Feliz la nación cuyo pueblo no ha olvidado como rebelarse
(R. H. Tawney)
Los falsos lugares comunes
Cuando leo este epígrafe no puedo dejar de lamentar la pequeñez de la reacción de aquellos que pretenden menospreciar con infundados lugares comunes aquellas propuestas contenidas en algunos programas presidenciales encaminadas a recoger los reclamos de variados sectores de la sociedad- pobladores, estudiantes, trabajadores e intelectuales- por consensuar una sociedad distinta a la que hemos conocido y en la cual hemos vivido durante el último cuarto de siglo.
Pienso que lo que todos ellos quieren está muy bien resumido en el siguiente título de una publicación de la editorial Aun Creemos en los Sueños: Una Nueva Manera de Vivir[i]. La imaginación de la inmensa mayoría de periodistas, analistas y políticos, sólo alcanza para preguntarse por el cómo y cuánto cuesta la realización de esos “alucinados” reclamos. Dicen que es completamente irracional “el grito de la calle” por una Constitución nacida del consenso libre de todo vicio y en la cual se defina una nueva idea de la sociedad buena esencialmente transgresora de los principios que fundamentan la ideología neoliberal tecnocrática profundamente internalizada no sólo en los partidos de centro derecha y extrema derecha, sino que también en muchas otras organizaciones partidistas y expresiones político-culturales del Chile de hoy. Esos lugares comunes se presentan como verdades objetivas, pero sólo se mantienen gracias al alimento prodigado por un par de enclenques dogmas vestidos con los pretenciosos atuendos de presuntas evidencias empíricas.
El dogma más importante es el postulado que afirma que el mercado es la única institución capaz de generar riqueza. Esto a su vez descansa en la cínica aceptación de la idea que concibe a las personas como sujetos que sólo pueden actuar gracias a la bendita influencia de los “incentivos” materiales “correctos” y que al proceder de esa manera estarían también favoreciendo los intereses de todos. Esta aseveración es falsa porque también se puede actuar debido a intereses altruistas y solidarios los que, a diferencia de la corta vida de los bienes fungibles, mientras más informan nuestros actos, más se afincan y multiplican. Aquí hablamos de intereses que no se compran ni transan en el mercado. Son valores no comodificables. Lo que ha ocurrido es que el sistema ha socializado y exitosamente internalizado la idea de una relación amistosa entre mercado y bienestar y penalizado cualquiera motivación en discordia con la incesante acumulación de capital que dinamiza al mercado. Lo contrario es lo verdadero, porque al mercado hay que imponer la compulsión de la ley para someterlo en alguna limitada medida a los intereses colectivos, lo cual a veces se consigue mediante la regulación y a veces mediante la tributación. Aún más, el mercado, dicen sus defensores, no es concebible si no es bajo la vigencia de condiciones de libertad, pero los que menos quieren los competidores es la libertad. El ideal para ellos son los monopolios, duopolios o cuasi monopolios, para lo cual demandan la intervención proteccionista del Estado. Una crasa contradicción. El mercado libre no existe. Es pura, lisa y llanamente una creación ideológica.
Ergo, como en el mercado todo tiene un precio, pedir educación y salud universales gratuitas y de calidad es una verdadera locura.
También se afirma que el mercado ha existido desde siempre, pero sabemos que es una realidad histórica conocida como atributo intrínseco de la economía-mundo capitalista cuyo origen se remonta a mediados del siglo XVI en Europa Central. También sabemos que hoy atraviesa por una turbulencia caótica cuyo desenlace no podemos predecir.
Los ideólogos neoliberales no solo pretenden demostrar que sin mercado no se puede generar riqueza sino que también es el medio más idóneo para distribuirla. Esto último es falso como lo demuestran todos los estudios sobre distribución del ingreso en Chile y en el mundo.
Debemos discutir sin renuencia y engaños como podríamos sustraer del mercado la generación y distribución de los satisfactores básicos de las necesidades de salud y educación para todos. En esta arena toma lugar el debate sobre la reforma tributaria. Los argumentos en favor de esta reforma los hemos revisado en otros artículos y demostrado cuan falaces son las alegaciones de sus contradictores.
