La nacionalización del cobre en 1971

Aunque votada por unanimidad en un Congreso en que la UP era minoritaria, la nacionalización del cobre, objetivo histórico de la izquierda, fue resultado de un voluntarioso esfuerzo del equipo técnico de la UP que consiguió identificar las vías institucionales más ventajosas para el país, vencer resistencias y negociar exitosamente. Esta medida ha dado sustento al crecimiento económico y puede ser la base de la financiación de futuros derechos sociales.
En enero de 2013, el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Thomas Keller, anunció que entre la nacionalización de 1971 y fines del año 2012, los aportes de CODELCO al país sobrepasaron los 100.000 millones de dólares, y que espera un aporte similar para los próximos 25 años.

Días antes de la elección presidencial de 1970, se reúne en El Quisco el equipo técnico de la UP (1). Allí Max Nolff, encargado de la minería, actualiza los argumentos pro nacionalización de la gran minería del cobre: mejor aprovechamiento de los subproductos, bajar los costos de producción, crear un centro de investigación tecnológica en Chuquicamata. Y por sobre todo, las utilidades quedarán en Chile, para financiar su desarrollo.

Pero las multinacionales gozan entonces de un régimen especial otorgado por los convenios de “chilenización” firmados por Frei Montalva. El Estado había enajenado sus facultades por 20 años, o más en algunos casos.

No puede haber nacionalización sin disolver las sociedades mixtas y anular los contratos de “asesoría” que le entregaban el poder real a las compañías, constata Eduardo Novoa, el jurista del equipo. Una ley no es suficiente. La única vía efectiva es una reforma constitucional. Ésta requiere una mayoría de dos tercios, pero admite la revisión de los derechos adquiridos por razones de interés general.

Así lo decide el Gobierno el 25 de noviembre de 1970, añadiendo dos argumentos: las compañías no podrían acudir a los tribunales para hacer valer sus ventajas y, en caso de rechazo parlamentario, el Gobierno puede recurrir al plebiscito, con grandes posibilidades de ganarlo. Por instrucciones del Presidente Salvador Allende no hay ninguna discusión con las compañías.

El proyecto inserta en la Constitución el “dominio absoluto” de las riquezas del subsuelo por el Estado y establece la nacionalización de las minas. Sus propietarios tienen derecho a una indemnización que se ajuste a las posibilidades del país y deduciendo de ella las “utilidades excesivas”. En el fondo, la reforma reconoce la preeminencia del interés general por sobre el interés privado.

Un tribunal específico dirimirá los probables litigios, pues el caso lo es. Pero queda implícito que se busca evitar la Corte Suprema, por entonces un reducto ultraconservador, altamente politizado, que favorece sistemáticamente el interés privado contra el público (2).

El debate
Las sesiones de la Comisión de Legislación del Senado son tan concurridas que algunas deben efectuarse en el hemiciclo. Los técnicos del Gobierno, Max Nolff, Armando Uribe y Eduardo Novoa, son invitados permanentes. Se escuchan los argumentos de representantes de los trabajadores y de juristas. Alejandro Silva Bascuñán, presidente del Colegio de abogados, próximo a la DC, ataca el proyecto afirmando que el desconocimiento de los contratos-leyes “rompía en forma gravísima la gran tradición jurídica chilena” y “el país no podría seguir caminando” ante un legislador dispuesto a arrasar los derechos adquiridos.

El jurista Jorge Ovalle va más lejos: el desconocimiento de los contratos-leyes es un “abuso incalificable” y la nacionalización sería “una incautación de guerra más que una expropiación” ya que los preceptos que la sustentan “atentan gravemente contra la normalidad constitucional y democrática de la República”. Su discurso, que juzga la reforma en función de su conformidad con la ideología liberal, asimila nacionalización a (...)