Plebiscito para una nueva Constitución

MANIFIESTO

Plebiscito para una nueva Constitución

Chile enfrenta una encrucijada cuya solución definirá su destino como país. El debate sobre reforma constitucional, nueva Constitución, y fórmulas como plebiscito y asamblea constituyente, así lo demuestra. Las elecciones presidencial y parlamentarias de 2013 pueden y deben ser una instancia para que el país enfrente el debate sobre estas cuestiones Frente a ello, los abajo firmantes queremos hacer pública nuestra posición y contribuir positivamente a resolver el desafío histórico que enfrentamos las chilenas y chilenos.

La crisis de Chile

A dos años de las movilizaciones sociales que conmovieron al país y marcaron definitivamente el fin de un ciclo político, Chile no ha logrado encaminarse hacia la solución de los problemas que impulsaron grandes movilizaciones ciudadanas. El tan alabado crecimiento económico tiene pies de barro por su altísima dependencia de factores imprevisibles. La sustentabilidad a mediano plazo de este crecimiento es más que dudosa. Los riesgos de caer en permanentes crisis energéticas se tornan cada vez más palpables. Las desigualdades sociales, las discriminaciones, los abusos de los poderes económicos, financieros y mediáticos persisten y más aún se profundizan y extienden a diversos campos. Las regiones despiertan y comienzan a reivindicar una participación más equitativa en las decisiones vinculadas a un esfuerzo productivo que descansa, primordialmente, en ellas. El Estado subsidiario demuestra toda su ineptitud para enfrentar los desafíos de un nuevo modelo productivo, social y cultural a la altura del siglo XXI. La subordinación del Estado a los intereses del mundo empresarial y, en especial, el financiero, más la debilidad de sus capacidades económicas y técnicas provocan su constante atraso frente a los dilemas del futuro. Pero sobre todo, el país carece de un debate y propuestas de un proyecto colectivo abierto al porvenir.

Lo anterior en un cuadro en el cual instituciones centrales de la democracia como el Ejecutivo, el Congreso Nacional y los partidos políticos atraviesan una profunda y muy grave crisis de representatividad y confianza.

El sistema político no está cumpliendo con su tarea fundamental: procesar y resolver las diferentes demandas de la ciudadanía de acuerdo al interés nacional. Así lo han entendido los miles de ciudadanas y ciudadanos que han emprendido el camino de la protesta y la movilización para expresar su profundo malestar en las calles.

En la base de todos los problemas planteados está el orden constitucional que nos rige. Este fue implantado a través de un plebiscito fraudulento en 1980 y consagra la existencia de un Estado neoliberal, herencia de la dictadura y, en lo sustancial, se ha mantenido incólume hasta nuestros días, perpetuando su crisis de legitimidad. En el orden económico social establecido en la Constitución de 1980 es imposible resolver ninguno de los acuciantes problemas cuya solución demandan grandes sectores de la población: educación pública gratuita y de calidad; la transferencia de atribuciones y facultades relevantes a las regiones asfixiadas por el hipercentralismo; un nuevo sistema de salud, previsión y protección ambiental, entre otros.

La actual Constitución, al limitar un rol activo del Estado, consagrar un sistema político no representativo, negar el reconocimiento de la multiculturalidad y una adecuada participación ciudadana, impide que el país resuelva en forma libre y consensuada los problemas que le afectan.

Una nueva causa épica

Chile necesita una nueva Constitución que surja de la voluntad popular. No basta con reformas que, si bien pueden mejorar algunos aspectos, no se basan en la soberanía del pueblo, generan una ilusión de legitimidad que oculta tanto su origen como el resguardo de un orden socio económico injusto a través de un sistema político de resabios autoritarios. Casi un cuarto de siglo de democracia con una Constitución heredada de una dictadura es un caso único en el mundo. Es urgente reparar el principal déficit de la transición chilena, que ha sido perpetuar y mantener en esencia inalterados los dos componentes fundamentales de la actual Constitución: el orden económico social y el sistema político. Más aún, se trata de conseguir lo que nunca se hizo a lo largo de nuestra historia: darle a Chile una Constitución de origen plenamente democrático, sin lo cual ella carecería de legitimidad.

Es tarea de las actuales generaciones refundar la República sobre la base de una Carta Fundamental fruto de un imprescindible proceso constituyente plenamente democrático. Y si bien será este el que defina los nuevos contenidos constitucionales, existe una voluntad mayoritaria del país respecto a ciertos principios:

− El pueblo es el titular supremo y permanente de la soberanía, por ende, deben promoverse: formas de expresión directa como el plebiscito, la iniciativa popular de ley, la posibilidad de revocatoria de mandatos y los organismos deliberativos y participativos en los diferentes niveles de decisión.

− Quienes gobiernan y deciden son las mayorías, con pleno respeto de los derechos fundamentales de las minorías. Esto supone un nuevo sistema electoral y la eliminación de los quórum calificados para la aprobación de ciertas leyes, como las llamadas orgánico-constitucionales, que tienen por efecto sobre representar a las minorías y conferirles poder de veto sobre las decisiones mayoritarias.

− Las esferas de lo público y lo privado deben estar adecuadamente equilibradas en la regulación constitucional. Esto implica superar el carácter subsidiario del Estado en la economía y en la gestión de los intereses sociales en ámbitos como la educación, salud, previsión social y protección socioambiental. Asimismo, se requiere redimensionar el rol del derecho de propiedad, despojándolo del papel predominante y avasallador que tiene en la Constitución actual. De esto se derivaría una nueva concepción del orden público económico y del marco regulador de las actividades empresariales del Estado.

− Los derechos ciudadanos y los derechos de las diversas categorías e identidades sociales, especialmente las de género, infancia, juventud y adultos mayores y pueblos indígenas deben ser adecuadamente protegidos, haciéndolos exigibles frente a los tribunales.

− Todos los recursos naturales básicos tienen un carácter público, forman parte del patrimonio de la Nación deben ser resguardados y utilizados sustentablemente.

− La arquitectura normativa de la nueva Constitución en el marco de un Estado unitario debe basarse en una nueva y más compensada fórmula de distribución del poder en la sociedad chilena, tanto entre gobernantes y gobernados, como entre los órganos del Estado entre sí, y entre el Gobierno central y los poderes regionales y locales. En tal sentido, resulta prioritario establecer modalidades más avanzadas de descentralización política y territorial, potenciando efectivamente a los gobiernos regionales elegidos para la conducción de sus regiones y abriendo la posibilidad de regímenes autonómicos para zonas del país habitadas mayoritariamente por pueblos indígenas cuyo reconocimiento constitucional es un deber histórico de justicia.

El debate y la decisión estos u otros principios y sus fórmulas de implementación deberán ser materia del proceso constituyente que el país reclama.

Detrás de los descontentos, las movilizaciones y la desconfianza en la política está el clamor por iniciar una nueva etapa de nuestra República. La tarea es tan ardua como urgente e imprescindible.

Chile ha entrado al tiempo de las campañas electorales. En noviembre de este año el país elegirá a su Jefe/a de Estado, a todos sus diputados y a la mitad del Senado. Es un momento particularmente trascendente en la vida democrática. Las estrategias electorales no pueden eludir un pronunciamiento sobre estas cuestiones de fondo. De intentarlo, caerían en un electoralismo vacío que en nada ayudará al fortalecimiento de la democracia. En la pasada elección presidencial, las tres candidaturas de (...)