DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO.
Hoy la sociedad chilena es testigo de un movimiento que se ha venido gestando en el mundo estudiantil, secundario y universitario, el cual se expresa de distintas formas: paros, tomas de locales, ingeniosas representaciones callejeras, clases en la vía pública, marchas multitudinarias a nivel nacional, etc.. Todas estas acciones se han encaminado a poner de manifiesto el hondo malestar que existe en nuestras casas de estudio ante los problemas que aquejan al conjunto de la educación chilena. Y, en particular, frente a los esfuerzos en curso por parte del gobierno en orden a culminar su privatización, en primer término de la educación superior. Tales esfuerzos privatizadores conciben la educación universitaria como un servicio que se transa en el mercado, es decir, como una mercancía más, y no como un derecho. De este modelo se desprende que los que producen este servicio deben cobrar por el mismo, y los que lo reciben, pagarlo. Tal cosa es representativa de un fundamentalismo ideológico que en ningún país del mundo se manifiesta con la radicalidad que adquiere en el nuestro.
Las manifestaciones estudiantiles referidas arriba (y a las que se han sumado docentes, incluyendo rectores) representan un claro rechazo a tales concepciones, y a las políticas que en esa perspectiva quiere implementar el gobierno.
¿En qué se manifiesta ese proceso privatizador en que el gobierno está empeñado? Principal, aunque no exclusivamente, en un agravamiento del abandono que ha hecho el Estado del financiamiento de sus Universidades, el que al día de hoy alcanza a tan sólo un 7% de su presupuesto. Gran parte del resto, indispensable para el cumplimiento de las tareas de nuestras casas de estudio, ha ido siendo traspasado a las familias, situación que se traduce en una inequidad gigantesca para la gran mayoría de los estudiantes universitarios del país pues un alto porcentaje de ellos provienen de sectores de menores ingresos, por lo que se ven obligados a endeudarse por muchos años a través de créditos que a altos intereses les ofrece la banca.
Otra parte del financiamiento de las universidades públicas debería, según las concepciones del gobierno, ser obtenido a través de la venta de sus servicios en el mercado, lo cual equivale a decir, que debe provenir de la venta de los mismos a las grandes empresas. Y, lo que es tanto o más grave, la universidad también debería financiarse a través de donaciones de particulares. ¿De quien? En los hechos de las ya mencionadas grandes empresas, nacionales y extranjeras. ¿Cuál es el significado de esto último? No es otro que el control de las ex Universidades públicas por la oligarquía plutocrática que controla dichas empresas. Dicho de otra manera, significa que las universidades pasan a estar al servicio de una reducida y todopoderosas clase social y no al servicio del país.
Dicho de otro modo, significa la existencia de un sistema universitario estrechamente clasista al servicio de los que hoy lo controlan todo, -desde las cadenas de farmacias hasta el retail, pasando por los medios de comunicación, los clubes deportivos, el agua, los bosques, los puertos, etc. etc. etc. Y, a la inversa, significa que se pone la lápida a un eventual sistema universitario nacional. Es precisamente esto lo que, a nuestro juicio, está hoy en juego.
Frente a esa disyuntiva declaramos que nuestra lucha es por una universidad al servicio de Chile, y en contra de un modelo que en los hechos defiende una universidad al servicio de una clase, como es el del gobierno, cuestión que obviamente éste no está dispuesto a reconocer dado que políticamente lo perjudicaría.
En este marco, la sociedad chilena debe tener claridad sobre el drama que está viviendo la educación en el país y comprender el sentido del actual movimiento que llevamos a cabo en su defensa, el cual, según se desprende de lo dicho arriba, no persigue meros beneficios presupuestarios, sino algo mucho más profundo. A saber, la existencia de un sistema educacional, y particularmente universitario, que mantenga el carácter nacional y público que desde los mismos albores de la República le fue propio. Ello bajo el supuesto de que tal carácter, con su correspondiente financiamiento estatal, constituye una garantía para la libertad de pensamiento y para el desinteresado desarrollo de la ciencia, el arte y la reflexión, cuestiones esenciales en una verdadera Universidad. Casas de estudios superiores que reúnan esas características son indispensables para el desarrollo de un país, razón por la cual el Estado debe garantizar su existencia. Así, por lo demás, fue comprendido en Chile desde los mismos inicios de la República.
