Políticas públicas y pueblos originarios: revaloración e integración desde la diferencia

Las políticas públicas administradas por el Estado de Chile se centran en el bien común, en el entendido de que todos y todas serán beneficiados con estas medidas, independientemente de a quienes estén dirigidas. Al estandarizar los procesos que conllevan estas políticas, pensadas y diseñadas para todo aquel que habite el país, se corre el riesgo de dejar marginados a quienes, por factores culturales, migratorios, o de diversidad sexual, entre otros, no logran acceder a ella, o simplemente están fuera del radio de operatividad de las mismas.

Uno de estos grupos es el que componen los pueblos originarios, que en Chile lo constituyen oficialmente las comunidades: Mapuche, Aymara, Rapa-nui, Atacameña, Quechua, Colla, Diaguita, Kawashkar (o Alacalufe) y Yámana (o Yagán).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del año 2015, 1 millón 158 mil personas en edad de trabajar en Chile declaran pertenecer o descender de algún pueblo indígena. De esta cifra, el mayor porcentaje corresponde al pueblo Mapuche, con un 84% con asentamiento principalmente en el sur del país. Les siguen los Aymaras, ubicados en la zona Norte, con un 7% y finalmente los Diaguitas, concentrados en la zona Norte y Central con un 4%...