La coyuntura de la migración en Chile durante 2013 estuvo marcada por varios hechos sustantivos: desde las evidencias cada vez más numerosas del crecimiento y continuidad de la inmigración, hasta las iniciativas, cada vez mayores, desde el estado y la sociedad civil para hacer frente a los desafíos que este escenario presenta. Y sin que se haya producido un cambio radical en el panorama de los derechos humanos de los migrantes y de los chilenos en el exterior, este año se produjo una intensificación del debate acerca de los cambios necesarios en la institucionalidad, las políticas públicas y en el ámbito socio-cultural, así como un ampliación de los espacios en que se visibiliza la temática migratoria y se articulan los actores que intervienen en ella.
De este modo, han ido madurando organizaciones, experiencias y consensos que podrían dinamizar una agenda de cambios políticos y sociales en esta materia en el período próximo, tanto a nivel nacional, como a nivel local, que pondrían a Chile en camino a dar cumplimiento cabal no sólo a las Convenciones Internacionales que ha suscrito y ratificado, sino también en armonía con la orientación prevaleciente en la Conferencia Sudamericana de Migraciones y con los acuerdos adoptados en el marco de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).
La presencia creciente de la migración
En los últimos años, la migración a Chile ha continuado creciendo y se puede estimar en una cifra levemente superior a las 400 mil personas. Dentro de los flujos más recientes, han cobrado particular dinamismo los provenientes de Colombia y Haití, pero las comunidades procedentes de Perú y Argentina continúan siendo las mayoritarias. No obstante, la población chilena emigrada sigue duplicando el número de sus inmigrantes.
La población migrante se ha asentado principalmente en las Regiones Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá, Arica, Iquique, Parinacota, Antofagasta, Serena, Coquimbo, Concepción y el sur de Chile. Esta migración, que es mayoritariamente femenina y de edad laboral, aporta al desarrollo integral de Chile, con un nivel de educación superior al del promedio de la población chilena. Constituye actualmente el 4% de la fuerza de trabajo, y se inserta fundamentalmente en los servicios, la minería, la industria, la agricultura, la construcción, la salud, y la educación.
Las iniciativas del Estado y de la sociedad civil
El 4 de Junio de 2013, luego de reiterados anuncios al respecto, finalmente el presidente Sebastián Piñera ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Migración y Extranjería, con el propósito de “modernizar la regulación de la movilidad humana” y con “la meta principal de aprovechar las potenciales ventajas de la migración internacional en beneficio del país”. Subordinando a esa perspectiva la regulación sobre los “derechos y deberes de los extranjeros” [1].
Enviado en vísperas de las elecciones presidencial y parlamentarias, y con urgencia simple para su tramitación, el proyecto reveló un intento de revertir lo que se había avanzado hasta entonces en la formulación de una Política Migratoria y ajustar sus definiciones a un marco neoliberal más estricto. El precedente Instructivo Presidencial Nº 9 del 28 septiembre de 2008[2] emanado durante el gobierno de Michelle Bachelet, no obstante que no se implementó ni tradujo en políticas concretas, había establecido ejes de orientación de la acción gubernamental y principios de Política en la materia que daban cuenta de un enfoque distinto, más centrado en los Derechos Humanos de los Migrantes y que explícitamente contextualizaba su abordaje como parte de los procesos de integración regional. Y en otro aspecto importante, contemplaba una composición más amplia del Consejo de Política Migratoria –el ente asesor del gobierno en el tema- , lo mismo que incluía espacios de participación y debate que incorporarían a representantes de la sociedad civil.
La presentación del proyecto, con todo, dio lugar a una intensificación del debate público sobre los desafíos que una creciente migración ha venido poniendo a la institucionalidad y a la sociedad chilena; sin que a la fecha se les afronte cabalmente. En diversos seminarios y publicaciones, no sólo se expresó un extendido y unánime cuestionamiento al proyecto de ley desde la sociedad civil[3], sino que se hizo patente que su eventual aprobación añadiría complejidad a la obtención de la regularidad migratoria y por ende abriría mayor espacio a la irregularidad, a la vulneración de los derechos y a los delitos de trata y trafico de personas. Una consecuencia de lo cual fue el estancamiento de la tramitación parlamentaria del proyecto, con la expectativa de que en un nuevo escenario político, se ingrese un proyecto alternativo y se retire el actual.
