Al Juez Baltasar Garzón hacia rato que le estaban buscando para liquidarlo profesional y políticamente, desde distintos frentes, muy especialmente de la derecha política y desde la vereda de sus propios pares en el poder judicial a quienes les persiguió por corrupción. Fue el Sindicato ultraderechista manos limpias apoyado por los grupos de extrema derecha la Asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española, el sicario perfecto que interpretaría este sentir oculto para cometer este acto no menos repugnante. A Baltasar Garzón le pasaron la cuenta por el caso Gürtel, una trama corrupta de empresas y contratos irregulares relacionada con el Partido Popular (PP) hoy en el gobierno, por eso coincidencia o no, apenas retornaron al poder aparece este juicio como una revancha en contra de un enemigo o adversario político. Le pasaron la cuenta además por el delito de investigar la trama delictiva y los asesinatos cometidos durante el régimen de Franco, los que según sus acusadores son casos amnistiados y cerrados. Para que esto suceda pueden haber varias explicaciones, pero la raíz del problema esta en el modelo que España optó para transitar a la democracia post dictadura. Un modelo que Chile asumió como propio en lo medular, pero sin cambiar como lo hicieron los españoles su Constitución, lo cual le da al menos una ventaja en el plano ético y de decencia.
En este contexto tanto en España como en Chile, los procesos de democratización post dictadura se originaron en negociaciones con sus antecesores, en las cuales las leyes de anmistía fueron consideradas un eje de gracia y olvido para promover la pacificación de los espíritus y salvaguardar la reconciliación nacional y la concordia. Pero tal como ha sucedido en nuestro país esto no fue así y estas leyes terminaron siendo una medida parlamentaria de protección e impunidad, eximiendo de su responsabilidad penal a quienes cometieron estos delitos.
Es cierto que estos procesos de transición lograron cambios importantes, aportar al termino de la dictadura lo es, pero tambien es cierto que estos procesos fueron el inicio de un sistema de democracia sin ciudadanos, parcial y cautelada, por la cual ni los españoles antifranquistas ni nosotros luchamos. En nuestro caso una democracia subordinada al sistema economico a sus dueños y a sus intereses, con un sistema electoral controlado (binominal) en la cual solo participan las coaliciones que son o al menos así han actuado, como los regentes del sistema.
En este contexto la democracia post dictadura naciente y mas imperfecta que antes, se rige por la fuerza de unos poderes economicos universales omnipotentes. Una democracia que no tiene mas significado que la de una promesa obligada para la “modernización”, cuyo contenido de participacion ciudadana se constituye en un problema para la llamada clase politica y para el sistema.
Es en esta democracia que el Juez Baltazar Garzón ha sido juzgado, por haber cumplido entre otras obligaciones, con investigar las denuncias sobre los crímenes que recibió en su juzgado y que obedecían a un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles y miles de personas. Una decisión jurídica y también ética que le permitió dictar la detención de Pinochet, asi como de otros criminales de las dictaduras latinoamericanas.
Pero el intentar juzgar a los criminales de la guerra civil española era ir en contra de los poderes ocultos que aun permanecen en la política de ese país, quienes nunca aceptaron que las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1936 y 1951, constituyen un delito permanente de desapariciones forzadas en un contexto de crímenes contra la humanidad. Para protegerse han utilizado, igual que en Chile, las leyes de Amnistía como un frontón de acero que impide que los delitos de lesa humanidad sean investigados y aclarados en el tiempo.
En Chile debemos estar en alerta, aqui ya sonó el campanazo de alarma, apenas asumió el gobierno de derecha de Sebastián Piñera y después que la UDI se acomodó como el partido en el poder, estos se han dedicado a buscar enemigos a quien juzgar y condenar. En este sentido no van a escatimar esfuerzos en continuar criminalizando al movimiento social, al movimiento estudiantil a las organizaciones mapuches y como lo harán si encuentran alguna brecha, con la ex presidenta Bachelet a quien avisoran como su potencial adversario político.
Pero lo que buscan de manera repetitiva y sin escatimar esfuerzo alguno, es reeditar por sexta vez la investigacion del asesinato en 1991 de su mentor e ideologo Jaime Guzman. En esta dirección el abogado de la UDI Claudio Grossman quien los representa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó una petición relacionada a este caso, utilizando el argumento que Argentina se niega a extraditar a Galvarino Apablaza ex Jefe del FPMR, a quien este partido acusa como uno de sus responsables intelectuales.
El partido de Pinochet ha movilizado sus fuerzas políticas y recursos tanto en el frente interno como en el internacional, en el frente interno esta utilizando las declaraciones de un ex militante del FPMR preso en Brasil por el secuestro de un empresario de ese país, alegando que en ellas habían “elementos nuevos” que permitían retomar la investigación, agregando que nunca los partidos y gobiernos de la Concertación, en 20 años, hicieron lo suficiente para aclarar el asesinato de su mentor ideológico.
