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La ideología neoliberal: neocolonialismo y neofeudalismo. Por Librecht van Hemelryck

En memoria de todos los seres humanos que han sido torturados, asesinados y desaparecidos por defender los derechos humanos, luchando por un mundo mejor de solidaridad, de libertad e igualdad para todos los seres humanos

Índice

Introducción

1. Los orígenes de la globalización de la ideología neoliberal

2. Neocolonialismo y neofeudalismo en la explotación de recursos naturales

3. Neocolonialismo: derechos de propiedad intelectual anulan derechos humanos El caso de las industrias farmacéuticas y los derechos humanos a la salud

4. Neofeudalismo y la tragedia del trabajo infantil

5. Neofeudalismo en la discriminación y la violencia contra las mujeres

6. Neofeudalismo: la negación de la democracia y de la soberanía de las naciones

7. La estructura subyacente de la ideología neoliberal

8. A modo de reflexión

Lo que pretende la ideología neoliberal Es instaurar un Estado con la mínima expresión Pero con la máxima represión

Introducción

Cuando se habla de neoliberalismo, el término suele asociarse exclusivamente con el sistema de economía neoliberal, cada vez más globalizado y disfrazado bajo el nombre de economía social de mercado, y que hace referencia a la llamada ciencia económica clásica y neoclásica, en donde predominan los axiomas de libre mercado, de ventajas comparativas, de monetarismo, de rentabilidad y competitividad, de desregulación de la intervención del estado hasta su mínima expresión, pero a la vez de un estado represivo cuando se trata de la propiedad privada de capitalistas, inversionistas y especuladores, por ende, del comportamiento de los individuos “racionales” en búsqueda de máximas ganancias sea como consumidores sea como productores, todo eso lo que debiera desembocar en la riqueza de las naciones y sociedades más modernas. El credo del eterno crecimiento económico.

Los resultados están a la vista: el ingreso total de los 500 individuos más ricos del mundo es superior al ingreso de los 416 millones más pobres; los 2.500 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día y que representan el 40 % de la población mundial obtienen sólo el 5 % del ingreso mundial; el 10 % más rico, casi todos ellos habitantes de los países de ingresos altos, consigue el 54 %; a lo cual agrega Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2011): “The fact that almost 3 billon people live in poverty and that 20 % of the world’s people hold 70 % of its total income, means that we have not kept our promises”.

Cabe recordar aquí que la ciencia económica clásica, que inspira lo que se llamará más tarde la economía neoclásica, nace básicamente en la época del auge del imperio británico, cuando la riqueza de las naciones europeas era producto de la explotación salvaje de las colonias y de sus propios trabajadores, cuando el liberalismo meramente académico iba acompañado por el proteccionismo exacerbado de intereses comerciales, en circunstancias que las mujeres no tenían derecho a voto, ni tampoco la mayoría de los hombres, dado que el derecho a voto estaba condicionado por ingresos y patrimonios, al igual que en la estructura actual del Fondo Monetario Internacional, que es predominado por los votos de Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Basta leer la historia de la colonalización de África, Asia, Medio Oriente y América con todas sus atrocidades, violaciones, expropiaciones, asesinatos y torturas incluidos.

La ideología liberal de aquella época ya estaba sustentada en el robo institucionalizado de las riquezas de los países colonizados, justificado por la indoctrinación de creencias religiosas feudales y de los medios de comunicación oligopólicos, apoyado por las fuerzas militares, dominado por una oligarquía política y la burguesía de los grandes conglomerados financieros y comerciales, operando en mercados y verdaderos feudos oligopólicos, la que reclamaba su total libertad de hacer sus negocios y enriquecerse sin la intervención del Estado pero bajo la protección de las fuerzas armadas.

La actual ideología neoliberal reproduce no sólo los axiomas de la economía clásica sino también y en forma exacerbada las mismas estructuras coloniales y feudales, lo que revela lo que podríamos llamar sus características neocoloniales y neofeudales.

Lo anterior lo sintetizó de alguna manera en 2005 Percy Barnevick, presidente del grupo industrial helvético-sueco Asea Brown Boveri, ABB cuando declaró “Yo definiré la globalización como la libertad para que mi grupo invierta donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, comprando y vendiendo donde quiera, y soportando las mínimas obligaciones posibles en materia de derecho laboral y de convenciones sociales”. (Citado en CETIM 2007)

El carácter neofeudal de la ideología neoliberal lo resume perfectamente Rockefeller en julio de 1972, entonces gerente general de la Chase Manhattan Bank, cuando prestó una de sus magnificas propiedades muy cerca de Nueva York para transformarlo en el cuartel general del primer encuentro para la organización de la Comisión Trilateral, integrada por altos funcionarios de los gobiernos de Europa, EE.UU. y Japón, grandes instituciones financieras y empresas transnacionales. En esta ocasión Rockefeller reiteró que “uno de los objetivos de la Trilateral es fomentar la unidad entre el poder industrial de sus miembros como una alternativa temporal de las Naciones Unidas, organización que es dominada cada vez más por naciones radicalizadas del Tercer Mundo. De esa manera la Trilateral puede lograr su objetivo superior de una estructura integrada política y económicamente. La soberanía supranacional de una elite supranacional y de banqueros mundiales es preferible a la auto-determinación nacional practicada en siglos pasados”.

El carácter neocolonial de la ideología neoliberal queda evidente cuando Colin Powell, ex secretario de Estado bajo el gobierno de George Bush declaró respecto al Área de Libre Comercio en las Américas (ALCA): “Nuestro objetivo es garantizar a las empresas norteamericanas, por medio del Tratado de Libre Comercio en las Américas, el control de un territorio que se extiende del polo ártico al antártico, y asegurar un libre acceso, sin obstáculos o dificultades, a nuestros productos, servicios, tecnologías y capital, a la totalidad del hemisferio”.

El neofeudalismo y el neocolonialismo de la ideología neoliberal se encuentra también en la subordinación de los derechos humanos y la seguridad humana a los conceptos de la seguridad nacional, como queda en evidencia por las declaraciones del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dirigido por Henry Kissinger durante el mandato del presidente Nixon, adoptando en 1974 como directriz oficial de los Estados Unidos el memorándum de seguridad nacional 200 (NSSM-200), que afirmaba lo siguiente: “El crecimiento de la población de trece naciones grandes del Tercer Mundo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos…” “… los Estados Unidos podrían trabajar con organizaciones internacionales estimadas y creíbles, como la Organización Mundial de Salud (OMS), el Banco Mundial (BM) y Unicef…” “El arma de los alimentos debe ser utilizado. Los gobiernos del Tercer Mundo que no se someten voluntariamente al programa de reducción de población, deberán ser forzados a esa sumisión por estos medios: denegarles el crédito por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), incitar a la rebelión a la población hambrienta, etc.”.

A nivel de la indoctrinación ideológica cabe recordar aquí las palabras de Brzezinski, asesor del Departamento del Estado de los EE.UU. y el primer secretario-general de la Comisión Trilateral fundada en 1973, quien declaró lo siguiente: “Hay que convencer a toda la opinión pública de que necesitamos autoridad, un régimen autoritario. Y como nosotros determinamos la opinión pública, es decir lo que la gente tiene que ver, escuchar y pensar, tenemos la forma de llevar a la rendición de las libertades en nombre de una amenaza común de la crisis”.

De los años setenta también datan las declaraciones de Samuel Huntington, profesor de Harvard, acerca de la crisis de la democracia y la necesidad del autoritarismo: “Una república democrática es sólo una manera para constituir autoridad y no es necesariamente un sistema que se pueda replicar universalmente. En muchas situaciones son requerimientos de conocimientos especializados, de la antigüedad, de la experiencia y de los talentos especiales que anulan las reivindicaciones de la democracia para la constitución de la autoridad. Los espacios donde los procedimientos democráticos puedan ser apropiados son muy limitados”.

Para demostrar el menosprecio de los procedimientos democráticos, en octubre de 2011, el presidente del Banco Central Europeo, BCE, dirigía la siguiente carta al presidente del Consejo Italiano: “El BCE solicita dar más flexibilidad a los procedimientos de licencia pero también privilegiar los acuerdos en el seno de las empresas respecto a las convenciones por sectores negociadas a nivel nacional, y recomienda proceder por decreto de aplicación inmediata y no por un mero proyecto-ley, que siempre demora su aprobación por el parlamento”.

En este contexto cabe señalar que aún se enseña que los antiguos griegos fueron los que inventaron la democracia, que en realidad fue una oligarquía. Esta llamada democracia estaba limitada a los hombres libres y a las castas militares y religiosas con la exclusión de mujeres, servidumbre y esclavos. A pesar de los avances logrados en las décadas de cincuenta y sesenta del siglo pasado, la participación de los(as) ciudadanos(as) ha retrocedido paulatinamente a partir de los años setenta y ochenta para desembocar en la corrupción y las colusiones entre grandes empresas, políticos y militares, asegurando la impunidad de sus crímenes con la represión contra toda oposición de la sociedad civil, el constante desmantelamiento de los Estados de bienestar, la desregulación del control del Estado, las privatizaciones y mercantilización de bienes públicos como lo son la educación, la salud, la cultura, el agua y el medio ambiente para nombrar sólo algunos y convertirlos en meros bienes de consumo individual, acompañado por una propaganda sistemática en los medios de comunicación monopolizados.

Mediante una serie de ejemplos concretos en las áreas de la economía, la política, de lo social y cultural, y del medio ambiente se demuestran las características neocoloniales y neofeudales de la ideología neoliberal y su negación, sistémica y sistemática, de todos los derechos humanos fundamentales, tanto derechos económicos, sociales y culturales como derechos políticos y civiles, aún cuando éstos han sido firmados y ratificados por la casi totalidad de los Estados que forman parte de las Naciones Unidas, obligando a los Estados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cabe recordar aquí el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estipula que “nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.

1. Los orígenes de la globalización de la ideología neoliberal

La globalización de las relaciones económicas se remonta, en sus orígenes, hasta la época de los grandes imperios coloniales, principalmente europeos y, muchas veces, previamente musulmanes como en partes de África, de India y el sudeste asiático. La colonización de los territorios de América, África y parte de Asia se caracterizó por la violencia de los militares de gobiernos feudales, la destrucción de las culturas locales, la indoctrinación y la inquisición de las iglesias, y la apropiación de los territorios por parte de especuladores y corporaciones de comerciantes. Es decir, el feudalismo puro.