A despecho de esa situación en el plano político nacional, en el ámbito municipal de diversas comunas con significativa población migrante se dinamizaron espacios de atención a la población migrante y de articulación con sus organizaciones a nivel local. Las Oficinas y Unidades de Migrantes de las municipalidades de Santiago, Recoleta, Independencia, Quilicura, entre otras, desplegaron iniciativas orientadas a levantar un diagnóstico más preciso de la migración en sus territorios, a diseñar planes de intervención, acogida y reconocimiento de migrantes y refugiados y a desplegar algunas acciones inmediatas de sensibilización de la población y de los funcionarios públicos.
La activación de la Mesa Temática sobre Migración del Senado, con la participación de organizaciones de migrantes además de las instituciones religiosas, académicas y de derechos humanos, estableció un espacio de interlocución de la sociedad civil hacia el sistema político, en un momento en que la incidencia política se ha tornado muy relevante no sólo en dirección a la obtención de una Política Migratoria, sino de otras medidas inmediatas que son reclamadas desde las comunidades de migrantes.
En el plano informativo, la mayor proyección de un portal digital sobre migración e interculturalidad y el surgimiento de espacios radiales como de revistas digitales especializadas en la misma temática[4], se inscribió en esta tendencia a una mayor visibilización de la migración y de articulación de los actores que intervienen en ella.
Igualmente los talleres y programas de capacitación e intervención de espacios públicos que llevaron adelante una multiplicidad creciente de organizaciones de migrantes fueron mostrando un proceso de maduración de un núcleo activo de las comunidades migrantes que empieza a expresarse con voz propia y a reclamar un protagonismo insoslayable en la interlocución de la sociedad civil con el sistema político.
Una expresión mayor de esta tendencia fue la declaración que una decena de organizaciones migrantes difundió ante la coyuntura electoral, para reflexionar y aportar propuestas al debate sobre legislación y política migratoria en Chile[5]. En su balance de la situación de menoscabo de sus derechos imperante en el país, esta carta señala:
“En educación, los niños y niñas migrantes se encuentran con trabas para validar sus estudios en el país, situación que se ve agravada por el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos sobre las normativas. Lo mismo sucede en la educación superior o técnico profesional, donde carecemos de mecanismos expeditos de convalidación de títulos. Nos preocupa asimismo que no se incorpore un enfoque intercultural en el currículum y en los programas de educación básica y media.
En el ámbito laboral, los mayores abusos y malas prácticas están correlacionadas con la existencia de la Visa Sujeta a Contrato, que nos obliga a depender durante dos años del mismo contratante a riesgo de perder la visa si cambiamos de empleo, o a perder nuestros fondos previsionales en caso de regresar a nuestro país y no ser profesionales o técnicos, independientemente de los convenios establecidos entre los gobiernos.
La persistencia de esta legislación que genera una población migrante en situación de irregularidad, en el ámbito del trabajo y de la seguridad social se traduce en mano de obra barata y desprotegida de derechos, con la que no se cumple lo que el Código del Trabajo establece. Esto es, salarios por debajo del mínimo legal, irregularidad en el pago de cotizaciones previsionales, jornadas excesivas y condiciones perjudiciales en el trabajo. Todo lo que se agrava por la indefensión jurídica en que nos encontramos, ya que la persona migrante teme acudir a las Inspecciones y autoridades del trabajo, por miedo a ser detenida y deportada.
En materia de seguridad social, nos encontramos con que los convenios establecidos internacionalmente no permiten resolver el traspaso y acumulación de los fondos en un solo país a los trabajadores que no son profesionales o técnicos. Siendo necesaria una modificación del instructivo que rige el uso de fondos previsionales y que toma como base la Ley 18.156 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprobada en 1982.
En el ámbito de la salud, existe desconocimiento de las normativas e instrucciones explícitas que se han dictado para regular la atención de personas migrantes, por lo que el servicio que entregan los funcionarios queda a la voluntad y criterio personal, siendo los más afectados con esta situación son las niñas y niños migrantes.
La falta de vivienda digna, es una de las realidades más graves que experimentamos. El hecho de estar en situación de irregularidad migratoria da como resultado que cientos de familias vivamos hacinadas y, ante la falta de contratos de arriendos, quedamos sin un medio legal que nos proteja.
La actual legislación no considera ni garantiza de manera expresa el principio de reunificación familiar establecido en el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. A partir de 2010 se han endurecido los criterios para sancionar infracciones o faltas migratorias y para negar el ingreso de extranjeros a Chile. En estas decisiones, no se toma en cuenta el principio de reunificación familiar.