Otra manera de pensar y vivir
A una discusión menos pequeña daríamos lugar, si nos propusiéramos analizar la actual crisis de la economía mundial como una oportunidad para discutir políticas alternativas a la racionalidad capitalista que ha identificado indebidamente la idea de crecimiento económico con desarrollo. Nos liberaríamos del sueño con recuperar el crecimiento económico habitual para entrar en una transición social, cultural, política y ecológica, hacia menores niveles de uso de materias primas y energía[ii]. Bajo “la anemia” actual del crecimiento, se oculta “una anomia” creciente de las sociedades minadas por el capitalismo neoliberal, incapaz de dar un sentido a la vida en sociedad que no sea el consumismo, el despilfarro, el acaparamiento de los recursos naturales y de los ingresos provenientes de la actividad económica y a fin de cuentas, el aumento de las desigualdades[iii].
En este tipo de reflexión debemos inscribir las propuestas de políticas de “decrecimiento” así llamadas sólo para acentuar sus diferencias con el insensato objetivo de perseguir el crecimiento por el crecimiento, pero que ciertamente no deben entenderse como crecimiento negativo[iv]. El progreso económico considerado como proceso infinito no es compatible con el mantenimiento de los equilibrios naturales y la resolución de los problemas sociales[v]. La definición del crecimiento como el objetivo primordial, si no el único de la vida, choca con los límites de la biosfera. Si tomamos como índice del peso ambiental de nuestro modo de vida, su huella ecológica en superficie terrestre necesaria para la mantención del equilibrio ecológico, obtenemos resultados insostenibles tanto desde el punto de vista de la equidad en los derechos de absorción de la naturaleza como desde el punto de vista de la capacidad de regeneración de la biosfera[vi].
La mejora del bienestar y el logro del pleno desarrollo de las potencialidades humanas no dependen del crecimiento infinito de la cantidad de mercancías producidas y consumidas y de su valor de intercambio en el mercado, sino que de la medida en que los requerimientos de valores de uso por parte de las personas, puedan ser debidamente atendidos.
Las políticas de decrecimiento suponen acciones relacionadas con la definición de nuevos valores que den sentido a la vida y de la adopción de variadas medidas relativas a la producción y distribución de bienes sociales consistentes con la preservación del medio ambiente. A continuación destaco las siguientes: configuración de nuevos valores y su respectiva socialización, medidas relativas a la producción y distribución de bienes sociales y respuestas a la disminución del empleo y la insolvencia.
Con respecto a la configuración de nuevos valores y socialización, las principales tareas consisten en cuestionar la racionalidad sistémica sustentada en la incesante acumulación del capital, definición y socialización de nuevos valores que procuran fundamentar el sistema mediante la apelación a otros principios tales como la calidad de la vida, la subordinación de la acción económica a la satisfacción de las necesidades de uso, y la universalización de los beneficios generados por las instituciones económicas.
La discusión de estos principios no puede eludir la crítica a los pesimistas supuestos antropológicos en que descansa el capitalismo consistente en la creencia que define al ser humano como un ser esencialmente egoísta cuya conducta sólo puede responder a incentivos individuales y materiales relacionados con el dinero, poder y prestigio que el mismo sistema se ha encargado de socializar.
Entre las medidas relativas a la producción y distribución de bienes sociales sobresale la reducción o supresión del peso sobre el medio ambiente de las cargas que no aportan ninguna satisfacción. Entre las principales reservas de decrecimiento deberían figurar la disminución del volumen de los desplazamientos de hombres y mercancías por el planeta con su correspondiente impacto negativo, la “relocalización de la economía” en ámbitos territoriales con menor densidad demográfica y la formación de unidades económicas de menor tamaño. Estas dos últimas propuestas surgen de un cuestionamiento de noción de eficiencia internalizada por las recetas convencionales. A las medidas anteriores habría que sumar la reducción de la publicidad pro-consumo aturdidora y muchas veces nefasta, la limitación de la producción de productos y aparatos de corta vida útil, el fomento de unidades no mercantilizadas como bases de un orden institucional alternativo. En el campo de las políticas sociales, no hay ninguna razón fundamental por la cual no podamos superar tres de las principales consecuencias de las diferencias de clases prevalecientes en el sistema-mundo capitalista: acceso desigual a la educación, los servicios de salud y a un ingreso honorable garantizado por toda la vida. Estas tres necesidades deberían quedar fuera de la mercantilización y ser atendidas por instituciones no lucrativas y pagadas de manera colectiva y solidaria[vii].