En la estructura y el funcionamiento de la ideología neoliberal vuelven a aparecer características similares que podríamos definir como neofeudalismo, particularmente a partir de los años setenta y ochenta, como lo son la creciente violencia de “las fuerzas del orden”, es decir de militares y policías, al criminalizar toda manifestación y protesta de la sociedad civil en contra del “orden neoliberal establecido”; la destrucción sistémica y sistemática de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, hasta la misma soberanía de pueblos y naciones; la indoctrinación de la ideología neoliberal en forma sistemática por parte de los medios de comunicación de masa como si se tratara de una religión, que no difiere en nada del fundamentalismo islámico ni del creacionismo y de la inquisición cristianos, considerando todo opositor al sistema como “potencial terrorista” en una guerra santa entre creyentes y no creyentes; y la apropiación de territorios y materias primas por parte de las corporaciones transnacionales y especuladores comerciales y financieros, protegidos por un sistema de vasallaje a escala internacional, que impone los derechos económicos, financieros y comerciales de empresas privadas por sobre intereses públicos de la ciudadanía y los derechos humanos más fundamentales.

El inicio del proceso de globalización de la ideología neoliberal se puede situar al inicio de los años setenta. La crisis de los años setenta no sólo fue una crisis económica y energética, ligada al incremento del precio del petróleo, sino sobre todo una crisis política y social, que fue el resultado de la imposición de la ideología neoliberal como contra-reforma política, jurídica y económica dirigida a restaurar, en gran escala, el carácter absoluto de las libertades del sector privado de grandes empresas y de los derechos internacionales de la gran propiedad privada. Muchos de estos elementos han estado presentes en la crisis de 2008, en la que convergieron, de manera agudizada, la separación de los capitales financieros especulativos y volátiles de la esfera de la economía productiva, la creciente precarización del trabajo, el aumento de las desigualdades y las discriminaciones entre capital y trabajo, la mercantilización y la privatización de los bienes públicos, por ende la destrucción de los principios democráticos y la consecuente represión de derechos de participación de la ciudadanía. La desarticulación del gobierno público de la economía, y con ello, de los mecanismos dirigidos a imponer ciertos controles sobre la actuación del poder privado y sobre el ejercicio de la libertad de la empresa privada pasaron a convertirse en una tendencia dominante de carácter religioso y fundamentalista, que tuvo su máxima perversión en el salvamiento de los bancos e instituciones financieras de la quiebra por especulaciones fraudulentas, por parte de gobiernos sin consulta alguna a la ciudadanía, en desmedro del apoyo a la creciente cesantía y a las víctimas del trabajo precario. De esa manera se ha convertido la deuda privada en deuda pública bajo el lema “socializar las pérdidas de los privados y monopolizar las ganancias de derecho propio de los mismos privados”.

El actual orden económico mundial está determinado por la generalización e imposición al plano internacional de los planteamientos rectores de la economía de mercado. En esta materia desempeña un papel fundamental la libertad de acción que los Estados dejan a los sujetos económicos privados, especialmente los conglomerados financieros y las corporaciones transnacionales, para que creen un orden autónomo y desligado de reglamentaciones soberanas. El reconocimiento de un amplio margen a la autonomía privada, la garantía de la libertad de las grandes empresas, la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica internacional privilegiada para empresas transnacionales son el caldo de cultivo de una “Sociedad de Derechos Privados”, que se autoregula y que es el ideal de la teoría económica neoliberal.

Desde el punto de vista de la economía de mercado, los monopolios estatales, que en beneficio del pueblo mantienen alejadas a las empresas privadas de la compra y venta de determinados bienes y servicios públicos, se consideran “elementos discordantes”. En este sentido, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prescribe también la paulatina transformación de los monopolios comerciales existentes en interés del libre intercambio y prohíbe la implantación de nuevos monopolios estatales que limiten el comercio (artículo 37). Esta situación se da no sólo en los servicios respecto del tráfico de personas y bienes, en el envío de correo, en la energía o en las telecomunicaciones, sino también respecto de entes públicos de radio y televisión, y en la prestación de servicios públicos de la educación, la salud y la seguridad social de los trabajadores, lo que permite la penetración de la mercantilización en todas las esferas de la vida de los ciudadanos en desmedro de los derechos humanos más fundamentales a una vida digna de los trabajadores y reduciéndolos a meros consumidores sin derechos y muchas veces ni siquiera con acceso al consumo de los bienes y servicios básicos como lo son la salud y la educación, la alimentación y la vivienda, el agua y la energía.

Los procesos de privatización de los bienes y servicios públicos, que se iniciaron en la década de los setenta y se generalizaron a partir de la década de los ochenta, primero en los países del Tercer Mundo y luego en Europa, en Estados Unidos y en los países de la ex Unión Soviética, crearon nuevos mercados privados de carácter oligopólico, cada vez más en manos de empresas transnacionales. Por otro lado y en forma paralela se llevó a cabo un proceso de desregularización de los mercados privatizados, impidiendo no sólo la fiscalización por parte del Estado sino con la insólita exigencia de garantizar unas ganancias mínimas por parte del Estado en la fijación de los precios al consumo como lo es por ejemplo en el caso del agua potable, la salud, la pensión y la educación en Chile. Para neutralizar de una u otra manera los efectos del desmantelamiento de los derechos sociales básicos, la política neoliberal obliga al endeudamiento del Estado para asegurar el acceso mínimo a bienes y servicios de los sectores más pobres mediante subsidios, que en esencia no son subsidios a los pobres sino transferencias a empresas privadas sean estas nacionales o transnacionales, y obliga al endeudamiento privado de la clase media, lo que es un negocio redondo para los bancos. Lo que se generó así, fue un escenario propicio para la celebración de contratos fraudulentos, casi de adhesión, caracterizados por la estipulación de cláusulas abusivas y por la abierta vulneración de los derechos básicos de consumidores y usuarios.

A lo anterior hay que agregar la conformación de nuevos mercados oligopólicos que son producto de la llamada revolución tecnológica que se inició en la década de los setenta con la informática, la robótica, la biotecnología y las telecomunicaciones entre otras, que han provocado cambios sustantivos en la convivencia de los seres humanos tanto a nivel local, como nacional, regional e internacional. Uno de los cambios que ha sido aprovechado plenamente por la ideología neoliberal es sin lugar a duda la manipulación de la información mediante la oligopolización privada de los medios de comunicación y la desregularización de la publicidad no sólo desde un punto de vista de la moralidad y de la ética sino también como un gasto de las empresas que lo pueden deducir como un concepto de costos para no pagar impuestos y así financiar millonarios inversiones en equipos de futbol, en regalos de casas o en cualquier otro juego, ajeno a su producción o que-hacer. No difiere mucho “del pan y circo” de la ideología del imperio romano, salvo que el pan empieza a ser cada vez más escaso para la mayoría de la población.

Ya en los años setenta y como reacción al ciclo de movilizaciones que había tenido lugar en países tan disímiles como Francia, Italia, Alemania, México, Chile y EE.UU., la llamada Comisión Trilateral señaló que las políticas sociales habían generado un exceso de expectativas entre la población, contribuyendo así a la ingobernabilidad de la democracia y distorsionando el funcionamiento del mercado (Gerardo Pisarello 2012). La respuesta de la ideología neoliberal fue la reducción de los principios democráticos – incluyendo por medio de golpes de Estado como en Chile – a un simple mecanismo de selección de élites, depurándolo de sus “excesos participativos”. En muchos países, surgieron regímenes tendencialmente bipartidistas, con los partidos “neoliberalizados” concebidos para asegurar una alternancia que no pusiera en cuestión los fundamentos del nuevo consenso económico-financiero. En este contexto, muchos regímenes aún formalmente parlamentarios vieron cómo, en la práctica, el parlamento resultaba ser vaciado de sus funciones legislativas y de control en beneficio del poder ejecutivo, de instituciones supuestamente independientes como los bancos centrales, y de muchos otros centros extra-legales de decisión como lo son las agencias de calificación de la deuda, las organizaciones de lobby empresarial, incluyendo la Comisión de la Unión Europea, lo que dio lugar al sentido privatizador y anti-democrático de la pérdida de la centralidad de la ley y del mismo Estado de derecho en beneficio de otras fuentes del derecho ajeno a la participación ciudadana como la normativa gubernamental de los estados de excepción, las sentencias de tribunales expuestos a presiones privadas de diferente tipo y los contratos mercantiles con sus clausulas secretas o “confidenciales”. La erosión de los principios democráticos coincidió en muchos países con la exclusión de buena parte de la población migrante, condenada a vivir y trabajar bajo el estatuto de “lumpen” cuando no de auténticas “no-personas”, que, como se ha detectado en Francia, Bélgica y Alemania, arriendan “colchones” y cuyos pasaportes han sido confiscados por los “empresarios” que les obligan a trabajar doce horas diarias en la clandestinidad. En esta misma línea cabe recordar, hacia los años ochenta, el célebre dictum thatcheriano según el cual la reforma política y económica exigía “partirle el espinazo a todos los sindicatos”, lo que dejó en claro que las estrategias de persuasión no eran suficientes y que se requerían también explícitos actos de violencia pública y privada, afectando a su vez los principios del Estado de derecho.

2. Neocolonialismo y neofeudalismo en la explotación de los recursos naturales

El vasallaje al cual muchas naciones de África, Asia y América Latina están sometidas por los Estados y las empresas transnacionales de EE.UU., Europa y Canadá es notorio en la explotación de los recursos naturales, particularmente en los sectores de la minería y el petróleo, considerados estratégicos para el crecimiento sostenido de las economías. De acuerdo al Informe Ruggie (2008), representante especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la extracción mineral es el sector económico que está provocando más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos.

La asimetría de los poderes fácticos – políticos, económicos, financieros, comerciales y militares – no sólo se expresa en los convenios bilaterales y regionales donde dominan los derechos de los inversionistas, por sobre los derechos humanos fundamentales, con sus clausulas confidenciales y secretas, sino también por la ausencia de participación de los ciudadanos en las negociaciones, producto de la colusión y la corrupción entre los altos funcionarios de los gobiernos involucrados y los representantes de las empresas transnacionales. Además y lo más grave, el vasallaje se expresa también en la represión de los ciudadanos por parte de las fuerzas armadas y del orden de los países receptores de la inversión extranjera al servicio de los inversionistas, los que financian en muchas ocasiones la represión y utilizan al respecto también fuerzas paramilitares locales en la más total impunidad.

El robo institucionalizado de materias primas por prácticas neocoloniales

Representativo para las actividades de empresas transnacionales que operan en el sector y la actitud de los países de origen de estas empresas, es el estudio del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” (2014).

