Los enfrentamientos entre grupos de mineros bolivianos en Huanuni en octubre pasado simbolizan las crecientes dificultades del gobierno de Evo Morales para llevar adelante su profunda agenda de cambios. El ejecutivo enfrenta una virulenta oposición conservadora, pero también sufre por incoherencias internas y debilidades de gestión que le impiden consolidar la relación de fuerzas políticas, que aún lo favorece.

Evo Morales Ayma llegó al poder con una misión precisa, surgida de la denominada “agenda de octubre”: convocar a una Asamblea Constituyente para “refundar el país” y nacionalizar los hidrocarburos. Cumplió, los primeros cinco meses. En marzo consiguió la sanción parlamentaria de la Ley de Convocatoria a la Convención Constituyente y al referéndum autonómico, en el que los bolivianos debían aprobar o rechazar el pasaje de la actual Bolivia unitaria a una autonómica. Y el 1-5-06 firmó el decreto “Héroes del Chaco”, que recupera la centralidad del Estado –perdida en los años ’90– en el negocio hidrocarburífero. Con ese capital político, el Presidente boliviano plebiscitó favorablemente su gestión el 2 de julio –en las elecciones de constituyentes– con la mayoría absoluta de los votos, y revalidó la legitimidad conquistada el 18 de diciembre en los comicios presidenciales, cuando consiguió el 53,7% de los sufragios.

Sin embargo, estos dos ejes de la política de cambio de Evo Morales se desplazan hoy por un sendero pedregoso que reduce sensiblemente su marcha y por momentos amenaza con empantanarlos. Y las piedras vienen de fuera, pero también de dentro del gobierno. Por un lado, está la transformación de los grandes medios de comunicación en una sola voz, más legítima, de la oposición conservadora, derrotada en dos oportunidades consecutivas y cada vez más virulenta en sus ataques al gobierno. Términos como “populista”, “retrógrado”, “comunista” abundan en el discurso opositor, mientras el espacio político tiende a desplazarse hacia una mayor polarización, en línea con la situación venezolana: la derecha pronostica que se avanza hacia una dictadura –cuya vía de acceso es la Asamblea Constituyente “plenipotenciaria”– y el oficialismo denuncia que la oposición expresa a los grupos elitistas desplazados del poder por la emergencia indígena-popular.

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