De la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pasando por la Unión Europea y el presidente de Estados Unidos Barack Obama, la reacción ha sido unánime: una condena sin atenuantes del golpe de Estado que, el 28 de junio, derrocó al jefe de Estado hondureño Manuel Zelaya, expulsado manu militari a Costa Rica.

Al evocar “la restitución inmediata del presidente Zelaya al cargo y las funciones que la soberanía popular han otorgado a éste”, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto, afirmó de entrada: “Ninguna otra alternativa será aceptable para la comunidad internacional”. No obstante, algunos se interrogaron sobre la legitimidad “del ex-presidente (¡!)” que había “violado la Constitución” al pretender modificarla “para poder postularse a un nuevo mandato” (cuando ésta lo prohíbe) en las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre. Error (o mentira). Apoyado por cuatrocientas mil firmas, el jefe de Estado había simplemente previsto organizar, el día del escrutinio, al que no podía presentarse –ya que la Constitución de 1982 sigue vigente hasta nuevo aviso–, una “consulta” de carácter no vinculante en la que se preguntaría a los hondureños si deseaban o no, a término, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

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