Si así entendemos algunas de las medidas necesarias para promover las llamadas políticas de decrecimiento, podríamos concordar en que ellas no significan una regresión en las condiciones de bienestar[viii].
En cuanto a las respuestas a la disminución del empleo y la insolvencia, algunos de los principales problemas que debe enfrentar la política de decrecimiento para legitimarse ante la ciudadanía, se refieren al perfeccionamiento del seguro de desempleo y la disposición para renegociar y o condonar deudas ante la incapacidad de pagarlas revisten una gran importancia.
Nuevo orden global
El debilitamiento de los Estados en el ámbito internacional, debido a la nueva dinámica de transformaciones del proceso de globalización, muestran que la regulación de las desigualdades existentes en el mundo y la garantía de los derechos sociales –educación, salud, trabajo, salario justo, subsistencia, protección del medio ambiente, entre otros– demandan cada vez más una efectiva autoridad política mundial. Si a este fenómeno, sumamos la permanente migración desde la periferia de la economía mundial a sus centros más desarrollados, apreciamos mejor que una verdadera garantía de los derechos sociales exige la formación de un constitucionalismo mundial garante de los derechos de libertad personal políticos sociales y culturales[ix].
En este sentido, Luigi Ferrajoli ha propuesto una definición cosmopolita de la ciudadanía que supere los estrechos límites del Estado-nación. Los ciudadanos serían los sujetos de un nuevo orden político global que aseguraría la realización de todos los derechos de libertad personal y política junto con la adopción de garantías constitucionales y financieras dirigidas al cumplimiento de los derechos sociales. Para Luigi Ferrajoli la adopción de esas garantías significaría una transformación del Estado de Bienestar en Estado Social de Derecho. De las 214 millones de personas que vivían en 20010 en un país distinto al que nacieron, sólo una minoría gozaba de derechos ciudadanos.
Para Jürgen Habermas, el progreso de las condiciones conducentes al nacimiento de una democracia cosmopolita supone la superación por parte de autoridades y grupos sociales de aquellas orientaciones valorativas atadas a una concepción estrecha del Estado-nación identificada como comunidad de origen y destino. Las nuevas orientaciones representarían en cambio una “conciencia cosmopolita de solidaridad obligatoria”[x]. Esto significa compartir una cultura política capaz de forjar una especie de identidad global. Una organización mundial, a diferencia de las comunidades organizadas estatalmente, supone la inclusión total, ya que no admite límites entre dentro y fuera[xi]. Todo lo anterior podría lograrse si se entiende que “el procedimiento democrático obtiene su fuerza legitimadora de la accesibilidad general de gobiernos y sociedad civil global a un proceso deliberativo cuya estructura justifica la expectativa de unos resultados racionalmente aceptables”[xii].
Aunque estas condiciones no sustituyen completamente los procedimientos convencionales de decisión y representación, desplazan el centro de gravedad desde la encarnación de la voluntad soberana en personas y elecciones y votos hasta las exigencias procedimentales de comunicación y decisión. Así se afloja la ligazón conceptual entre formas de legitimación y las formas conocidas de representación estatal. La formación de esta perspectiva debería implicar necesariamente a gobiernos, ciudadanos, movimientos sociales y partidos políticos que no se hayan retirado del todo de la sociedad civil para atrincherarse en el sistema político. Estas condiciones favorecerían la conformación de una esfera pública fuerte y desarrollada capaz de deliberar y expresar sus puntos de vista a través de las diversas organizaciones de la sociedad civil. Este es el caso de las ONG relacionadas con la protección de los derechos humanos y del FSM.
