Un país gobernado directamente por uno de sus dueños Probablemente en algunos de ustedes habrá llamado la atención que nuestra exposición no coincide con el título del libro recientemente publicado por nuestro centro de estudios y Lom Ediciones. La explicación reside en una sugerencia para que su título no fuese tan largo.
La palabra directamente tiene relación con una de las ideas centrales expresadas en nuestra publicación: la continuidad del modelo económico. “Nuestro hilo conductor –señalamos en la introducción- es que desde los años de dictadura a la fecha hay en Chile un esquema dominante económico social que expresa una continuidad, más allá de las fuertes modificaciones en el escenario político, con conflictos y consensos entre los diferentes gobiernos y los intereses externos e internos dominantes en el país. Todo ello en un escenario global y un país que en estas cuatro décadas se ha modificado. En lo fundamental, la nueva administración, es de continuidad con el modelo económico-social impuesto a través de la violencia en los años de dictadura. Este modelo surge del ideario neoliberal que pasó a ser hegemónico a nivel mundial a fines de la década de los setenta hasta la crisis global iniciada en EE.UU. a mediados del año 2007. Y que pretende hoy recuperar su liderazgo”.
Sin duda que no es lo mismo la dictadura de Pinochet que el actual gobierno de derecha, como tampoco es lo mismo este régimen que las cuatro administraciones de la Concertación. Pero, económicamente la línea gruesa no se ha modificado. Lo corroboró a fines del año pasado uno de los inspiradores de la política aplicada desde los años setenta, el doctor en economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, en una visita efectuada al país. “Yo creo –destacó Harberger- existe una gran continuidad de política económica en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo que los gobiernos anteriores, y eso ha seguido hoy día que yo sepa. Claro que (…) hay diferencias de milímetros y centímetros, pero no grandes diferencias. No son muchos los países –concluyó- que han logrado ese grado de consenso referente a la conducción de política económica”.
Observando las gigantescas movilizaciones efectuadas en los últimos meses: la rebelión del gas en Magallanes; las grandes expresiones de protesta por el proyecto de la megacentral hidroeléctrica HidroAysén; las movilizaciones de trabajadores, particularmente al aprobarse el reajuste del sector público; hasta la gigantesca jornada de hace menos de una semana atrás de la educación como un derecho, no una fuente de lucro y el papel que le corresponde al Estado, a lo cual se suman choques entre las “dos almas” de la llamada “Coalición por el cambio”, que expresó un nuevo capítulo de sus diferencias en el consejo directivo ampliado de la UDI efectuado en las Termas de Cauquenes, pienso que se dan manifestaciones que dan lugar a hablar de que se trata de un país intentado gobernar directamente, no siempre logrando sus propósitos, por uno de sus dueños.
Nuestro libro fue cerrado en marzo pasado. Han transcurrido, desde entonces, tres meses. En la introducción expresamos la esperanza de que su lectura contribuirá a entender acontecimientos que estaban y siguen estando muchos de ellos en desarrollo, lo cual permitirá develar más profundamente el significado del gobierno Piñera y de la realidad interna y externa en que se desenvuelve. No es nuestra intención hoy repetir lo escrito en el texto sino destacar hechos que consideramos importantes desde marzo, intentando así darle continuidad a nuestro análisis.
Un tema muy actual es la educación. La “reforma” anunciada durante noviembre como un “cambio revolucionario”, en el esquema de los anuncios llenos de autopanegíricos que Piñera se dedica, fue convertido en un éxito de su política de “consensos” con sectores de la Concertación, lo cual forma parte de su estrategia para posibilitar sacar adelante su programa de Gobierno, que acentúa rasgos regresivos del modelo económico en aplicación. Esta táctica se encuentra en pugna dentro de su coalición política con el ala más de derecha que busca imponer sus objetivos históricos y que en el plano económico ha tenido como sus exponentes al Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), al ex ministro de Hacienda en los años de dictadura Hernán Büchi y a parlamentarios de la UDI.
Este cambio “revolucionario” fue convertido en ley durante enero. Como señaló en ese momento el presidente del PR, José Antonio Gómez, “(…) de principio a fin se suscribió un pacto sin discusiones hacia la comunidad, hacia quienes son nuestros adherentes. (…) esto se resolvió entre cuatro paredes, porque no se atrevieron al diálogo con la ciudadanía. Y ¿por qué? Lo escuché directamente de la autoridad, porque no querían conflictos con profesores y alumnos”.
Sin embargo, no lograron en la práctica imponerlo sin participación de estos sectores fundamentales, como lo demuestran las jornadas vividas en las últimas semanas por estudiantes de la enseñanza media y superior, por el profesorado y personal no académico, además de padres y apoderados. Estas acciones cuestionan a que se intente imponer políticas centrales para el país al margen de la ciudadanía. La revista británica The Economist, en un artículo publicado la semana pasada con el sugerente título de “Cómo han caído los poderosos”, critica precisamente la “forma de gobernar” de Piñera. “El –explicitó- ha centralizado la toma de decisiones en su propia oficina, y rara vez pasa a través de un amplio proceso de consulta antes de tomar una medida”. Por eso, añade, “sus ministros son vistos como personas con poca autoridad, el propio señor Piñera –concluyó- se ha convertido en un pararrayos de las críticas a su gobierno” (17/06/11).
