"No hay memoria sin conflicto" decía Jesús Martín Barbero a fines del siglo pasado, recordando que en Nuestra América, por cada memoria activada hay otras reprimidas, desactivadas, enmudecidas; por cada memoria legitimada hay montones de memorias excluidas. Y es por dicha razón, sostengo yo, que desclasificar la memoria sobre los derechos humanos implica ante todo adoptar un convencimiento ético, como ethos político, que debe primar por encima de los múltiples prejuicios y normalizaciones que conviven en nuestro imaginario colectivo respecto de la condición y esencia de lo humano y de una complejidad no resuelta desde las filosofías eurocentradas de igualdad y progreso, que hasta hoy día siguen colonizando nuestras matrices de pensamiento bajo la sospechosa promesa de una paradójica y dependiente modernidad.
Creo, por ello, que estas palabras bien pudieran adherir a esa sensibilidad de las diferencias que ha sido sistemáticamente marginada, estigmatizada, invisibilizada o excluida del espacio público y político del Chile actual. La racionalidad instrumental y tecnocéntrica, fortalecida desde el pensamiento neoliberal que la ordena, pareciera haber minorizado e infantilizado el espacio de la reflexión y la crítica, calificándolo como políticamente incorrecto e instalando un régimen de violencia simbólica que criminaliza o hace sospechosas las diferencias y que se reproduce cotidianamente a través de medios, mediaciones y prácticas discursivas y visuales hegemónicas.
Nos sorprende, y hasta cierto punto pudiera ser comprensible, la reiterada muestra de imágenes de violencia en las manifestaciones y movilizaciones con que vastos sectores sociales tratan de expresar su opinión y reivindicaciones sobre materias que les afecta. Y por cierto, no les quepa duda, que para la academia es materia de preocupación la seguridad pública, pero no desde aquel concepto propio de las sociedades de vigilancia y control, sino el que se dota de sentido cuando dialoga con conceptos como los de espacio público, bien público, opinión pública, salud pública, educación pública y tantos otros bienes que, paradójicamente, sometidos al régimen mercantil neoliberal, se transformaron en bienes de consumo y perdieron su esencia de derechos fundamentales sobre los que se construye comunidad de sentido y de derechos.
Se habla de participación y desarrollo socio-territorial, pero el derecho que lo constituye, el de la comunicación, sigue negado y excluido de las políticas públicas, imposibilitando su articulación como estrategia transversal de las políticas sociales y de la planificación del desarrollo local, regional y nacional. Hay que establecer una verdad histórica al respecto, que reconozca que la desregulación de políticas públicas de comunicación en Chile comenzó bajo el convencimiento político de la dictadura de refundar el Estado-nación y con ello poner término a las libertades públicas y a una serie de derechos fundamentales, cuya desarticulación, no sólo fundamentó uno de los pilares ideológicos del modelo cívico-militar, la filosofía de la seguridad nacional, sino que la ingeniería constitucional logró prolongarla más allá incluso de la propia existencia del régimen dictatorial. Ciertamente, lo que hoy día conocemos como el modelo neoliberal chileno se constituye sobre la base de la desarticulación de la matriz histórica de gobernanza Estado-partidos-sociedad, la apropiación de lo público por los grupos privados adeptos al régimen y la consecuente negación de los derechos fundamentales a la educación, la salud, la previsión, la vivienda y, por cierto, a la comunicación.
La transición a la democracia no se hizo eco de reconstituir la esfera de lo público y superar el estado de fragmentación y anomia social, sino por el contrario contribuyó a justificar desde el propio Estado y desde la racionalidad instrumental corporativista de las Consultoras, un proyecto de modernización que entregaba al mercado su propia auto-regulación.
