Tras votación en el Senado y analizado el tenor de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y únicamente aprobadas por los senadores oficialistas, dado el fracaso de las negociaciones del Ejecutivo con la oposición, el ICAL llama a rechazar la partida mencionada.
Así como están las cosas con el Gobierno haciendo oídos sordos, la semana que viene se vota en tercer trámite el Proyecto de Ley de Presupuestos en la Cámara de Diputados. Tras seis meses de una intensa movilización acompañada de inamovilidad política gubernamental, llamamos a los parlamentarios a emitir un voto coherente con sus planteamientos políticos y éticos esgrimidos hasta ahora y que, en los hechos, reflejan la voluntad abrumadora de la ciudadanía a favor de una educación digna, de calidad, pública y contrario al lucro.
Llamamos a votar a favor de los aportes basales, de financiar la gratuidad hasta el 7mo decil, de sentar las bases financieras de la desmsmunicipalziación, a pronunciarse en contra del Crédito con Aval del Estado que asciende en este proyecto a 549 millones de dólares, y a favor de financiar la nueva institucionalidad en educación superior.
No obstante, nos acompaña la convicción que el debate no termina aquí. El gobierno no tiene voluntad de afrontar cambios estructurales y está incapacitado de ver alternativas en educación que no sea concebirla como un bien de consumo. Se aproxima la hora de abordar la nueva arquitectura que requiere la educación y las bases fundacionales del tipo de sociedad que puede acometer ese esfuerzo.
En cuanto a la tramitación legislativa, tras aprobarse la partida de educación en el Senado, la propuesta del Ejecutivo regresa a la Cámara de Diputados que, en caso de rechazar nuevamente la partida, obligaría a la formación de la Comisión Mixta. En caso contrario, si el Senado aprueba la propuesta, entonces no se forma la Comisión Mixta y la partida queda aprobada en los términos enviados a la Cámara. ¿Cuales son esos términos?
¿Qué aprobó el Senado?
Básicamente la aprobación del Senado permitió la discusión de indicaciones, muchas de ellas del Ejecutivo que repuso puntos que la Cámara les había rechazado o modificado y con ello, repuso los recursos variables ya que los gastos originados en una ley no se pueden rechazar. Entre estos mencionamos los siguientes:
1. El rechazo al Fondo de Educación por 4.000 millones de USD. Esto es complejo para el gobierno por cuanto el financiamiento de sus iniciativas lo hace a través de dineros provenientes de este Fondo. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto ocurre porque esos dineros están en la partida de Tesoro Público y el articulado que se votan al final de la tramitación.
2. Se aumentó, dentro de la partida de educación, el aporte del Fondo de Educación en 104.202 millones de pesos (221 millones de USD) para educación superior. El monto anterior, era 85.298.millones, ahora es de $189.500 millones, son 401,5 millones de USD..
3. Se disminuyó empero, el aporte fiscal en 40.592 millones. ¿Qué quiere decir esto? El Fondo de Educación lo hemos criticado porque no asegura un financiamiento estructural, es un Fondo que se gasta. El Aporte Fiscal proviene de ingresos permanentes. Es decir, a los ingresos se “inyectaron” 221 millones de dólares pero se le quitaron 86 millones estructurales. En síntesis, los ingresos para educación superior aumentaron en términos globales 135 millones de USD pero ahora hay disponibles 307 millones.
4. Se eliminó como gasto “Fondo de Educación Superior” que en realidad, estaba previsto pero no especificado. Es más, estaba sujeto a la aprobación de una ley para su gasto. De esta forma, hay 38,550 millones que no se gastan y se redistribuyen. 81,7 millones de USD.
5. Se disminuyó para Fondo Solidario $40.592 millones de pesos, bajando de $111.806 a $71.214 millones de pesos. Es decir, se disminuyó el Fondo Solidario en un 36% , equivalentes a 86 millones de USD . Ojo que no se dijo nada de esta reducción del Fondo solidario. No obstante, seguramente hay una asociación entre esta disminución y el aumento de la cobertura de becas.
6. Se aumentaron las becas significativamente. De $218.971 millones pasa a $327.531 millones. Es un aumento de 49,6% o de 230 millones de dólares y en total asciende a 694 millones de dólares. Esto debiera corresponder a la estimación del gobierno para alcanzar la “gratuidad”. En cuanto a las becas, se aprobó lo siguiente: a. Beca Bicentenario crece $81.184 millones b. Juan Gómez Millas aumenta $11.328 millones c. Nuevo Milenio hay un incremento de $13.216 millones d. Excelencia Académica. Aquí se modifica el acceso de 5% a 7,5% y hay un aumento de recursos de alrededor de 3 mil millones.