Pablo Longueira, en las Termas de Cauquenes, apuntó en la misma dirección. El problema, recalcó buscando “encontrar la explicación de por qué estamos en un 36%” (de apoyo en la última encuesta de Adimark) está en Palacio, recordando episodios tenidos presentes en nuestro análisis como el de la ANFP, el conflicto por el gas de Magallanes y el incidente del helicóptero. El 36% concluyó refleja un gobierno “sin relato, convicción y con letra chica. Éste –destacó- es un gobierno sin partidos” (13/06/11). Se trata de temas contenido en nuestro libro cuando describimos en su primera parte los rasgos del “sello Piñera”. Ellos no se han modificado.
La educación –como ha expresado la gigantesca movilización efectuada- debe ser un derecho y no una fuente de lucro, el cual fue defendido públicamente por el director ejecutivo del ILD, Luis Larraín, al sostener “que para educar y sanar se requiere algo más que puro corazón” (18/06/11), queriendo decir así que deben obtener ganancias. Lavín, por su parte, reconoció públicamente en televisión que su gestión empresarial en educación le generó lucro, le produjo beneficios.
¿Cómo se puede defender que el llamado “crédito con aval del Estado” tenga una tasa de interés de 5,3% y el Fondo Solidario que proporciona recursos para los estudiantes del Consejo de Rectores sea de 2%? ¿Hay estudiantes de diferentes categorías? Por lo demás, las tasas cobradas en los “créditos con aval del Estado”, que tiene un escaso riesgo de no pago, es fuente de utilidades para el sistema bancario, que obtiene como demuestran sus estados de situación, rentabilidades elevadas. El negocio de las instituciones financieras al otorgar estos créditos es grande y seguro, por ello en 2011 compitieron por obtenerlo once empresas, ganándolo finalmente Corpbanca, del grupo Saieh. Mientras el alumno no egresa el aval, por lo demás, no es del Estado sino de la universidad o el instituto, que debe responder por el no pago. Pasa a ser fiscal únicamente cuando egresa, al tener que desembolsar un 45% del monto en caso de no pagarse, el resto lo cubrirá –el gran beneficiario- Corpbanca, para quien se trata de otra esfera de su negocio.
En la Educación Superior, el Estado ni siquiera cumple con sus obligaciones hacia “sus” centros de enseñanza superior. ¿Cuál es su situación? Económicamente tienen que autofinanciarse. La política gubernamental, según se expresó en el Presupuesto 2011, fue respaldar a “todas las instituciones – como señaló Joaquín Lavín – independientemente de su origen” (29/10/10). En otras palabras, no se le concede una función especial a las universidades estatales. Peor aún, se mantienen las trabas legales y los controles que se les imponen por su carácter, objetivamente si se coloca a todas en el mismo plano se termina discriminándolas.
El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, expresó la demanda que las instituciones estatales deben recibir un Nuevo Trato, que entre otros aspectos debe expresarse en que presupuestariamente se financien hasta un 50% de sus actividades. “El Estado – agregó el rector de la Casa de Bello describiendo la situación del año 2010 – solo financia el 14% del presupuesto de la Universidad de Chile que asciende a $300.000 millones y nos obliga a que todos nuestros ingresos públicos y privados sean fiscalizados por la Contraloría General de la República”. Más difícil es la situación de universidades estatales de regiones.
El Panorama de la Educación 2010 de la OCDE recomendó a los gobiernos a invertir más en educación superior para asegurar un crecimiento económico de largo plazo. En el caso de Chile constató que los privados financian un 85,6% del total, proviniendo un 80% de los hogares, mientras que el Estado participa únicamente en un 14,4%. En cambio, hay países de la OCDE que casi la totalidad del financiamiento es estatal: Noruega (97%), Dinamarca (96,5%), Finlandia (95,7%), para citar a aquellas naciones en que se registran los porcentajes más elevados.
Ello, en circunstancias que “los precios de los aranceles que cobran las universidades (…), corregido por ingreso per cápita –escribió el economista de la U. de Chile Patricio Meller-, está entre los más altos del mundo”. Según datos del Consejo Nacional de Educación en 2010 el arancel promedio fue un 11,9% real superior al cancelado en 2005, si se elimina el efecto de la inflación. Joaquín Lavín, que debe recordarse es miembro del Opus Dei, cuando fue alcalde de Las Condes promovió personalmente la transformación de escuelas municipales a particulares subvencionadas y fue fundador de la Universidad del Desarrollo, una de las instituciones de educación superior “cota mil”, para tratar de dividir a los estudiantes y explicitar su formal apoyo por los sectores de menos ingresos, señaló que se debe privilegiar a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, que sin duda enfrentan grandes dificultades y objetivamente son discriminados.
“¿Alguien cree –se preguntó Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales- que un sistema que reproduce la estructura de clases sociales contribuirá a mayores niveles de justicia? Nadie, por supuesto. Todos saben que una estructura así contribuye a que la cuna marque a fuego el destino de los niños. Es cierto: todos los sistemas educativos reproducen –enfatizó- en alguna medida el origen social, pero ninguno lo hace con el esmero y la impudicia del chileno. Y si eso ocurre con el sistema escolar, los problemas que presenta la educación superior –agregó- tampoco son desdeñables. Escuelas más igualitarias, un sistema de educación superior con mayor acceso para quienes fueron históricamente excluidos, instituciones públicas más fuertes. ¿Excesivo o imposible?” (12/06/11). No son temas desde luego, que se plantee la reforma “revolucionaria” de Piñera y Lavín.
