Los tantos Ayotzinapas: Narcotráfico, Estado y capitalismo en México. Por Quetzalcoatl g. Fontanot y Ernenek Mejía
A un año de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa que derivaron en la muerte de cuatro estudiantes y la desaparición de 43, continua siendo inaceptable la versión del gobierno mexicano que afirma que se tratan de hechos aislados, causados por la corrupción del narcotráfico en el municipio de Iguala, donde sucedieron los ataques.
Al contrario a esta hipótesis oficial, en el último año se dieron a conocer al menos tres informes independientes (nota1) y diversos pronunciamientos de organismos internacionales que documentan casos de violaciones graves a los derechos humanos y de prácticas regulares por las autoridades que configuran violencia de Estado. Todas estas situaciones que hoy son evidentes, han sido denunciadas desde hace años por defensores de derechos humanos, un trabajo que ha sido fundamental para visibilizar la crisis que vive México (nota2).
Ese trabajo consigió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizara una visita a México (hiperlink 1) tras la cual expresó posiciones firmes sobre la situación nacional. Poco después fue la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein (hiperlink 2), quien, al contrario de lo esperado y aun reconociendo avances en la materia, dio su testimonio en un documento con un título elocuente: México: Una ola de continuas violaciones de derechos humanos (hiperlink 3).
La magnitud de lo que sucede en México se puede dimensionar observando otros casos que ocurrieron a lo largo de este año, donde se registra el modus operandi de la violencia generalizada, misma que al menos es tolerada por los diversos niveles de gobierno. Violencia que es aún más grande por la existencia documentada de un problema más intrincado: la asociación entre carteles del narcotráfico, gobiernos y el capitalismo.
Violencia de Estado
En el actual contexto mexicano, las ejecuciones y desapariciones se establecieron como procedimientos autorizados. Es sabido que los carteles operan asesinando para hacerse de plazas y resolver conflictos, sin embargo, esa forma de operar se ha vuelto una manera aceptable de acción para las entidades de seguridad, tanto civiles como militares que desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” actúan como fuerza policiales contra civiles.
Tres meses antes de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, en Tlatlaya, Estado de México, en el centro del país, el Ejército informó la muerte de 22 "narcotraficantes" en un “enfrentamiento”. Los hechos, que en un principio fueron parecían un caso más en la cruenta violencia cotidiana, trascendieron por el interés de dos medios de comunicación (la agencia AP y Esquire) quienes indagaron el caso hasta conseguir el testimonio de una sobreviviente que relató que en realidad se trató de ejecuciones. Según esta mujer, los muertos, de entre 16 y 24 años, estaban en un bodegón adonde el Ejército entró y donde los jóvenes armados se habrían rendido, siendo después torturados y ejecutados por los militares, montando el escenario de un supuesto enfrentamiento.
La investigación de periodistas y defensores de derechos humanos (nota 3) demostró la manipulación de pruebas para esconder las ejecuciones. Pero también hizo pública la orden interna del Ejército a sus soldados para "operar de noche en forma masiva (...) a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad", como de hecho sucedió.
El incidente fue análogo a otros dos que ocurrieron ocho meses después de la desaparición de los estudiantes al magisterio rural de Ayotzinapa en operativos de la Policía Federal y el Ejército contra el Cartel Jalisco Nueva Generación, en el occidente del país. Dichos eventos fueron en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, donde testigos vieron entre 25 y 40 cuerpos custodiados por el Ejercito; y en el municipio de Tanhuato, Michoacán, donde hubo 42 muertos en otro supuesto enfrentamiento.
Tras las afirmaciones oficiales de que se trataba de delincuentes, familiares de los muertos y desaparecidos aclararon que sus parientes no eran narcotraficantes y trabajaban en las zonas en labores de albañilería, plantando alfalfa, cuidado ganado, extrayendo maderas o trabajando en minas. Los que consiguieron reclamar los cuerpos y se atrevieron a declarar detallaron marcas de tortura, mutilaciones y evidencias de ejecución como el tiro de gracia o por la espalda, exhibiendo la violencia sin distinción que opera en las entidades de seguridad.
El modus operandi incluye a las instancias de justicia, donde la historia se repite: las autoridades favorecen la contaminación y manipulación de las escenas del crimen, esconden información de las víctimas, evitan el registro de datos de los desaparecidos o muertos, amenazan a los familiares para no recurrir a organismos de derechos humanos, acordonan los lugares para evita prensa o familiares, esto es, violan la Ley Nacional de Víctimas (nota 4) creada por una convergencia de movimientos civiles para evitar, justo, estas situaciones.
