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Por la memoria de Chile. García fue un colaborador de la dictadura

El 12 de diciembre último se propuso, en la reunión del Consejo Municipal de Santiago, nombrar la plazoleta ubicada en calle Esmeralda 611 como el ex subsecretario del Interior de la dictadura Juan Ignacio Garcia Rodríguez, quien, como consta en los archivos legales, en 1978, negó la existencia del recinto de detención y tortura conocido como Londres 38 o “la casa del terror”. El comunal Santiago del Frente Amplio llama a los consejeros a cumplir con la obligación firmada por Chile de cumplir con el respeto a todas las disposiciones de la Carta Universal de los Derechos Humanos que reconoce la dignidad humana como el principio fundamental.

“El 24 de enero de 1978, Juan Ignacio García Rodríguez, Subsecretario del Ministerio del Interior Subrogante, señaló que Londres 38 no pertenecía a ese Ministerio ni a ningún organismo dependiente del mismo y que no existía constancia de que hubiese pertenecido a algún organismo de seguridad. Pero, el 19 de enero de 1980, ante el Ministro Jordán, Manuel Contreras Sepúlveda dijo que efectivamente Londres 38 había sido un local de la DINA destinado al fichaje de los detenidos en Tránsito no en reclusión. Por su parte, Marcelo Moren Brito, también ante el Ministro en Visita, declaró que esa dependencia era sólo un lugar de tránsito de detenidos, reconociendo su propia permanencia en dicho recinto (Investigación por el desaparecimiento de Alan Bruce Catalán)”. (Sitios Memoria Viva y El Mostrador).

Entre octubre de 1973 y septiembre de 1974, Londres 38, en pleno centro histórico de Santiago, fue utilizada recinto clandestino por la Dirección de Inteligencia Nacional (en adelante DINA), bajo el nombre "Cuartel Yucatán" y estuvo a cargo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana del ejército. Se estima que allí estuvieron prisioneras unas dos mil personas, de las cuales desaparecieron o fueron asesinadas 96, entre ellas mujeres embarazadas como Cecilia Labrín, aún desaparecida como su hija nacida en cautiverio, según el testimonio de uno de los agentes que allí operaron.

García no sólo fue un encubridor de la bestialidad de la DINA, fue también un colaborador permanente de la dictadura. Según las actas de la Comisión Ortúzar, que diseñó la Constitución Política de 1980, García “es designado para integrar la subcomisión de Inscripciones Electorales, Ley de Elecciones y Estatutos de Partidos Políticos”. El acta está fechada el 4 de octubre de 1973, menos de un mes después del Golpe. Así también firmó la promulgación de la Constitución, en octubre de 1980.

Logró mantenerse durante 35 años como director del Servicio Electoral y, según medios de prensa de la época, “Con la habilidad de transformarse en hombre de confianza del poder de turno, fue uno de los palos blancos que usó Pinochet para controlar el directorio del diario La Nación a través de una operación para limitar el poder de los accionistas privados de ese diario”.

Un intocable servidor de la dictadura, eso fue García y su nombre debe ser reconocido como el colaborador que ayudó a la mantención y construcción de un engranaje destinado al abuso y robo de la soberanía. Si hay una plaza con su nombre debiera ser en la de la injusticia.

Chile es parte de los países que firman la Carta Universal de los Derechos Humanos, allí se comprometió a hacer efectivos sus principios:

“La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana… el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias… los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

En virtud de ese compromiso con la dignidad del ser humano y ante la violación de los derechos humanos cometidas en Londres 38 y por la dictadura de la cual García fue parte, es inaceptable darle el honor de poner su nombre a espacio alguno de la comuna y el Frente Amplio de Santiago ejercerá todo su derechos a obligar a las autoridades para cumplir con el mandato de Naciones Unidas al respecto: Respeto a la Dignidad Humana., a los ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, sus familias y la memoria de Chile.

Santiago, diciembre de 2017

Frente Amplio, Comunal Santiago

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