En noviembre de 2006, un 58% de los electores de Michigan votaron por la eliminación de los tratamientos preferenciales que su Estado concedía a las minorías raciales. Este voto implicó una sanción a las preferencias destinadas a algunos candidatos deseosos de ser admitidos en la Universidad de Michigan, concedidas hasta entonces a título de “discriminación positiva”. De hecho, los votantes cuestionaron una decisión que la Corte Suprema de Estados Unidos había dictado en 2003. Por el fallo Grutter vs. Bollinger, la Corte había considerado que la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan estaba autorizada a conceder una preferencia a los candidatos negros e hispanos en razón de la diversidad racial que aportaban al cuerpo estudiantil.

Las universidades de la mayoría de los otros estados de ese país conservan el derecho a continuar con estos tratamientos preferenciales, y la discriminación positiva en otros ámbitos, entre ellos el del trabajo, no está en cuestión. Sin embargo, la denegación electoral de una decisión constitucional representó una reversión de tendencia susceptible de perjudicar a las minorías raciales. A pesar de lo cual es poco probable que el voto de noviembre de 2006 afecte la vida de los habitantes de Detroit, la metrópolis de Michigan cuyos guetos se cuentan entre los más devastados y pobres del país.

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