“Peligroso, a mi juicio, no es la existencia de un malestar, sino su
denegación. Sería una renuncia a la política… no se puede remplazar la
reflexión sobre las limitaciones de la política en el contexto actual
mediante un acto de ilusionismo para hacer creer que estamos en el
mejor de los mundos posibles.” Lechner, Norbert.
Carta a José Joaquín
Brunner en respuesta a “Malestar en la Sociedad Chilena”
“Durante años votamos por un candidato y por otro, les decíamos nuestras necesidades y no pasaba nada, volvíamos a creer en otro candidato que nos decía que nos iba a cambiar la vida, y al final nada. Las señoras de las poblaciones se llenaban de papeles, hacían cartas a las autoridades, pero nunca había respuesta”. Fuentes, Iván. “El Rugido de la Patagonia”. Le Monde Diplomatique. Ano XI, N 129. Mayo 2012, p. 3.
Al término de la multitudinaria marcha de los estudiantes universitarios y secundarios del día jueves 26 de Junio, se produjeron saqueos a tiendas y numerosos destrozos en la vía pública. Fue declarada una de las más violentas. Ante esto, el gobierno a través del ministerio del interior ha vuelto a proponer la llamada Ley Hinzpeter o anti-marchas, la cual ya fue rechazada anteriormente en el parlamento. Esta ley, que pretende crear el nuevo delito de desordenes públicos para acciones como el impedimento del libre tránsito o tomas de colegios y universidades, fue condenada por Amnistía Internacional por dejar cabida para criminalizar derechos humanos básicos como el derecho a reunión, libertad de expresión, asociación y circulación (1). Pese a esto, el problema de fondo no reside en el desorden público, sino en el conflicto social y político que hay detrás. Si bien, los destrozos y saqueos son injustificables, una nueva ley que aumente las sanciones no solucionará el conflicto. Parte de la solución, no es criminalizar ni intentar reducir la legitimidad y legalidad de los movimientos sociales (MSs), puesto que poseen argumentos de sobra, tanto académicos como legales, que justifican su accionar. Aquí repasaremos alguno de ellos.
Los MSs son parte de una acción colectiva y, como tales, son materia de estudio de la sociología, cuyo objeto y reflexión es la acción social. Incluso, el sociólogo Alain Tourine, debido al interés que ha causado el surgimiento de nuevos sujetos y actores sociales, afirmó que el propio objeto de estudio de la sociología es los MSs (2). No obstante, otras disciplinas o saberes están igualmente implicados en este fenómeno. Por ejemplo: la historia, por haber sido actores determinantes en los procesos sociales a lo largo del tiempo; la política, al construir formas de poder popular que tensionan la hegemonía de gobiernos y Estado; la economía, en la oposición al capitalismo y la proposición de modelos económicos alternativos en armonía con el medio ambiente; los estudios culturales, en tanto expresiones de la cultura popular; los estudios de genero, debido al rol igualitario que tienen las mujeres e incluso a veces protagónico, por sobre el de los hombres; entre otras más.
En el discurso público oficial, se suele reconocer legalidad y legitimidad a los MSs solo en tanto representan expresiones del “derecho a manifestarse” e incluso, a veces, hasta del derecho a protesta. Sin embargo, bajo este mismo argumento del derecho a manifestarse, con el que se aparenta reconocer la validez de los MSs, es que se condenan las marchas, protestas y enfrentamientos que emplean como medidas de expresión, presión y hasta desobediencia a la autoridad para hacer valer sus demandas. El “derecho a manifestarse” no admite la oposición a la autoridad, ni siquiera cuando el gobierno se niega a dialogar con sus ciudadanos, o no ha cumplido con su deber, o simplemente ha faltado a la ley.
En este marco, es que durante la “revolución pingüina” el Ministro de Educación del gobierno de Bachelett, Martin Zilic afirmó: “Los llamados a paro y movilizaciones no tienen ninguna razón de ser y responden solamente a hechos de violencia que rechazamos categóricamente”. Así también, el primero de los tres Ministro de Educación que van en el gobierno de Piñera, Joaquín Lavín, señaló: “tomarse un colegio no tiene como premio venir a reunirse con el ministro”. Y así también obraron los alcaldes de las comunas de Providencia y Ñuñoa, el coronel Cristian Labbe y Pedro Sabat, quienes expulsaron profesores e interpusieron demandas judiciales a alumnos que participaron en las tomas de liceos. Este último, además calificó públicamente de “puterío” al Internado Nacional Femenino. Todos ellos, concordaban en reconocer la validez de los MSs en el “derecho a manifestarse”, puesto que todos tienen derecho a expresarse –decían-, pero condenaban irrestrictamente en el nombre de la Ley las movilizaciones, tomas y enfrentamientos.