La dimensión de las movilizaciones de la semana pasada en contra del lucro y por más Estado en la educación condujeron a pronunciamientos, también desde la derecha de la derecha, que se refirieron incluso al papel general del gobierno Piñera. “(…) este gobierno fue elegido –escribió Axel Buchheister- sin que tuviera realmente un programa, esto es, una propuesta sustancial y coherente de lo que haría en su mandato, con qué ideas gobernaría y qué objetivos perseguiría. En suma, ganó sin definiciones de fondo. Lo que hubo fue una serie de ofertas para ganar votos, que se fueron armando al calor de la campaña. Nunca hubo un debate y un compromiso en torno a ciertas ideas y acciones básicas (…) y más bien la lógica fue omitir definiciones y pronunciamientos. Ganar haciéndose el leso –concluyó Buchheister- es posible, pero genera un problema: el día después, cuando hay que entrar a gobernar, y eso no es sencillo cuando no hay sustento, como ha quedado comprobado con la semana que termina” (19/06/11). Precisamente la de las gigantescas jornadas a favor de una educación pública o de orientación pública, sin lucro.
En general, como acontece en la educación las demandas sociales chocan abiertamente con la política fiscal del Gobierno. En la práctica la cuestionan, se requiere, eso sí, que lo hagan explícitamente, frente a un gobierno –debe subrayarse- que dispone de recursos, pero que prefiere colocarlos –continuando con la política de las administraciones anteriores- en activos financieros en el exterior en vez de utilizarlos para modificar la estructura productiva chilena, siempre extraordinariamente dependiente de unos pocos rubros de exportación, básicamente primarios y con escaso valor agregado incorporado, o sea trabajo humano que es básico para la expansión de un país, y también para mejorar las condiciones de vida de una población que sigue estando entre las naciones de peor distribución de los ingresos a nivel mundial.
Esta contradicción se expresa claramente en los llamados proyectos sociales del gobierno, que buscan con varias formulaciones adicionales en “letra chica” cumplir con promesas efectuadas durante la campaña electoral.
En el libro ejemplificamos esta confrontación con el proyecto gubernamental de posnatal, que constituye una demanda sentida y forma parte de las promesas electorales efectuadas. “Pero –escribimos- de no resolverse el tema de la cobertura del beneficio y convertirse en una iniciativa que mejore la regresiva distribución del ingreso existente en el país la iniciativa termina perpetuando una regresión inaceptable. Anualmente, solo la tercera parte de las madres perciben posnatal, 160.000 de las 240.000 mujeres que tienen hijos no lo reciben. Entre las beneficiarias, la mitad del subsidio es captado por el quinto quintil, o sea por las personas de mayores ingresos. Entre quienes no lo perciben se cuentan las trabajadoras sin contrato y quienes lo hacen por cuenta propia”.
“Es decir, -citamos a Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de la Comunidad Mujer- un tercio de las trabajadoras chilenas no recibe actualmente ningún subsidio del sistema de protección a la maternidad, y continuará sin recibirlo, a la luz del anuncio presidencial. Esas mujeres –añadió- están fuertemente concentradas en los primeros quintiles de la distribución del ingreso. Nos preguntamos cuándo si no ahora teníamos la oportunidad de abordar la realidad de estas mujeres, las más pobres entre los pobres. Es injusto –concluyó- el sistema“.
El cumplimiento en forma más restringida de las diferentes promesas electorales efectuadas no se plantea únicamente para el posnatal. Cristián Larroulet expresó el mismo predicamento hace algunos meses en la eliminación de la cotización de 7% para salud por los jubilados, otorgándose el beneficio gradualmente y focalizando los sectores a quienes se les concederá. “Aquí –explicitó- hay responsabilidad de disciplina fiscal y por eso se opta por el concepto de gradualidad y focalización. Los costos –recalcó- son importantes”. Generalizando, se puede esperar que un similar enfoque exista en “las siete reformas estructurales” anunciadas por Piñera para 2011.
Los recursos otorgados hasta ahora con fines sociales son tan limitados que la disconformidad se expresó incluso agudamente al interior de la coalición gobernante. Hace una semana atrás se efectuó una cita en Cerro Castillo convocada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el de Hacienda, Felipe Larraín. En la reunión, este último propuso – a cambio de la fórmula escalonada inicial que ya señalamos de disminución en el 7% para la salud cobrado a los pensionados-, reemplazarla por una reducción de una vez al 40% de menores ingresos de la población. Y disminuirlo a un 5%, como se propone en el proyecto inicial, en vez del actual 7% al tercer quintil a partir del 2014. Tampoco hubo consenso. Los proyectos emblemáticos –señalo el senador de RN, Alberto Espina- no pueden abordarse con un enfoque economicista” (16/06/11).
“La ofensiva -reseñó La Tercera- ha tensionado la relación con Hacienda, cartera a la que se responsabiliza de poner cortapisas a varios proyectos emblemáticos del gobierno. Frente a los reparos (…) –añadió el periódico- Larraín dijo estar abierto a estudiar sugerencias, pero mantuvo su mirada en que la entrega de beneficios debió ser “focalizada”. Además, argumentó que si aumentaban los fondos para el 7%, inevitablemente tendrían que recortar de otro proyecto, ya que tendrá que ajustarse el equilibrio fiscal” (18/06/11).
