El tiempo pasa y la promesa de enviar al parlamento una nueva Ley sobre Política Migratoria por parte de los gobiernos de Chile sigue incumplida. Así ha sido desde ya hace una década por lo menos. Fue a mediados de 2003 que diversas instituciones y organizaciones de migrantes fuimos consultados respecto de un primer borrador de Política Migratoria que se nos entregó para la discusión y la recepción de aportes. El último anuncio sobre el “inminente” envío de un proyecto al respecto lo hizo en ministro del Interior, Andrés Chadwick, en noviembre de 2012. Ya estamos en abril de 2013 y todo parece indicar que otro gobierno de Chile terminará su mandato sin que la promesa se cumpla.
Por el contrario, la página web del ministerio informa con fecha 28 de marzo de 2013, que el gobierno y la PDI firmaron un “protocolo que regula los procedimientos de expulsión de aquellas personas que se encuentran en condición de ilegal o en una situación irregular en territorio chileno”. Es el parche sobre la herida. Que además se atreve a sindicar a migrantes como infractores de la legalidad.
¿Quién está en falta y sigue dilatando el establecimiento de una legalidad e institucionalidad justa para un fenómeno que ya lleva más de 15 años con características nuevas en la sociedad chilena? ¿el Estado o las personas que proviniendo de otros países reclaman su derecho a la ciudadanía, mientras permanecen y viven en Chile?
Con notable miopía, las autoridades se refieren a la migración desde una perspectiva estrechamente economicista y desde el ángulo de los “intereses nacionales”. Así, vacilan en establecer una Política Migratoria que sea mínimamente consecuente con la Convención Internacional de Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, que el país ha suscrito y ratificado y se aproximan más bien a definiciones que buscan enmarcar y aprovechar el flujo migratorio en función de suplementar transitoriamente la escasez de mano de obra nacional en algunas regiones y ramas de actividad, de modo tal que ayude a rebajar el costo salarial para el empresariado.
A las demandas públicas de gremios empresariales –como la Sociedad Nacional de Agricultura- de que se levante el porcentaje que se desprende de los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo, de un máximo de 15% de personal extranjero por empleador , la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei ha contestado mostrando ser partidaria de programas de trabajadores temporales; que no otorgan derechos de ciudadanía plena y que obligan a los migrantes a retornar a sus países de origen una vez prestado el servicio que los habilitó a permanecer en Chile. Es decir, está claro: los y las migrantes les interesan a estas autoridades como fuente de mano de obra barata y no como personas.
Así se explica la misma dilación en la adopción de una Política Migratoria explícita. En su ausencia, sigue imperando el Decreto Ley N° 1094, de Extranjería y su reglamento complementario. Como lo han señalado profesionales de los Derechos Humanos, esta legislación tiene “un sesgo de hostilidades patente con otras naciones que hace que la Ley sea más una norma sumamente selectiva en la admisión de extranjeros y muy rigurosa en el control de las entradas y salidas que un instrumento de derechos y libertades de los migrantes y su integración social” (1).
Por otra parte, esta legislación se centra principalmente en lo relativo al otorgamiento de visas y el establecimiento de criterios en relación al ingreso y/o expulsión de extranjeros del país. Y como todos los entendidos sabemos, estos criterios entregan un poder de discrecionalidad muy amplio a los funcionarios que la ejercen, presentándose problemas de arbitrariedad y discriminación en el proceso de selección de quienes ingresan por paso fronterizo autorizado y quienes tienen mayor o menor dificultad para tramitar una visa o un permiso de permanencia definitiva.
En un país, en el que hemos luchado por una Ley contra la Discriminación, que lleva más de 20 años del término de la dictadura militar, la permanencia de esta legislación es no sólo un anacronismo, sino que una herida y una deuda con la convivencia democrática, con graves costos y daños para la población migrante, que sufre una persistente postergación y atropello de sus Derechos Humanos.
La consecuencia de esto es muy clara y no se resuelve ni se tapa con protocolos como el que acaba de firmar el gobierno con la PDI. Que a lo sumo, viene a cubrir formalmente las ilegales y arbitrarias detenciones de migrantes en procesos de expulsión que se han estado registrando en diversas ciudades del país. Que han sido denunciadas por diversas organizaciones y que han movido al INDH a recurrir de amparo ante la justicia en casos como el de una ciudadana colombiana en Arica en marzo recién pasado.