Las violaciones al medio ambiente, al entorno social de las comunidades y a derechos humanos, causadas por las actividades mineras a gran escala de empresas canadienses que operan en varios países de Latinoamérica son notorias y graves. Sin embargo, los marcos normativos y la práctica de los Estados donde se realizan las actividades de las empresas mineras, así como las normas e instituciones del propio Estado de Canadá no garantizan mecanismos preventivos adecuados ni los recursos judiciales efectivos que permitan canalizar las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

La oposición de amplios sectores sociales a los grandes emprendimientos mineros impuestos por las autoridades nacionales, muchas veces a través de acuerdos bilaterales con compromisos secretos, ha producido graves consecuencias para la población local, entre ellas, la criminalización de las actividades de defensa de derechos y el cierre de los espacios institucionales de diálogo, que se suman a la exacerbación de la violencia, las amenazas y hostigamientos, las muertes y heridas graves.

Se agrega el no respeto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Una de las consecuencias más frecuentes de la existencia de marcos normativos deficientes en los países receptores, ha sido la persistente realización de proyectos mineros de gran escala en territorios indígenas, de comunidades afro-descendientes y campesinos-rurales, sin tener en cuenta la calidad particular de estos territorios, la protección especial a la que están sujetos y las prohibiciones de explotación existentes en muchas de sus zonas.

Una de las características de los proyectos mineros es la realización de negociaciones y la toma de decisiones de manera bilateral entre Estados y empresas, sin participación real de la ciudadanía, de las comunidades afectadas ni de otros actores sociales. La regla ha sido la completa ausencia de una consulta libre, previa e informada que busque el consentimiento por parte de las comunidades indígenas o tribales afectadas.

En este contexto hay que mencionar que las injerencias indebidas de Canadá, no son muy diferentes a las injerencias similares de los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea y Suiza, entre otros.

Del informe se desprende que el Gobierno de Canadá apoya de forma amplia al sector extractivo sin requerir de sus empresas garantías suficientes de no dañar el medio ambiente o de no causar violaciones a los derechos humanos en el exterior. Al contrario, Canadá ofrece a sus empresas mineras privilegios políticos, económicos y jurídicos que tienen consecuencias muy negativas en la protección de los derechos humanos de las poblaciones de los países en cuyos territorios operan los proyectos. El informe hace referencia a reiteradas denuncias de injerencia indebida de Canadá en los procesos legislativos internos para la elaboración de marcos regulatorios mineros, en particular en los procesos de reformas legislativas que se llevan o se llevaron a cabo en Colombia, Perú y Honduras.

El Estado canadiense conoce los graves daños en el medio ambiente y las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en las regiones en las que operan sus empresas y ha recibido numerosos llamados de atención internacionales y nacionales para que adopte mecanismos efectivos para responder a las denuncias de violaciones a los derechos humanos fuera de sus territorios por empresas canadienses (ver entre otros el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe 2013 sobre Canadá). Sin embargo, Canadá no ha respondido aún a estos requerimientos. Un proyecto de ley (ley C-300) que establecía estándares internacionales en materia ambiental y derechos humanos de actuación para las empresas canadienses en el exterior, condicionando el apoyo económico, político y diplomático del Estado, y que daba la facultad al gobierno canadiense de investigar denuncias por incumplimiento de estos estándares, fue rechazado luego de un lobby muy activo, aunque solo con una diferencia de seis votos, mostrando que para muchos miembros del Parlamento y de la sociedad canadiense el tema es de gran relevancia.

La organización del robo de materias primas en la República Democrática del Congo

Pero las corporaciones transnacionales con sede en Canadá no son las únicas en violar los derechos humanos más esenciales. Un informe de Global Witness (2009) denuncia los atropellos a los derechos humanos y la injerencia de empresas transnacionales en la República Democrático del Congo, en especial durante el período de conflictos bélicos en la región del Kivu. En octubre de 2002, un panel de expertos de Naciones Unidas acusó a 85 compañías con sedes en países de la OCDE de violar los lineamientos de la OCDE en materia de la responsabilidad de empresas transnacionales por sus roles en la explotación ilegal de recursos naturales en la República Democrática del Congo. El panel afirmaba que redes de élites políticos y militares y directivos de negocios incentivaron el conflicto armado con el objetivo de mantener el control sobre los recursos naturales del país. Por su lado, Global Witness (denuncia 2007) afirmaba que el comercio de minerales provenientes de la zona en conflicto por parte de la empresa británica Afrimex contribuía directamente al brutal conflicto y a las violaciones en gran escala de los derechos humanos en Kivu. Afrimex había realizado pagos a grupos de rebeldes en la República Democrática del Congo y había recibido materias primas de minas en las que se permitía el trabajo infantil y los trabajos forzados.

Petróleo: la Sociedad Civil frente a la complicidad del Estado con Empresas Transnacionales en Ecuador

Ecuador – primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la naturaleza, convirtiendo a esta en sujeto de derecho – se enfrenta a una empresa transnacional petrolera, Chevron Corporation, que es la segunda más grande de Estados Unidos. El conflicto opone también varias comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana a la empresa Chevron, acusada de destrucción medioambiental y de daños a la salud de miles de personas. A escala internacional este conflicto ecológico ha adquirido un carácter emblemático. Chevron es una transnacional que opera en 37 países y ha sido acusado en algunos de ellos por daños ocasionados al medio ambiente y a la salud de la población, devastación de la agricultura, destrucción de ríos y fuentes de agua vitales para la comunidad, y desplazamientos forzados de la población.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, explica a Le Monde Diplomatique (septiembre 2014) que todo empezó en 1964 cuando la empresa estadounidense Texaco, adquirida en 2001 por Chevron, inició su explotación petrolera en una amplia zona de la Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. El año siguiente, 1993, 1as comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbios presentaron, en Estados Unidos, una demanda contra la petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. Chevron heredó esta demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco después, a petición de la propia empresa, el caso – que los tribunales de Estados Unidos se negaron a juzgar – fue trasladado a una corte de Ecuador.

Los desacuerdos de Chevron-Texaco con el Ecuador se dan en dos planos que van en paralelo, y que le enfrentan por un lado con las comunidades ecuatorianas afectadas y por otro con el Estado ecuatoriano.

El enfrentamiento con las comunidades amazónicas, ahora organizadas en la UDAPT, Unión de Afectados(as) por las Operaciones Petroleras de Texaco, que han demandado a la transnacional durante muchos años en tribunales ecuatorianos, estadounidenses y más recientemente en La Haya (Revista La Marea, 2 de enero 2015). La UDAPT acudió ante la fiscal de la Corte Penal Internacional y procedió a solicitar en nombre de las víctimas que los crímenes cometidos se tipificaran como crímenes contra la humanidad. Esto se fundamenta en que las decisiones y acciones tomadas por John Watson como director ejecutivo de Chevron, junto con otros directivos de la compañía, revisten las características de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la Amazonia ecuatoriana. En 26 años de explotación petrolera en el Ecuador, Chevron-Texaco derramó más de 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en la zona del Lago Agrio (una zona comprometida que abarca unas 500.000 hectáreas). Perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió 1.000 fosas sin ningún tipo de recubrimiento, destruyendo además las condiciones de vida y subsistencia de sus habitantes.

No cabe la menor duda sobre la responsabilidad de Chevron-Texaco en el desastre medioambiental y humanitario ocurrido entre los años 1964 y 1992 en la Amazonia Ecuatoriana. Lo que persigue Chevron con los juicios contra el Estado ecuatoriano en las cortes internacionales es endosar su responsabilidad y su condena al Estado de Ecuador. Texaco, antes de retirarse definitivamente de Ecuador en 1992, dijo haber “limpiado” los dos millones de hectáreas de selva virgen en los que operó. Lo cual no solo es inverosímil sino falso, de acuerdo al canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Porque todos esos terrenos, como lo pudieron constatar las comisiones investigadores del caso, se hallan totalmente degradados, con decenas de vertederos de alquitrán que contaminaron ríos y acuíferos. El agua en toda esa región es ahora no apta para el consumo. También se ha multiplicado el número de cánceres entre la población. Pero lo peor fue que el Gobierno ecuatoriano de la época le firmó a Texaco en 1998 un “acto de finiquito” en el que se reconocía que la empresa estadounidense lo había dejado “todo limpio” y la exoneraba de cualquier responsabilidad sobre consecuencias futuras de sus desmanes petroleras.

Tampoco cabe mucha duda que exista una clara complicidad de las cortes de arbitraje internacional con las empresas transnacionales. Sólo cabe mencionar aquí un caso relacionado, OPC vs Ecuador, tratado en el CIADI. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, bajo el alero del Banco Mundial, es el lugar privilegiado para empresas transnacionales, donde pueden procesar a gobiernos y son frecuentemente premiadas con mega-compensaciones. En 2013, el CIADI multó el gobierno de Ecuador en 2,3 mil millones de US$ por finalizar el contrato con OPC, Occidental Petroleum Corporation, aunque haya sido la OPC quien primero había roto el contrato con el gobierno de Ecuador. La suma demandada contra Ecuador representa el 59 % del presupuesto del año 2012 para la educación y el 135 % del presupuesto anual para la salud en el país.

Trabajos forzados en el sector petrolero en Myanmar (Birmania)

TRIAL, Track Impunity Always, con sede en Ginebra, publica en su serie “Profils” el perfil de Thierry Desmarest, director de la compañía transnacional Total Exploration Company entre 1989 y 1999, responsable de la parte estratégica del proyecto oleoducto en la región de Yadana en Myanmar. En Bélgica fue acusado en 2002 de complicidad en crímenes contra la humanidad, pero el caso fue cerrado en marzo de 2008. Acusado en Francia en 2002 por encarcelamiento ilegal, el proceso fue desestimado en marzo de 2006. Como director de la compañía Total, Desmarest estuvo a cargo del proyecto de oleoducto de Yadana y, por lo tanto, fue responsable de toda la estrategia empresarial de las operaciones de Total en Myanmar.

En la región de Tenasserim, la seguridad del proyecto de oleoducto se asignó a los batallones militares del ejército birmano. A pesar de que Total y su administración estaban al tanto de las frecuentes violaciones de los derechos humanos perpetrados por los batallones, ofrecieron a éstos apoyo moral, financiero, logístico y militar. Demarest fue acusado de haber firmado personalmente los contratos con los generales birmanos en Rangoon en septiembre de 1994. Varios informes procedentes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de víctimas de trabajos forzados y de documentos internos de Total, demuestran que tanto la compañía petrolera como su administración eran completamente conscientes de los crímenes que sus socios militares estaban perpetrando. Supuestamente, la petrolera pagó una indemnización a 463 víctimas de trabajo forzado entre diciembre de 1995 y enero de 1996, indicando que eran claramente conscientes de la grave situación. Se cree que los crímenes contra la humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad han contado con el apoyo de Total, por lo que, la empresa pasó a ser cómplice de dichos crímenes.

