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En este numero:

- LE MONDE DIPLOMATIQUE Nº 188 en quioscos - Sumario SEPTIEMBRE 2017

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Sobre el autor

Libio Pérez
Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.
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Persisten los altos grados de impunidad

por  Libio Pérez

El cierre del penal militar de Punta Peuco, habitado por 120 represores que cumplen condenas a firme, quedará en la lista de hechos significativos del gobierno de Michelle Bachelet en el plano de la consecución de justicia y reparación para los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar. Tal como lo fue para el gobierno empresarial, cuando clausuró el penal Cordillera, un recinto que alojaba a una veintena de los ex altos mandos de la DINA-CNI en condiciones de notables privilegios, a años luz del estado paupérrimo de las cárceles comunes que, a lo largo de Chile, mantienen en “sistema cerrado” a casi 47 mil internos (1).

El solo contraste de cifras entre el sistema común penitenciario –donde están privadas de libertad personas que han cometido desde pequeños delitos hasta crímenes muchas veces brutales- y el régimen especial en el que viven los autores de delitos de lesa humanidad -entre los que se encuentran macro criminales, autores de asesinatos múltiples, cada uno con delitos acumulados como secuestro, torturas, asesinatos y desaparición forzada- resulta chocante. De las condiciones materiales y de acceso a derechos que tienen estas dos poblaciones penales, no hay comparación posible.

Mientras el sistema judicial ha estado siempre presionado por la demanda de combatir a la delincuencia y el crimen que tiene como consecuencia que las cárceles estén hacinadas, en algunos casos hasta con el 300 por ciento por sobre su capacidad, la justicia para los crímenes de lesa humanidad ha sido lenta, tardía y benevolente. La mayoría de los condenados por torturas, asesinatos y desaparición forzada han entrado al régimen cerrado en los últimos quince años; es decir han sido condenados después de más de 30 años desde que cometieron sus crímenes, con condenas a veces con los beneficios de la media prescripción. De hecho, de las más de 1.400 causas por delitos de lesa humanidad, están encarcelados solo casi 150 autores de estos crímenes.

No se trata solo de la falta de verdad sobre el destino de los cuerpos de los detenidos desaparecidos (que suman más de 1.300 y de los cuales se han encontrado indicios o pequeños restos de 144), y de justicia para las víctimas y sus familiares, sino también de reparación. Los represores encarcelados no solo tienen acceso a mejores condiciones penitenciarias, al sistema de salud de las Fuerzas Armadas y su red hospitalaria especial, sino además gozan de privilegios incomprensibles, como el de recibir además de sus altas pensiones (que no las pierden por estar condenados) bonos especiales por “estrés pos traumáticos” por las eventuales consecuencias que les ha dejado participar en asesinatos de personas.

El pasado 21 de agosto, la abogada de derechos humanos Magdalena Garcés escribió que, recientemente, “en varias causas de personas detenidas desaparecidas, la Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido absolver a un porcentaje significativo de los responsables” y expresaba su temor a “que este criterio se convierta en una constante instalando, una vez más, nuevas formas de impunidad”. La jurista se refiere a resoluciones vinculadas a los casos de la llamada “Operación Colombo” (2).

En este caso, conocido también como “las listas de los 119”, el ministro Hernán Crisosto Greisse, condenó en primera instancia a casi 80 ex agentes de la DINA por la desaparición forzada de cinco personas vinculadas a la resistencia clandestina a la dictadura. El criterio del magistrado es que son responsables de los crímenes los ex agentes del Estado que secuestraron a las personas, los que las torturaron, las mantuvieron en cautiverio ilegal, las asesinaron y las hicieron desaparecer, en distintos grados de responsabilidad. Sin mayores argumentos, en una sentencia “dudosamente fundada” como dice la abogada, “sin más, 56 agentes, oficiales, suboficiales y conscriptos fueron absueltos” (3). El resto, entre ellos seis de los más altos mandos de la DINA, recibieron distintas penas, la más alta a trece años de reclusión.

“Como parte de una insólita argumentación, la Corte de Santiago compara la responsabilidad de los agentes de la DINA con la de cualquier funcionario público y, al extremo, con la de la sociedad en su conjunto, desconociendo las distintas responsabilidades y conocimiento de los hechos”, alega Garcés, quien recuerda que esos argumentos de las cortes ya habían sido esgrimidos en el pasado, pero que han vuelto a ser usados.

Se trata de un nuevo paso hacia la impunidad total luego de más de 40 años de los crímenes que aún reclaman justicia. En una complicidad que “es aún más grave en el marco de los argumentos justificatorios de las violaciones a los derechos humanos” emitidos por el jefe del Ejército al pedir “comprender el contexto histórico” en que se produjeron, “y del silencio de la máxima autoridad política a quien las Fuerzas Armadas, como cuerpo no deliberante, deberían subordinarse”.

1. Ver http://www.gendarmeria.gob.cl/ 2. Ver columna de Magdalena Garcés en http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/08/21/la-esquiva-justicia-avanzar-dos-pasos-y-retroceder-cuatro/ 3. Ídem

*Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.

 
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