Ha terminado una reñida elección presidencial en Perú con la victoria del candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, que ha abierto cuotas de incertidumbre en ciertos poderes fácticos relacionados con su orientación programática y los posibles impactos en el actual modelo de desarrollo, aún teniendo en cuenta que durante el despliegue de la segunda vuelta realizó anuncios que modificaban parte de los énfasis y contenidos de su propuesta original.
Las áreas más sensibles han sido la estructura económica, instrumentos e instituciones financieras y el modelo político respaldado por las libertades públicas y los equilibrios de poderes propios de un sistema representativo, donde progresivamente fue acomodando sus propuestas haciéndolas más acordes a las demandas de una amplia base social y política, que traspasaba las fronteras de su sola agrupación.
Aún bajo esta premisa de mantener aspectos de continuidad, es indudable que la realidad política, económica y social peruana requiere de cambios profundos, donde se deberá gestionar una fuerte política de acuerdos sustanciales para avanzar en las metas de crecimiento y desarrollo.
Pero existen otros puntos del horizonte programático menos visibles, pero que demuestran un interesante desafío nacional para modernizar sectores que también son críticos y constituirse en aportes para resolver problemas que van copando la agenda cotidiana nacional e internacional. Me refiero a los ámbitos de seguridad y defensa.
Un primer aporte del Programa está dado por la incorporación del concepto de seguridad integral, que es una enunciación idéntica al del concepto de seguridad multidimensional asumida por la Conferencia de la OEA del año 2003, donde se asume un abordaje interdisciplinario y multifacético, en que el eje central está dado por la perspectiva de la persona humana, y donde la defensa clásica territorial pasa a ser una variable más de este conjunto de amenazas y riesgos que debe afrontar el Estado en su integridad.
Para el campo de la Defensa se plantea una intervención central para una reforma política y técnica del sector, cuyos pilares serían el fortalecimiento del Ministerio de Defensa como premisa de una conducción política civil, que sea complementado con el involucramiento de la sociedad civil en una propuesta política de defensa, la que contará con un nuevo marco normativo para la ejecución de sus postulados.
En cuanto a la Reforma Militar, los ejes están centrados en un nuevo perfil del recurso humano, en una doctrina que asiente lo conjunto e interoperativo, en la lucha anticorrupción, en el concepto de fuerzas móviles basados en capacidades por misión, otra distribución territorial, y definitivamente un nuevo concepto de defensa.
En relación a la seguridad ciudadana, existe una tendencia alcista en la violencia y por ende la tasa de delitos y en la sensación de inseguridad ciudadana. La tasa de homicidios se ha incrementado desde el año 2002 de 4,2 por cada 100.000 habitantes, a 10,9 entre 2008-2009, así como la percepción ciudadana de inseguridad se ha mantenido sobre el 70 %.
Un aspecto fundamental para producir un giro en el accionar contra la delincuencia tiene que ver con el rol de la Policía, para que ésta sea parte de la solución y no del problema. A ésta se le caracteriza por ser abusiva y corrupta, a lo que se le debe sumar sus bajos salarios, la falta de recursos técnicos y logísticos.
En esta dirección se propone un cambio de paradigma fundamental, pasando del enfoque represivo y controlador a uno de carácter preventivo, con énfasis en el fortalecimiento de los núcleos sociales básicos, focalización en grupos de riesgo, una política territorial inclusiva y sostenible. En el campo institucional modernizar el sistema de justicia, poniendo acento en el acceso, la agilización de los procesos y la protección a las víctimas.
Para la Policía, el centro estará en su modernización material y humana, para que alcance estándares óptimos en la disuasión y control del delito, así como en la recuperación de la confianza ciudadana, que es un eslabón fundamental para el cumplimiento de su misión.
Como parte de nuevas amenazas, Perú está envuelto en una dinámica peligrosa del narcotráfico -demostrando otro fracaso de su política de seguridad- constituyéndose en el primer exportador mundial, con la instalación de carteles y creciente entrelazamiento con la organización y violencia insurreccional del Sendero Luminoso.
En este aspecto el Programa de Humala plantea afirmar una conducción civil para una estrategia global que parta por separar el enfrentamiento de los remanentes de la subversión de la lucha antinarcóticos, privilegiando la inteligencia y el uso de métodos tecnológicos, una política de alianza y reintegración con los movimientos sociales, diseñar una política autónoma de interdicción en materias de drogas, concentrándose en las estructuras de los carteles nacionales e internacionales.
Otra realidad muy sensible en la historia reciente tiene que ver con la violencia política, la que ha dejado secuelas en injusticias, exclusión y desplazamientos, que llegan a dimensionarse en 2 millones de personas de los sectores serranos y selváticos, de origen rural, comunero e indígena.
Si bien el punto álgido ha pasado, todavía quedan vestigios de Sendero Luminoso que ha estrechado vínculos con el narcotráfico, manteniendo focos de violencia, produciendo nuevos procesos de desplazamiento forzoso y fracasos de algunos proyectos de desarrollo, que se reflejan en los altos índices de conflictividad social en las zonas surorientales. Para esto, el Programa se ha propuesto retomar y cumplir con los compromisos institucionales emanados de la Comisión de Verdad y Reconciliación, relativos a la aplicación de verdad y justicia en los casos de violaciones de derechos humanos; la reparación integral de las víctimas; afirmar el rol del Estado en la promoción y defensa de los derechos de las personas; atención oportuna, democrática y concertada de los conflictos sociales, con atención a las particularidades étnico-culturales y consolidar la figura del Alto Comisionado de Paz como la autoridad civil de rango ministerial responsable de las políticas de Estado en materias de paz, reparación y reconciliación nacional. Tareas ambiciosas pero urgentes, para avanzar también en un desarrollo integral de Perú.
Carlos Gutiérrez es Director del Centro de Estudios Estratégicos y Miembro del Comité Coordinador Nacional del Movimiento Amplio de Izquierda