Matanzas en el sector petrolero en Nigeria

El caso de la destrucción de pueblos Ogoni en Nigeria fue planteado ante la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y ofrece amplio material para ilustrar la impunidad en caso de las violaciones de derechos humanos. El caso concierne a la extracción de petróleo por un consorcio nigeriano-europeo en la región habitada por el pueblo Ogoni en Nigeria. El antiguo gobierno militar no había llevado a cabo ninguna evaluación independiente y fiable del impacto ambiental y social del proyecto. La extracción del petróleo por parte de la transnacional Shell resultó, según lo determinado por la Comisión, en contaminación grave del aire, agua y suelo, causando prejuicios a la salud humana. Además, los procesos de decisión del Estado se realizaron sin la participación del pueblo Ogoni. Las fuerzas de seguridad nigeriana destruyeron casas y hasta pueblos enteros de los Ogoni; los residentes que querían volver a sus asentamientos fueron maltratados y, en muchos casos, asesinados. En estas circunstancias, la Comisión constató violaciones de varias de las garantías de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otros: el derecho a la salud (artículo 16); el derecho colectivo a un medio ambiente satisfactorio (artículo 24); el derecho de los pueblos a decidir de forma autónoma sobre el uso de sus recursos naturales (artículo 21); el derecho a la propiedad (artículo 14); el derecho a la protección de la familia (artículo 18.1). No le correspondió a la Comisión decidir sobre la posible corresponsabilidad de las empresas petrolíferas privadas. Con motivo de la presunta participación en el asesinato y maltrato del pueblo Ogoni y de activistas de derechos humanos por parte del antiguo gobierno militar de Nigeria, familiares de las víctimas presentaron una demanda contra la empresa multinacional Shell. El grupo Shell negó cualquier responsabilidad en el asunto, pero se comprometió, en un acuerdo transaccional celebrado en 2009, a pagar varios millones de dólares.

3. Neocolonialismo: derechos de propiedad intelectual anulan derechos humanos El caso de la industria farmacéutica

Cabe mencionar aquí la relación entre el derecho a la salud en tanto derecho humano fundamental y tratados de libre comercio en tanto definidos como derecho económico internacional. Tratados de libre comercio, tanto los bilaterales como los multilaterales, restringen la producción de medicamentos genéricos en los países en desarrollo y amplían la protección de las patentes de las empresas transnacionales, lo que lleva al encarecimiento de todos los medicamentos, impidiendo el acceso de los sectores indigentes. En este contexto, los eventuales subsidios del Estado a los sectores pobres o a una serie de enfermedades crónicas se transforman generalmente en transferencias a los conglomerados farmacéuticos o a clínicas privadas, dado el desmantelamiento de los hospitales públicos, producto de la privatización de los servicios de salud.

El documento de 2014 del Consejo de la Unión Europea: “El Enfoque Basado en los Derechos de la Cooperación al Desarrollo” explica porque la UE se refiere al Enfoque Basado en los Derechos (EBD o Right-based Approach) y no al Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH o Human Right-based Approach). La desaparición de “H”, “Humanos”, no implica una desvalorización en términos de derechos humanos ni tampoco un debilitamiento del compromiso de la UE con su defensa. La referencia al EBD va más allá del formal reconocimiento de los derechos humanos, incluyendo otros tipos de derechos como los derechos de propiedad intelectual y los derechos básicos de libertad económica. En consecuencia, EBD es un enfoque que cubre una categoría más amplia de derechos que los estipulados en los derechos humanos. Aclara también que EBD no se refiere a los Derechos de Desarrollo. La UE está totalmente comprometida con el reconocimiento de la interdependencia entre derechos, seguridad y desarrollo, y con los objetivos del bienestar humano y la dignidad para todos, pero la UE no ha confirmado formalmente el contenido de la declaración de Naciones Unidas de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo.

Son precisamente los derechos de propiedad intelectual que no solo niegan los derechos humanos y culturales y con ello delimitan el reconocimiento a la libre producción del conocimiento y la información en términos de derechos de privados, es decir empresas transnacionales, sino que desarticulan los principios mismos del libre mercado a favor del desarrollo y protección de mercados oligopólicos, dominados por ETNs, empresas transnacionales, ubicadas en su gran mayoría en los países de la Trilateral, es decir en Europa, Estados Unidos y Japón.

Cabe destacar aquí, como lo hace el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Culturales en su informe de marzo de 2015 para el Consejo de Derechos Humanos, que derechos de propiedad intelectual no son considerados como derechos humanos, sino pertenecen al mundo de conceptos económicos. No pertenecen al ámbito internacional de los derechos humanos sino forman parte de los derechos económicos internacionales.

Los organismos internacionales que regulan los derechos de propiedad intelectual y con ello delimitan el reconocimiento a la producción del conocimiento y la información en términos de derechos de particulares, adquieren particular relevancia en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y la Organización Mundial del Comercio, OMC.

Según el criterio de la OMC las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual se clasifican en ocho categorías: derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada, y control de las prácticas anti-competitivas en las licencias contractuales.

Concretamente, los “Acuerdos” que los países asociados realicen en el ámbito de la OMC tienen carácter de obligatoriedad para los países signatarios por lo que aquellos países que quieran conservar los beneficios de rebaja arancelaria, se ven obligados a aceptar sin más el paquete de normas regulatorias. Tal es el caso de los Acuerdos TRIP, Trade Related Intellectual Property Rights, cuyo funcionamiento y aplicación por parte de los Estados es supervisado por un Consejo cuya normativa prescriptiva permite que la OMC tenga una impronta decisiva por sobre otras instituciones como la OMPI. De manera similar, la inclusión en el Tratado de Libre Comercio de Norte América de nociones como “propiedad autoral”, “marca registrada” y “patente”, por parte de la OMC revela una concepción de los derechos de propiedad intelectual vinculada a la defensa de los particulares, es decir las empresas transnacionales.

La consagración de los derechos de las empresas legitima en la práctica los intereses de los países y actores más capitalizados en detrimento de los menos capitalizados.

Patentes de empresas farmacéuticas transnacionales versus políticas públicas

En CorpWatch Blog, Fatima Hansia (2014) denuncia que tres compañías farmacéuticas importantes – Astra Zeneca, Johnson & Johnson y Pfizer – han cancelado las pruebas clínicas para comprobar los remedios tuberculosis en India y Sudáfrica. Según la OMS, en 2012 alrededor de 8,6 millones de personas fueron víctimas de tuberculosis, de las cuales 1,3 millones murieron, el 95 % en países en desarrollo. Frente a la resistencia de la tuberculosis a los medicamentos clásicos, se han identificado dos remedios nuevos: Bedaquiline y Linezolid. Pfizer, farmacéutica de los EE.UU. y dueño de la patente de Linezolid, ha cancelado a comienzos de 2014 sus planes para realizar pruebas clínicas en Sudáfrica. Johnson & Johnson, también de los EE.UU. y dueño de la patente de Bedaquiline, abandonó sus investigaciones a pesar de haber sido autorizado por el gobierno en diciembre de 2012 para realizar experimentos clínicos. Por su lado, Astra Zeneca, una compañía inglesa-sueca, anunció en enero de 2014 que había parado sus investigaciones en TB y malaria en la región de Bangalore en India.

Detrás de estas decisiones está el hecho que las compañías temen ver disminuidas sus ganancias en algunos países como India y Sudáfrica, donde existen laboratorios que producen medicamentos genéricos. La versión genérica de Linezolid está disponible en India por 0,42 US$, mientras en Sudáfrica la versión patentada por Pfizer tiene un costo de 63,88 US$ para los enfermos. Debido a la patente de Pfizer en muchos países, entre ellos Sudáfrica, los medicamentos de India no están disponibles en estos países.

Que las farmacéuticas abandonan muchas veces investigaciones por pocas perspectivas de altas ganancias, ha sido confirmado comienzos de 2014 por el CEO de Bayer, Marijn Dekkers, en una conferencia de Financial Times cuando planteó que la compañía enfoca el desarrollo de medicamentos “para pacientes occidentales que tienen los recursos para pagar y no para el mercado de India”. También Bayer tiene una posición crítica frente a los esfuerzos del gobierno de India para producir localmente medicamentos genéricos. En marzo de 2012 Bayer ha criticado la decisión de la Corte Suprema de India para permitir a una compañía india, Natco Pharma, vender Sorafenib Tosylete, un remedio contra el cáncer, a un precio menor de 200 US$. Bayer, la transnacional alemana, vende Nexaver, su versión patentada del mismo remedio, a más de 8.000 US$. India se negó durante mucho tiempo reconocer a los patentes internacionales con el objetivo de mantener precios abordables para el nivel de vida de la mayoría de las personas, pero en 2005 cambió sus leyes y aceptó bajo condiciones las patentes como parte de un acuerdo para ingresar a la OMC. Sin embargo, ha reservado el derecho de crear licencias compensatorias, pagando solo royalties nominales para algunos remedios, por razones de salud pública (CorpWatch Blog, febrero 2014).

El 27 de julio de 2015, Pratap Chatterjee publicó un artículo en CorpWatch Blog “Drugs tested by GVK Biosciences banned from European Union”. En julio de 2015, Ladislav Miko, el responsable del Directorio de Salud y Consumidores de la Unión Europea firmó la prohibición de venta por dos años a partir del 21 de agosto para los medicamentos probados por GVK Biosciences. GVK es una compañía india ubicada en Hyderabad que realiza, en tanto subcontratista, investigaciones por cuenta de industrias farmacéuticas nacionales e internacionales, y es reconocida por la FDA de los EE.UU. (Food and Drug Administration). En mayo de 2014, la Agencia Francesa para Medicamentos y Seguridad de Productos para la Salud examinó 9 experimentos bio-equivalentes, realizados por GVK, comparando remedios genéricos con los patentados y descubrió que algunos empleados habían manipulado resultados de electrocardiograma de pacientes y personas saludables. La responsable de las autorizaciones medicamentos de la Agencia Médica Europea, generalizó las sospechas de la reducida muestra a todos los productos probados por GVK y recomendó la suspensión de la autorización de venta de los medicamentos genéricos probados por GVK. El gobierno de India ha amenazado tomar acciones legales contra la prohibición refiriéndose a las reglas internacionales de libre comercio. A pesar de que la inspección de septiembre de 2014 por parte de la FDA no encontró problemas que afectan la seguridad o la eficacia de los medicamentos probados por GVK, la FDA expresó su acuerdo con las sanciones de la Unión Europea.

