En febrero de 2006 la justicia francesa embargó a varios responsables de haber arrancado plantas transgénicas, a quienes condenó a pagar 250.000 euros en concepto de daños e intereses a las empresas Société y Biogemma. La desobediencia civil es reivindicada también por grupos reaccionarios, como los opositores al aborto. ¿Con qué criterios objetivos cabe entonces legitimar una transgresión de la ley?

Desde los grupos que arrancan las plantas de maíz transgénico hasta las asociaciones que, como Droit au logement (DAL, Derecho a la vivienda), ocupan departamentos vacíos, la desobediencia a la ley se ha convertido en Francia en una forma frecuente de acción política y social. Para justificarla se invocan razones imperiosas, como el principio de precaución, dado que se ignoran las consecuencias que pueden tener sobre la salud las plantas transgénicas, o la falta de dignidad social que afecta a las personas sin una vivienda decente.

Esas justificaciones, evidentemente nobles, pueden lograr fácilmente adhesión. Sin embargo, cabe preguntarse qué responder a quienes oponen otros principios fundamentales, como la libertad de investigación científica o el derecho a la propiedad (reconocido por la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano).

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