El 22 de marzo pasado se decretó el estado de emergencia en Ecuador, un país que vive al ritmo de importantes manifestaciones contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En los bananales, sometidos a una explotación sin límites, los ecuatorianos ya conocen los efectos de la mundialización. Los conflictos se multiplican en las plantaciones, pese a la caza de brujas sindical.

Entre Santo Domingo y Machala, en las tierras fértiles situadas al pie de los Andes ecuatorianos, los bananales se extienden a uno y otro lado de la ruta. Carteles con el nombre de la hacienda –“María Elisa”, “La Julia”, “Norma Gisela”– y garitas con guardias armados señalan la entrada a las plantaciones. A veces, volando al ras de la tierra, surge una avioneta que deja tras de sí una nube blanca de pesticidas.

Con un promedio anual de 4,3 millones de toneladas de bananas exportadas en los últimos cinco años, Ecuador se ubica a la cabeza de los países exportadores de esta fruta y abastece por sí solo al 25% del mercado mundial. 180.000 hectáreas de plantaciones, 250.000 empleos (un 14% de la población activa, si se consideran los empleos indirectos). A diferencia de la situación que prevalece en los demás países productores de “bananas dólar”, donde las tres grandes multinacionales que dominan el sector (Dole, Chiquita Brands y Del Monte) poseen sus propios cultivos, las frutas ecuatorianas provienen esencialmente de unos 6.000 productores nacionales.

Número uno de la agroindustria a nivel mundial, Dole firmó contrato con muchos de estos productores asegurándose aproximadamente el 25% de las exportaciones de bananas del país. Menos, sin embargo, que la compañía Bananera Noboa, que comercializa sus frutas bajo la marca Bonita y exporta alrededor de la mitad de las bananas ecuatorianas. Propiedad de Álvaro Noboa, una de las más grandes fortunas de América Latina y candidato –por tercera vez– en la próxima elección presidencial, la compañía es la pesadilla de los pequeños y medianos productores: “¡Son unos ladrones! –afirma Gustavo Pesantez, presidente de la Asociación de Productores Bananeros de Los Ríos (APROBAN)–. Para obligarnos a venderles nuestras frutas, iniciaron acciones judiciales contra 900 de nosotros y amenazan con quitarnos nuestras tierras”, concluye.

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