Prácticas neofeudales en experimentos médicos en India

Se sabe que la industria farmacéutica realiza muchas veces experimentos en los países del Tercer Mundo por la ausencia de controles adecuados en estos países, negando por completo el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado por sus respectivos gobiernos: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

El cinismo y todo el menosprecio de los derechos humanos más elementales, como lo es el derecho a la salud, por parte de empresas farmacéuticas transnacionales y su apoyo por parte de gobiernos y fundaciones aparentemente caritativas, financiadas por grandes empresas, que con el apellido de responsabilidad social evaden impuestos, muestran la cara oculta de la ideología neoliberal.

En marzo de 2010 el mundo fue conmovido por los informes mediáticos sobre la muerte de niñas y adolescentes en el distrito de Khamman de Andhra Pradesh en India luego de haber sido administradas vacunas del virus humano papiloma (HPV). Los experimentos de vacunación fueron realizados por la agencia norteamericana PATH, Programme for Appropriate Technology in Health. El proyecto fue financiado por la Fundación Bill and Melinda Gates de Estados Unidos.

El informe presentado al parlamento de India en agosto de 2013 por la comisión investigadora hace constancia de la flagrante violación por parte de PATH de todas las normas regulatorias y éticas establecidas por el gobierno de India al respecto y también de posibles violaciones de tales normas prescritas y escrupulosamente exigidas en el país de su origen, los Estados Unidos, así como de la violación de derechos humanos de niñas y adolescentes (Parliament of India, 72th Report on alleged irregularities in the conduct of studies using human papiloma virus (HPV) vaccin by Path in India, august 2013).

En coordinación con los gobiernos estatales de Gujurat y Andhra Pradesh, PATH realizó una investigación operacional relacionada con la prevención del cáncer de cérvix en India, para lo cual se utilizaron las dos marcas de vacunas HPV disponibles en los mercados: Gardasil de Merck en Andhra Pradesh y Cervarix de GSK en Gujurat.

La vacuna Gardasil de la farmacéutica Merck fue aprobada por la US Food and Drug Administration en junio de 2006. El mismo mes PATH inició un proyecto de gran escala por cinco años (2006-2011) con el objetivo de generar evidencias y promover la introducción de vacunas HPV en el sector público de cuatro países: India, Uganda, Perú y Vietnam. Los cuatro países tienen poblaciones étnicas diferentes: India (Indo-Arrianos y Dravidianos), Ugando (negroides), Perú (hispánicos), Vietnam (mongoloides). Para la determinación de la seguridad y la eficacia de algunos medicamentos la etnia es un factor relevante. De acuerdo a la OMS, los cuatro países tienen también programas nacionales de vacunación, de manera que si aceptan incluir Gardasil en sus programas, eso significaría un inmenso beneficio financiero para su único proveedor, Merck, sin la necesidad para la empresa de realizar gastos de marketing o promoción.

4. Neofeudalismo y la tragedia del trabajo infantil

Más detalladamente los derechos de los niños han sido elaborados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Cabe recordar que Estados Unidos es uno de los pocos países que no han firmado la Convención.

El “trabajo infantil” se refiere al trabajo realizado por niños que no han alcanzado la edad mínima legal de admisión al empleo con arreglo al Convenio nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de 1973, así como a las peores formas de trabajo infantil definidas por el Convenio nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999.

Las “peores formas de trabajo infantil” comprenden: a) la esclavitud y trabajo forzoso, incluida la trata infantil y el reclutamiento forzoso para conflictos armados; b) la utilización de niños para la prostitución y la pornografía; c) la utilización de niños para la realización de actividades ilícitas; y d) toda actividad u ocupación de los niños que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, y que se suele llamar “trabajo peligroso”.

De acuerdo al informe de la OIT existen en el mundo 264 millones de niños de 5 a 17 años ocupados en la producción económica. De ellos, 168 millones se encuentran en situación de “trabajo infantil”, una cifra que ronda el 11 % de la población mundial de este grupo de edad. Un poco más de la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil, 85 millones en términos absolutos, se encuentran efectuando “trabajos peligrosos”, que directamente ponen en peligro su salud, seguridad o moralidad.

La región de Asia y el Pacífico registra el mayor número de niños en situación de trabajo infantil con 77,7 millones en 2012. El África Sub-sahariana con 59 millones de niños en situación de trabajo infantil es la región que registra la tasa más alta de incidencia de 21,4 % en 2012. En América Latina, las cifras se mantienen con 12,5 millones de niños en situación de trabajo infantil en 2012, pero las cifras referidas al trabajo peligroso permanecen persistentes. En Oriente Medio y África del Norte se registran 9,2 millones de niños en situación de trabajo infantil en 2012.

La agricultura sigue siendo el sector más importante, ya que representa el 59 % de todos los niños en situación de trabajo infantil, sea más de 98 millones de niños. El trabajo infantil en el sector servicios aumentó del 26 % en 2008 al 32 % en 2012, registrando 54 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 11,5 millones en el trabajo doméstico. La industria registra 12 millones de niños, sea el 7,2 % en 2012.

Respecto al neofeudalismo, que ya estaba presente en el discurso liberal de la teoría económica clásica, cabe recordar aquí el anuncio del Wheelers Manchester Chronicle, 7 de agosto de 1784, citado por André Gorz en “Critique de la división du travail” (1973): “Por arrendar, el trabajo de 260 niños con talleres y todo lo que se necesita para trabajar el algodón. Para más detalles dirigirse a M. Richard Clough, common Street, Manchester”.

Trabajo infantil en la agroindustria de semillas de algodón híbrido en India

Dos trabajos de Venkateswarlu Davaluri, « Seeds of Child Labour-Signs of Hope » (2010) y « Child Labour and transnational seed companies in hybrid cotton seed production in Andhra Pradesh » (2003), ilustran con más precisión las tendencias mencionadas en el caso de la agroindustria de semillas de algodón híbrido en el sur de India.

En India existe el sistema de emplear a niñas como trabajadoras en servidumbre por deudas, particularmente extendido en las granjas de semillas de algodón híbrido en el sur de India. Granjeros locales, que cultivan semillas de algodón híbrido por cuenta de grandes empresas nacionales y transnacionales, procuran niñas-trabajadoras entre 6 y 14 años al ofrecer préstamos a sus padres como adelanto al cultivo, obligando a las niñas a trabajar bajo las condiciones impuestas por sus empleadores, en principio por una sola estación pero en la práctica por varios años. Las condiciones implican largas jornadas de trabajo, expuesto a químicos peligrosos, con sueldos bajísimos y privados de educación. El doctor Davuluri Venkates en su artículo ”Child Labour and transnational seed companies in hybrid cotton seed production in Andhra Pradesh” estima que trabajan en las granjas de semillas de algodón en India 450.000 niños, principalmente niñas, de entre 6 y 14 años de edad, y solo en la región de Andhra Pradesh son 247.800 niñas. En las granjas contratadas directamente o indirectamente por empresas transnacionales o sus filiales locales se encontraron trabajando entre 2001 y 2002 alrededor de 53.500 niñas-trabajadoras: Unilever (25.500 niñas), Monsanto (17.000), Syngenta (6.500), AstraZeneca (3.000) y Bayer (2.000). Aunque las empresas transnacionales (ETNs) no están directamente involucradas en el empleo de niñas-trabajadoras, sus estrategias de negocios y sus motivos lucrativos contribuyen en gran medida a la creación de un medio ambiente soportando las prácticas del trabajo infantil. La presencia creciente de ETNs en el sector es producto de las políticas de liberalización en India desde 1991.

Niños esclavos en la producción de cacao en Costa de Marfil y Ghana

Los excedentes, la concentración del mercado en pocas manos y el oligopolio de la industria de transformación en los países del Norte, son algunos de los principales factores de los bajos precios pagados a las comunidades productoras de cacao en el Sur. Los ocho mayores productores de cacao son Costa Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia, que juntos representan el 90 % de la producción mundial. Por si solos, Costa Marfil y Ghana asumen el 70 % de la producción mundial. Se estima que 14 millones de trabajadores están envueltos en la producción, de los cuales 10 millones se encuentran en África. Alrededor del 90 % de la producción proviene de pequeños productores que no cuentan con más de 5 hectáreas, poco o nada organizados y con infraestructuras precarias, quienes dependen de los intermediarios para vender sus cosechas. Se enfrentan a un mercado muy concentrado con muy pocos compradores (traders) que venden el cacao en grano a la industria transformadora igualmente concentrada.

El procesado de cacao está muy concentrado con cuatro compañías (Cargill, ADM, Barry Callebaut y Nestlé) que controlan el 50 % del mercado y tan solo seis compañías europeas y de los EE.UU. acaparan el 80 % de la manufactura y venta al consumidor: M&MMars, Nestlé, Cadbury Schweppes, Hershey, Ferrero y Kraft (Altria).

Según un estudio de la Universidad Tulane de New Orleans (2011), trabajan en las actividades relacionadas con la producción de cacao 819.921 niños en Costa Marfil y 997.357 niños en Ghana.

Fines de la década de los noventa, el sector de cacao del oeste de África llegó a las noticias luego de la publicación de incidencias de la esclavitud y tráfico de niños en la producción de cacao. No fue la primera vez que la industria del cacao fue vinculado a este problemática. En julio 2001 una propuesta de encargar a la FDA (Food and Drug Administration) la creación de una certificación “slave free” para productos de cacao fue aprobada por la Cámara de Diputados. Frente a la aprobación probable en el senado, las transnacionales del rubro prometieron encontrar soluciones sin la necesidad de una legislación. La industria firmó en septiembre de 2001 el protocolo Harkin-Engel, un acuerdo para eliminar las peores formas de trabajo infantil (Convención 182 de la OIT) en el sector cacao de Ghana y Costa de Marfil, entre los representantes del gobierno de los EE.UU, los gobiernos de Ghana y Costa de Marfil, la OIT y representantes de la sociedad civil. El protocolo formal pero no vinculante, que firmó la industria como grupo de empresas transnacionales para regular a sí mismo en conjunto con gobiernos y organizaciones internacionales sin fines de lucro, fue uno de los primeros convenios de autorregulación de una industria en tanto estrategia para resolver problemas de derechos humanos a nivel internacional fuera de la regulación por ley.

En enero de 2011, el Grupo Consultativo, creado por “the Food, Conservation and Energy Act” (2008), para eliminar el uso de trabajo infantil y trabajo forzado en los productos agrícolas importados, publicó sus recomendaciones, que una vez más son meramente lineamientos no vinculantes y no contemplan la introducción de sanciones o leyes al respecto.