La UDI utilizó a este personaje para darle forma política a la “delación compensada”, y en un contexto propicio, el inicio del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, lanzar su ataque frontal. A pesar de que y como consta en el expediente judicial de 19 tomos, nunca antes, ni en las declaraciones que esta misma persona hizo cuando fue condenado en 1993 por el asesinato de Guzmán, mencionó esos “argumentos nuevos”: que la decisión de este homicidio fue de la dirección nacional del FPMR y dejando entrever que el gobierno de Patricio Aylwin estuvo en conocimiento del hecho antes de su realización. Con estas excusas lograron que se encarcelara en prisión preventiva a un dirigente del FPMR en Chile, armando para ello una trama que compromete la independencia del poder judicial frente al poder político. Dos son los hechos categóricos que demuestran esta afirmación, el primero es que en las declaraciones del autor de la delación compensada quedó en evidencia, que el abogado de la familia Guzmán lo visito en la cárcel en la que esta recluido en Brasil, meses antes de la entrevista que este dio a un canal de televisión a periodistas que viajaron expresamente con este objetivo.
El segundo es que en mayo del año 2010 el Juez designado o Ministro en visita tomó la decisión de pedir la rebaja de la condena a presidio perpetuo que Hernández Norambuena tiene en Chile, con el fin de facilitar su extradición o transferencia desde Brasil, país que para proceder a ello requiere que la pena en nuestros país no supere los 30 años, (lo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones). Posterior a eso se procedió a la detención del dirigente del FPMR en Chile por un periodo de tres meses.
En el frente externo la UDI pidió a Argentina la extradición de Galvarino Apablaza, ex Jefe del FPMR, cuestión que le fue denegada, lo cual según la UDI se constituye en una de las razones por las cuales elevan la petición de justicia a la CIDH en el 2012, argumentando que con esta negativa se está “neutralizando el esfuerzo de investigar y de aplicar la sanción en su contra condenando el caso a la impunidad". Por otra parte argumenta que se "violó el derecho de las víctimas a que se hiciera justicia en un plazo razonable". Según el partido Pinochetista estas gestiones para extraditar a Apablaza son para esclarecer su participación, mas de treinta años después de sucedidos los hechos, tanto en el homicidio de Jaime Guzmán como en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, aunque en la práctica ya han dado su veredicto respecto de su culpabilidad.
El abogado de la UDI Claudio Grossman alega que la negativa de Argentina para extraditar a Apablaza constituye una violación a la Carta Democrática Interamericana, en vista de que el asesinato de Guzmán "fue un delito contra la democracia en Chile", incorporando una solicitud de reparación pecuniaria, que será destinada a preservar la memoria de este, además de “la compensación por los daños materiales, morales y sicológicos sufridos por las víctimas y el pago de costas legales por la tramitación del caso ante la comisión”. Todos estos juicios entregados a la CIDH por el abogado Grossman son intencionados y erróneos, los que demuestran además un profundo desconocimiento de los hechos de la causa penal, errores sobre los cuales plantea hipótesis jurídicas que terminan contradiciendo la normativa internacional (y nacional) sobre derechos humanos.
El actual abogado de la UDI insiste en que el asesinato de Jaime Guzmán se trataría de un crimen internacional y que significaría un atentado al derecho de autodeterminación de los pueblos, porque se habría realizado para neutralizar el proceso democrático naciente post dictadura, por tanto que se habría violado la soberanía popular y otras grandilocuencias que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad ni la verdad. Todo esto es simplemente antojadizo, es tan burdo como tratar de meter la trompa del elefante en el ojo de una aguja, el largo proceso de la investigación del asesinato de Jaime Guzmán llevado adelante por distintos jueces durante 20 años, ha demostrado que este fue realizado por un grupo de personas. Que el objetivo no era actuar en contra del estado chileno ni en contra del naciente gobierno democrático, sino que el fin ultimo fue interrumpir por la fuerza el proceso de discusión política interna en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuyo objetivo era insertarse en la nueva realidad política del país.
Eso es lo que muestran los hechos, razón por la cual intentar mantener abierta la investigación de un caso judicialmente aclarado y por lo demás prescrito, o de presentarlo a instancias internacionales, treinta años después de haber ocurrido, solo aporta a inducir mas odiosidad en nuestra sociedad y a los fines políticos de la UDI. El asesinato de Jaime Guzmán no puede ser artificialmente catalogado de crimen internacional solo para justificar la tesis intencionada de que su realización fue para obstaculizar el proceso democrático en Chile.
Ahora bien y sin negar la dialéctica de la transformación del ser humano frente a sus responsabilidades en la sociedad en que vive, causa sorpresa leer los argumentos que los herederos de Pinochet emplean ante la CIDH. Suenan desafinados e incomprensibles, estamos hablando de actores políticos que aún rechazan y niegan todo aquello que les pueda relacionar a la violación de los derechos humanos y que en su momento le proporcionaron la cobertura política al dictador para legalizar su régimen terrorista. Es difícil olvidar que estos señores acusaban de izquierdista, comunista y extremista a cualquiera que defendiera los derechos humanos, y tildaban de subversivo a cualquier líder que encabezara una protesta en defensa de sus derechos y de la sociedad. Por eso simplemente no es posible creer que hoy estos mismos personajes se alcen como defensores de lo que antes rechazaron por ideología y por principios.
