La gestión de aguas ha sido desde épocas inmemoriales un desafío para cada pueblo. Cualquiera sea la fuente de aprovisionamiento, siempre ha sido necesario un mínimo de organización para asegurar su distribución, su utilización razonada y el mantenimiento de su calidad.
Debido a su rol central en todos los sectores de la sociedad y más ampliamente en lo que concierne a la vida, innumerables son los conflictos que estallan día a día producto de una mala repartición, uso y/o contaminación de las fuentes. Hoy, las malas políticas hídricas desencadenan fuertes tensiones, colosales son las cantidades de agua necesarias para mantener los ya insostenibles niveles de producción y de consumo, como lo demuestra el cálculo de la huella ecológica. Según este indicador, si toda la humanidad quiere vivir al ritmo de los países más “desarrollados” deberemos contar con al menos 5 planetas.
Esto es el resultado de un proyecto político guiado por el modelo de progreso nacional en desmedro de lo local y que busca por todos los medios el crecimiento económico como base para el desarrollo. Además, el aumento de la población incrementa a su vez la demanda de agua potable y de agua virtual (la que es necesaria a la producción de nuestros bienes de consumo y servicios).
Frente a un escenario decadente de la calidad de nuestros acuíferos, ríos, glaciares y mares, ¿Cómo resolver los miles de conflictos hídricos (sociales, geopolíticos, medio ambientales…) producidos por la intensificación de la demanda de aguas? ¿Cómo responder a esa demanda sin destruir los ecosistemas, sin generar impactos societales y contribuyendo al retroceso del calentamiento global y el impacto de la huella ecológica?
Son justamente esos ecosistemas, y no las promesas de la tecnología y del crecimiento económico, los principales productores de agua de calidad que permite la vida en la tierra.
Una respuesta del liberalismo económico triunfante al problema del agua.
La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) fue presentada como una solución perenne para evitar esos conflictos. El modelo incentiva la gestión por cuencas y no solamente por zonas administrativas de utilización de las aguas. Se presentó como un sistema de pilotaje de la política hídrica “para el conjunto de los sectores y grupos de interés, a diferentes niveles, del nivel local al nivel internacional” (1).
El nacimiento internacional de este concepto encuentra sus raíces en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente en Dublín, en 1992, pocos años después de la caída del muro de Berlín. Durante este encuentro internacional se estableció que « El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico ». Y agrega, « En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible”.
Los origines y la utilización que se ha hecho de la GIRH, hacen de este modelo un “buen” instrumento para la gestión económica del agua. Sin embargo, este modelo tiene sus límites, siendo el principal, a mi parecer, el de orden democrático. Por ejemplo, cuando se ha puesto en marcha una GIRH, aquellos sectores que participan constantemente a las reuniones de concertación, que tienen acceso al poder político, que tiene niveles de organización para ejercer un lobby, que tienen la información, que disponen de los medios, aquellos que son propietarios de grandes porciones de tierra o los industriales que necesitan grandes cantidades de aguas para la extracción minera o agroindustrial, ellos suelen ser privilegiados frente a las comunidades locales que se ven afectadas perennemente por la priorización de la rentabilidad económica del agua. Los primeros generan mayores “beneficios” económicos que los segundos.
La industria y sobretodo la agroindustria consumen más del 90% del agua dulce sobre la tierra (2) . Esas cifras astronómicas demuestran que esos sectores de la economía obtienen la mayor parte de las concesiones de aguas, sin lo cual estarían actuando desde la ilegalidad.
Los conflictos de aguas generan innumerables tensiones de convivencia entre la especie humana y estos últimos con la naturaleza. Ellos cobran cada día 5 mil niños y niñas que mueren a causa de una enfermedad hídrica. A pesar de la constatación de los crímenes cometidos contra la humanidad (no hay otro término para calificarlo), pocas son las familias y las victimas que encuentran justicia y reciben reparación.
Frente al inmenso desafío que nos impone el frágil equilibrio de la Tierra, oasis en el desierto del infinito, y el modelo de progreso que ha ido creando sociedades en donde los derechos se transforman en mercancías ¿Cómo establecer un sistema justo de distribución del agua entre todos los sectores cuando la prioridad nacional es de obtener mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo tanto mayor rentabilidad en la explotación y destino de los “recursos”? ¿Qué justicia para asegurar un reparto democráticamente establecido, económicamente viable y medioambientalmente sostenible?
