Sri Lanka

A tres años de haber aplastado violentamente a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, utiliza su prestigio ante las poblaciones cingalesas –mayoría en el país– para desarrollar una política cada vez más autoritaria. Para cubrir sus abusos, se escuda en el hecho de que son denunciados por organizaciones extranjeras.

Severa derrota de Sri Lanka ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunido en Ginebra el 22 de marzo de 2012: con veinticuatro votos (incluido el de India) contra quince (incluidos los de China, Rusia y Pakistán), la institución internacional aprobó la resolución propuesta por Estados Unidos que solicita al gobierno que implemente las conclusiones de la Comisión Nacional de Reconciliación (Lessons Learnt and Reconciliation Commission). También debe poner fin a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última fase del conflicto que devastó al país entre 2006 y 2009. Para medir el alcance de este desaire para el presidente Mahinda Rajapaksa, basta recordar que el 27 de mayo de 2009, una semana después del aplastamiento de la rebelión separatista tamil, una resolución aprobada por veintinueve votos (incluido el de India) había descartado toda injerencia de las Naciones Unidas en los asuntos del país.

Sin embargo, este año, al apartar al ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Gamini Lakshman Peiris, y a la embajadora en Ginebra, Tamara Kunanayakam, por considerarlos demasiado moderados, Rajapaksa había tomado la precaución de colocar a uno de sus allegados a la cabeza de la delegación. Incluso llegó a organizar manifestaciones en la isla durante toda la sesión, en contra de lo que él llama “la injerencia estadounidense”. Enfrente, el pequeño grupo de defensores de los derechos humanos srilanqués que había viajado a Ginebra se basaba en el informe de un comité de expertos nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, así (...)