Finalmente, el Ejecutivo una vez más debió retroceder. Personalmente Piñera dio a conocer que el descuento del 7% de la cotización de salud se hará efectivo a los jubilados de los tres primeros quintiles, materializándose sesenta días después que se apruebe el proyecto de ley presentado al Congreso disminuyéndose de 7% a 5% al cuarto quintil un año después que entre en vigencia la normativa anterior. Aquí llegamos a un tema de fondo. El modelo económico conduce a imponer una política de austeridad fiscal. La magnitud del gasto público queda acotado por dos mecanismos. Por una parte, la regla fiscal establecida por el Gobierno de Ricardo Lagos de hecho desde sus inicios y convertida en ley durante la administración de Michelle Bachelet, para darle así una mayor exigencia de cumplimiento, la cual permite un uso de los ingresos cíclicos (crecimiento económico, cotización del cobre y del molibdeno) hasta sus llamados indicadores de tendencia, que constituye el nivel promedio a alcanzar en el mediano plazo. De otra parte, que su crecimiento debe ser menor al del producto pregonado insistentemente y en escenarios diferentes por Sebastián Piñera desde antes de asumir la presidencia y que se ha aplicado rigurosamente.
Los hechos demuestran que esta orientación puede ser derrotada. No se trata, obviamente de estar contra de manejos macroeconómicos cuidadosos, sino de terminar con su unilateralismo y colocarlo dentro de la perspectiva de una política nacional de desarrollo. Es inadmisible que el país tenga recursos elevados y no puede utilizarlos en ninguna circunstancia, incluso como aconteció el año pasado cuando el país fue sacudido por el terremoto y el maremoto del 27F y en los hechos se transforma en una fuente de financiamiento para las economías avanzadas que viven con grandes déficits fiscales. Los ahorros totales del país en el exterior, sumando los fondos soberanos, las reservas internacionales del Banco Central y los recursos de los imponentes del sistema previsional colocados en mercados financieros mundiales suman decenas de miles de millones de dólares.
La unilateral política antiinflacionaria de gobierno no solamente, desde luego, se expresa en contraer la expansión del gasto público, sino también en tratar de reducir al máximo mejorías de los ingresos remuneracionales.
Ello se manifiesta en su proyecto de ley para el reajuste en los salarios mínimos, que debe despacharse en los próximos días. La propuesta inicial fue aumentarlos en términos nominales, o sea no descontada la inflación, en sólo un 4,7%. Este porcentaje conduce a una reducción en términos reales si consideramos que el costo de la canasta básica de alimentos calculado por Mideplan al mes de mayo había aumentado en doce meses un 7,5%. Por tanto, de concederse ese nivel de reajuste las capas de la población adquirentes de la canasta básica habrían visto reducirse su capacidad adquisitiva en 2,6%. Para lograr su aprobación en la Cámara de Diputados elevó el incremento a 5,5% que sigue estando dos puntos porcentuales por debajo del aumento anualizado del costo de la canasta básica de alimentos. “(…) esta miseria de la chaucha de $500 no los va a llevar a nada –dijo el diputado independiente Miodrag Marinovic- (…) no podemos estar bolicheando con los trabajadores de nuestro país” (22/06/11). Por lo demás el salario mínimo debe llevarse a un nivel tal que saque a sus receptores de la situación de pobreza.
Uno de los hechos utilizados en nuestro análisis para caracterizar el gobierno Piñera fue detenernos en la composición de su primer gabinete recalcando su composición “pro grandes empresas, gerencial y elitista”. Las dificultades producidas en el primer año de gobierno le condujeron a introducir cambios, incorporándole a personas de mayor experiencia política como Andrés Allamand en Defensa y Evelyn Matthei en Trabajo, con lo que pretendió darle un matiz diferente a la “nueva forma de gobernar”, que mostró todas sus falencias, incluyendo además conflictos al interior de las organizaciones partidarias que forman parte del gobierno, como se demostró en el affaire Van Rysselberghe.
Sin embargo, posteriormente retomó el diseño inicial en las nuevas designaciones. Un ejemplo de ello, lo proporciona la nominación como ministro de Vivienda de Rodrigo Pérez Mackenna, en reemplazo de Magdalena Matte que cayó envuelta en el manejo de otro “caso” transformado en problema político, el escándalo Kodama, “Su perfil –comentó La Tercera- es ya un clásico dentro del gabinete. Se trata del tercer ex alumno del Colegio Tabancura, el número 16 que estudió en la Universidad Católica y el sexto ingeniero civil. Su pasado por supuesto –añadió-, no se vincula con la actividad política, sino con el mundo empresarial, particularmente la banca” (23/04/11), donde también incursionó con gran éxito para su bolsillo –agregamos por nuestra parte- Sebastián Piñera.
Otros antecedentes de Rodrigo Pérez es su cercanía con la ultrarreaccionaria estructura religiosa de los Legionarios de Cristo y que al asumir, al iniciarse el gobierno, en la intendencia de la VI Región debió renunciar a su participación en nueve directorios de sociedades anónimas, entre ellos Aguas Andinas, Esval, Esbbio, Deutsche Bank Chile, Almendral y Banmédica. No puede dejar de mencionarse, además, que es hermano de Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, uno de los holding del mayor grupo económico del país y el más internacionalizado, Luksic, que en estos meses ha vivido un espectacular proceso de expansión.
En reemplazo de Jacqueline Van Rysselberghe en la Intendencia de la VIII Región, luego de su obligada renuncia, nominó a Víctor Lobos, decano de la Facultad de Arquitectura de la ya mencionada Universidad del Desarrollo, a propuesta de Joaquín Lavín, con el cual le une una amistad que se inició a comienzos de la década de los noventa, cuando ambos se incorporaron al centro de educación superior “cota mil”. En la intendencia de Magallanes, luego del cambio que debió realizar obligadamente consecuencia de la “crisis del gas”, designó al empresario naviero Arturo Storaker, ex presidente de la C.P.C. de dicha región, de la Cámara Marítima y de la Asociación de Armadores del Sur. Sigue siendo, en consecuencia, un equipo de gobierno “pro grandes empresas, gerencial y elitista”.