La violencia de Estado se configura por el escandaloso índice de impunidad. Según la ONU-DH, México es “un país donde se calcula que el 98 por ciento de los delitos quedan impunes y la gran mayoría de los casos nunca son objeto de una investigación adecuada.”
Narco-Estado
Una reflexión común supone que la vulnerabilidad de la población es causa de la normalización de la violencia, resultado de la guerra contra el narcotráfico, una política que considera a cualquier daño colateral aceptable. No obstante, esta puede no ser la mejor forma para entender el momento que vive México.
Al continuar revisando los tantos Ayotzinapas que hay en México, se exhibe un problema central: el vínculo entre narcotráfico y gobiernos, lo que parece configurar, no una guerra contra el narcotráfico, sino entre el narcotráfico, de la cual muchas autoridades en todos los noveles de gobiernos son parte.
Cuatro meses después de los ataques a los estudiantes normalistas de Ayotzonapa, la Policía Federal entró en la localidad de Apatzingan, Michoacán, en el occidente del país, donde abrió fuego en la plaza central matando a 16 personas, cometiendo varias ejecuciones que serían relatadas después por testigos a periodistas. La versión del gobierno mexicano decía que al realizar el desalojo de un edificio público hubo fuego amigo entre la Policía Federal y las Fuerzas Rurales – grupos de autodefensa creadas por los ciudadanos para combatir el narcotráfico, después legalizadas y coordinadas por las autoridades federales. Oficialmente los muertos habían sido causa del fuego cruzado.
Sin embargo, nuevamente indagatorias periodísticas y de derechos humanos (nota 5) revelaron que las Fuerzas Rurales ocupaba sin armas la presidencia municipal, reclamando las trabas que el Ejército había puesto siempre que estaban cerca de detener a líderes del cartel de Los Caballeros Templarios y cuestionando la disolución de su organización policíaca por el gobierno federal, aun cuando el cartel retomaba el control de la zona.
Al igual que los sucedido a los normalistas de Ayotzinapa, donde las versiones oficiales hablan de tardanzas y errores operativos; en Apatzingan, los errores tácticos o estratégicos de las fuerzas de seguridad se inclina a mostrar que son en realidad una forma de esconder la participación de autoridades y fuerzas de seguridad gubernamentales a favor de algún cartel del narcotráfico.
En el caso de los normalistas, las declaraciones señalan que la omisión en los ataques a los estudiantes fue por la protección que personajes del gobierno del estado de Guerrero daban al cartel de Los Rojos, contrario al cartel Guerreros Unidos, protegido por el presidente municipal de Iguala, donde sucedieron las desapariciones. Además, el informe del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documenta un quinto camión en donde irían los normalistas en momento del ataque, colocando a la Policía Federal en el foco de los hechos, pues el autobús transportaría heroína rumbo a Chicago, Estados Unidos.
En Apatzingan las versiones oficiales también son contrarias a lo que se ha documentado de forma independiente y de las declaraciones en que se identifica la protección de las fuerzas de seguridad gubernamental al cartel de Los Caballeros Templarios, lo cual seria el motivo de la incursión de la Policía Federal en el ataque a la policías de autodefensa que termino con sus ejecuciones.
Narco-Estado y Capitalismo
Conectar los tantos Ayotzinapas también deja ver las alianzas que suceden en las relaciones capitalistas, en las que cada parte busca aumentar ganancias y proteger intereses, incluido el narcotráfico, el que debe entenderse como una corporación capitalista más (nota 6). Este aspecto permite en México –un Estado con amplias reformas neoliberales– ver a las élites legales e ilegales en poder del Estado, como actores que se asocian de acuerdo a cada situación contra aquellos que obstruyen, de manera involuntaria u organizada, sus objetivos.
Así, el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa documenta más que un lugar y un momento equivocado. Dentro del expediente oficial (hiperlink 4), un dato relevante demuestra que en el abandono de los normalistas por las fuerzas de seguridad durante el enfrentamiento había un motivo político, quienes mantienen una larga trayectoria de vinculada a los movimientos de izquierda, están organizados al interior de su escuela y articulados a movimientos sociales y políticos.