¿Cuántas son las personas migrantes en condiciones de irregularidad documentaria hoy en Chile? Con toda certeza suman más de 50 mil y podrían incluso llegar a las 80 mil. Es decir, hasta un 20% de los poco más de 400 mil extranjeros y extranjeras que hoy vivimos en Chile. ¿Y por qué se ha acumulado nuevamente un número tan alto de personas en esta situación? Porque las autoridades gubernamentales en Chile siguen contemplando en forma miope y estrecha el fenómeno migratorio y persisten en mantener una legislación restrictiva y compleja que dificulta la fácil radicación de la población migrante y el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.
La urgencia de un nuevo proceso de regularización migratoria, más conocido con el mal nombre de “amnistía”, se ha hecho nuevamente muy clara y dramática. ¿O esperarán las autoridades que llegue el 2017-2018, para cumplir la rutina de hacer estos procesos sólo cada 10 años? Sólo que a diferencia de fines de 2007, no serán unos 50 mil los migrantes en condición irregular, sino que fácilmente los duplicarían o triplicarían para entonces.
El gobierno de Sebastián Piñera mantiene la presidencia pro-témpore de la Conferencia Sudamericana de Migraciones en este año, a cuyo término la transferirá a Colombia. Y tuvo una magnífica oportunidad para haber recibido a todos los mandatarios de América Latina y el Caribe, que se reunieron en Santiago, en la cumbre de la CELAC, en enero pasado, con toda la población latinoamericana migrante regularizada y ciudadanizada. Pero aún es tiempo, para dar esta señal potente de voluntad integracionista, respecto de lo cual ha tenido en otras materias un comportamiento parcialmente aceptable.
Pero además, es tiempo de avanzar hacia soluciones de fondo que deben marcar la Política Migratoria. Una de ellas es la adopción e implementación plena del Acuerdo de Residencia del Mercosur, no sólo para los nacionales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, sino para los de los demás países de nuestro continente. Este acuerdo facilita la obtención de una visa temporaria de un año –y hasta por dos años consecutivos con la posibilidad de optar a la permanencia definitiva al término de ella-, con el sólo requerimiento de 2 fotos y un documento de identidad del país de origen. Y los gobiernos de Perú y Ecuador han solicitado formalmente su adscripción a este Acuerdo de Residencia hace ya más de año y medio. Más aún, en Perú ya se está aplicando para los nacionales de Chile.
Congresistas peruanos, como Alberto Adrianzén, han venido gestionando en diálogo con congresistas chilenos esta urgente medida para sus nacionales, que sería fundamental abarque también al resto de las comunidades migrantes latinoamericanas presentes en Chile.
Las organizaciones de migrantes seguiremos exigiendo una Política Migratoria explícita, y saldremos al debate al momento en que se ponga al conocimiento de toda la ciudadanía el proyecto del gobierno, aunque tenemos serias dudas de que esto finalmente se haga. Estamos seguros que se tratará de una propuesta basada en el enfoque de “control y gobernanza” de la migración no muy distante del enfoque de “seguridad nacional” que hoy vergonzosamente prevalece. Y en el otro polo de las políticas migratorias basadas en un enfoque de derechos humanos e integración, que el momento histórico de nuestros pueblos latinoamericanos exige y hacia el están caminando los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, en particular.
Unidos al conjunto de los sectores que se han venido movilizando en Chile, los migrantes latinoamericanos y caribeños, que constituimos la amplia mayoría de los pueblos en movimiento que hemos llegado a este rincón de Nuestra América, seguiremos estrechando lazos en los barrios y comunidades en que nos insertamos y vivimos. Seguiremos buscando conocernos y reconocernos con nuestros vecinos y vecinas chilenos, en igualdad de condiciones, compartir nuestras distintas maneras de entender la fiesta, el trabajo, la vida. Y de ir forjando juntos una nueva convivencia, una nueva y más rica macro-identidad, que nos permita a todos y todas aportar nuestras diversas experiencias y potencialidades en la construcción de un futuro sendero común. Es un nuevo Qhapac Ñan, rumbo al Sumac Kawsay. Un nuevo camino de sabiduría hacia la Vida Buena y Plena para todos y todas. El proyecto que tenemos que construir.
1) “Los Derechos Humanos y la Inmigación en Chile”, Macarena Machín A., www.observatorio.cl
Manuel Hidalgo V. Presidente de APILA (Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe). Miembro de MIREDES Internacional. 9 de abril de 2013
