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En democracia, un crimen de derechos humanos, y una cuenta pendiente.

Sobre el fallo en el caso de Eugenio Berríos Sagredo.

Por Maxine Lowy

El fallo largamente esperado, que acumuló un expediente de miles de fojas y reunió a un centenar de testigos de dos países, dictado el 23 de agosto por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones en el caso por el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos Sagredo, aparentemente, es motivo para aplaudir. Sin embargo, hay un ausente que no deja de ser inquietante.

En septiembre del 2010 el Ministro Alejandro Madrid dictó autos de procesamientos para catorce personas, entre ellos, tres uruguayos extraditados a Chile, por formar una asociación ilícita para secuestrar y luego asesinar a Eugenio Berríos. En diciembre del 2006, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago estaba redactando el desafuero de Pinochet para poder enjuiciarlo en el caso Berríos, cuando Pinochet falleció.

Ahora la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Carlos Cerda con la ministra Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez, en sentencia definitiva, no sólo confirmaron esa resolución, sino que elevaron las penas de prisión para estos individuos que incluyen al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva, los dos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias Valenzuela, y el mayor de ejército Arturo Silva Valdés.

El tribunal estableció que Eugenio Berríos, químico de la DINA, fue sacado del país en octubre de 1991 cuando el Ministro Adolfo Bañados lo citó para declarar en el caso que investigaba relacionado al asesinato de Orlando Letelier.

Vínculos con el Caso Letelier

Liberado de la prisión en Isla Dawson gracias a presión internacional, una vez instalado en Estados Unidos, Orlando Letelier se convirtió en un opositor convincente, atravesando múltiples veces el Atlántico para convocar el rechazo a la Junta Militar y su política de terrorismo de Estado. Percibido, correctamente, como una amenaza, el dictador primero le quitó la nacionalidad a Letelier para luego ordenar su asesinato. El plan inicial elaborado por Manuel Contreras y Pedro Espinoza contemplaba el gas sarín, una sustancia que con el sólo contacto provoca la muerte simulado como paro cardíaco. La producción del gas sarín, además de otras sustancias químicas letales, fue un proyecto al cual Berríos se dedicaba en el laboratorio químico de la DINA en Lo Curro. El agente de la DINA Michael Townley ha declarado judicialmente haber recibido gas sarín en un frasco del perfume Chanel N. 5. Al fracasar ese plan inicial, Townley procedió a tomar los pasos para elaborar la bomba que asesinara a Letelier y Ronni Kampen Moffit el 21 de septiembre de 1976 en el capital estadounidense.

Citado varias veces por el Ministro Bañados a declarar en el caso Letelier, Berríos no concurrió. Luego se perdió todo rastro de él. Recién cuatro años mas tarde apareció el cadáver de Berríos en una playa fuera de Montevideo, Uruguay.

El testimonio de Berríos podría haber entregado detalles sobre el asesinato de Letelier y otros crímenes en los cuales sí se utilizó el gas sarín: los asesinatos de Carmelo Soria, del cabo Manuel Leyton del conservador de bienes raíces León Zenteno, y el envenenamiento de ocho prisioneros políticos en la Cárcel Publica de Santiago. Además, el Ministro Madrid sigue investigando el uso de una sustancia química letal que habría causado la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Un vacío jurídico

Con respecto a la resolución de la Quinta Sala, la abogada Fabiola Letelier Del Solar, quien junto a Sergio Corvalán llevó adelante la parte querellante, expresó: “Estoy muy satisfecha que un proceso tan largo, tan exhaustivo, tan minucioso haya llegado a esta sentencia de segunda instancia que es absolutamente acotada de acuerdo a la ley”.

Al mismo tiempo, el fallo deja en vacío un aspecto que la abogada considera fundamental: “Me preocupa que no se haya hecho referencia a la ley internacional, como yo lo planteé en mis alegatos, en el sentido de que había que aplicar las normas de derecho internacional, para evitar que delitos tan graves vuelvan a ocurrir”.