Fue precisamente ese el concepto que defendió Andrés Bello. La creación de la Universidad de Chile que llevara a cabo en 1842 lo atestigua. Bello nunca pensó que la Universidad que fundaba sería una empresa destinada a transar servicios educacionales y otros análogos en el mercado en beneficio del enriquecimiento de una clase. Su punto de mira era el del país, y no el del lucro de eventuales empresas situadas en este rubro. La Universidad, como dijimos, a su juicio debía tener un carácter nacional, dedicándose a proporcionar al país la alta cultura requerida por su desarrollo. En su discurso de inauguración, pronunciado en 1842, decía al respecto: ³la Universidad estudiará las especialidades de la sociedad chilena bajo el punto de vista económico, que no presenta problemas menos vastos, ni de menos arriesgada resolución. La Universidad examinará los resultados de la estadística chilena, contribuirá a formarla y leerá en sus guarismos la expresión de nuestros intereses materiales. Porque en éste, como en los otros ramos el programa de la Universidad es enteramente chileno: si toma prestadas a la Europa las deducciones de la ciencia, es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en que se propone dirigir las investigaciones de sus miembros, el estudio de sus alumnos, convergen a un centro: la patria.²
Este carácter nacional y patriótico de las universidades chilenas es el que está cuestionado desde la dictadura militar en adelante. Desde entonces, en efecto, se ha pretendido convertir a las casas de estudios superiores en empresas de servicio que de hecho controladas por los grupos económicos- persiguen fines de lucro. Esto significa que se pretende convertirlas en instituciones que no sirven al país, sino a la ganancia empresarial de los grandes conglomerados económicos que lo controlan todo, conglomerados que, dada su cultura, nada pueden comprender como no sea bajo la óptica del negocio.
El pensamiento de Bello se hallaba en las antípodas de lo dicho. Decía sobre la materia: ³yo soy de los que miran la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el gobierno, como una necesidad primera y urgente, como la base de todo sólido progreso, como el cimiento indispensable de las instituciones republicanas.² Bello, pues, veía el tema educativo desde una óptica republicana, y no mercantil. Creía que la educación era una responsabilidad de los gobiernos, y no de las empresas. Y fue su criterio el que, en esta materia, prevaleció a lo largo de nuestra historia, al menos hasta 1973.
Comprobémoslo con datos en la mano. Así, en el siglo XIX, durante los decenios, particularmente durante el gobierno de Manuel Bulnes, fue creada y financiada por el Estado la Escuela Normal de Preceptores. Luego, durante las administraciones de los presidentes Manuel Montt y José Joaquín Pérez el Estado procedió a crear Liceos Fiscales en todas las provincias del país. Posteriormente, en 1879 fue promulgada la ley de gratuidad de la educación secundaria, que permitió la gradual masificación de la educación facilitando la constitución de la clase media. No menos importante fue la política educacional del Presidente Balmaceda, en orden a crear una fuerte infraestructura educacional a lo largo de todo el país, aprovechando los recursos proporcionados por el salitre. De este modo, en fin, el siglo XIX está marcado por una permanente preocupación del Estado por el desarrollo educacional y cultural del país.
Entrado el siglo XX, esa preocupación se acentuó al dictarse, en 1920, bajo el presidente Arturo Alessandri Palma, la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria, a través de la cual el Estado, mediante su red de escuelas básicas, pretendió garantizar un piso mínimo en la formación educacional del país. El Presidente Pedro Aguirre Cerda continuó por esa misma senda. Como es sabido, su lema era ³gobernar es educar². A través de esta idea defendió el rol del Estado en el desarrollo de una educación democrática, laica y pluralista, de integración social, que intentaba superar las diferencias sociales, dando a todos los ciudadanos igualdad de posibilidades en su formación. La reforma educacional del Presidente Eduardo Frei Montalva, que pretendía modernizar el sector y sobre todo, ampliar la cobertura hasta hacerla universal, se hallaba en la misma línea, así como también el proyecto del Presidente Salvador Allende, que buscaba vincular la educación a la realidad social, haciendo ciudadanos conscientes y comprometidos con los destinos del país.
