Piñera no tuvo espacio político para intentar incluir en un indulto general las condiciones que favorecieran a un grupo de ex represores condenados por delitos de lesa humanidad. En el Congreso no había votos suficientes para una aventura que sólo le acarrearía costos políticos y que hasta podía debilitar su “política de seguridad pública”. Menos aún después del fallo judicial por el asesinato del general Prats y su esposa, que definió a la DINA como una asociación ilícita. El resto fue la presión opositora y la férrea resistencia de las agrupaciones humanitarias.

Una fuerte decepción entre los militares en retiro –y en particular entre aquellos que cumplen condenas en las cárceles especiales por sus crímenes cometidos durante la dictadura- dejó la decisión del presidente Sebastián Piñera de optar por no enviar un proyecto de ley de indulto general al Congreso, como se lo propuso la jerarquía de la Iglesia Católica. El gobernante dijo que se concentrará en sus facultades privativas para indultos particulares, que no incluirán a los ex represores que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad...

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