En otras palabras, las acciones que culminaron con el asesinato de Berríos en Uruguay, según describe la abogada, reúnen las características de una violación de derechos humanos, definido como una acción delictual cometida por el Estado o agentes del Estado.

Ordenado por el comandante en jefe del Ejército y concordado entre tres instituciones del Estado -la DINE, la Brigada de Inteligencia y la Auditoría General del Ejército– con recursos del Estado, los crímenes cometidos contra Berríos constituyen violaciones de sus derechos humanos. A pesar de ser establecido por Ministro Madrid que citó a la Convención de Viena, la Quinta Sala no se pronuncia a ese aspecto y la Ministra Chevesich, en su última actuación antes de asumir en la Corte Suprema, lo consigna como delito común.

En Chile se ha asentado el concepto de los derechos humanos como circunscritos al período de la dictadura militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Pero en este caso, el secuestro y el asesinato del agente civil de la DINA, como también la creación de una asociación ilícita para llevar a cabo dichos delitos, fueron los últimos crímenes ordenados por Augusto Pinochet Ugarte en su calidad de comandante en jefe del Ejército.

Que esto ocurriera dos años posteriores a la inauguración del gobierno del Presidente Patricio Aylwin, y a meses después de la entrega del informe de la Comisión Rettig, pone en relieve la fragilidad de la democracia.

La cuenta pendiente

La secuencia de hechos en el secuestro, homicidio y posterior ocultamiento de los restos de Berríos estaban destinados “específicamente a obstruir la investigación de Orlando Letelier y otras causas relacionadas a las violaciones de los derechos humanos”, afirmó el abogado querellante Sergio Corvalán en la audiencia por apelación ante la Quinta Sala en diciembre de 2012.

En la misma audiencia, los abogados defensores se esmeraron en restar cualquier importancia de Eugenio Berríos como testigo en el caso Letelier. “Nada asegura que Berríos iba aportar al juicio”, afirmaron varios de los abogados defensores en los alegatos ante la Quinta Sala.

Sin embargo, en su fallo de 500 fojas, el Ministro Madrid había establecido que Berríos era un testigo clave. El sólo hecho que los altos mandos del ejército establecieran una asociación ilícita para sacarlo del país da cuenta de la importancia de Berríos como testigo, resaltó Madrid. La abogada Fabiola Letelier sostiene que hasta ahora no se esclarecieron todos los hechos ni se juzgó a todos los responsables por el crimen cometido contra su hermano. Tampoco se logró una justicia plena. En contraste con las condenas contundentes dictadas en el caso de Eugenio Berríos, las condenas en 1995 a Manuel Contreras y Pedro Espinoza –los jefes máximos del químico- fueron de sólo 7 y 6 años, respectivamente.

Cuando, el 30 de mayo del 1995, la Corte Suprema anunció su veredicto por el caso Letelier, cientos de personas quienes mantenían vigilia en la vereda frente al Palacio de la Justicia irrumpieron en gritos de júbilo. Al salir del tribunal ese día, Fabiola Letelier exclamó, “La justicia es posible!”

Para lograr lo que fue la primera condena definitiva en la historia de Chile por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar, se tuvo que vencer formidables obstáculos judiciales y políticos. A pesar de ser penas desproporcionadamente bajas, aquellas primeras condenas fueron celebradas por la comunidad de derechos humanos. Pero hoy en día, al lado de una justicia rotunda lograda para un subalterno de la DINA, las penas por el asesinato con alevosía del Canciller Orlando Letelier lucen magras.

“En algún momento yo pretendo pedir a la Corte Suprema que se designe un ministro para completar la investigación del asesinato de Orlando Letelier”, afirma Fabiola Letelier. Y reitera, “Tal como dije en este caso, lo que me mueve es mi memoria y compromiso con mi padre y mi madre de que como abogado y hermana de Orlando haría todo posible por llegar a la verdad total y justicia plena”.

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