Quienes, en forma gratuita, nos educamos en aquella Escuela podemos dar fe de sus beneficios. Fue aquel Estado responsable de la educación de los chilenos el que hizo posible que el país progresara. En resumen, la tradición chilena en materia educacional ha tenido en el rol del Estado su pilar principal. A tal punto era fuerte esta tradición nacional, que la Constitución de 1925 la consagró en su texto. En efecto, su artículo10, N° 7 establecía, que ³la Educación Pública es una atención preferente del Estado².
Esta tradición nacional dio resultados notables. Chile se convirtió en uno de los países con mejor educación del continente latinoamericano. Su prestigio era tal, que a las universidades chilenas venían a estudiar alumnos de todo el continente, en particular a la Universidad de Chile, cuya sede de Valparaíso corresponde a nuestra actual casa de estudios.
La excelencia de la educación pública y de las universidades del Estado hacía que la aspiración máxima de la mayoría de las familias fuera que sus hijos ingresaran a ella, entendiendo que tal cosa les aseguraría su futuro. La gratuidad que entonces caracterizaba a la educación permitía que esa aspiración pudiera hacerse realidad al menos para la clase media de la época, y en menor medida , para los sectores de menos ingresos.
La descrita tradición nacional fue destruida por la dictadura militar, cuyo ideologismo antidemocrático tenía dos pilares fundamentales. A saber, la Doctrina de la Seguridad Nacional, y el neoliberalismo en su versión de Chicago, ambas de origen extranjero. Como resultado de ello, en el plano educacional, la Constitución de 1980 derogó el precepto que establecía que la ³educación (era) atención preferente del Estado², e introdujo el concepto de Estado subsidiario el que, a pretexto de la ³libertad de enseñanza², permitió avanzar hacia la destrucción de la educación pública, -desde ya de la superior-, convirtiéndola en un servicio que se transa en el mercado por los comerciantes del rubro. Las consecuencias de este cambio han sido desastrosas, trasladando el financiamiento de la educación en una parte muy sustancial a los ³consumidores², -esto es, a las familias, obligándolas a endeudarse por quince o veinte años, quedando en manos de los Bancos-, y a los conglomerados económicos, según la lógica señalada arriba. A lo que se agregan los graves retrocesos en su calidad.
No menos dramáticos han sido sus consecuencias para los académicos. Entre tales consecuencias cabe mencionar las políticas orientadas a jibarizar las jornadas completas y la conversión del grueso del profesorado en un proletariado de servicio mal pagado, obligado a laborar en distintas corporaciones (profesores taxis), con contratos precarios. Todo esto es atentatorio no solo a la producción académica, sino también a la excelencia y a la independencia universitaria en la medida en que los académicos, -particularmente los investigadores-, tienen que ceñirse a las demanda de las empresas privadas, -o sea a los grandes conglomerados económicos-, impidiéndose así que la universidad esté al servicio del conjunto del país, haciéndola, por el contrario, funcional a los intereses de un sector muy reducido que, por lo demás, según hemos dicho, lo controla todo.
La situación no es menos dramática en las Universidades privadas, que lucran con un servicio de discutible calidad, cuyos estudiantes quedan endeudados de por vida, y que, adicionalmente, en la mayoría de los casos, no encuentran trabajo en aquello que han estudiado.
En este marco, el movimiento actual de las universidades estatales lucha por el rescate de la tradición chilena en materia educacional, tradición que, aparte de su carácter público, democrático, nacional y de integración social, fue de excelencia, la cual los ideólogos mercantiles han intentado destruir con trágicas consecuencias para el país.
La recuperación de dicha tradición, por otra parte, pasa por superar el modelo neoliberal hoy en curso, cuyo carácter estrechamente clasista, rechazamos, siempre desde una perspectiva nacional y democrática.
Es en base a estas consideraciones que los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Socales de la Universidad de Valparaíso llamamos a la opinión pública a solidarizar con las luchas universitarias en curso. Ello bajo el supuesto de que, frente a la dictadura clasista del dinero, esa lucha representa la causa de Chile.
POR CHILE: DEFENDAMOS UNA EDUCACIÓN GRATUITA, NACIONAL Y REPUBLICANA, NO AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN.
Valparaíso, 6 de julio de 2011