En 2014 el International Cocoa Initiative Report constató que en los sectores cacao de Ghana y Costa de Marfil trabajan a lo menos 800.000 niños. Asimismo, organizaciones no gubernamentales inculparon a las empresas transnacionales Nestlé, M&M/Mars, ADM y Cargill, como responsables de que el trabajo infantil y el trato de niños estén muy lejos de ser erradicados en el sector cacao, dejando en evidencia el fracaso de las propuestas de auto-regulación de las empresas y de las guías de principios de conducto no vinculantes para las mismas empresas. Las empresas no han dado pasos significativos para solucionar el problema. No hacen más que ocultar el hecho de que esta industria tiene el poder y la responsabilidad para acabar con la explotación de la mano de obra infantil y el trabajo esclavo si tan solo pagara un precio justo a los productores de cacao.

5. Neofeudalismo en la discriminación y la violencia contra las mujeres

Muchos filósofos del patriarcado aún se refieren al nacimiento de lo que ellos definen como democracia a la antigua Grecia, olvidando que se trataba de una oligocracia en donde estaban excluidos las mujeres, la servidumbre y los esclavos. Tampoco toman en cuenta que hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo veinte para que accedan las mujeres al derecho a voto.

No cabe duda que la discriminación y la violencia contra las mujeres están relacionadas con el feudalismo y el fundamentalismo religioso. Quizás cabe recordar aquí la violenta represión de los cátaros en la Francia medieval no sólo porque ellos se opusieron al sistema feudal sino también porque consideraban que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Asimismo, se constata que en los países musulmanes de estructura neofeudal y bajo el fundamentalismo religioso, las mujeres carecen de los más mínimos derechos humanos. Algo similar ocurre en países que están bajo el dominio de las religiones cristianas, particularmente católicas, como es el caso en grandes partes de América Latina pero también en algunos países de Europa como Polonia, Italia y España; a pesar de que cuentan con estructuras democráticas, las mujeres siguen siendo vulneradas en sus derechos humanos, no sólo por la oposición de la iglesia católica al aborto y los anticonceptivos, sino también por la ausencia de la protección contra los asesinatos femicidios que son cada vez más frecuentes, y por ende, y por eso no menos importante, en la discriminación sistemática de las mujeres en el trabajo, sobre todo en el aspecto de los salarios que siguen siendo un veinte por ciento por debajo de sus colegas masculinos en promedio y en la precarización del trabajo en los sectores textiles, de la recolección y procesamiento de alimentos y de los trabajos domésticos entre otros,

Pero donde la exclusión de las mujeres es más evidente, producto del carácter neofeudal de la ideología neoliberal, es en todas las esferas del poder económico y político, particularmente en la esfera de los bancos y las instituciones financieras y de los centros de decisión como lo son gobiernos y parlamentos a nivel nacional y de las instituciones internacionales y transnacionales, formales e informales, a nivel internacional. En este sentido, cabe observar que todas las sociedades llamadas modernas y democráticas siguen generando prácticas feudales, inspiradas en creencias discriminatorias contra las mujeres y trabajadores bajo el alero de religiones institucionalizadas.

La violencia contra las mujeres

De acuerdo al Informe Anual 2012-2013 de ONU-Mujeres, más de 600 millones de mujeres aún viven en países donde la violencia doméstica no es un delito. A pesar de que 125 países adoptaron leyes contra la violencia domestica, la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema. Las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayores riesgos de ser violadas o maltratadas en casa que sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra y malaria, según estadísticas del Banco Mundial. En Australia, Israel, Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos, entre el 40 y 70% de las mujeres, víctimas de asesinatos fueron matadas por sus parejas, según un estudio de la OMS. La práctica del matrimonio a temprana edad, como una forma de violencia sexual, es común en muchos países de África, Medio Oriente y Asia meridional. La violencia sexual durante los conflictos sigue siendo una grave atrocidad que afecta a millones de personas, principalmente mujeres y niñas. En la República Democrática del Congo se reportan alrededor de 1.100 violaciones al mes, sea un promedio de 36 mujeres y niñas violadas al día. Según WIM, Women in Management (2011), del 45 al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y la mayoría los cometan sus cónyuges. En México, cada seis horas ocurre el asesinato de una mujer. Más del 85% de casos de agresión que son denunciados quedan impunes.

La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos fundamentales, sea ejercida por particulares (como la violencia intrafamiliar) o por el Estado (como la práctica de esterilización obligada o forzada). La seguridad de los EE.UU. y la esterilización forzada en Perú

De conocimiento público son los programas de esterilización forzada en varios países de América Latina, promovidos por los EE.UU. y a veces impuestos por el FMI como ha sido el caso en Brasil.

En el Perú, el presidente Fujimori (1990-2000) ha sido acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad a causa del programa de esterilización que tuvo lugar durante su gobierno. En ese período se puso en funcionamiento un programa de esterilizaciones forzadas contra las mujeres indígenas, especialmente quechuas, con el nombre de “Plan de Salud Pública” y que fue presentado el 28 de julio de 1995. El Plan fue financiado principalmente por la USAID, Agencia de Cooperación Internacional de los EE.UU., con 36 millones de US$ y con una cantidad mucho menor por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El objetivo del Plan era disminuir el número de nacimientos en los sectores pobres de la sociedad peruana como manera de lucha contra la pobreza. Entre 1995 y 2000 fueron esterilizadas 331.600 mujeres y con vasectomía 25.590 hombres. Las violaciones de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres por parte del Estado peruano fueron llevadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de frustrados intentos de obtener justicia delante los tribunales peruanos. En 2003, en la CIDH, el Estado peruano se comprometió a reparar los daños causados a las víctimas y a avanzar en los procesos judiciales. En noviembre de 2012 el proceso contra los ministros de salud, ocho altos funcionarios y Fujimori fue reabierto, pero en 2014 nuevamente cerrado porque la justicia peruana argumentó que la mayoría de las mujeres víctimas habían consentido en ser esterilizadas. Discriminación y desigualdad de las mujeres en el trabajo

Pese a ciertos avances logrados desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, las mujeres siguen padeciendo un alto nivel de discriminación y de desigualdad en el trabajo. Los Secretarios Generales de las Naciones Unidas siempre han sido hombres, el 95 % de los gobernantes de los Estados Miembros de las NU son hombres; el 70 % de las 1.000 millones de personas que luchan por vivir con menos de 1 US$ por día son mujeres, y, en las regiones en desarrollo, el 95 % del empleo de las mujeres corresponde al sector informal, con trabajos no amparados por la legislación laboral y sin protección social.

La Campaña Ropa Limpia (2015) relata la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh, una de los accidentes más graves en el sector textil. La mañana del 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza que albergaba cinco fábricas de ropa que producían para empresas europeas y norteamericanas se desplomó en las cercanías de Dacca en Bangladesh. La tragedia de Rana Plaza es el peor desastre en una industria textil con 1.138 personas muertas y más de 2.000 heridas de gravedad. La tragedia puso en evidencia el coste humano de la industria de moda, relacionado con las malas condiciones de trabajo y la falta de seguridad en el sector.

Frente a la situación de incertidumbre para las víctimas de si recibirán o no la totalidad de las indemnizaciones que les corresponden, en noviembre de 2013 fue firmado un acuerdo internacional, “Rana Plaza Arrangement”, para reparar a las víctimas de Rana Plaza. El acuerdo es una iniciativa sin precedentes y un marco de colaboración pionero que permite a las marcas, el gobierno de Bangladesh y los sindicatos trabajar juntos para compensar las pérdidas de los supervivientes y de las familias de los trabajadores muertos, en su gran mayoría mujeres. Con este propósito fue establecido por la OIT en enero de 2014 el “Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza” para recaudar fondos con los que indemnizar a todas las víctimas. La cantidad de las indemnizaciones fue fijada en 30 millones de US$. El acuerdo firmado contempla también principios de seguridad en la construcción de edificios y sistemas contra incendios en Bangladesh.

En abril de 2014 varios gobiernos europeos (España, Holanda, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido) firmaron una declaración para instar a las marcas textiles a pagar las indemnizaciones del Rana Plaza dentro del “Fondo Común Rana Plaza”. El llamado a la caridad, propio del liberalismo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esconde la falta de voluntad política de legislar al respecto y resguardar los derechos humanos más elementales de los trabajadores.

Las mujeres no tienen el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos y muchas veces están expuestas a la violencia en el lugar de trabajo. En la actualidad, las mujeres poseen y dirigen más del 30 % de todas las empresas, pero se concentran en las micro- y pequeñas empresas. La OIT (Women in Business and Management, 2015) dice que la proporción de mujeres situadas en el extremo superior de la escalera sigue siendo ínfima. Sólo ocupan el 19 % de las plazas de los consejos directivos en el mundo y no representan ni siquiera el 5 % de los directores generales de las empresas más grandes. Entre los obstáculos que se interponen a las mujeres cabe mencionar las leyes y las prácticas culturales discriminatorias sobre propiedad, matrimonio y sucesión; falta de acceso a los mecanismos de financiación de la economía formal; limitaciones de la movilidad y la situación de ser a la vez jefa de hogar a cargo de sus hijos. Debido al estereotipo de género, la mujer sigue asumiendo la carga de las tareas del hogar y de las responsabilidades familiares, lo cual muchas veces la excluye por completo del trabajo remunerado, o la relega a tiempo parcial, cuya remuneración suele ser menor. Estas cuestiones siguen siendo pertinentes, como lo demuestra la situación en la Unión Europea en 2013, donde las mujeres dedican un promedio de 26 horas a la semana prestando cuidados o realizando actividades domésticas, mientras que los hombres dedican a estas tareas sólo nueve horas.