Si de La Ley se trata, los MSs dan cuenta de la parcialidad, selectividad y falta de aplicación de la ley. De hecho, basta detenerse a identificar los orígenes de un MSs para sostener que cada vez que surge uno, quedan al descubierto transgresiones a la ley por las autoridades, y conflictos de intereses entre privados y gobierno. Por mencionar algunos casos: “la revolución pingüina” planteó la educación como un derecho frente a un sistema cada vez mas basado en el lucro, desigual, segmentador y de escaza calidad; los estudiante universitarios revelaron el negocio de las universidades privadas que, a pesar de estar definidas legalmente como entidades sin fines de lucro, hacía tiempo que en la realidad se habían transformado en un lucrativo y tentador negocio para las grandes empresas. Tanto así, que el propio ministro de Educación de entonces, Joaquín Lavín, fue removido de su cargo por haber sido acusado de lucrar como uno de los dueños de una universidad privada; las movilizaciones contra el proyecto de Hydroaysen hicieron público que de los cinco ministros que votaron en la Corte Suprema, los tres que aprobaron el proyecto tenían conflicto de intereses. El más impresentable es el caso del ministro Pedro Pierry, quien era dueño de más de 97 millones de pesos en acciones de ENDESA y no se automarginó de la votación como debió (3); los pobladores de Caimanes, que dieron a conocer como la minera Los Pelambres destruyó un sitio arqueológico y que nunca se sabrá la envergadura de esta pérdida patrimonial, debido a que la empresa no entregó el informe final del estudio arqueológico y a la que además han acusado de adulterar los informes técnicos, apropiación ilícita y contaminación del agua. De esto nada se ha sabido, ya que la minera pertenece al grupo Luksic que también controla los medios de comunicación (4); en Aysén, consiguieron que la justicia anulara el fraudulento Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que autorizaba a la represa Rio Cuervo (5), etc.
Por otra parte, si de legitimidad se trata, los MSs también dan cuenta de engaños e inequidades. Un caso ejemplar es el de la Asamblea Territorial de Magallanes. Este movimiento se inició por el alza en el impuesto del gas, pero el detonante del “puntarenazo” fue que el propio presidente Piñera, cuando se encontraba haciendo su campana presidencial, aseguró que no subiría el precio (“El sector residencial en Magallanes tiene un tratamiento especial en materia de precios del gas, y ese tratamiento especial se va a mantener. Por lo tanto, le digo a los magallánicos que no hay nada que temer, porque hay buenas razones para que el precio del gas, que es un elemento tan vital en una región que tiene tantas dificultades y frío, se mantenga en condiciones más favorables para la gente de Magallanes que para el resto del país”). Piñera fue electo en la región con una mayoría del 55%. Esto, sumado al comentario del Ministro de Energía, Ricardo Rainieri,"a Magallanes se le acabó la fiesta", y que el 75% del gas producido por Enap era vendido a bajo costo a la transnacional canadiense Methanex, terminó por indignar y movilizar a los magallánicos. Otro aspecto más, es que en una economía neoliberal como esta, donde el gobierno y los parlamentarios se han opuesto sistemáticamente a la instauración y alza de impuesto, quedó en evidencia que esta política tributaria no se aplica con igualdad para todos los sectores. En este caso, no fue más que un privilegio para una transnacional, y para la gran mayoría de ciudadanos una oportunista y artera promesa presidencial.
Si bien, la legitimidad de los MSs se puede demostrar en la misma coyuntura social y política de la cual surgen, también existe un argumento contractualista, relacionado con el origen del Estado y del Derecho, que justifica su actuar. Este argumento es el de la “soberanía” o “poder constituyente”, el poder de dictar las leyes y construir Estado, el cual reside única y exclusivamente en la ciudadanía, y no en los poderes de Estado. Si los gobernantes, partidos políticos y autoridades tienen derecho a gobernar, es únicamente porque los ciudadanos han delegado -y no cedido- su soberanía a ellos. En este sentido, los MSs poseen tanto o mas soberanía que las autoridades de gobierno, por cuanto son expresiones donde los mismos ciudadanos se han congregado a través de asambleas, organizaciones, colectivos, sindicatos, junta de vecinos y de mases, para plantear y resolver sus problemas por sí mismos, prescindiendo de la clase política, a la cual profesan una desconfianza aprendida por al menos cinco gobiernos democráticos. Además, a todo esto se debe agregar la enorme y creciente desconfianza y no credibilidad de la ciudadanía hacia los partidos políticos y gobierno, en oposición al gran apoyo que manifiestan a los movimientos sociales, lo cual plantea no solo un crisis de identificación política, sino también de la propia representatividad del sistema (la última Encuesta Cerc, Agosto 2012, sostiene que solo un 9% confía en los partidos políticos y un 23% en el gobierno, mientras que un 89% apoya las demandas de los estudiantes y un 75% esta a favor de una reforma a la Constitución (6)).