Los responsables políticos parecen adormecidos, soñando con la panacea del crecimiento económico que en el corto plazo puede representar trabajo y consumo, pero que en largo plazo genera valles de la muerte. Al igual que la historia del Rey Midas, las pancartas en las incontables manifestaciones contra la industria minera nos recuerdan que “el oro no se bebe”.
Ejemplos hay de sistemas de gestión de cuencas en donde los principios de justicia, de democracia real, de autogestión y de respeto están por sobre los principios económicos, los cuales sin perder su lugar, dejan de ser el corazón de la toma de decisiones. Más que un modelo adaptable a todas las situaciones, el Tribunal del Agua de Valencia representa un símbolo de inteligencia colectiva que viene desde la profundidad histórica del Mediterráneo.
El Tribunal de las Aguas de Valencia,
un ejemplo milenario de gestión participativa del agua. Todos los jueves, frente a la Fuente del Tribunal (Ornada de 8 ninfas que reparten agua y que representan a 8 acequias), en el umbral de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, se reúne el Tribunal de las Aguas.
Hasta para un valenciano es difícil de establecer en qué momento de la historia de la ciudad tuvo su origen. Según historiadores, viene de tiempos del imperio romano, se mantuvo y evolucionó durante la ocupación árabe y se estableció en su forma actual durante la Edad Media. Para Ricardo Belenguer Vicent, presidente del Tribunal de las Aguas, esta institución tradicional valenciana lleva “más de mil años haciendo las cosas bien, poniendo mucho orden”.
La milenaria instancia esta compuesta por 8 acequias, cada una de ellas constituye una zona de regadío, una huerta que se alimenta del río Turia. Ellas forman el vergel de la ciudad de Valencia, de sus alrededores y de más allá. Cada acequia se organiza gracias a estatutos propios. El sindicato de regantes es elegido democráticamente y una vez constituido elige a quien lo presidirá. Cada uno de los ocho presidentes constituyen el Tribunal del Agua, quienes elijen también a su presidente; “democráticamente, al máximo!” diría don Ricardo.
¿Cómo una experiencia ciudadana, reconocida por las instituciones administrativas y legales del país, ha logrado perdurar durante todo este tiempo?
Esta aventura de generaciones “no sólo tiene autoridad sobre una acequia, sino sobre el conjunto de las mismas”; además, “sus síndicos han sido elegidos democráticamente de entre los miembros regantes de su respectiva comunidad” sin una autoridad central que designa a los jueces. Otro factor que entra en juego es la no especialización de los jueces, no tienen formación jurídica, pero conocen al derecho y al revés sus propios estatutos.
“Todo ello explica su autoridad moral, su pervivencia, el respeto que se tiene a sus sentencias, siempre acatadas hasta el punto de que no ha sido nunca necesario acudir a la jurisdicción ordinaria para el cumplimiento de las mismas” (3) .
¿Un Tribunal Internacional de las Aguas?
Esta experiencia local ha llamado fuertemente la atención de las instituciones internacionales encargadas de nuestro patrimonio común y de los derechos humanos. El caso de la UNESCO es particularmente interesante.
A fines de su mandato, justo antes del fin del siglo XX, el Director General de la UNESCO, Federico Mayor, inspirado por el éxito de este modelo de gestión de aguas y gracias a la influencia de los grupos de trabajo en torno a la experiencia valenciana, propuso la creación de un organismo de justicia hídrica.
Su rol implicaba la localización de conflictos, la asistencia y mediación en las disputas locales, nacionales e internacionales. Sería un centro de información y de apoyo técnico en temas de gestión moderna y tradicional de las aguas. Esta organización de prevención sería un árbitro mediador y ético por encima de los intereses de los estados nacionales, entre otros. El proyecto no prosperó. Por esos mismos años, se iba instalando en el plano internacional el Foro Mundial del Agua.
Los Foros Mundiales del Agua son organizados por el Consejo Mundial de Agua. Este fue creado y sigue representando a las principales multinacionales del agua. Nadie los eligió, pero poco a poco su lobby ha ido instalándose en el seno del poder político e impulsando propuestas que han ido mercantilizando el “recurso”. Son los apóstoles de la privatización de la gestión y de la propiedad de las aguas que se frotan las manos ante tan jugoso mercado. Son los principales aclamadores de los principios de Dublín y los acérrimos detractores del agua como un derecho humano fundamental.
NOTAS:
1) Manual de Gestión Integrada del recurso hídrico por cuenca, Publicado en el 2009 por el Global Water Partnership («Alianza Mundial en favor del Agua») y el Réseau international des organismes de bassin (Red Internacional de Organismos de Cuencas),
2) artículo publicado en le Monde “eau consomation” bleu print”
