La escolarización de estudiantes migrantes

En las últimas décadas los gobiernos, a través del Ministerio de Educación, han promovido políticas y normativas generales que difícilmente se proyectan en las escuelas y en las prácticas de aula. Esto se debe por una parte a que tanto profesores como equipos directivos responden parcialmente y orientados por sus interpretaciones, contextos y restricciones, a dichos lineamientos. Y por otra al hecho de que cuando a nivel nacional se busca atender una “nueva” prioridad, los centros escolares son agobiados con instrucciones ministeriales, y “contribuciones” de otras reparticiones públicas y privadas. De esta manera, las políticas educativas prescritas se transforman, en el mejor de los casos, en un listado de tareas organizadas y gestionadas en base a la realidad de cada establecimiento escolar. Este panorama, muchas veces se interpreta como una carencia de la escuela en cuanto a una política clara para atender las diferentes demandas.

El distanciamiento entre la política ministerial y la escolar suele ubicarse en las dificultades que tiene el Ministerio de Educación para comunicar, acompañar y evaluar los procesos de innovación educativa. Una situación que se agravaría por las resistencias y la limitada formación del cuerpo docente. En el polo opuesto, el Colegio de Profesores de Chile sostiene que la explicación entre la política prescrita y las acciones implementadas se ubica en la exclusión del gremio docente, a la hora de discutir y promover políticas educacionales. Es decir, sin los profesores de aula participando en el diseño de las políticas nacionales, no sería posible contar con políticas contextualizadas que permitan una implementación efectiva...