La “maravillosa idea” de Kant sobre “la condición cosmopolita” se identifica hoy con una futura sociedad global políticamente constituida como un sistema en el que existen varias arenas y varios actores capaces de diseñar e implementar una política global que garantice la paz, el respeto a los derechos humanos y regule efectivamente a la economía global y a las políticas medioambientales[xiii].
Por las razones antes descritas ningún proyecto de desarrollo nacional, puede prescindir de la discusión de los problemas de la paz y de la justicia distributiva entre los Estados-nación que forman parte del sistema-mundial. La creación de las condiciones necesarias aún para la realización de los programas presidenciales menos ambiciosos, y mucho más de aquellos que procuran el fomento de otra manera de vivir, depende de la formación de un nuevo orden político global dotado de las competencias que lo habiliten para actuar efectivamente a escala global en la preservación de la paz internacional, la protección y progreso de los derechos humanos y la regulación de los problemas relativos a la preservación de la vida en todas sus formas –animal vegetal y humana–, uso de los recursos de la naturaleza y de sus efectos en la justicia distributiva e intergeneracional al interior de las naciones y entre naciones.
El programa presidencial de Michelle Bachelet podría dar lugar a este tipo de propuestas cuando señala que la incorporación de Chile al Consejo de Seguridad por un periodo de dos años “plantea una oportunidad para expresar nuestra opinión y nuestra acción en pro de la Paz y Seguridad, así como de los Derechos Humanos y la Equidad a nivel internacional”.
El punto de partida del nuevo orden global es una verdadera reforma de las Naciones Unidas. Las principales reformas pendientes –propuestas por el Panel de Alto Nivel designado por Kofi A. Annan en 2004 y también idealizadas por los autores mencionados y asumidas plenamente por el Foro Social Mundial– tienen que ver con la remoción de los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos relativos al mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos que figuran como los fundamentos de su origen, y con los nuevos problemas políticos relacionados con la distribución de la energía global, el medio ambiente y las políticas financieras y económicas condicionantes de la distribución igualitaria de los recursos del mundo[xiv].
Los objetivos relativos al mantenimiento de la paz no podrán ser atendidos debidamente si no se reconoce la necesidad de desarmar el anticuado acuerdo geopolítico de 1945 como base para la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad. Esto exige determinar de modo muy específico las condiciones que constituyan una seria amenaza a la paz y/o una amenaza a las condiciones mínimas para el bienestar de la vida humana y por lo tanto ser consideradas como legítimas justificaciones para el uso de la fuerza. El mantenimiento de la paz supone a su vez extender la representación a todas las regiones en un pie de igualdad y equilibrio justo en el Consejo de Seguridad[xv]. Esta propuesta ha sido rechazada por la oposición de Estados Unidos y China y por no haberse logrado un acuerdo entre los aspirantes a integrar el Consejo.
En materia de derechos humanos hay que destacar la aprobación por parte de la Asamblea General celebrada en septiembre de 2005 del establecimiento de un Consejo de Derechos Humanos en lugar de la criticada Comisión de Derechos Humanos. Una de las críticas principales formuladas a la Comisión reemplazada por el Consejo fue “su politización”. El magistrado y miembro del Comité de Derechos Humanos, Económicos y Políticos”, Philippe Texier ha sostenido que algunas de las manifestaciones de esa politización fueron las condenas a sólo algunos de los Estados que violaban los derechos humanos y las alianzas en las cuales participaban Estados que condenaban a otros de las violaciones que ellos mismos cometían, entre los cuales se pueden contar a Estados miembros del Consejo de Seguridad.