7. Estas becas se amplían en el sentido hasta los tres quintiles.
8. Hay un aumento de 25 millones de dólares para el CAE destinado a financiar “la incorporación de contingencia al ingreso
9. El ítem de fortalecimiento de las Universidades tiene ahora incorporada, un inciso en la glosa que lo condiciona a Convenios de desempeño
10. Se duplican las asignaciones para educación superior regional. Dichos aportes no son elevados y con el aumento representan en su conjunto un total actual de 10,9 millones de USD.
11. Se crea un ítem de “asignación basal por desempeño” en dos categorías de transferencia (Corriente y capital) ascendente a $7.788 millones de pesos (16,5 millones de dólares) condicionado a la suscripción de convenios de desempeño y $4.012 millones por transferencias de capital. Suma total son 11.800 (cifra idéntica al incremento del CAE) y que equivale a 25 millones de USD. Además, este aporte, no tiene nada que ver con el trato preferente ya que es para todas las Universidades del CRUCH que era la posición inicial pero que no estaba en la mesa de negociación.
12. Se incrementa el AFD en 8.022 millones, es decir, 17 millones de dólares.
13. Se elimina el Fondo de Desarrollo Institucional (en sus dos categorías de transferencias). Esto se hizo así porque hay un reformulación del sistema de fondo concursable para Universidades del CRUCH y otro para las privadas fuera del CRUCH ($15.823 y $10.276 respectivamente). El monto total no varía sino el modo de asignación y distribución.
14. Al final, hay una indicación para efectos de información a propósito de lo que será la futura Superintendencia.
El lunes se vota en la Cámara esta partida. De rechazarse, se reunirá la Comisión Mixta (Especial de Presupuestos). Es la última instancia de esta tramitación y si se rechaza el acuerdo de la misma o si ella, no se pone de acuerdo, rige la ley inicialmente presentada dado que la Constitución establece como fecha tope de tramitación, el 30 de noviembre. No sería valido el argumento de que dicho rechazo dejaría al país sin recursos para educación. Es más, ya se han aprobado los recursos mandatados por ley, sólo restan los gastos variables.
En definitiva, sigue favoreciendo un sistema que propende al lucro, y jibariza la función publica en educación. Cabe señalar que con la aprobación del Senado y dado lo reservado de las negociaciones, no se conocieron muchos detalles sus contendidos. Ahora, tras la aprobación del Senado, sabemos en qué consistían las propuestas del gobierno. Por eso, ahora, al regresar a la Cámara, el rechazar la partida, daría tiempo y vitrina para escrudiñar estas indicaciones y precisar la verdadera voluntad del Gobierno.
Razones del rechazo
1) La partida no da cuenta de la situación en el país, engaña con relación al mejoramiento de la calidad y fomenta más aun el lucro
2) La partida contribuye al debilitamiento de la educación pública con aportes basales exiguos, que no da cuenta del carácter complejo de las Universidades y están enfocados en concebirlas como empresas no instituciones de educación superior.
3) La partida no fortalece la idea de gratuidad sino de becas para estudiar. En cualquier país, las becas son de mantención no de aranceles. Aquí mas encima, se hizo el esfuerzo por ligar este pago al arancel de referencia, pero el gobierno decide optar por una gratuidad al 50%, a través de becas, por ende, condiciona la gratuidad al puntaje, es decir, no es gratuidad.
4) La partida no comparte la idea de que el Estado es la columna vertebral del sistema. El problema, no es el lucro ni el mercado sino la falta de compromiso del Estado con la educación y la garantía del derecho a al educación.
¿Que proponemos?
1. Gratuidad – No existe gratuidad. Lo que hay es un incremento para las becas. Debe crearse un ítem (asignación presupuestaria) de gratuidad. Calculado por ahora, de acuerdo a Arancel de Referencia no obstante debiera ser arancel real, pero ésta está muy desregulado. En concreto, no hay gratuidad, hay un fortalecimiento del subsidio a la demanda. Esto cuesta 528 millones de dólares hasta el séptimo decil, menos de la cobertura que garantiza el Estado con el Crédito con Aval del Estado.
2. Aporte Basal – No deben aprobarse sujeto a convenios de desempeño por cuanto desnaturaliza su sentido original determinado por la noción de trato preferente del Estado con sus Universidades debido al carácter complejo de éstas. La creación de Aportes Basales no implica condescendencia administrativa ni política, sólo significa coherencia conceptual con la necesidad de fortalecer la educación pública. Con la votación de la derecha, quedó condicionado a desempeño y ni siquiera se aproxima a los montos inicialmente planteados (70 millones de USD).