Sus juicios anticipados de culpabilidad que señalan al ex Jefe del FPMR y a otros dirigentes de esta organización, parecieran indicar que la UDI esta mas interesada en condenar a priori a todos quienes luchamos en contra de la dictadura que esclarecer el asesinato de Jaime Guzman, algo que por lo demas esta investigado y aclarado. Atendiendo a todos estos argumentos, esta nueva investigación de un crimen resuelto solo representa el interés de un partido político que se niega a soltar el timón de la defensa de la institucionalidad dictatorial y de los grandes monopolios económicos. Así entonces la evidencia nos demuestra que tanto en España y en Chile nos separan mas de treinta años de la transición a la democracia, pero que mas allá de los logros obtenidos, esta resultó ser una trampa para las mayorías sociales y para quienes luchamos y quisimos sustituir el régimen franquista y pinochetista por una democracia efectiva. En 1989 la ilusión y la buena fe nos hizo ingresar a una red que nos acogió sin violencia, pero cuando nos dimos cuenta a través del tiempo, que lo que sucedió fue que los liderazgos democráticos que se suponía nos representaban consolidaron el sistema que creó Pinochet, en acuerdos entre cuatro paredes, quedamos atrapados sin posibilidad de movernos ni escaparnos.
Fueron esos liderazgos los que cerraron o hicieron quebrar a los medios de prensa democráticos que fueron emblemáticos en la lucha antidictatorial, desmovilizaron al movimiento popular y a los movimientos sociales, hoy débiles y desorientados, con unas direcciones políticas, algunas de ellas, más ambiciosas en lo personal que decentes en lo político, que siempre estuvieron dispuestos a aceptar la oferta del sistema: legitimación del sistema económico, remendar no cambiar la Constitución y mantener un sistema electoral que asegurara la perpetuidad de un régimen democrático tutelado. Finalmente un dato mas y no menos relevante, es el contexto en que se dan estas acciones revanchistas y que sus autores aprovechan para desatar esta cadena persecutoria. Desde mi punto de vista, es la crisis económica en Europa producto del fracaso evidente del neoliberalismo en la Eurozona y en la Unión Europea. Una evidencia científica para hacer esta afirmación se expresa claramente, por ejemplo, en el supuesto “rescate” de los países periféricos de la eurozona, despectivamente conocidos como PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain).
En los tres primeros países, los fondos del FMI y de la Unión Europea, que se han transferido a estos países (fondos mal llamados “fondos de ayuda y recuperación) han sido condicionados a que sus gobiernos hagan reducciones brutales de su gasto público, forzando además reformas que tienen como objetivo reducir los salarios. En ninguno de estos tres países, tales políticas han conseguido lo que deseaban.
La respuesta a esta situación por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional es que los recortes no han sido suficientes y la bajada de salarios no ha tocado fondo. Como consecuencia de esto los gobiernos europeos seguirán golpeando la alicaída calidad de vida de sus ciudadanos, algo que sin ninguna duda se apicararía en Chile si se nos viene encima la crisis económica que hoy se vive en Europa.
Pero y a pesar de esta realidad dolorosa para millones de personas, los que no están perdiendo son los bancos y muy en especial los bancos de los países centrales de la Unión Europea. Las “ayudas” a aquellos países –Grecia, Irlanda y Portugal- no son ayudas a la población, son fondos que se prestan a sus gobiernos para que puedan pagar a los bancos.
Por eso es que Grecia, Irlanda, Portugal y España no están saliendo de la recesión, todo lo contrario están retrocediendo más y más. Tal cual como sucedía en la década de los sesenta y setenta, los intereses de la deuda externa de esos países continuará subiendo hasta que llegará el momento en el cual será imposible de pagar, seguirán aumentando los intereses bancarios, lo cual hará más difícil, casi imposible, la recuperación económica de estos países periféricos.
Así entonces la campana de alarma ya sonó, que esta vez no nos pille desprevenidos, se acerca un nuevo periodo de elecciones, es un buen momento para hacer una reflexion sobre estos temas. La democracia al cual tanto recurren los politicos para adornar sus discursos, debemos tomarla para nosotros los ciudadanos de a pie, organizando al movimeinto social, potenciando al movimiento estudiantil y apoyando al movimiento mapuche.
Es necesario organizarse con independencia del sistema y apoyar a personas decentes, para levantar candidaturas que nos interpreten y permitan avanzar en la perspectiva de hacer los cambios profundos que el país necesita.
Enrique Villanueva Molina
Ex dirigente Rodriguista
Dr. en Economía