Otro paso importante en la protección de los derechos humanos fue la conformación de la Corte Penal Internacional, la primera de carácter permanente que investiga y juzga a los responsables de cometer las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En estas violaciones se incluyen el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos después del primero de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma que acordó en julio de 1998 la creación de la Corte, la cual también fue rechazada por los Estados Unidos[xvi]. Sin embargo una de las reformas más significativas aún pendiente es la constitución de un Consejo de Seguridad sobre asuntos sociales y económicos que examine y, cuando sea necesario, intervenga en todo el espectro de las crisis humanas —físicas, sociales, biológicas, ambientales— que puedan amenazar la actividad humana. Una medida excepcional en este sentido sería consensuar una convención legal global o internacional que vincule efectivamente la agenda de seguridad con la de derechos humanos.
Con respecto a los problemas de justicia distributiva entre las naciones, es necesario tener en cuenta que a la inmensa tarea que significa la superación de las diferencias extremas en la afluencia existente en una sociedad mundialmente estratificada, hay que sumar los obstáculos que se oponen a la realización histórica del discurso sobre la igualdad de derechos en todas las civilizaciones del mundo. La realización de esas tareas requiere de una institucionalidad que no pueden ofrecer los sistemas de negociaciones transnacionales. Tampoco pueden resolverse mediante el uso del poder y la fuerza militar para obligar a Estados-naciones renuentes o incapaces de abordarlas. Estos problemas deben ser regulados, pero esto requiere de actores globales que hoy no existen. Las redes que existen hoy día para el tratamiento de estos problemas son sectoriales, multilaterales y conformadas por delegados de los gobiernos nacionales. Dichas redes no constituyen un foro para la formación de decisiones políticas y sus respectivas manifestaciones legales. Aún si se constituyeran nuevas instancias para estos efectos, todavía se carecería de actores globales. Las instituciones internacionales y los Estados no han sido organizados para enfrentar los problemas del desarrollo de una manera coherente e integrada. Los problemas relacionados con la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación medioambiental siguen considerándose como amenazas separadas.
Para enfrentar estos problemas de una manera consistente con la preservación del equilibrio ecológico, los países deberían estar obligados a negociar de manera conjunta los distintos campos en donde se desarrollan esos problemas. La asistencia para el desarrollo, la transferencia de nuevas tecnologías, las relaciones comerciales, la estabilidad financiera y las distintas políticas de desarrollo deberían concebirse y llevarse a cabo como partes de un mismo y único problema.
Las instituciones económicas globales multilaterales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio representan sectores especializados que sólo responden a su respectivo gobierno, no están sometidos al escrutinio de una esfera pública fuerte y desarrollada y además son guiadas por la racionalidad del mercado. Una medida concreta sería la formación de redes globales enfocadas como contrapesos al poder de las instituciones guiadas por el mercado y controlar en laguna medida sus negativos efectos en la reducción de la desigualdad.
Por otra parte, las reuniones de los grupos de países tales como el G7, G8, G20 y G77 sólo llegan a acuerdos informales no obligatorios, no pudiendo influir como “institución” en los problemas originados por la desigual distribución de la riqueza a escala global.
Todo lo anterior demostraría la necesidad de un nuevo orden mundial comprometido no solamente con la defensa de las libertades civiles, sino que también con el desarrollo de las condiciones políticas que permitan regular los problemas relativos a la justicia distributiva entre naciones y al interior de éstas, y de esta forma también favorecer el respeto a los principios de la justicia intergeneracional, amenazados por un sistema que ha identificado el progreso con el logro de la sociedad afluente y que está poniendo en peligro la preservación de los elementos básicos para la conservación y reproducción de la vida humana, vegetal y animal: acceso al agua, producción de alimentos, uso de la tierra y del medio ambiente.
