Una “Agenda laboral” que será presentada antes de fin de año, comienza a ganar terreno entre las prioridades del gobierno de Michelle Bachelet. No se trata solo de reformas estructurales, también incluye medidas que permitan incentivar la economía y hacer crecer el empleo en estos tiempos de nubarrones en la economía mundial.
En principio, los cambios anunciados parecen sencillos y se limitan a reconfigurar la relación entre la empresa y el empleado, en el formato legal de la negociación colectiva. La opinión generalizada de empresarios, compartida por economistas liberales como Sebastián Edwards, es que la falta de flexibilidad y rigidez que impone al mercado laboral chileno podría empeorar con nuevas regulaciones. Primero, al otorgar la legitimidad de la negociación colectiva a la gestión de los sindicatos. Las voces críticas destacan el vacío a los grupos de trabajadores sin asociación sindical, más del 74%, según datos del Centro de Estudios Públicos. Segundo, el fin del reemplazo de los trabajadores en huelga. Empresarios de la Sofofa piensan que este tipo de medidas frenarán nuevos emprendimientos y afectará la inversión de capitales. El propósito de toda reforma jurídica y regulatoria laboral debería promover la creación de empleo de calidad, fomentar la capacitación y la productividad de los trabajadores y el acceso al trabajo en igualdad de condiciones. Pero, sobre todo, como destaca el sociólogo del pragmatismo Richard Sennett, se necesita combatir la precariedad del empleo de las sociedades actuales. Y, en esencia, acabar con las disparidades salariales, esa brecha invisible que define inexorablemente la ciudad dual, la polaridad entre clases altas y desposeídos, como afirma su esposa, la también socióloga Saskia Sassen. En Chile, la población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana 13 veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior.
Pero lejos de solucionar imperativos básicos e idealistas, la reforma está orientada a rigidizar los espacios de diálogo, que son los que permite los aumentos salariales, los incentivos al trabajo y que, como todo dialogo, quizás debería ser abierto, sin imponerse las reglas del juego. Igualmente gran reto pendiente en las reformas es la brecha de género.
Más del 62% de la población en edad de trabajo tienen un empleo remunerado. Sin embargo, sólo un 49% de mujeres tiene un salario, frente al 74% de los hombres. Peor, más del 80% de las mujeres gana menos de $450 mil pesos. Esta brecha de género no tiene relación con los niveles educativos entre hombres y mujeres pero su desigualdad salarial sigue enraizada como parte de la estructura del sistema laboral, no ya chileno, sino de toda América Latina y el Caribe. Por ello, desde diversos ámbitos políticos y académicos, tanto del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, como de la CEPAL, se viene reflexionando en torno al papel de la educación técnico-profesional en el logro de la autonomía económica de las mujeres. Por otra parte, se estudian rehabilitar los nuevos modelos de trabajo, la economía digital, el trabajo informal, el teletrabajo, que quedan fuera de esta reforma y que debería, en principio, servir de marco legislativo a toda actividad laboral en Chile. Igualmente, esta fuera del debate las facilidades de los servicios de internet y la comunicación móvil para una gestión más participativa y negociación más individualizada entre trabajadores y empresarios.
Pero uno de los grandes retos de Chile, en materia laboral son bajos niveles de productividad en proporción al tiempo invertido, aunque mejores que la media de la América Latina y el Caribe. Por ello, una reforma laboral coordinada o paralela a otros países de la región es una buena oportunidad de gestión que contribuya al avance regional. En términos numéricos en Chile, el 15% de los empleados tienen un horario muy largo, superando el promedio de 9% de la OECD. En total, trabajan 2047 horas al año más de la media de 1776 horas anuales. McKinsey, con datos de la OECD cifra la contribución al PIB por hora trabajada en 10$ frente a 60$ de Estados Unidos y $50 de la OECD, tan solo por encima de Mexico y Turquía. Según este estudio, la productividad operacional de la industria del cobre es un 68% de la australiana. Con estos resultados, Chile está lejos de alcanzar la productividad y la diversificación productiva que mantendría los actuales niveles económicos de forma sostenible. El país ha sido testigo de un crecimiento económico constante desde 1990 y, aunque ralentizado este año, tiene la oportunidad de decidir sobre su destino económico y social. No tiene las huellas laborales del desempleo que enfrentan las economías más desarrolladas y sobretodo países como España. Con este ejemplo, la legislación laboral debería aprovechar esta oportunidad para dar solidez al mercado laboral que ayude a alcanzar al pleno empleo, elimine barreras estructurales y equilibre las relaciones laborales ante posibles efectos colaterales de la economía y el mercado laboral global.
Finalmente, todavía está pendiente la adopción de la nueva reforma, pero para ponderar y poder opinar adecuadamente sobre sus efectos, esta exige un análisis más detallado. Primero, debería examinar sus potenciales efectos sobre la nueva economía, las pymes y los empresarios autónomos. Segundo, las sinergias con la educación y capacitación, otro capítulo de la agenda de las reformas gubernamentales. Y, tercero, cómo el nuevo marco de la negociación colectiva reconfigura los estándares de calidad del empleo y las condiciones laborales de sus trabajadores.
*Investigadora
