Las reacciones a la destitución del presidente paraguayo han sido rápidas y en general condenatorias. Los vicios de forma y la intencionalidad abiertamente violatoria de un procedimiento democrático aceptable constituyen el centro de la crítica. Más allá de esta se ubican quienes ven en la destitución un método encubierto de ataque a los gobiernos progresistas. En este sentido se han pronunciados varios gobiernos de Unasur. Pero el hecho en si y su lectura política necesitan de un análisis más fino que se pierde en la simplificación a conveniencia.
El Estado Profundo
El presidente Lugo ha sido victima del estado profundo es decir de esa estructura de intereses que existe en toda sociedad como poder real, fáctico, a veces oculto. Estas estructuras son conservadoras, es decir refractarias al cambio en lo general y a la democracia en particular.
Este estado profundo se forma generalmente durante periodos prolongados de autoritarismo, impunidad y opacidad del poder. Pero las democracias tampoco están exentas de engendrar este tipo de poder. La diferencia estriba en las posibilidades y en las consecuencias.
En el primer caso las posibilidades son totales y las consecuencias siempre negativas en todas las experiencias. En el segundo hay posibilidades de límite y las consecuencias pueden ser proporcionales y variables en su calidad y duración. No es un consuelo pero nos advierte que el control democrático del poder es una necesidad constante.
Que en este caso el escenario sea Paraguay no cambia la constatación de base, sobre todo porque el país es heredero de una dictadura de 35 años, 1954-1989. Lugo llegó el gobierno como hombre providencial en una situación deteriorada dónde los herederos de las dictadura habían perdido pie par organizar una fase democrática pero que preservara su dominio. En el espacio político que se generó irrumpió Lugo pero no pudo superar ni su debilidad política ni poner en marcha un proceso de alcance nacional con alianzas en expansión. Dependía de una coalición, alianza patriótica, donde sus componentes mayoritarios venían del viejo establisment, no tenía mayoría en ninguna cámara o instancia decisoria. La trágica coyuntura que posibilitó la destitución relámpago, el enfrentamiento entre campesinos y policías con una decena de muertos y heridos, mostró la debilidad de la presidencia y la intolerancia de la derecha con los tiempos de la democracia, faltaban apenas nueve meses para las elecciones.
Destituciones Golpes y Democracia
El hecho que Lugo estuviera identificado con el progresismo y la izquierda latinoamericana provocó dos reacciones en los gobiernos y movimientos afines. Se asimiló la situación a la de Honduras, en que un golpe cívico militar derrocó a Zelaya y se interpretó como una estrategia para deponer gobiernos progresistas con nuevos medios, orquestada por el imperialismo y las derechas.
De que en ambos casos hubo deposición del gobierno es un hecho, que en los poderes fácticos se piense en salidas de ese tipo en dosis variables según la situación también. Sin embargo esta constatación requiere dejar un espacio para rescatar principios democráticos que se deben defender frente a algunas simplificaciones.
El control del poder por medios democráticos implica la posibilidad de destitución del presidente y eso no depende del gobierno de turno ni de su orientación, es un derecho. Cuando los gobiernos no respetan instituciones y derechos, son corruptos o ejercen la violencia sin control, reivindicar la destitución es un principio sano, que de no posibilitarse deja el recurso al derrocamiento extra institucional.
De la Rúa en Argentina, Sánchez de Losada en Bolivia, Serrano en Guatemala, tres presidentes en Ecuador, Collor de Mello en Brasil, son ejemplos de destitución forzada por la calle y por la institucionalidad en el último caso. Pese a ser presidentes electos nadie calificó esto de golpe.
Si bien la conclusión del periodo presidencial democrático es la norma aceptada, la salvaguarda de condiciones democráticas de ejercicio del poder implica un control sobre este que puede implicar anticipar su término. Y esto vale para la derecha y la izquierda. De allí que el análisis no puede limitarse sólo a las condiciones en que se opera la destitución, también debe considerarse la calidad del ejercicio del poder y el proceso en que está inserto. La destitución de Lugo representa en este sentido un retroceso democrático, por la manera en que se hizo y porque Lugo no había deteriorado la frágil democracia paraguaya. Más bien se le podría criticar por no haber hecho más para ampliarla y profundizarla.
Las democracias latinoamericanas están lidiando aun con el estado profundo conservador asimilado a las derechas pero las izquierdas no son sinónimo de una contribución al desarrollo democrático si en vez de ampliarlo, hacerlo más transparente y participativo, optan por crear su propio estado profundo. Una estructura de intereses fuera de control ciudadano en nombre de la ideología y el partido.
En ambos caso el resultado será el mismo, las instituciones democráticas serán consideradas como utilitarias y no se afirmarán como reglas del juego compartidas para fundar ciudadanía. La derecha se puede acomodar porque con o sin instituciones democráticas posee poder económico, igual ocurre con los que hacen parte del estado profundo. Los ciudadanos y los movimientos sociales no pueden afirmar su avance si no se encarnan en consensos políticos amplios y en derechos e instituciones que los validen y apliquen nacionalmente. El logro fundamental de esto es que de existir estructuran la sociedad, el poder y por ello independientemente de la riqueza se pueden defender y exigir. La fuerza siempre será el argumento final para revertir una situación de avance social pero renunciar a crear instituciones democráticas es prolongar la impunidad del poder.
