como un partido conservador y demócrata, apegado a la Constitución laica de 1922 puesta en vigencia por Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la Turquía moderna, sus opositores lo consideran ante todo como "islámico", y temen que un presidente surgido del islam político signifique un retroceso del laicismo. El pasado 14 de abril, en Ankara, una de las manifestaciones más grandes que se hayan producido en Turquía reunió a varios cientos de miles de personas que se oponían a una eventual candidatura del primer ministro. El ejército, cuya sombra no deja de planear sobre la campaña electoral, multiplicó las advertencias y acusó al AKP de tener una agenda islámica oculta. Cosa que Erdogan desmintió.

Escalada chauvinista

En realidad, se da vuelta una página. Los militares perciben acertadamente que llega la hora del final de la tutela que ejercen sobre el país. No por eso dejan de ejercer una extorsión nacionalista fundándose a menudo en el artículo 301 del Código penal turco (2), especialmente desde que en agosto de 2006 el general Yasar Buyukanit asumió la dirección del ejército.

Los militares endurecieron el tono frente a las "amenazas regionales". Piensan en Al Qaeda y sus redes terroristas, en Irán y su proyecto nuclear. Pero sobre todo en el "peligro separatista". Acusan a las autoridades del Kurdistan iraquí de proporcionar apoyo logístico a unos cinco mil combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK), que reanudaron la guerrilla en las zonas fronterizas con Irak. Y se oponen a la anexión de la ciudad de Kirkuk (Irak) con ricos yacimientos petrolíferos al Kurdistan iraquí con el pretexto de la existencia en esa ciudad de una minoría turkmena.

Esta escalada chauvinista favoreció el regreso de los viejos demonios, y no es ajena al asesinato en el pasado mes de enero del periodista turco-armenio Hrank Dink, y de la partida al exilio del escritor Orhan Pamuk, flamante Premio Nobel de literatura.

La Unión Europea es en parte responsable de esta degradación política, por haber postergado para las calendas griegas una eventual adhesión de Turquía. La derecha laica y los militares nacionalistas que controlan el país desde hace ocho décadas ahora son ferozmente antieuropeos. Como si sintieran que una adhesión a Europa los llevaría a perder sus prerrogativas y privilegios.

La presidencia de la República es uno de sus últimos bastiones. Es hora de aceptar la alternancia. Es el precio de una verdadera democratización de Turquía.

1 The Wall Street Journal, 18-4-2007.
2 El artículo 301 relativo a la denigración de la identidad turca, de la República, y de los fundamentos e instituciones del Estado, fue introducido en el marco de las reformas legislativas del 1 de junio de 2005, en reemplazo del artículo 159 del antiguo código penal. Permite enjuiciar a defensores de derechos humanos, a periodistas y otros miembros de la sociedad civil que manifiestan pacíficamente una opinión disidente.

I.R.