Reincorporar la figura del aborto terapéutico al Código Sanitario no significa de ninguna manera obligar a las mujeres embarazadas a abortar en caso de que su embarazo sea consecuencia de violación o incesto, que el embrión se desarrolle con malformaciones graves o ponga en peligro su vida. De lo que se trata es que las mujeres más vulnerables tengan la oportunidad de decidir ellas mismas y sus familias qué riesgos y consecuencias de un embarazo problemático pueden asumir.

Hasta ahora no ha habido un debato sereno en la sociedad chilena que considere la opinión de especialistas como la Sociedad Nacional de Ginecología y Obstetricia y la Asociación Nacional de Salud Pública, de filósofos y docentes de las principales escuelas de medicina, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Ahogar el debate es éticamente inadmisible, pues se están anteponiendo dogmas y prejuicios, a los derechos humanos de las mujeres chilenas.

Actualmente todos los países desarrollados del mundo permiten el aborto en determinadas circunstancias, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Somos de los pocos países del mundo que lo penan en todos los casos sin admitir excepción alguna, aún cuando esté en peligro la vida de la madre: Andorra, Chile, Filipinas, El Salvador, Somalia y El Vaticano. Toda nuestra modernidad aquí se contradice brutalmente, al no entregarles a las madres el derecho a la conservación de sus vidas. Nicaragua, que se sumó en 2008 a los que prohíben totalmente el aborto, provocó un impacto devastador en la salud y las vidas de las mujeres, según lo informó Human Rights Watch recientemente. Hay que recordar que Simone Veil, ministra de salud francesa a mediados de los Setenta, se la jugó por una ley de aborto en Francia, convenciendo a buena parte de la derecha a la que pertenecía. Contra todos sus críticos, Francia tiene hoy la tasa de natalidad más alta de toda Europa, muy por encima de la chilena. De paso, se redujeron drásticamente los fallecimientos a consecuencia de la interrupción del embarazo, que se practicaba masivamente fuera de la ley y en condiciones sanitarias muy precarias.

Las mujeres somos entes reflexivos y responsables. La irresponsabilidad es de los conservadores que no permiten proteger la vida de las madres. ¿Con qué derecho pueden nuestros representantes –la mayoría hombres- decidir que un tema tan importante como éste no puede ser debatido democráticamente en todos los ámbitos y, en particular, por quienes hemos elegido para representarnos?

Maïté Albagly
Consultora para la Unión Europea