En conclusión, el argumento del “derecho a manifestarse” es insuficiente e inadecuado para justificar la acción de los MSs. Principalmente, porque reduce a un problema de expresión, lo que en realidad se trata de un problema estructural mucho mayor producido por el mal funcionamiento de las instituciones y de los intereses de quienes las administran. Como se ha dado hasta ahora, en la gran mayoría de los casos los MSs son la consecuencia de la escasez de justicia social, faltas a la ley y desigualdades cometidas por autoridades y gobiernos durante largo tiempo. Son la expresión del cansancio y la indignación de ciudadanos conscientes, hartados de pedir sin ser atendidos, que perdiendo toda la confianza en promesas de candidatos, programas de gobierno y en la política tradicional, deciden organizarse por si mismos y ejerciendo su legítima soberanía, exigir al gobierno la solución de sus demandas y la aplicación de sus propuestas. Por esto, es que en la academia los movimientos sociales-ciudadanos son entendidos como fuerzas democratizadores que aumentan la equidad y la justicia social de una sociedad, perfeccionando el sistema democrático; y, por lo mismo, fue que la revista estadounidense The Economist –no precisamente de izquierda- calificó de “inepto” al presidente Piñera por su represiva y obtusa actitud ante los MSs.
Todo indica que si el Estado no otorga medios de participación a la sociedad, serán los propios ciudadanos quienes se los creen. Es decir, que mientras más centralista es un Estado y más elitista es su clase política, mayor será la tendencia de la sociedad a manifestarse autónomamente y exigir el cumplimiento de sus derechos. Por esta razón, es que la crisis actual de identificación política y del sistema de representación no obedece, como dicen los políticos, al “desencantamiento de los jóvenes” por la política o a la “falta de liderazgo” de los políticos. Los MSs han demostrado que el interés por la “cosa pública” está más vivo que nunca, y que lo que verdaderamente ha hecho crisis es la política gerencial y elitista de un Estado que gobierna para sus cúpulas en desmedro de la gran mayoría de sus ciudadanos. El problema no consiste en encantar o desencantar jóvenes como si la política fuera una entretención mediática, o de liderazgo político como si a estas alturas les quedara credibilidad, más bien parece radicar en la transformación a una auténtica democracia que, como en el sentido clásico de la justicia, tenga la firme voluntad de dar a cada uno lo suyo y la participación que se merecen.
NOTAS
1. HYPERLINK "http://www.theclinic.cl/2012/05/24/nadie-quiere-al-jefe-de-gabinete-amnistia-internacional-rechaza-proyecto-de-ley-hinzpeter-por-vulnerar-derechos-humanos/" http://www.theclinic.cl/2012/05/24/nadie-quiere-al-jefe-de-gabinete-amnistia-internacional-rechaza-proyecto-de-ley-hinzpeter-por-vulnerar-derechos-humanos/
2. Touraine, Alain. La Voix et le Regard. París: Seuil, 1978. En: de Sousa Santos, Boaventura. Los Nuevos Movimientos Sociales. http://files.embedit.in/embeditin/files/7kFbHBaYdh/1/file.pdf
3. HYPERLINK "http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/04/04/534333/cuestionan-a-juez-de-la-suprema-que-voto-a-favor-de-hidroaysen-y-que-tiene-acciones-en-endesa.html" http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/04/04/534333/cuestionan-a-juez-de-la-suprema-que-voto-a-favor-de-hidroaysen-y-que-tiene-acciones-en-endesa.html HYPERLINK "http://www.cnnchile.com/salud-medio-ambiente/2012/04/10/nibaldo-mosciatti-pierry-debio-haberse-inhabilitado-en-terminos-eticos/" http://www.cnnchile.com/salud-medio-ambiente/2012/04/10/nibaldo-mosciatti-pierry-debio-haberse-inhabilitado-en-terminos-eticos/
4. Bustamante Díaz, Patricio. “Caimanes contra el Clan Luksic”. Le Monde Diplomatique. Año XI, numero 130. Junio 2012, p. 5.
5. Segura, Patricio. Un Fallo que Pavimenta la Justicia Social. Ibíd, p. 6.
6. HYPERLINK "http://www.cerc.cl/" www.cerc.cl/