En las indagatorias oficiales se registra que el día de los ataques a los estudiantes, ellos eran monitoreados en tiempo real por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que en México actúa también como policía política. No obstante, la información simultánea que la Policía Federal o el Ejército tenían sobre lo que pasaba no los llevo a apoyarlos. El argumento fue que estaban impedidos por la cadena de mando y atribuciones legales. Una respuesta poco aceptable, pues en los casos antes citados, las mismas autoridades actuaron sin informar a las corporaciones estatales o municipales argumentando la supuesta corrupción.
El objetivo de frenar a los grupos organizados que cuestionan las relaciones de explotación y expropiación legal e ilegal capitalista, como móvil en las acciones violentas y ejecuciones está presente en este y otros casos.
Diez meses después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el Ejército y la Marina detuvo, por la supuesta portación ilegal de armas, robo a la minera Ternium y crimen organizado, al joven comandante de la Policía Comunal de los indígena nahuas de Ostula, en la costa pacifico de México. Una de las primeras autodefensas que consiguió expulsar al cartel de Los Caballeros Templarios de sus comunidades.
El mismo día, la Marina, el Ejército y la Policía Federal, entraron a las comunidades en busca de otras autoridades indígenas, lo que llevó a la población a bloquear las carreteras aledañas. Los manifestantes fueron desalojados por las autoridades y dispararon matando a un niño e hiriendo a otras tres personas.
En un pronunciamiento (nota 7), los indígenas acusaron al gobierno federal de apoyar a Los Caballeros Templarios y describen como en el convoy que entraba a sus poblaciones el Ejercito anunciaba en los alta voces consignas a favor del cartel.
Pero el motivo de esta incursión es mayor. La Policía Comunal de Ostula, parte de la asamblea comunitaria de los indígenas nahuas de la región, además de pieza clave en la expulsión de los carteles, es central en la recuperación del territorio comunal en manos de ganaderos y empresas mineras extranjeras (nota 8).
Los peritajes de las personas agredidas en Ostula arrojaron un dato que deja ver la articulación de redes legales e ilegales para obtener un propósito común. Las balas – que los testigos vieron ser disparadas por personal uniformado del Ejercito – no pertenecían a los calibres oficiales usados por dicha institución. Este hecho, aparentemente nimio, revela cómo la línea entre las fuerzas armadas legales e ilegales es cada vez más difusa. Queda así al descubierto la convergencia para controlar a la población que se opone a los intereses geopolíticos de las empresas capitalistas, incluida la corporación del narcotráfico.
Esta convergencia en los intereses defendidos por las corporaciones capitalistas armadas, legal e ilegalmente, que actúan para favorecer los fines estratégicos de la élite en poder del Estado, respaldan la hipótesis, nada absurda, del móvil político en el asesinato de cuatro mujeres y un hombre en la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
El testimonio inicial del primer detenido por estos hechos llevó a las investigaciones oficiales a defender la hipótesis de un robo seguido por la masacre. Sin embargo, nuevamente el modus operandi es común al conjunto que venimos relatando: se esconde información y se manipulan los hechos para favorecer las hipótesis que esconden las relaciones entre las autoridades, el crimen organizado y otros de estos intereses.
No obstante, nuevamente la información independiente muestró otro escenario: el hombre ejecutado era un joven que se había exiliado a la Ciudad de México por las amenazas a su vida en la ciudad de Jalapa, por causa de su trabajo como fotógrafo de la vida política y los movimientos sociales; por su lado, la mujer que lo hospedaba militaba en movimientos sociales, de donde lo conocía. Todos los presentes fueron ejecutados con un arma dotada de un silenciador en una operación realizada por especialistas: a la luz del día y sin testigo.
El crimen causó miedo en un grupo grande de personas que, como el joven fotógrafo, se exiliaron en la capital de país, una ciudad que hasta entonces parecía estar fuera de esta realidad.
Más que violaciones a los Derechos Humanos: capitalismo
Como vemos, si ahondamos en lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa, que aun choca a la población nacional e internacional, encontramos una infinidad de otros casos sumidos en el purgatorio del anonimato y la impunidad. Son más de 24 mil en todo el país. Tan solo en Iguala, Guerrero, poco después de la desaparición de los 43 normalistas, en la búsqueda de los familiares desaparecido, fueron encontradas al menos 38 fosas clandestinas. Se trata de un momento histórico para México que comenzó hace años y planta muertos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las víctimas, o enemigos, son campesinos, indígenas, estudiantes, periodistas, miembros de movimientos sociales o habitantes de ciudades y pueblos que tienen en común obstruir, de manera involuntaria u organizada, la restructuración del territorio en un México donde las élites legales e ilegales buscan aumentar sus canonjías y beneficios sin medir costos.