Lo anterior está íntimamente ligado a la escasa participación y discriminación en todas las esferas de toma de decisiones políticas y económicas, aunque se han anotado algunos progresos. Entre los delegados ante la Conferencia Internacional del Trabajo en 2014, el 19 % de los trabajadores (frente al 9 % en 2001) y el 23 % de los empleadores (frente al 8 % en 2001) eran mujeres. El 8 % de los Estados Miembros de la OIT están encabezados por mujeres (3 % en 1995). El porcentaje de parlamentarios en el mundo se duplicó desde 1995, pero sólo representa el 22 % de los legisladores en el mundo y en 38 Estados, las legisladoras representan menos del 10 %. En un solo país, Ruanda, las mujeres forman mayoría en el parlamento. El mapa 2014 de las Mujeres en Política, publicado por la Unión Interparlamentaria, UIP, y ONU Mujeres muestra que, si bien los avances en la participación política de las mujeres siguen siendo positivos en casi todo el mundo, los “techos de cristal” continúan firmes para las mujeres en los niveles más altos. En los gobiernos ejecutivos, el porcentaje de mujeres en puestos ministeriales ha alcanzado el 17,2 % en 2014 frente al 16,1 % en 2008. Con 14 mujeres en estos puestos, Nicaragua encabeza la tabla global de las mujeres en el gobierno ejecutivo, seguido por Suecia, Finlandia, Francia, Cabo Verde y Noruega. Además de los países nórdicos, son las regiones de América (22,9%) y África (20,4%) que tienen el mayor número de mujeres ministras, mientras las regiones de Asia (8,7%) y Arabia (8,3%) muestran serias limitaciones. Donde siguen habiendo pocas mujeres es en el mundo de las finanzas. En América Latina todos los ministros de hacienda son hombres. En la Unión Europea, en las reuniones de ECOFIN, ministros de economía y de finanzas, se encuentran apenas dos mujeres (Portugal y Suecia), mientras en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, sólo dos de los 21 miembros son mujeres. La situación es similar en los países que conforman el G20. Sólo 7 de los 177 Bancos Centrales del mundo registrados en el Fondo Monetario Internacional, FMI, están presididas por una mujer, aunque por primera vez en su historia, el FMI es dirigida por una mujer.

6. Neufeudalismo: la negación de la democracia y de la soberanía de las naciones

Uno de los casos más paradigmáticos de los últimos años constituye, sin lugar a duda, el conflicto que opone Grecia a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, en donde ambas instituciones rechazaron, con amenazas incluidas, el plebiscito que Grecia pretendía realizar en 2011 para que el pueblo se pronunciara respecto a las condiciones del pago de la deuda externa que se imponían al país. Cuando finalmente el gobierno de Grecia realizó el plebiscito en 2015 y el pueblo griego rechazó las condiciones que la llamada “troica” (Banco Central Europea, Comisión Europea y FMI) impuso, la troica no solo negó el resultado del plebiscito, sino, ejerciendo coerción sobre el gobierno de Grecia, endureció las condiciones de los préstamos prometidos para aliviar la deuda externa griega.

Después de cinco años de terapia de shock, Grecia tiene tres veces más desempleados que antes (25,7 % de la población activa), un joven griego de cada dos está desocupado; el 30% de la población vive bajo el umbral de la pobreza; su crecimiento es nulo (0,6 % en 2014) luego de una pérdida acumulada del 26 % entre 2009 y 2013; y, lo más importante para un programa económico que se había fijado como objetivo prioritario reducir una deuda que entonces representaba el 113 % del PIB, ésta deuda se estableció ahora en el 174 %. Pero la crueldad de una política económica cuyas consecuencias sociales y sanitarias incluyeron la falta de calefacción en invierno (el 40 % de la población pasó el invierno sin calefacción); el avance de enfermedades infecciosas y el disparo de la cantidad de suicidios, no parece constituir un factor indicado para desviar o modificar la receta del modelo neoliberal y la aplicación del acuerdo que la “troika” (el Fondo Monetario Internacional, FMI; el Banco Central Europeo, BCE; la Comisión Europea, CE), le impuso al gobierno griego, lo que significaba cada vez más bajas de impuestos para los ingresos medios y altos como para las empresas, más privatizaciones y más reformas del mercado de trabajo, sin olvidarse más excedentes presupuestarios para reembolsar la deuda, incluso cuando eso requiere recortes de créditos públicos en todos los sectores.

Las reacciones al plebiscito del pueblo griego no se dejaron esperar. Merkel ya amenazó a Atenas con una expulsión del euro en caso de que el gobierno griego infrinja las disciplinas presupuestarias y financieras impuestas por la “troika”. “Una deuda es una deuda” proclamó Christine Lagarde, directora del FMI, olvidándose que la deuda alemana nazi fue condenada. “Grecia debe pagar, son las reglas del juego” dijo Benoît Coeuré, miembro del directorio del BCE. “Las elecciones no cambian nada a los compromisos de los Estados” agregó Wolfgang Schäuble, ministro de finanzas alemán. Frente a la propuesta de renegociar las medidas que habían causado tantos estragos en el curso de los últimos cinco años, entre otros la caída de un tercio del ingreso nacional, el presidente del Eurogrupo (grupo informal de ministros de finanzas de la UE), Jeroen Dijsselbloem, contestó inmediatamente “Eso no funcionará. O el memorando o el fracaso del programa”. En otros términos: o se aceptan las políticas impuestas o los bancos griegos serán cerrados. Es decir, el BCE corta todo financiamiento a los bancos, que entonces no tienen otra opción más que cerrar sus puertas y poner fuera de servicio a sus cajeras automáticas. El ministro alemán de finanzas, Schäube, zanjó “no es posible dejar que unas elecciones cambien cualquier cosa”.

Cabe observar aquí que ninguna de las instancias internacionales involucradas tienen un sustento democrático, ni el Fondo Monetario Internacional, FMI; ni el Banco Central Europeo, BCE; ni la Comisión Europea, CE, aún menos el llamado Eurogrupo. En otras palabras, estamos en presencia de una especie de vasallaje medieval, donde se expresa el vínculo de dependencia y fidelidad que una persona, en este caso la nación griega, tiene respecto a otra, en este caso la troica, contraído mediante ceremonias especiales, como besar la mano el vasallo, la nación griega, al que será su señor, la troica.

En sus artículos en The Guardian “How I would vote in the Greek Referendum” (29.06.2015) y en The New York Times “Greece: the Sacrifical Lamb” (25.07.2015), Joseph Stiglitz, premio nobel de economía y ex funcionario del B.M., realiza una acertada análisis de la crisis griega y su relación con la troika, argumentando que la verdadera naturaleza de la disputa sobre la deuda griega trata más de democracia y poder que de dinero y economía. Como muchos otros economistas, coincide en que las condiciones impuestas por la fuerza y el chantaje por la Troika tienen un carácter punitivo porque aceptarlas resulta inevitablemente en una crisis mayor para Grecia y un retroceso aún más dramático de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo griego. Además, queda en evidencia que la mayor parte de los créditos otorgados por la Troika no llega ni siquiera a Grecia, sino sirve para pagar a los acreedores del sector privado, incluyendo los bancos alemanes y franceses. Es decir, no solo se trata de reembolsar una deuda, sino de obligar al gobierno griego de aceptar lo inaceptable, no únicamente las medidas de austeridad, sino y sobre todo un conjunto de otras medidas regresivas y punitivas. Concluye que el principio de la legitimidad popular parece ser incompatible con políticas de la eurozona, que nunca ha sido un proyecto democrático.

7. La estructura subyacente de la ideología neoliberal

La fuerte concentración de poder privado, productivo e improductivo; la minimización de los derechos sociales y el uso crecientemente irracional de los recursos naturales fundamentales para la reproducción de la vida; la erosión del principio democrático y del pluralismo político; el ataque a las libertades y derechos civiles; la rehabilitación de la guerra como instrumento de actuación en las relaciones internacionales, son todos elementos cuya imposición en la práctica sólo ha sido posible por la introducción de numerosas zonas de excepcionalidad económica y punitiva.

En este sentido, el proceso de la globalización neoliberal ha generado múltiples formas de cooperación formal e informal entre los Estados y entre los Estados y Empresas Transnacionales, tanto dentro como fuera de organizaciones internacionales, lo que ha debilitado seriamente el rol de las Naciones Unidas como representación democrática de los Estados. Lo anterior quedó en evidencia cuando en 1986 la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo fue aprobado por una amplia mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, hasta hoy en día no se ha logrado plasmar la Declaración en un Pacto Internacional legalmente vinculante para los Estados porque los Estados Unidos y la Unión Europea, apoyados por el Banco Mundial, BM, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial del Comercio, OMC, se han negado sistemáticamente a consolidar la Declaración en un Pacto Internacional formal.

Desde inicios de la década de los setenta, las organizaciones informales de poder, los llamados “clubes transnacionales”, se han multiplicado y juegan un rol preponderando en la toma de decisiones y en la imposición de la ideología neoliberal.

En 1973 nació la Comisión Trilateral, que reúne altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Europa y Japón, instituciones financieras y empresas transnacionales, muchos de ellos miembros del grupo Bilderberg, donde se juntaron a partir de 1954 líderes de círculos empresariales, financieros, académicos, militares y políticos de Europa Occidental y de Norteamérica, y miembros del grupo Council of Foreign Affairs, donde participan los directivos de instituciones financieras, empresas transnacionales, funcionarios públicos de alto nivel, altos oficiales militares, académicos y políticos que se encuentran en los puestos clavos de los presidentes de los EE.UU. En una ocasión, David Rockefeller, el impulsor de la Comisión Trilateral y miembro del grupo Bildenberg, declaró “lo que es bueno para las grandes empresas y para la banca, lo es también para el común de los mortales de este mundo”. Quizás no fue casualidad que el grupo Bildenberg se reunió en 2009 en Grecia, en 2010 en España y en 2011 en Suiza, coincidiendo con el anuncio de cambios sustantivos respecto a estos países y en las políticas neoliberales respecto a la crisis financiera de 2008 y 2009.

En el mismo año 1973, producto del abandono del sistema monetario de Bretton Woods y de la crisis del petróleo, los ministros de finanzas de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Japón constituyeron el “grupo de los cinco” con el objetivo de coordinar las políticas económicas y financieras frente a la crisis. En 1976 se constituyó el grupo de los siete poderes económicos más grandes del mundo: Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Britania, Italia y Japón, los que formaron el “grupo de los siete”. De acuerdo a la publicación de CIGI, Centre for Internacional Governance Innovation, “G7 to G8 to G20: evolution in global governance” (2011), cada gobierno nombraba un representante personal, conocido como “Sherpa”. No podría ser más que símbolo del poder. Los sherpas se destacaban como guías en las expediciones en el Himalaya y luego la palabra se amplió a cualquier guía de expediciones a la cumbre del mundo. En 1997, Rusia ingresó formalmente al club, que empezó a llamarse el G8 en consecuencia. Mientras tanto, el club de los siete, y luego de los ocho, había ampliado sus tópicos de los intereses económicos y financieros a las materias de la seguridad, del crecimiento y del medio ambiente. En todos los encuentros del G7/G8 está también representada la Unión Europea, según el tema tratado por el presidente del Consejo Europeo o presidente de la Comisión Europea, el presidente del Banco Central Europeo o el presidente del Eurogrupo, todos ellos nombrados a dedo sin ningún procedimiento democrático. En los encuentros regulares, los que persiguen sintonizar la política financiera y configurar la arquitectura financiera internacional, los Estados están representados por sus respectivos ministros de hacienda y los presidentes de los bancos centrales. También asisten a dichos encuentros el FMI y el BM.