En el caso de niñas y niños migrantes nacidos en Chile cuyos padres se encuentren en situación irregular, se ha entendido que son hijos de extranjeros transeúntes, interpretación que atropella la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, ya que da lugar a la existencia de niños apátridas, condición que violenta su derecho a tener una nacionalidad, negándoseles además su acceso a las políticas públicas de protección que tiene el Estado para ellos. Urge entonces que Chile suscriba y ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
Más allá de la reciente dictación de la Ley de Medidas contra la Discriminación, constatamos que para superar los prejuicios, la intolerancia, el racismo y la xenofobia respecto de la población extranjera, en sectores de la sociedad chilena, incluidos los medios de comunicación y organismos públicos, son necesarias políticas públicas que permitan la superación de los mitos, estereotipos y prejuicios que están detrás de estas conductas y la valoración de la multiculturalidad como fuente de enriquecimiento de la sociedad chilena.
A pesar de la existencia de la Ley Nº 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas, nos preocupa el aumento considerable que ha experimentado en los últimos años este flagelo, convirtiéndose en una amenaza que se cierne sobre todo en mujeres y niños migrantes.”
La repercusión de este debate y de estas iniciativas entre los actores del sistema político puede aquilatarse en los párrafos que al respecto del tema migratorio se incluyeron en el Programa de Gobierno de la candidata vencedora en las elecciones presidenciales, Michelle Bachelet[6], de los que destacamos dos:
“Desarrollaremos una política y cultura migratoria basada en la promoción y aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por Chile sobre Derechos Humanos y de las Personas Migrantes, lo mismo que en los principios de Política Migratoria acordados en el marco de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, asumiendo el Estado de Chile un rol activo en acciones de asentamiento humanitario, residencia regular, protección de las victimas de Trata de Personas y desarrollo de las personas migrantes”.
“En relación a los chilenos en el exterior, dotaremos a los organismos del Estado de un rol activo en materia de reconocimiento efectivo de los derechos ciudadanos de los chilenos y chilenas residentes en el exterior, así como el aumento del vínculo permanente con nuestro país de las comunidades chilenas de todo el mundo…Nos comprometemos a impulsar la tramitación, hasta su aprobación, de un proyecto de ley que otorgue el derecho a voto de chilenos en el extranjero.”
Así pues, en el terreno de los Derechos de los Migrantes, como en otros planos de los Derechos Humanos en Chile, el nuevo gobierno se presenta recogiendo las demandas emanadas de los movimientos sociales y ciudadanos en los años recientes y comprometiéndose a canalizarlas en reformas largamente reclamadas. Un proceso de cambios legislativos que harán necesario acentuar el protagonismo, la interlocución, la movilización y las iniciativas de la sociedad civil, de las organizaciones de migrantes y de defensa de sus derechos, para garantizar que se lleven a término con la profundidad que se requiere y que ayuden a promover y permear el cambio socio cultural más amplio que les puede dar consistencia.
Manuel Hidalgo V.
Presidente de APILA (Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe). Miembro de MIREDES Internacional.
13 de enero de 2014
Notas:
[1] http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9377&prmBL=8970-06. Nótese que el Mensaje con que se presentó la ley está fechado el 20 de mayo de 2013.
[2] Instructivo presidencial, 2 de septiembre 2008. http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/Instruc%20Presid_009.pdf
[3] Seminarios organizados por INCAMI, Ciudadano Global, Universidad Central, Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Red Migrante Entreculturas, Oficina de Migrantes y Refugiados de Quilicura, Unidad Migrantes de la Municipalidad de Santiago; entre otros. Entre los artículos y publicaciones: “Documento sobre Migrantes” de las “Mesas Hurtadianas 2013”, http://creas.uahurtado.cl/2013/08/mesas-hurtadianas-2013.html; “Derechos Humanos de los migrantes y refugiados. Análisis del proyecto de ley de migración y extranjería” http://www.derechoshumanos.udp.cl/informe-anual-2013; Capítulo sobre “Derechos de las personas migrantes” del Informe Anual 2013 del INDH, www.indh.cl; “Ley ‘Piñera’ de Migraciones” y “La opción de Piñera por la irregularidad migratoria” Manuel Hidalgo, en http://chileajeno.cl/?s=Ley+Pi%C3%B1era+de+Migraciones+&x=10&y=9; y http://www.piachile.cl/opcion-de-pinera-por-la-irregularidad-migratoria/
[4] www.chileajeno.cl ; www.revistasur.cl
[6] http://michellebachelet.cl/programa/ Página 155.
