Desde septiembre de 2003 Jane Doe II, quien utiliza seudónimo en aras de “protegerse tanto a sí misma como a su familia de todo perjuicio o represalia”, se afana sobre su máquina de coser en una empresa de confección de Shenzen, en el sur de China. Como otras 4.800 empresas del país, su sociedad opera para una de las marcas que comercializa Wal-Mart, el gigante del comercio minorista. Para aprovisionar las góndolas del supermercado, Jane Doe II –una de las 130.000 empleadas chinas que la firma estadounidense subcontrata– puede llegar a trabajar hasta 20 horas diarias sin recibir ninguna remuneración por las horas extra. A Jane Doe II tampoco se le paga el salario mínimo legal de 31 centavos la hora (equivalente a 0,25 euros), fijado por las leyes laborales de su país, sino 16,50 centavos la hora (equivalente a 0,13 euros). Por otra parte, dado que su empresa no la provee de la necesaria indumentaria de protección, la obrera sufre trastornos respiratorios y comezones cutáneas debido a que se encuentra constantemente expuesta a las pelusas de algodón y de lana.

Pero ella no tiene elección. O acepta ese trabajo, o “perderá su empleo y entrará en una lista negra, práctica corriente en los talleres de confección de Shenzen”, explica el International Labor Rights Fund (ILRF). El 14 de septiembre pasado esta organización no gubernamental estadounidense emprendió una acción judicial contra las prácticas sociales de la multinacional en nombre de dicha obrera y de otras catorce trabajadoras (asiáticas, africanas, latinoamericanas y estadounidenses) que trabajan para proveedores de Wal-Mart.

Según la ILRF, Wal-Mart autorizó a sus proveedores a forzar a los demandantes “a trabajar una excesiva cantidad de horas los siete días de la semana, sin ningún día libre” y a “obstaculizar sus tentativas de organizar un sindicato”. Wal-Mart también habría efectuado “declaraciones falaces al público estadounidense a propósito de las prácticas de la empresa en materia de derechos humanos y derechos del trabajador”. En efecto, los hechos que incriminan a la firma violan las obligaciones contractuales que ella misma proclamó en 1992. La denuncia indica que Wal-Mart se había “comprometido a vigilar los talleres de sus proveedores con el fin de asegurar el respeto al código de conducta”.

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