En estos días prácticamente culminó la privatización de Aguas Andinas, controlada por el consorcio francés Suez, a través de la empresa española Aguas de Barcelona. Se enajenó otro 29,98%, en US$948 millones, manteniéndose simbólicamente un 5% como propiedad del Estado.
El hecho no recibió el repudio generalizado que merecía. Para justificar la enajenación, el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre destacó que los recursos recibidos se destinarán a las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago. Agregando que se trata de recursos posibles de utilizar inmediatamente. ¿Es necesario recordarle que el país tiene ahorros en el exterior, en el llamado Fondo de Estabilización Económico y Social según cifras al finalizar abril, por US$13.269,99 millones, monto 13.999,9 mayor a lo percibido con la venta de Aguas Andinas? ¿Se tiene necesidad de estos recursos? Sin duda que no. Su lógica es reducir aún más la presencia del Estado en la economía.
El gobierno Piñera ha aprovechado de culminar procesos de privatización iniciados durante los gobiernos de la Concertación. La entrega de las empresas sanitarias se inició en la década de los noventa durante el gobierno de Eduardo Frei. Es un propósito que paralelamente se expresa de múltiples maneras. La semana pasada, para dar otro ejemplo que no tuvo mayor repercusión en la opinión pública ni en los medios de comunicación, Hernán Cheyre notificó que la política de innovación determinada el año 2008 al definirse una Estrategia Nacional en este plano a través de la formación de clusters o encadenamientos productivos se abandonaba, “optándose –explicitó- por un enfoque de neutralidad”. Dicho de otra manera, ello significa que es el “mercado”, o sea los intereses privados que se mueven tras obtener rentabilidad, quienes determinarán los avances o no que se produzcan en el plano de la innovación, siendo así absolutamente consecuente con su orientación ideológica.
Como dijo, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma en su discurso en las Termas de Cauquenes, “no luchamos veinte años por alcanzar el gobierno para conducir al país con ideas ajenas, sino que por el contrario, para realizar un profundo cambio (…)” (12/06/11), al criticar lo poco que se ha avanzado, en su opinión, en llevar a la práctica los propósitos más retrógrados y tradicionales de la derecha.
Dejar la decisión a grandes intereses privados se expresa también en el megaproyecto eléctrico HidroAysén. “La evaluación ambiental –escribió Hernán Frigolett, director de Aserta Consultores- (…) es inadecuado abordarlo desde la perspectiva de una agencia de servicio público. La institucionalidad heredada de la Concertación –agregó- fue miope en dejar una maqueta de proyecto de Ministerio y una institucionalidad sin procedimientos adecuados, que se reduce a una instancia meramente administrativa desde el Gobierno central a una pantomima descentralizada” (18/05/11). En la práctica no se considera la participación fundamental de la ciudadanía y se le concede un papel determinante a las empresas que proponen las iniciativas.
Lo que se debe exigir al Ejecutivo es que presente un proyecto de matriz energética, que tenga presente su importancia decisiva para el país, considerando toda la problemática que conlleva, incluida en un plano muy importante la medio ambiental. Esta propuesta no puede construirse a partir de iniciativas privadas, que colocarán en un lugar prioritario sus intereses. La participación privada debe hacerse en función de lo que el país resuelva y no al revés. La propuesta oficial debe someterse a consideración de la ciudadanía. Esta matriz debe construirse a partir de lo mejor de las experiencias internacionales adaptándolas a la realidad chilena.
Debe considerar que la capacidad instalada de generación es de unos 13.000 megawatts y se requiere incrementarla para sostener el crecimiento económico. Un porcentaje no menor de esa capacidad instalada descansa en centrales térmicas, que son altamente contaminantes.
HidroAysén, en cambio, no nace ni forma parte de una concepción nacional de desarrollo. Endesa fue privatizada en los años de dictadura, ahora es una filial del holding eléctrico Enersis, controlado por Endesa España, cuyo accionista mayoritario en las complejas relaciones del mundo transnacional, es la italiana Enel. Por su parte, Colbún –el otro socio del proyecto HidroAysén-, es una de las áreas de acción del grupo Matte. Estos dos consorcios, más la norteamericana Gener, concentran el 90% de la generación de energía eléctrica en el país . Es un grado de concentración que debe reducirse y el proyecto Hidroaysén lo aumenta. Se trata de otro plano en que la oposición de la ciudadanía se ha expresado con fuerza, pero donde también se requiere pasar de una actitud crítica a otra de buscar abrir paso a una política nacional.
La otra cara de la misma medalla son las carencias de regulaciones, que en estos días han vivido una nueva demostración con el escándalo de La Polar, posibilitado por la existencia de un ”área gris en el mercado de capitales”. Los defensores del modelo han buscado explicarlo como consecuencia de no existir un claro controlador de la propiedad. Olvidan la experiencia de Inverlink, motivada por causas similares, con un claro propietario, o el estallido de la burbuja de activos tóxicos a nivel mundial en un mercado financiero global fuertemente concentrado.
Por lo demás su control lo tienen instituciones financieras que manejan como suyos recursos de terceros: AFPs, corredoras de Bolsa o fondos de inversión. Ello es tan así que decidieron nominar a un nuevo presidente de la multitienda, a César Barros, hasta ese momento máximo ejecutivo de SalmónChile. Estas instituciones aprovechan habitualmente en su accionar la volatilidad e inestabilidad financiera.