El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos Zeid, declaró que existe un consenso nacional, regional e internacional acerca de la gravedad de la situación de derechos humanos en México. Pero la convicción de los organismos internacionales encargados de mesurar la acción de los Estados tiende a ser minimizada y descalificada por el gobierno nacional, mostrando un cinismo y autoritarismo, que, acorde a los nuevos tiempos, caracteriza también esta nueva forma de dictadura.
Frente esto, visibilizar lo que sucede en México es fundamental… pero no es suficiente. El problema de esta nación latinoamericana es mayor que el del autoritarismo de su gobierno. Es la convergencia de intereses legales e ilegales en un despojo sistemático de bienes, tierras y vidas ante el cual la lógica de la defensa de los derechos humanos poco a poco va quedando rebasada por una realidad brutal de violencia y corrupción institucionalizada, que hasta en los grupos más organizados tiene en su futuro cercano la persecución e incluso la muerte.
Si bien México es uno de los escenarios más paradigmáticos de esta nueva expresión de la brutalidad humana, no es su única locación. Lo que muestra el momento que vive México resulta fundamental para Latinoamérica entera y para el resto del mundo porque sintetiza el modus operandi que proponen las relaciones capitalistas actuales, las cuales se resumen en un adjetivo yermo que caracteriza un sistema político en el que las personas seamos totalmente prescindibles: capitalismo salvaje.
Autores
Quetzalcoatl g. Fontanot es comunicador y defensor de derechos humanos, nacido en en la Ciudad de México en 1973.
Ernenek Mejía es antropólogo y trabaja con la temática indígena desde diversas perspectivas tanto en México como en Brasil. Actualmente estudia el doctorado en antropología en la UNICAMP-Brasil.
Notas
1 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ayotzinapa http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv Informe de Tlachinollan http://www.tlachinollan.org/xxi-informe-desde-las-trincheras-de-ayotzinapa-la-defensa-por-la-educacion-y-la-vida-de-los-hijos-del-pueblo/ Human Watch Rights Informe Mundial 2014: México https://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/260113
2 El lector interesado puede consultar las opiniones de los organismos y organizaciones de derechos humanos que actúan en México como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (http://www.centroprodh.org.mx/), El Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" (http://www.tlachinollan.org/), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (http://redtdt.org.mx/) o la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – México (http://www.hchr.org.mx/).
3 Exclusiva: Testigo revela ejecuciones en el Estado de México http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/ Informe Detalles paraTlatlaya a un año: La orden fue abatir http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=198&Itemid=28&lang=es
4 La respuesta institucional ante la emergencia por las desapariciones y crímenes violentos, es la Ley Nacional de Víctimas, cuyo organismo garante es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual puede consultarse en el siguiente enlace http://www.ceav.gob.mx/
5 Apatzingán: También fueron los militares http://aristeguinoticias.com/2405/mexico/apatzingan-tambien-fueron-los-militares/
Apatzingán: rendición de cuentas urgente y ejemplar http://redtdt.org.mx/?p=2892
6 Gilberto López y Rivas, “El narcotráfico es una corporación capitalista más” https://www.diagonalperiodico.net/global/22448-fantasma-del-comunismo-ha-sido-reemplazado-por-del-narcotrafico-y-del-terrorismo.html Jeanpier Anaya “Capitalismo paramilitar, la etapa superior del neoliberalismo” http://misionverdad.com/opinion/capitalismo-paramilitar-la-etapa-superior-del-neoliberalismo
7 http://centroprodh.org.mx/PDF/Ostula/ActaDeAcuerdos.pdf
Enlaces:
“realizó una visita in loco a México” http://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/mexico2015.asp
“Zeid Ra’ad Al Hussein” http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
“México: Una ola de continuas violaciones de derechos humanos” http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=771:mexico-una-ola-de-continuas-violaciones-de-derechos-humanos&Itemid=268
“expediente oficial” http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/Paginas/Expediente-Caso-Iguala.asp