Una efectiva reforma de la ONU podría contribuir a dar algunos pasos importantes en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas anteriores. Algunas propuestas orientadas en este sentido son la creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente para promover la implementación de los acuerdos y tratados medioambientales existentes destinados a asegurar que el desarrollo de los sistemas mundiales de comercio y finanzas sean compatibles con el uso sustentable de los recursos del mundo y la promoción y adopción de los principios y mecanismos de la teoría de los bienes públicos mundiales; desarrollar sistemas equilibrados de negociaciones en el nivel mundial y fortalecer la capacidad negociadora de los países en desarrollo; elaborar normas para la interacción entre actores estatales y no-estatales; constituir paneles asesores de científicos para todos los grandes asuntos mundiales, siguiendo el ejemplo del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático; crear ámbitos de negociación para nuevos asuntos prioritarios tales como el control de la reducción mundial del abastecimiento de agua y el establecimiento de garantías del derecho de acceso al agua para todos; dar cumplimiento al compromiso de la ayuda oficial de los países desarrollados a los en vías de desarrollo en una proporción del 0,7% del pnb; reducir la deuda que soportan los países pobres altamente endeudados; establecer nuevos impuestos nacionales, regionales y globales para el siglo XXI. Entre éstos destacan impuestos al consumo de energías, la emisión de carbonos, las transacciones al comercio internacional. Otras medidas se refieren a la supresión de los subsidios agrícolas y textiles de Estados Unidos y la Unión Europea; reformar los derechos de propiedad intelectual; crear una efectiva autoridad global anti-trust; dar participación a los países en desarrollo en todas las organizaciones internacionales; aumentar la capacidad de seguimiento de los riesgos y los desarrollos concernientes a crisis humanitarias; implementar políticas de reducción de la pobreza y de desarrollo humano[xvii].
Con respecto al grado de aceptación de estas propuestas hay que señalar que Estados Unidos ha rechazado comprometerse con el aporte del 0,7% como asistencia al desarrollo y que la ayuda de todos los países desarrollados en 2010, año en el cual ella alcanzó su más alto nivel, sólo representó la mitad de lo comprometido. Estados Unidos tampoco ha ratificado el Protocolo de Kioto suscrito por 141 países en febrero de 2005 dirigido a reducir las emisiones de gases responsables del calentamiento global de la tierra.
Creo que podemos concordar que las reformas propuestas y aún pendientes seguirán vigente por mucho tiempo como una base para promover el imperio del derecho internacional; mayor transparencia, capacidad de rendición de cuentas y democracia en el gobierno global; un compromiso más profundo con la justicia social; la protección y creación de una efectiva asociación política a nivel global y la transformación de la economía global en un orden económico fundado en normas de justicia social[xviii].
Coherencia entre la reforma de la ONU y las propuestas del FSM
Muchas de estas propuestas son consistentes con las consensuadas por el FSM en Porto Alegre 2005, Belem 2009 y Bahía 2010[xix]. Entre ellas sobresalen las siguientes: la reforma y democratización de las organizaciones internacionales, entre ellas la ONU; la anulación de la deuda pública de los países del Sur; la aplicación de tasas internacionales a transacciones financieras, especialmente a transacciones especulativas de divisas, inversiones extranjeras directas, venta de armas, actividades que emitan gases de efecto invernadero, desmantelamiento de paraísos fiscales; el derecho al empleo decente; rechazo a toda forma de discriminación, sexismo, xenofobia, antisemitismo, racismo; reconocimiento pleno de los derechos políticos, culturales y económicos de los pueblos indígenas, incluyendo el dominio del medio ambiente; poner fin a la destrucción del medio ambiente y a la amenaza de los cambios climáticos, promover sobriedad energética y el control democrático de los recursos naturales, en particular agua potable a escala planetaria; promover la democracia desde el plano vecinal al planetario; promover el derecho a la información y el derecho a informar mediante la adopción de legislaciones que pongan fin a la concentración de los medios de comunicación, garantizar acceso universal educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles.
Nuestra discusión acerca de la otra manera de vivir y de sus relaciones con la constitución de un nuevo orden global es una fuga de la sinrazón capitalista en la esperanzada búsqueda de otro horizonte cultural que permita una discusión libre de toda manipulación y engaño consciente e inconsciente acerca de lo que todos juntos entendamos como la buena socied
[i] Le Monde Diplomatique. Una nueva manera de vivir, Editorial Aun Creemos en los Sueños, Santiago de Chile, 2009.