La superficialidad para trata la crisis de La Polar por destacados personeros del equipo económico resultó abismante.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, fue un exponente de ello. “Así como existen –expresó- los accidentes automovilísticos, también existen los accidentes financieros; las regulaciones en esta materia están bien hechas (…)” (15/06/11). ¿Se actuó bien cuando el propio ministro constató que “Sernac comenzó a recibir denuncias del caso La Polar en el segundo trimestre del año pasado”? ¿Se actuó diligentemente y con eficiencia cuando el SBIF, Carlos Budnevich, reconoció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se siente “engañado” con lo ocurrido? (21/06/11) y que carecería de atribuciones para actuar, cuando ante la magnitud del escándalo tanto la SVS como la SBIF iniciaron un proceso de revisión de la contabilidad de todas las empresas de comercio al detalle que actúan abiertamente en la esfera financiera.
Tan evidente es la debilidad de los mecanismos regulatorios y la carencia de fiscalización que el propio presidente del Banco Central, José De Gregorio, debió constatar, al presentar en el senado su informe de política monetaria que el “caso La Polar”, revela dos falencias importantes: regulatoria y de fiscalización. ¿Quién responde por ello?
Por lo demás, la experiencia internacional e interna demuestra que las crisis en los mercados de capitales parten frecuentemente en las “áreas grises” del sector carentes de regulaciones. Ello golpea la confianza de quienes colocan sus recursos en activos financieros. Lo reconoce el gerente general del Comité de Retail Financiero, que agrupa a las unidades financieras de las casas comerciales, Claudio Ortiz. “Hay –afirmó- cierto grado de pasividad en la fiscalización. Específicamente –detalló-, me refiero a la Superintendencia de Bancos, quienes teniendo información, la pudo haber utilizado. Hay una cierta zona gris en la que la SBIF siente que no le corresponde la labor de fiscalización de este sector, y nosotros como industria, a partir de la normativa (…) nos sentimos fiscalizados por esta Superintendencia” (17/06/11). Por tanto, la responsabilidad de la superintendencia en lo acontecido es grande.
Lo fiscal no es el único punto conflictivo en el manejo macroeconómico del gobierno Piñera. Otro es el tema cambiario, que no puede seguir siendo, destacamos en el libro, una variable económica fundamental dejada –en el marco de la política económica en aplicación- al “mercado”.
Ello conduce a que se agrave el síndrome holandés que experimenta la economía nacional y que se produce cuando la apreciación de la moneda local repercute negativamente en amplios sectores, especialmente en el exportador que no experimenta, como el cobre y otros commodities, un incremento de sus cotizaciones en los mercados internacionales, y en aquellos rubros transables, básicamente de medianos y pequeños productores, que se ven desplazados en el mercado interno por importaciones favorecidas al descender sus costos en moneda nacional.
“El precio de la divisa –señalamos en el libro citando al académico Rolf Lüders – es un valor clave en toda economía abierta” (20/08/10). Una variable fundamental no puede dejarse entregada al mercado. Más aún cuando, como añadió el académico de la Universidad Católica, “posiblemente, el tipo de cambio está en un proceso de corrección mayor (…) que induciría un cambio estructural de proporciones, afectando negativamente a los sectores agrícola, industrial y minero (no cobre). Con ello perderían competitividad varios sectores productivos importantes. El fenómeno –añadió– (…) se conoce con el nombre de enfermedad holandesa y Chile lo experimentó en la época salitrera”.
Desde marzo la principal expresión de protesta frente a esta situación se produjo en la manifestación organizada en Requínoa por la Federación de Productores de Fruta y la Asociación de Exportadores”. (…) le vamos a decir (al Gobierno) –expresó antes de realizarse la movilización, el presidente de Fedefruta, Antonio Walker- que esto no da para más, que la asimetría UF dólar nos está matando” (06/06/11). En 2001, graficó el dirigente de los fruticultores, cancelar una UF por créditos bancarios significaba desembolsar aproximadamente US$25, a la fecha del acto de Requínoa el egreso equivalía a más de US$40. Son expresiones concretas del síndrome holandés que golpea al país. Y que el Gobierno se niega en reconocer o que, como lo señaló editorialmente El Mercurio, debe aceptarse, dado que en su opinión “la solución definitiva para algunas industrias agrícolas pasa por una reconversión parcial o total” (09/06/11).
Los llamamientos de Piñera y Larraín a los parlamentarios de derecha a no participar en Requínoa no tuvieron éxito. La jornada, con el lema “Rompamos la indiferencia con la agricultura”, fue multitudinaria, alcanzando una concurrencia inédita en la región. “Pese al intento del gobierno para que los legisladores oficialistas no asistieran- constató La Tercera-, diputados y senadores de la UDI llegaron a Requínoa” (07/05/11). “(…) el Gobierno –enfatizó el senador de la UDI Hernán Larraín- comete un error, una vez más, de no oír a la gente” (07/06/11). Para El Mercurio, la presencia de estos parlamentarios los colocó “al filo de la inconstitucionalidad” (09/06/11), como si la presencia en manifestaciones públicas lo fuese.
La jornada de Requínoa conduce a tres conclusiones gruesas. Una es que la franja de sectores del agro afectados por la política económica es extraordinariamente amplia y sin embargo las autoridades se expresan satisfechas por las insuficientes medidas adoptadas. La segunda es que las divergencias al interior de las fuerzas que apoyan a Piñera subsisten o se ahondan y éste no es capaz de poner orden en sus filas. Finalmente, que los problemas deben resolverse teniendo en cuenta a los directamente afectados.
