Complejo y contradictorio, el proceso de integración latinoamericano no sólo debe resistir las presiones en contra de Estados Unidos, sino buscar bases políticas e ideológicas sólidas y estables para concretarse. La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), propuesta por Venezuela y Cuba, es la propuesta alternativa más ambiciosa, una suerte de escalón superior al Mercosur y a la Comunidad Sudamericana de Naciones, basada en intereses y necesidades mutuas en lugar de la competencia. Una apuesta estratégica no exenta de dificultades.

Entre las regiones del mundo víctimas de las políticas neoliberales, América Latina ocupa un lugar privilegiado. Ninguno de los proyectos de integración regional ha escapado a sus efectos destructores. Las medidas de liberalización comercial y financiera han acelerado la toma del control de los mercados internos de cada país por las grandes corporaciones de los países del centro del capitalismo mundial. También han acentuado la dependencia de las economías regionales con respecto a los mercados externos.

Sin embargo, al mismo tiempo que los países de Europa Occidental y de América del Norte proseguían sus procesos de integración, algunos proyectos del mismo tipo se ponían en marcha, especialmente en América del Sur. Estaban dirigidos a proteger, aunque fuera mínimamente, las economías de la región de las consecuencias negativas de la mundialización. En los años 1980 y 1990 se implementaron dos proyectos antagónicos: por un lado, el Mercado Común del Sur (Mercosur), que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (1); por otro, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), que reúne a Estados Unidos, Canadá y México.

Washington ambicionaba extender progresivamente el TLCAN al resto del continente. Pero prácticamente en el momento en que esta iniciativa se formalizaba y cuando Chile era presentado como el próximo candidato a integrarlo, la crisis mexicana de 1994 llevó al Congreso estadounidense a no autorizar al Presidente a recurrir, como sus predecesores, al fast track (vía rápida), un derecho a negociar acuerdos comerciales con otras naciones, sin que los parlamentarios pudieran hacer otra cosa que aceptarlos o rechazarlos tal cual, sin correcciones posibles.

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