El fantasma de una operación realizada por el ejército israelí hace siete años, cuyo objetivo era liquidar a un dirigente de Hamas pero que costó la vida a otras catorce personas –la mayoría, niños– y heridas a un centenar y medio, sigue agitando sus flecos. Un juez español, apelando al principio de competencia universal, ha iniciado una indagación a los responsables de la masacre.

Hacia la medianoche del 22 de julio de 2002, un avión del ejército israelí lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al-Daraj en Gaza, una de las áreas urbanas más densamente pobladas del mundo. La operación estaba dirigida contra el ex jefe del ala militar de Hamas en la Franja de Gaza, Salah Shehadeh, que esa noche se encontraba en la casa con su familia. Shehadeh y otros catorce civiles, en su mayoría niños, resultaron muertos, y otras ciento cincuenta personas heridas, la mitad de ellas gravemente. Las casas vecinas fueron total o parcialmente destruidas.

Más de seis años después, el 20 de enero de 2009, en Madrid, el juez Fernando Andreu Merelles decidió, en nombre del principio de competencia de jurisdicción universal, abrir una investigación contra siete responsables políticos y militares israelíes de crímenes de guerra. La Corte española juzgó que los hechos podían corresponder a un delito más severo, como es el de crimen contra la humanidad. Para sostener esa apreciación, los abogados redoblaron esfuerzos con el fin de demostrar que el bombardeo al barrio Al-Daraj formaba parte de una política de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil.

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