[ii] Martínez Allier, J. Hacia un decrecimiento sostenible, en Le Monde Diplomatique, op.cit., p.7.
[iii] Harribey, J. M. Por una sociedad ahorrativa y solidaria, en Le Monde Diplomatique, op.cit., p.17.
[iv] Latouche, S. Por una sociedad de decrecimiento, en Le Monde Diplomatique, op.cit., pp.48-49.
[v] Durante las últimas décadas se ha desacelerado la tasa de ahorro energético al mismo tiempo que la emisión de gases de efecto invernadero no ha cesado de aumentar: Ver Harribey, op.cit, p. 16, e Informes 2011 y 2012 sobre los Objetivos del Milenio preparados por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
[vi] Un ciudadano de Estados Unidos consume en promedio 8,6 hectáreas (Ha), un canadiense 7,2 Ha, un europeo medio 4,5 Ha. Un modo de civilización duradero necesitaría restringirse a 1,4 Ha suponiendo que la población actual se mantiene estable. Ver Latouche, op.cit., pp. 46-48.
[vii] Wallerstein, I. Un Mundo Materialmente Racional o ¿Se Puede Recuperar el Paraíso?, en Utopística o las opciones históricas del Siglo XXI. Siglo XXI Editores. México-Argentina, 2003. pp. 65-91.
[viii] Martínez Allier, op.cit, pp. 13-14.
[ix] Ferrajoli, L. “De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona”, en Derecho y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta, Madrid, 1999; y Ferrajoli, L. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Prólogo de Norberto Bobbio, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 864.
[x] Habermas, J. La constelación posnacional. Paidós, Barcelona, 1998. p. 45.
[xi] Las ideas acerca de un orden mundial pacífico y justo siempre han levantado el temor de un orden mundial despótico. Para Habermas ese temor carecería de fundamentos, pues no existiría un impedimento de tipo estructural para la extensión de la solidaridad de los ciudadanos de una nación y las políticas de bienestar a la escala superior de un Estado federal posnacional. Id., p.138.
[xii] Habermas, op.cit., p.141. Para un mayor desarrollo de estas ideas ver: Pizarro, C. Globalización y Democracia, en Crítica y Recreación del Proyecto Democrático. Materiales teóricos. Editorial Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, 2008.
[xiii] Habermas, J. A Political Constitution for the Pluralist World Society?, Disponible en http://sociology.yale.edu
[xiv] The High-level Panel on Threats, Challenges and Change. Informe sobre los Objetivos del Milenio, 2004; Habermas, op.cit; Ferrajoli, Derecho y garantías, op.cit.
[xv] Held, David. Social democracia global. Cuaderno I del Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso. 2da edición. Editorial Universitaria de Valparaíso, 2008.
[xvi] El Tratado de Roma también menciona los crímenes de agresión. En abril de 2002 se reunieron las setenta y seis ratificaciones mínimas necesarias para que la Corte pudiera iniciar sus acciones. Este número es hoy superior a cien. El gobierno de Chile suscribió el Tratado en septiembre de 1998 y el Congreso lo ratificó en junio de 2009. La Corte, a diferencia de los tribunales adhoc —como los de Ruanda y la ex Yugoslavia por ejemplo—, tiene un carácter permanente. Un resumen de la oposición de Estados Unidos a la Corte durante la administración de los presidentes Clinton y Bush está disponible en la página Web de United Nations Association of the United States of America (2003). Ver también páginas web de Amnesty International, Coalición Por la Corte Penal Internacional y Agenda cpi Boletín Informativo de Ibero América y el Caribe.
[xvii] Las propuestas del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU para limitar la emisión de gases efecto invernadero no han sido objeto de acuerdos sólidos en las últimas cumbres climáticas celebrados en Copenhague y Cancún.
[xviii] Held, op.cit.
[xix] Manifiesto de Porto Alegre: Doce propuestas para Otro Mundo Posible, edición chilena de Le Monde Diplomatique, edición de marzo, 2005; Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales http://movimientos.org/fsm72009/show_text.php3?key=13671