Hay que ser enfático, entonces, para desclasificar la memoria como un acto de reparación y sostener con clara vehemencia que Chile no podrá vivir una democracia plena si no acepta como verdad histórica y racionallidad política que las libertades de expresión y opinión fueron secuestradas, junto a la memoria de tantos hombres y mujeres detenidos-desaparecidos, encarcelados y torturados por el terrorismo de Estado y sus agentes, junto a la colaboración de grupos de interés privados que no sólo defendieron y justificaron a través de sus páginas y espacios comunicacionales los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar, sino que algunos de ellos fueron también cómplices directos de operaciones de inteligencia y de exterminio.
Y es sobre ese orden encubierto y opaco de la seguridad nacional, normalizado y legitimado con posterioridad por la filosofía desreguladora del Estado, que hoy día continúan cooptadas las libertades de expresión y opinión, reducidas a la libertad de emprendimiento, por esos mismos grupos de interés y presión, actualmente transformados en monopolios horizontales, socios estratégicos de transnacionales sin pudor alguno a disolver nuestras culturas particulares y dislocar los espacios comunicacionales que las albergaban.
Buena parte de lo que se entendiende internacionalmente por derecho a la comunicación, como un derecho humano consustancial a todo régimen democrático, carece aquí de sustancialidad, y en su reemplazo se ha instalado un simulacro, una discursividad vacía, carente de ejercicio práctico, en la estrecha relación que se establece entre fragmentación social, pérdida del sentido de comunidad y vacuidad de la comunicación. Es desde esa lógica que se confunde y reduce la comunicación como proceso social a la información como mercancía de consumo, de igual forma que el derecho a la comunicación se ve reducido a la libertad de información, que el Estado y el mercado auto-regulado garantizan solo a quienes tienen el poder y los medios, en esta tildada economía política de la sociedad de la información.
Y porque creemos que otra comunicación es posible, reivindicamos la desclasificación de la memoria para hacer presente los significativos aportes sobre el derecho a una comunicación democrática y la definición de políticas públicas de comunicación, realizados desde la academia, Organizaciones no Gubernamentales, Organismos Intergubernamentales, Colegios profesionales y organizaciones sociales. Basta revisar el ingente acervo de tesis, informes y declaraciones sobre Derechos Humanos y Libertad de Expresión, diagnósticos, estudios, conferencias, cartas y declaraciones para dimensionar la cantidad de aportes y propuestas concretas que apelan a la democratización de las comunicaciones, el pluralismo y la diversidad en el sistema nacional de comunicaciones.
Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hoy, más que nunca, se amplían los espacios para poder concretar muchos de los sueños que parecían utópicos en las Declaraciones de UNESCO de los años ’70, como la Conferencia sobre Políticas de Comunicación de San José de Costa Rica, del año 1976, el Informe Mac Bride, “Un solo mundo voces múltiples”, de 1980; y, entre muchas otras, cómo no recordar las propuestas por la democratización de las comunicaciones en Chile, a partir de los años 80. Reactualizar, en ese contexto, los aportes de Fernando Ossandón, Giselle Munizaga, Lidia Baltra, Raquel Salinas, Fernando Reyes Matta, María Luz Hurtado, Denise Shomaly, Eduardo Santa Cruz, entre otros. Y también reconocer la importancia central que tuvieron en el estudio y propuestas de acción democratizadoras varias ONG’s, pero en especial CENECA, ECO y FLACSO, junto al Colegio de Periodistas y los Centros de Alumnos de Escuelas de Periodismo, entre otros. Actores muchos de ellos promotores de un acuerdo social por la democratización de las comunicaciones en los años ’80, conocido como la Declaración de El Tabo, y que vuelve a cobrar especial importancia en la espiral histórica.
En nuestra desclasificación queremos, cómo no, recordar también el importante papel democratizador que tuvieron la Red de Prensa Popular y la Asociación Nacional de Radios Populares, ANARAP, destacando a nivel local el espacio democrático abierto por “El Muro Vecinal”, boletín informativo publicado por el Centro de Estudios y Capacitación Poblacional, CECAP, y que contó con una amplia red de reporteros vecinales.