Las proyecciones de crecimiento económico oficiales se caracterizan por dar escasa importancia a las variables externas, aunque en una economía pequeña y abierta como la chilena tienen una enorme trascendencia bien sea positiva –es lo que sucede con el excepcional ciclo positivo en la cotización del cobre, por ejemplo –o negativa, por los impactos que tiene en el país la nueva desaceleración experimentada por la economía norteamericana o la crisis de la eurozona, que en estos meses ha tenido su expresión más aguda en el agravamiento de la situación de Grecia, en medio de crecientes protestas sociales.
Por ello es necesario tener presente y ver las proyecciones hacia el país de lo que acontece en el ciclo económico mundial, que por definición está permanentemente en movimiento. ¿Qué acontece al finalizar el primer semestre de 2011? Economist Intelligence, la unidad de estudio de la revista inglesa The Economist, la caracteriza en su informe de junio, de una “desaceleración global (…) sincronizada” (16/06/11). Sus causas las resume en los altos precios de la energía y las materias primas, el desastre de Japón, el estancamiento del repunte a comienzos de año en la creación de empleo en EE.UU., la recesión nipona y que las encuestas de gerentes de compras muestran un deterioro en EE.UU., Europa e incluso China.
“A esos factores se suman –añade el análisis textualmente- el resurgimiento de temores a un incumplimiento griego que puede torpedear el sistema financiero europeo, los continuos disturbios políticos en el mundo árabe; y quizás lo más importante, la posibilidad de una política fiscal y monetaria más ajustada en la mayoría de los países en los próximos 18 meses”. Debido a ello redujo su estimación efectuada anteriormente de crecimiento mundial en 2011, estimando que esa fase se revertiría en la segunda mitad del año. El FMI en estos días también disminuyó su previsión para el año, expresando igualmente su esperanza de “que el bache en el tortuoso camino de la recuperación no dure mucho” (18/06/11). El menor crecimiento lo fundamenta en “el parón a inicios de año en EE.UU.”, en la contracción de 0,7% en Japón por los efectos del terremoto, y en el menor crecimiento de Italia y el Reino Unido. “Grecia, Irlanda, Japón y EE.UU. –recalca- son los que tienen más deberes por hacer. Estas cifras, en todo caso –puntualiza el informe-, significarán muy poco si al final la ralentización en EE.UU. dura más de lo que se espera”.
Este escenario es más preocupante que el descrito en el último apartado de nuestro libro al hablar de cómo cerraba marzo. Tuvo razón el presidente de Morgan Stanley para Asia, Stephen Roach, al advertir –como señalamos en el último párrafo del mencionado apartado- que la combinación de la crisis japonesa con mayores precios del petróleo, la crisis de la deuda en la eurozona y los acontecimientos del MENA pueden conducir a un descarrilamiento de la recuperación global, lo cual necesariamente tendría consecuencia en todos los países. En el corto plazo –agregó- volvió la inestabilidad a los mercados financieros, predominando la aversión al riesgo. “ (…) las tensiones en Medio Oriente y la crisis nuclear en Japón –añadió- la han resucitado (…)”
¿Son confiables en este contexto las estimaciones de mejoría para la segunda mitad del año? No acostumbro a hacer economía-ficción. Pero, se puede asegurar que las semanas próximas están repletas de momentos a lo menos complejos. A fines del presente mes la Reserva Federal norteamericana pone fin a la segunda fase de su política de relajamiento cuantitativo, mediante la cual aumentó la masa monetaria adquiriendo bonos del Tesoro y tiene el acuerdo de suspenderla definitivamente. Japón disminuye su gran inyección de dinero posterior al terremoto y maremoto. China trata de reducir peligros de inflación y formación de “burbujas”, para lo cual procede a frenar el crecimiento de su demanda interna, que sigue, eso sí, siempre elevada. Otra gran interrogante es cómo termina el debate entre la Casa Blanca y los republicanos de qué hacer al tocar techo el 2 de agosto, según las previsiones del Departamento del Tesoro de EE.UU., la deuda pública autorizada. “(…) el punto clave con respecto al 2 de agosto –subrayó Financial Times- es que nadie sabe lo que puede ocurrir. Evidentemente –agregó-, si hubo alguna vez un momento en el calendario en que aparece tonto embarcarse en aventuras riesgosas en el mercado, agosto es ese momento” (20/06/11). Hasta el día de hoy aún no termina el proceso en la UE para aprobar el segundo rescate de la sin solución por esa vía crisis de Grecia, aumentándose eso sí las exigencias en los ajustes a aplicar por Atenas, bajo la estricta supervigilancia de la eurozona, el BCE y el FMI, mientras se intensificaban las protestas sociales y su primer ministro Yorgos Papandreu, trata de superar las expresiones de crisis política, que alcanzaron a su propio partido, el socialista PASOK, al incrementarse las desafecciones por las antipopulares medidas que se le obliga a defender. El quinto tramo del primer rescate aún no se libera, manteniéndolo como un instrumento de presión y que de no concederse llevarían a “cerrar la persiana” como señalo el ex ministro de Finanzas Yorgos Papaconstantinu.
En estricto rigor se dio por la eurozona un virtual ultimátum a la aprobación de un programa de ajuste fiscal aún más riguroso. Se notificó que deberá estar sancionado el próximo 3 de julio. “Eso debe hacerse, si no (…)” declaró amenazantemente el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker (21/06/11), dando a entender que se produciría lo peor. Por su parte, el director gerente interino del FMI, el norteamericano John Lipsky, dirigiéndose al parlamento griego dijo: “Fallar en esa decisiva votación contagiaría las tensiones al corazón de la zona euro, con el resultado de graves efectos en todo el mundo” (21/06/11).