A raíz de la crisis asiática se constituyó a finales de los años noventa el grupo de veinte ministros de finanzas, los ocho ministros de finanzas del G8 más los doce de los llamados países “emergentes” del Tercer Mundo. Las críticas a la representatividad del club de los ocho, llevó finalmente a la composición del G20 que está constituido por los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía, y la Unión Europea. La Cumbre Económica de Pittsburgh, en 2008, resolvió ampliar el G8 por el G20 como grupo de cooperación en asuntos de economía mundial. Sin embargo, las reuniones de G8 y G20 siguen celebrándose en forma separada, argumentando que es más fácil llegar a unos acuerdos entre ocho gobiernos, que ya tienen su trayectoria y que están relacionados “íntimamente” en torno de un mismo propósito, mientras los veinte gobiernos carecen de una representatividad mayor (CIGI 2011).

En aras de la cooperación en materia de política monetaria, los países más importantes del mundo occidental se unieron para formar el G10. Los miembros de este grupo han decidido poner ciertos créditos a disposición del FMI. En la actualidad, el G10 está formado por Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, los Países Bajos y Suecia, Más tarde se unió también Suiza.

Quedó en el olvido el G77, los setenta y siete países en desarrollo de América Latina, África y Asia, que constituyeron la llamada Tercera Vía al reclamar y proponer sus propios derechos independientes al desarrollo y al oponerse a la neocolonización tanto por parte de los países occidentales como de la Unión Soviética. La articulación de los Estados fue desarticulado por las intervenciones militares de Estados Unidos, de países de la Unión Europea y de la Unión Soviética, es decir la actual G8, reemplazando las democracias, a veces incipientes, por dictaduras militares y subordinándolas a dictados del FMI y de los poderes económicos por sus deudas en el balance de pagos.

En otras palabras, se constituyó a partir de los años setenta “un feudo semi-formal” de un núcleo de Estados predominantes, que definen las políticas económicos de acuerdo a la ideología neoliberal, considerando a los demás estados y pueblos como sus vasallos.

Pero también las instituciones internacionales formales como el FMI, el BM y la OMC juegan un rol importante en la imposición global de la ideología neoliberal mediante prácticas neofeudales.

Originariamente, el FMI, creado en 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, debía asegurar una coordinación estable de los órdenes monetarios de los países miembros sobre la base del patrón oro. Tras el abandono por los EE.UU. del sistema de Bretton Woods, las funciones del FMI cambiaron con el objetivo de vigilar y estabilizar las modificaciones de los tipos de cambio y conceder créditos a los Estados miembros que presenten dificultades en su balance de pagos. Es precisamente la última función que permitió al FMI, bajo la presión de sus dueños, principalmente los EE.UU. y los países europeos, imponer drásticas modificaciones de índole neoliberal en la gran mayoría de los países en desarrollo en la década de los ochenta y noventa, y luego en los países europeos como Grecia, España, Portugal e Italia, en los últimos diez años, con la complicidad de los bancos y los gobiernos de Alemania, Holanda y Francia entre otros. Cabe observar aquí que el FMI, igual como sucede en la mayoría de las organizaciones del ámbito económico y financiero, tiene un concepto feudal en la toma de decisiones, dado que los votos de los Estados miembros se ponderan de acuerdo a sus aportes, es decir una estructura de poder feudal que data con anterioridad a la generalización del voto democrático y el derecho a voto de las mujeres, o, en otras palabras, la estructura de una sociedad anónima en donde son los accionistas mayoritarias que deciden y donde los trabajadores no tienen derecho alguno.

Estrechamente vinculado con el FMI está el Banco Mundial, especialmente por la coincidencia de sus miembros y su filial CIADI, que sirve de palacio de justicia neoliberal, apoyando a las empresas transnacionales en sus juicios contra los Estados como si se tratara de dos entidades con derechos iguales.

No cabe extrañar que los compromisos del FMI y el BM, especialmente en relación con la crisis de la deuda externa, hayan generado motivos de conflicto político y serias dudas respecto a su eficacidad económica y financiera, al considerar el cúmulo de los fracasos de sus intervenciones a lo largo de cuatro décadas con resultados desastrosos no sólo para los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos al negar sus derechos políticos y civiles, sino también sobre la economía misma al aumentar la brecha entre los más ricos y los más pobres y convertir la deuda en una epidemia a más largo plazo. En esencia, se trata de las condiciones de concesión de créditos a países endeudados, en su mayoría del Tercer Mundo, que tienen que comprometerse a adoptar determinadas medidas estructurales de índole neoliberal, lo que es un amordazamiento político-económico incompatible con el concepto de soberanía.

Como tercer pilar institucional para la globalización neoliberal, junto al FMI y al BM, figura la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Su creación es producto de las negociaciones entre 1986 y 1994 de la Ronda de Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio), que integró por primera vez los derechos de propiedad intelectual. Aunque continuadora del GATT, a diferencia de éste, la OMC posee reconocimiento jurídico internacional y poder de coerción. Los acuerdos de la OMC abarcan tres grandes áreas: los bienes, los servicios y la propiedad intelectual. En la realidad, los “acuerdos” que los países asociados realicen en el ámbito de la OMC tienen carácter de obligatoriedad para los países signatarios por lo que aquellos países que quieran conservar los beneficios de rebaja arancelaria, se ven obligados a aceptar sin más el paquete de normas regulatorias. Tal es el caso de los Acuerdos TRIP, Trade Related Intellectual Property Rights. Así, la inclusión en el Tratado de Libre Comercio de Norte América de las nociones como “propiedad autoral”, “marca registrada” y “patente” por parte de la OMC revela una concepción de los derechos de propiedad intelectual vinculada a la defensa de particulares, es decir las empresas transnacionales. La consagración de los derechos de las empresas legitima en la práctica los intereses de los países y actores más capitalizados en detrimento de los menos capitalizados.

A lo anterior se agrega la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación cada vez más oligopolizados y la expansión igualmente oligopólica del sector digital. Nadie pone en duda los progresos realizados con la expansión de redes sociales y la socialización de la información a partir de internet. Sin embargo, como lo menciona Jean-Michel Quatrepoint en su artículo “Europa se queda atrás en la guerra industrial” (Le Monde diplomatique, abril 2017), el mercado oligopólico de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, escapa a todo control en el sector de los datos sensibles, tanto de particulares como de Estados, como lo demuestran las manipulaciones de la información y su censura por parte de Google y Facebook. No cabe extrañar que Google y Microsoft hayan sido invitados privilegiados de los clubes de Bilderberg y de la Comisión Trilateral entre otros. Así, tampoco hay que extrañar que, a fines de enero de 2017, el ministro de Relaciones Exteriores danés, de acuerdo a Jean-Michel Quatrepoint (abril 2017), anunció el nombramiento de “embajadores” de su país ante las GAFAM, argumentando que “esas empresas se transformaron en nuevas naciones y que, en el futuro, nuestras relaciones bilaterales con Google serán tan importantes como las que mantengamos con Grecia”. En cierto modo, los medios de comunicación oligopólicos y virtuales al servicio de la ideología neoliberal constituyen el sustituto neofeudal del poder de las iglesias feudales al manipular sistemáticamente la información y beneficiarse de la ausencia de fiscalización por parte de los Estados y de la ciudadanía.

Por ende, y tal vez lo más importante, se debe mencionar la concentración del poder militar y su uso indiscriminado en las llamadas y las continuas guerras periféricas de acuerdo a los intereses de los países miembros de la selecta organización de seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, Rusia y, en particular, los EE.UU., que desde hace tiempo se ha convertido en juez de los conflictos bélicos luego de la descomposición de la Unión Soviético. La escalada de conflictos bélicos en las últimas décadas tampoco es independiente de los intereses de la industria bélica de los EE.UU. Se estima que el consumo de petróleo de un barco con aviones supera en veinticuatros horas el consumo de energía equivalente de una pequeña ciudad. Llama la atención también que son los EE.UU. que inculpan a Assad en Siria utilizar armamientos químicos, sabiendo que los EE.UU. ya los utilizaron de manera masiva en la guerra en Vietnam con consecuencias desastrosas para generaciones de vietnamitas e, incluso, para sus propios soldados. La invasión de Irak en base de informaciones falsas es otro ejemplo del poderío de las armas, así como lo ha sido al inicio de los años setenta la intervención de la CIA en el golpe de estado en Chile, convirtiendo el país en el primer laboratorio de la ideología neoliberal, desastroso también para generaciones de chilenos hasta el día de hoy, sin hablar de todas las atrocidades cometidas durante el “plan cóndor”, destinado a hacer desaparecer miles de víctimas torturadas y asesinadas bajo las dictaduras en el cono sur de América Latina, es decir Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

A modo de reflexión

No cabe la menor duda que la generación de nuevas tecnologías y la liberalización de mercados del conocimiento, de las ciencias, de los productos y de los servicios, puedan contribuir al desarrollo de los seres humanos y que la libertad del emprendimiento y de la investigación formen una base importante para el desarrollo, siempre y cuando sirven para el desarrollo y el bienestar de todos los seres humanos sin discriminación alguna de acuerdo al artículo 2.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” y garantizan el respeto de los derechos humanos fundamentales como lo reitera el artículo 30 de la misma Declaración: “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.

Es allí que fallan las regulaciones internacionales y la soberanía de los Estados así como la fiscalización y el control por parte de los ciudadanos. Es allí que surge y se define la ideología neoliberal como un liberalismo neocolonial y neofeudalismo medieval en la negación de los derechos humanos fundamentales actuales y en la destrucción del medio ambiente, lo que compromete los derechos humanos de futuras generaciones. Todo eso en nombre de la maximización de ganancias a corto plazo de unos pocos en desmedro de los derechos de la mayoría de los pueblos y de la población del planeta.

La pregunta es hasta cuándo y cómo las mayorías de la población aguantarán los asedios de la ideología neoliberal y sus consecuencias para una vida pacífica, solidaria y digna, protegida por el respeto, la garantía y la defensa de los derechos humanos básicos, en donde vuelven a sonar los principios de la libertad, la fraternidad y la justicia para los seres humanos, todos y todas, sin excepción alguna.

Cabe recordar aquí y como conclusión el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”, “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Tal vez, tenemos que considerar el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión de la ideología neoliberal, al igual que lo hicieron los millones de personas que se opusieron y arriesgaron sus vidas contra la ideología nazista y fascista a la cual se refieren los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.

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Librecht van Hemelryck

Santiago, julio de 2017

 
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