Y es desde ese malestar que pesa sobre la cultura de las comunicaciones, consecuencia de las políticas del olvido estatales y el crecimiento irrefrenable de las industrias culturales globalizadas, que hemos adherido a la campaña POLCOMCHILE, iniciada por el Colegio de Periodistas, la Red de Escuelas de Periodismo por el Derecho a la Comunicación, la Asociación de Investigadores en Comunicación INCOM-Chile y otras tantas organizaciones sociales reclamando del Estado la definición de una Política Pública de Comunicación. Los 12 puntos de esa campaña parten reivindicando el reconocimiento en la Constitución Política del Estado de Chile del derecho a la comunicación, basándose en los artículos 19, 22 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se plantea la necesidad de garantizar constitucionalmente la existencia de un sistema nacional de comunicaciones democrático, descentralizado, de carácter mixto, que equilibre la existencia de medios privados, públicos y del tercer sector, que fomente el respeto por el pluralismo y la diversidad social, cultural, de género, territorial y de los pueblos originarios.
Frente a las grandes transformaciones tecnológicas que anuncian el apagón analógico y la convergencia medial, varios países de América Latina han iniciado importantes reformas en sus sistemas nacionales de comunicación para defender sus particularidades identitarias, su producción cultural y a sus cultores, asegurando a la vez los procesos de mediación para el fortalecimiento y ampliación de una ciudadanía cultural. Reformas necesarias para enfrentar el paulatino avance de las industrias transnacionales y su homogeneizante mercado de productos culturales para el consumo globalizado.
Chile requiere con urgencia de una Política Pública que parta por reconocer constitucionalmente el derecho a la comunicación, que posibilite rediseñar el sistema nacional de comunicaciones, definiendo como filosofía irrenunciable su carácter de bien público, democrático, participativo, pluralista y diverso, descentralizado y relocalizado. Dicha política de estado, en sintonía con acuerdos internacionales sobre derechos humanos suscritos por nuestro país debería partir por un diálogo abierto sobre el derecho a la comunicación en los nuevos entornos digitales, que considere las oportunidades de diversificación y ciudadanización tanto de los nuevos medios aunque también de los tradicionales: locales, comunitarios, universitarios, culturales, de intereses especiales… En fin, nuevos medios para nuevas prácticas democráticas.
Si recordábamos al iniciar esta reflexión que “no hay memoria sin conflicto”, bien podríamos agregar al finalizar que tampoco hay historia sin juicio al olvido, al silencio, a la la exclusión o al estereotipo, tampoco a la impuesta o la auto-censura. Mientras la mejor política de comunicación siga siendo la que no existe, según sentenciaron algunos especialistas asesores de la transición, Chile continuará figurando en las páginas negras de los informes internacionales de derechos humanos y libertad de expresión. Pero todavía más complejo, seguirán ampliándose las movilizaciones sociales para poner la voz y el cuerpo en el único espacio donde la libertad de expresión no la expropia ni el mercado ni el Estado. Porque al fin y al cabo más allá de la jurisprudencia, de lo que trata la democratización de las comunicaciones es de establecer un estatuto ético de la conciencia intersubjetiva, de las diferencias identitarias e ideológicas, pero en diálogo y en convivencia; y que, en consecuencia, reconozca el protagonismo y presencia que les cabe a los actores sociales en el sistema mediático como sujetos historizados, desde las hablas cotidianas que nos constituyen como seres sociales en la libre expresión de nuestros derechos fundamentales.
Felip Gascón i Martíne es periodista, Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Titular de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso), investigador de su Centro de Estudios Avanzados, miembro del Observatorio de Participación Social y Territorio e invitado en el Centro de Investigación en Comunicación, Discurso y Poder de la Universidad de la Frontera. Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Playa Ancha y ha sido en dos períodos directivo de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación
INCOM-Chile, www.incomchile.cl
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Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos “Promoción, protección y vigencia de los Derechos Humanos, una perspectiva regional”
Miércoles 10 de diciembre, 11 hrs. Biblioteca UPLA