3. El CAE crece por efecto de financiar la contingencia al ingreso. Eso, no ha sido estudiado y no sabemos si el hecho de ligar pago con ingresos vaya a significar una merma para la capacidad de pago de los futuros profesionales y por ende, un mayor riesgo en la cobertura del crédito. En consecuencia, ¿por qué aumentar el CAE si se supone que esto permite mejorar la capacidad de pago? La razón de ello es porque el Estado financia el riesgo para los bancos. Es realmente una burla lo que se hizo. Proponemos crear una Comisión para la evaluación del Crédito con Aval del Estado y proveer recursos en el Presupuesto para el año 2012 para reducir el pago contingente al ingreso a un 5%.
4. Los aportes a las Universidades de regiones siguen siendo bajos. No obstante el incremento, nuestros cálculos (ICAL y con abundantes números) demuestra que su patrimonio y su situación contable están en crisis. No hay una apuesta para fortalecer la educación pública sino para prolongar su agonía y potenciar con ello, la demanda para el sector privado.
5. Un sistema efectivo para poner fin al lucro financiando una institucionalidad que permite realmente poner fin al mismo. Justo esta semana sen envió el proyecto de Superintendencia, en medio de la discusión presupuestaria, lo cual resulta incoherente y esta confusión contribuye a dilatar la fiscalización y transparencia. La SEGPRES debe hacer una planificación mejor de la agenda legislativa.
6. En relación a la desmunicipalización, proponemos congelar la apertura de nuevos colegios, asignar subvención de acuerdo a matricula y terminar con el financiamiento compartido.
Sobre la próxima tramitación
Nunca desde el regreso a la democracia, se ha llegado a esta fecha sin la completa tramitación de la Ley de Presupuestos. Estamos ante una situación inédita. Es la Constitución la que fija el plazo de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos – hasta el 30 de noviembre y no se coloca en la situación de desaprobarse una partida. Analizando la Constitución, la Ley Orgánica de Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados, podemos afirmar lo siguiente:
1. Para que la aprobación del Senado sea correspondido por la Cámara, debe aprobarse la partida de educación por mayoría simple.
2. Si rechaza la partida de educación, se formará nuevamente una Comisión Mixta. Aquí se produce una nueva instancia de negociación que puede generar un acuerdo. Es la oportunidad para que el Ejecutivo agregue nuevas consideraciones.
3. Si la Comisión Mixta no genera un acuerdo o el que produce es rechazado en alguna de las Cámaras, el Presidente puede hacer una de dos cosas:
1. Solicitar a la Cámara que reconsidere el proyecto aprobado por el Senado. Esto sería muy difícil por cuanto implica que la Cámara debe desconocer su propio rechazo que provocó la Comisión Mixta. Más aún, implicaría que votáramos un proyecto (el que fue aprobado pro el Senado con los votos de la derecha) que no se compartió ni en el Senado ni en la Cámara.
2. Se aplica el art. 67 de la Constitución y se despacha el proyecto enviado originalmente.
En nuestra opinión, es el Gobierno el principal responsable de la situación encajonada que se vive actualmente, en sus manos además, están las iniciativas de gasto y las facultades legales para abordar en su totalidad las demandas ciudadanas. Si no lo ha hecho y si ha actuado desde otra perspectiva política e ideológica es razonable que haga lo que entienda para defender su postura.
Por lo mismo, la oposición debe dejar claro su planteamiento en, sobre todo en términos más estratégicos, en la Comisión Mixta si pretende representar al movimiento educacional políticamente en ella. En ese sentido, la actitud intransigente del Ejecutivo no se modificará. Una actitud morigerada por parte de la oposición para alcanzar un acuerdo, como ha tenido hasta ahora en aras de cumplir una responsabilidad política, pública y social, operará en su perjuicio toda vez que el gobierno está menos dispuesto que la oposición a ceder cuando debiera ser el Gobierno el que siente más presión para llegar a un entendimiento.
Creemos necesario un acuerdo marco de la oposición con miras a poner el acento en cinco puntos:
1. Gratuidad con ítem de gratuidad hasta sexto quintil al valor de arancel de referencia y no a través de becas a lo menos operativo para las universidades del CRUCH a partir del año 2012, no obstante extender el beneficio para el 2013. Esta gratuidad será accesible con 475 puntos en la PSU.
2. Aporte Basal sin convenio de desempeño.
3. Aumento de subvenciones pero congelamiento de apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados
4. Aprobarse un Fondo para la Revitalización que incluye recursos para la desmunicipalización
5. Crear una Comisión para la evaluación del Crédito con Aval del Estado y proveer recursos en el Presupuesto para el año 2012 para reducir el pago contingente al ingreso a un 5%.
Carlos Arrué, Encargado del Programa Legislativo de Ical
