Sobre un fondo de crisis financiera de excepcional gravedad, prosigue como si nada el ataque a los servicios públicos, la protección social, el derecho laboral, es decir, contra todos los espacios que escapaban, hasta ahora, a la ley de la rentabilidad y la obsesión por la ganancia, y contra todas las regulaciones generadoras de ligazón social y solidaridad colectiva.

Para su desgracia, ligazón social y solidaridad tienen un costo. ¿Qué podemos hacer, entonces, para combatir la influencia ideológica de ese leitmotiv según el cual las “retenciones obligatorias” serían excesivamente altas (salvo cuando se trata de rescatar a los bancos) y la actividad pública, por definición, parasitaria (salvo cuando se consagra al salvataje del sector financiero)?

Doble sentencia inapelable contra la esfera no-mercantil –ésa que produce servicios que no se venden en el mercado, sino que se pagan colectivamente, a través de los impuestos y aportes sociales– condenada a desaparecer o acabar escuálida, bajo los embates de las privatizaciones, la disminución del número de funcionarios y la reducción de los impuestos de los ricos, que viene oportunamente a profundizar el déficit de los presupuestos públicos, para legitimar mejor su destino. Quien quiere ahogar a su perro dice que tiene rabia: los aduladores de un sector financiero mundial improductivo, e incluso anti-productivo, acusan al sector no-mercantil de ser una carga insoportable...

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