La demora en aprobar el segundo rescate fue provocado por la forma que revestirá. Alemania propició la participación de los acreedores privados en el paquete a decidirse, lo cual encontró la decidida oposición del BCE y Francia. Finalmente, el 17 de junio Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, en una reunión extraordinaria para ver las diferencias producidas efectuada en Berlín concordaron, según explicaron, que dicha participación privada sería “sobre una base voluntaria”, de acuerdo con el BCE.
Una vez más quedó claro quien decide, en último término, en la eurozona y en la Unión Europea: Alemania y Francia. Las instituciones comunitarias y los otros gobiernos, en definitiva, se ponen de acuerdo detrás de sus determinaciones. En este caso requieren, eso sí, que el denominado “mercado” o más bien las calificadoras de riesgo norteamericanas –Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch-, no califiquen la salida pactada de cesación de pagos, ya que ello provocaría un remezón profundo en el mercado financiero. El acuerdo Merkel-Sarkozy también exige que los sectores europeos más decididamente en contra de nuevos rescates no lleven su oposición a niveles más extremos. En Finlandia y Holanda el malestar de pagar las cuentas de la crisis en la periferia europea se ha traducido en la elección de gobiernos a la “derecha de la derecha”. En Alemania se estima que un 60% de la población rechaza los rescates así como profundizar la unión europea con una política fiscal única o la emisión de eurobonos.
“Mañana –comentó Daniel Gros, del Center por European Policy Research- habrá 12.000 millones (de euros) más para Grecia. En unos meses las cifras de ayuda se ampliarán con el segundo rescate. El resto es puro teatro: no va a haber impago porque eso no parece digno de una potencia mundial (…) hasta que Alemania, Holanda y Finlandia digan basta y no quieran rascarse más el bolsillo. En ese momento –concluyó-cualquier cosa puede suceder” (19/06/11).
“Europa -manifestó a su vez Kenneth Rogoff, profesor de Harvard y ex economista jefe del FMI – se encuentra en una crisis constitucional. Nadie parece tener el poder de imponer una resolución razonable a la crisis de sus países periféricos. En lugar de reestructurar la deuda manifiestamente insostenible de Portugal, Islandia, y Grecia, los políticos y legisladores están presionando para que se adopten paquetes de rescate cada vez más grandes con condiciones de austeridad cada vez menos realistas. Por desgracia, no están solo “pateando” el problema para más adelante, sino empujando una bola de nieve montaña abajo” (19/01/11). Como señaló finalmente Rogoff “el final de cualquier crisis es difícil predecir. Pero es difícil ver como la moneda única puede sobrevivir mucho tiempo más sin un paso decisivo hacia una política fiscal más sólida”.
“Se cuenta –como escribió Martín Wolf en Financial Times- que Albert Einstein dijo que la locura consiste en hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Bajo ese estándar, el pacto a punto de cerrarse con Grecia parece una locura. No se puede hacer creíble lo increíble mediante infinitas demoras. Uno puede hacer más doloroso el reconocimiento a la realidad cuando finalmente ocurre” (22/06/11).
Varios escenarios están abiertos, los sucesivos rescates buscan ganar tiempo. ¿Los pueblos afectados hasta cuando soportarán planes de ajustes cada vez más draconianos? ¿La ultraderecha continuará ganando terreno? ¿Se irá finalmente a la imprescindible reestructuración de la deuda? ¿La UE entrará a una nueva etapa para superar sus contradicciones y limitaciones de nacimiento?
Por lo demás, el tema no es únicamente europeo y tampoco se expresará marginalmente en la economía global, sino que es un problema que afecta directamente al resto de los países. De allí la inquietud expresada por el G-7 y la Casa Blanca. El 19 de junio los responsables económicos de EE.UU., Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido tuvieron una conferencia telefónica para evaluar de urgencia la situación. Dos días después el secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner, demandó una “voz clara y única sobre la crisis por la que atraviesa Grecia” (22/06/11). Coincidiendo “casualmente” con John Lipsky, el director del FMI quién planteó la necesidad de “reforzar” el gobierno económico de la UE. Europa renuncio a enfrentar solidariamente la crisis griega cuando Berlín rechazó crear un Sistema Monetario Europeo y empezó a utilizar las fracasadas recetas clásicas del FMI de ajustes cada vez mayores en los países afectados y el organismo internacional decidió participar con cuantiosos fondos en los rescates.
¿La comunidad mundial lo aceptará indefinidamente ya que están utilizando sus recursos? Todas estás contradicciones y alternativas diferentes pueden ser, a lo mejor, el tema de un nuevo libro.
¿Pueden hacerse proyecciones sobre la evolución de la economía chilena sin considerar este escenario? ¿Son creíbles las proyecciones oficiales efectuadas en el país si no lo tiene en cuenta? Hablar de una expansión sostenida de 6% es con estos antecedentes, para decir lo menos, una irresponsabilidad. La actitud oficial –señalamos en el libro- ha sido minimizar el impacto de los hechos externos, destacando determinadas ventajas que presentaría la economía chilena. Son expresiones actualizadas del supuesto “blindaje” del país preconizado por Andrés Velasco, que terminó profundizando y prolongando las consecuencias de la Gran Recesión en el país.
HUGO FAZIO RIGAZZI
Economista
Director Ejecutivo CENDA
